REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE: JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Maracaibo, 16 de Noviembre del 2016. 206° y 157° EXPEDIENTE No. 47.897 PARTE ACTORA: LIBIDA MARGARITA BARBOZA CORDERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.- 4.162.651 domiciliada en el Municipio Maracaibo del estado Zulia. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: ROMULO ANTONIO HERNANDEZ COLINA venezolano, mayor de edad, inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 83.391. MOTIVO: INTERDICCIÓN A FAVOR DEL CIUDADANO ARMANDO RAMON BARBOZA CORDERO. FECHA DE ADMISIÓN: ocho (08) de Junio de 2011. I PARTE NARRATIVA A esta demanda se le dio entrada en fecha ocho (08) de Junio de 2011, admitiéndose la misma cuanto ha lugar en derecho la INTERDICCION, propuesta por la ciudadana LIBIDA MARGARITA BARBOZA CORDERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula identidad N° V.- 4.162.651, de igual forma se ordeno la notificación del Fiscal Trigésimo (32) del Ministerio Público con Competencia en Materia Civil, Familia y Protección de esta misma circunscripción Judicial, una vez que conste en acta su notificación, óigase a cuatro (04) parientes del presunto entredicho o en su defecto a cuatro (04) amigos de la familia, para lo cual se insto a conseguir los nombres. Mediante escrito de fecha nueve (09) de junio de 2011, el apoderado judicial de la parte actora consigno los nombres de los cuatros parientes. En fecha veintisiete (27) de Junio de 2011, el alguacil MIGUEL ANGEL CABRERA FERNANDEZ, titular de la cedula de identidad No. V.- 9.112.711, consigno la boleta de notificación del Fiscal Trigésimo (30) del Ministerio Publico del Estado Zulia, debidamente firmada por el mismo. En fecha seis (06) de Julio de 2011 mediante escrito, el apoderado judicial de la parte actora se dio por notificado. En fecha once (11) de Julio de 2011, mediante escrito el apoderado judicial de la parte actora, ractificó la diligencia de fecha 09 de junio de 2011 ubicada en el folio segundo con el numero cuarenta y uno (41). En fecha catorce (14) de Julio de 2011, mediante auto el tribunal fijo los días para oír declaraciones de los ciudadanos RAFAEL SIMÓN BARBOZA CORDERO, MARLIN DEL VALLE NOGUERA BARBOZA, EDIMAR PAOLA RINCON SOTO y CAROLINA NAZA PIRELA JIMENES, titulares de las cedulas de identidad Nros. V.- 4.992.545, V.-18.202.821, V.-18.008.000 y 13.005.528 respectivamente. En fechas veinte (20) y veintiuno (21) de julio del 2011 respectivamente, este tribunal dejo constancia de la no comparecencia de los testigos promovidos por la parte actora identificados ut supra. II PARTE MOTIVA La caducidad o Perención de la Instancia, es una de las modalidades de extinción procesal, que no comporta la solución autónoma o heterónoma del conflicto subyacente al Proceso, en tanto se manifiesta como una auténtica sanción, a la inactividad de las partes, aunada al transcurso del tiempo previsto ex lege, en obsequio a la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídico sustanciales. Similares términos son usados por el Procesalista Argentino MARIO ALBERTO FORNACIARI, para quien la institución sub examine: “... es la extinción de un proceso (principal o incidental) o de alguna de sus instancias, producida por la ausencia de actividad impulsora idónea para su desarrollo, durante los términos que establece la Ley” De igual modo, para JAIME GUASP, la caducidad de la instancia: “...es, pues, la extinción del proceso que se produce por su paralización durante cierto tiempo en que no se realizan actos procesales de parte” Idéntico cometido le reconoce a la Institución FORNACIARI, en su obra ut supra citada: “...La caducidad de la instancia encuentra fundamento en diversos componentes que se equilibran en la confluencia de lo público con lo privado. Es cierto que cada una de las partes enfrentadas en el proceso tiene la expectativa de beneficiarse con el error o la inacción del adversario. La inactividad no hace presumir su desinterés. Pero también es cierto que por razones de seguridad jurídica hacen prevalecer el interés comunitario de restablecer el orden jurídico. En la rápida y correcta terminación de los procesos está comprometido el orden público Ese equilibrio que tiene su fundamento en el superior interés de la comunidad, determina que si bien el juez está facultado a dictar medidas tendientes a evitar la paralización de los procesos...no enerva con esa posibilidad la de decretar de oficio la caducidad de la instancia...”. En referencia a la génesis de la instancia, la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en fallo del 05 de Marzo de 1992, afirmó: “...Con la presentación del libelo de demanda, se genera la <> en sus sentidos antes explicados, y por ello es a partir de ese momento cuando debe computarse el lapso de Perención. Lo dicho anteriormente queda evidenciado, al tomar en consideración el señalamiento que formula el Dr. Luis Loreto en su citada obra monográfica, en el sentido de que , lo que entonces significa que sí existe instancia en su sentido técnico procesal, aun antes de que se trabe la litis, bien sea que se adopte el criterio de que ello ocurre por la contestación de la demanda, bien sea que se asuma la posición de quienes consideran que ello acontece por virtud de la citación, con independencia de que se haya conformado o no plenamente la relación procesal, porque ella ya existe, en su manifestación entre el demandante y el órgano jurisdiccional ante quien se propone la demanda...” Ahora bien, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla”. Ahora bien, explicadas como han sido las diversas modalidades de la Perención, puede observarse de las actas procesales que desde el día veintiuno (21) de julio 2011, hasta el día de hoy que ha transcurrido más de un (01) año sin que la parte actora realizara ningún acto procesal en la presente causa, razón por la cual este Órgano de Justicia, considera consumada la extinción del proceso. ASÍ SE DECLARA. III PARTE DISPOSITIVA Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar PERIMIDA LA INSTANCIA en la presente demanda por INTERDICCION A FAVOR DEL CIUDADANO ARMANDO RAMON BARBOZA CORDERO fue intentada por la ciudadana LIBIDA MARGARITA BARBOZA CORDERO antes identificada en la parte introductoria del presente fallo. No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los dieciséis (16) días del mes de Noviembre de 2016. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE. LA JUEZA Dra. ADRIANA MARCANO MONTERO EL SECRETARIO TEMPORAL: ABOG. JARDENSON RODRÍGUEZ En la misma fecha, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), se publicó la anterior sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva bajo el número 325-16. EL SECRETARIO TEMPORAL: ABOG. JARDENSON RODRÍGUEZ .