TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Corte de Apelación Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción del Estado Zulia
Maracaibo, 15 de noviembre de 2016
205º y 157º

CASO PRINCIPAL : VP03-D-2015-000356
CASO : VP03-R-2016-001245

DECISION NRO. 363-16
PONENCIA DE LA JUEZA DE CORTE DE APELACIONES: DRA. LEANI BELLERA SÁNCHEZ.

Han sido recibidas en esta Corte Superior, las presentes actuaciones, contentivas del Recurso de Apelación de Autos, interpuesto por el ciudadano JOSÉ HUMBERTO GELVES, Defensor Público Primero para el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, en su carácter de Defensor del Adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 545 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES); en contra de la Decisión Nro. I-046-16, dictada en fecha 20 de septiembre de 2016, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia; mediante la cual, se declaró sin lugar la solicitud efectuada por la Defensa de actas “relativa a que se examine y se revise la medida de prisión preventiva”, que recae sobre el mencionado adolescente, en la causa seguida por la presunta comisión del delito de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, en perjuicio del ciudadano JOAN LUIS ROQUE RAMÍREZ, en consecuencia se negó una medida cautelar menos gravosa y se mantuvo la medida de Prisión Preventiva dictada en fecha 20 de septiembre de 2016.
En fecha 29 de septiembre de 2016, se interpuso el presente Recurso de Apelación de Autos, por ante el Departamento de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, y distribuido en fecha 06 de octubre de 2016, correspondiéndole la ponencia, según el Sistema de Distribución Independencia a la DRA. LEANI BELLERA SÁNCHEZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión; siendo recibido en fecha 18 de octubre de 2016, por esta Corte de Apelaciones, la cual se encontraba constituida por el Juez Presidente DR. JUAN ANTONIO DÍAZ VILLASMIL (Presidente) y por las Juezas DRA. RAIZA RODRIGUEZ FUENMAYOR (en su condición de suplente en virtud de reposo médico concedido a la DRA. VILEANA MELEAN VALBUENA) y por la Jueza integrante de Sala DRA. LEANI BELLERA SÁNCHEZ.
Posteriormente, en fecha 25 de octubre de 2016, mediante Decisión No. 338-16, se admitió el recurso de apelación de autos, en atención al artículo 608 literal “g” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Luego en fecha 26 de octubre de 2016, la DRA. YOLEYDA MONTILLA FEREIRA es convocada por la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a fin de suplir a la Jueza integrante de Sala DRA. VILEANA MELEAN VALBUENA (quien se encuentra de reposo médico), en tal sentido, se abocó al conocimiento del presente asunto, quedando en consecuencia la Sala integrada por el Juez Presidente DR. JUAN ANTONIO DÍAZ VILLASMIL y por las Juezas DRA. LEANI BELLERA SÁNCHEZ (Ponente) y DRA. YOLEYDA MONTILLA FEREIRA.
Ahora bien, en virtud de haberse admitido el presente recurso de apelación de autos, esta Corte Superior, procede a resolver los motivos de denuncias contenidos en el mismo y por tal razón, pasa a hacer las siguientes consideraciones jurídicas procesales:
I. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO:
El ciudadano Abogado JOSÉ HUMBERTO GELVES, Defensor Público Primero para el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, en su carácter de Defensor del Adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 545 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), interpuso recurso de apelación, sobre la base de los siguientes argumentos:
Comenzó el apelante su escrito recursivo, narrando los hechos que dieron origen a la presente causa, señalando que en fecha 05 de abril de 2016, representantes de la Fiscalía 37 del Ministerio Público, presentan al Adolescente por ante el Tribunal Primero de Control Sección Adolescente, por la presunta comisión del delito de EXTORSIÓN, previsto en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, siendo decretado en contra del mismo la Prisión Preventiva, conforme al artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; ahora bien, distribuido el presente asunto a la fase de Juicio, le correspondió el conocimiento del mismo al Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la Sección Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, siendo fijado el acto de Apertura a Juicio para el día 31 de mayo de 2016.
Prosigue refiriendo, que a la fecha se había diferido en seis (06) oportunidades, la fijación del acto de apertura, y que las causas de dilaciones son imputables al estado y no a su defendido quien se encuentra privado de libertad y en espera de la realización del Juicio Oral; por lo que en fecha 07 de julio de 2016, la Defensa técnica, interpuso solicitud de decaimiento de la medida cautelar y sustitución de la Medida de Prisión Preventiva por otra menos gravosa, la cual no fue resuelta por la Instancia, por lo que en fecha 14 de septiembre de 2016, es ratificada y declarada Sin Lugar por el Tribunal de la Instancia. En tal sentido, trajo a colación extractos de la decisión.
Luego, procedió a explanar los motivos de apelación del recurso interpuesto, trayendo a colación el contenido de los artículos 608 de la Ley Adolescencial y 250 del Texto Adjetivo Penal, señalando además la Defensa, que la Jurisdicente refirió que el retardo procesal del caso en concreto es por causa del justiciable y su defensa; asegurando que el Tribunal de mérito, ha inobservado normas de rango constitucional y legal, además de ir en contra de los principios y garantías que rigen el derecho penal adolescencial.
Resalta el recurrente, que en el caso en concreto no ha sido solicitado por la Vindicta Fiscal ningún tipo de prórroga en relación al mantenimiento de la Medida Cautelar de Prisión Preventiva conforme a lo previsto en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que en sintonía con ello, y a fin de robustecer su criterio, citó extracto de la decisión 247-16, de fecha 16 de agosto de 2016, con ponencia del Juez Superior de esta Alzada Dr. JUAN ANTONIO DÍAZ VILLASMIL.
En torno a lo anterior, sostuvo el apelante que no solo denuncia la falta de motivación de la decisión recurrida, sino además, que el fallo niega el decaimiento de la medida cautelar de Detención Preventiva, no obstante haber transcurrido más de los tres (03) meses previstos en la Ley, sin haberse decretado prórrogas y representando una innegable dilación procesal por parte del órgano jurisdiccional
Finalmente refiere el recurrente, que no debe invocarse el artículo 55 Constitucional, puesto que el retraso en el presente asunto penal, proviene de otra causa, por lo cual en su opinión, no puede seguirse agraviando a su defendido con el decreto de la Prisión Preventiva; para robustecer sus alegatos, citó la sentencia No. 2463, de fecha 01 de agosto de 2005, Exp. 03-0496, con ponencia del Magistrado Dr. Arcadio Delgado Rosales.
PETITORIO: Solicitó el accionante, que declare con lugar el recurso, revoque el fallo recurrido y decrete el Cese o Decaimiento de la medida de Prisión Preventiva, estableciendo alguna Medida cautelar menos gravosa que la privación de libertad que pesa sobre su defendido.
En el presente asunto penal, la Representación Fiscal Trigésima Primera del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, no dio contestación al recurso de apelación, interpuesto por la Defensa de actas.
II. DE LA DECISION RECURRIDA:
La Decisión apelada corresponde a la N° I-046-16, dictada en fecha 20 de Septiembre de 2016, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia; mediante la cual, se declaró sin lugar la solicitud efectuada por la Defensa de actas “relativa a que se examine y se revise la medida de prisión preventiva”, que recae sobre el mencionado adolescente, en la causa seguida por la presunta comisión del delito de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, en perjuicio de del ciudadano JOAN LUIS ROQUE RAMÍREZ, en consecuencia se negó una medida cautelar menos gravosa y se mantuvo la medida de Prisión Preventiva dictada en fecha 20 de septiembre de 2016.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA DECIDIR:
Analizados como han sido los fundamentos de Derecho explanados por la Defensa en su escrito de apelación, esta Corte Superior, pasa a resolver sobre el fondo de sus pretensiones de la siguiente manera:
Denunció el apelante, que en fecha 05 de abril de 2016, mediante Decisión de la misma fecha, se decretó a su defendido la medida de Prisión Preventiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, remitiéndose la causa al Juzgado en Funciones de Juicio de la Sección Adolescentes de este Circuito Judicial Penal, en el que una vez recibido el presente asunto, es fijado el acto de Apertura a Juicio, para el día 31 de mayo de 2016, sin embargo el mismo fue diferido en seis (06) oportunidades, manifestando el apelante que tal dilación procesal es imputable al Órgano Jurisdiccional; y de este modo solicita en fecha 07 de julio de 2016, el decaimiento de la medida y su sustitución por otra menos gravosa, pedimento que fue ratificado por la Defensa en fecha 14 de septiembre de 2016, y declarado sin lugar por la Instancia, señalando que la Jueza a quo inobservó normas de rango constitucional y legal, violentando los principios y garantías que rigen el derecho penal adolescencial, en consecuencia, denuncia la falta de motivación de la decisión recurrida, así cómo, que el fallo niega el decaimiento de la medida cautelar de Prisión Preventiva, no obstante haber transcurrido más de los tres (03) meses previstos en la Ley, sin haberse decretado prórrogas y sin que tal retardo sea culpa del adolescente acusado, sino por causas imputables al Tribunal de mérito.
Al respecto, esta Sala observa de las actas que integran la causa, que en fecha 14 de Septiembre de 2016, la Defensa de actas interpuso escrito ante el Juzgado de Instancia, solicitando el Decaimiento de la medida cautelar y sustitución de la Medida de Prisión Preventiva por otra menos gravosa, manifestando que hasta la fecha de la interposición de dicho escrito, se mantenía la mencionada medida cautelar, asimismo aduce que ha transcurrido más de un año desde su decreto sin que el juicio haya concluido.
Solicitud que en fecha 20 de Septiembre de 2016, mediante Decisión No. I-046-16, el Juzgado de Instancia declaró sin lugar, analizando para ello, el contenido del artículo 581 de la Ley que rige el Sistema Adolescencial, plasmándose en el fallo que tal norma procesal se equiparaba al artículo 230 del Texto Adjetivo Penal, que prevé el principio de proporcionalidad, sosteniendo el Juzgado a quo que debía observarse el artículo 55 Constitucional, que refiere la protección de las víctimas por parte del Estado.
Se citó además en la decisión hoy impugnada, un extracto de la Sentencia No. 418, dictada en fecha 25 de marzo de 2008, por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Deyanira Nieves Bastidas, para afirmar que en atención al criterio jurisprudencial citado, el Máximo Tribunal de la República justificaba el mantenimiento de la medida de privación judicial, cuando la causa del retardo procesal era imputable al procesado y cuando el decaimiento de las medidas podían constituir una infracción al artículo 55 Constitucional.
Luego de ello, hace un breve recorrido procesal indicando las fechas y los motivos del por qué hasta el momento no se había celebrado el Juicio Oral en contra del adolescente acusado, asimismo, que el delito que se le imputa al acusado produjo un gran daño social, por haberse afectado el bien jurídico referido a la integridad física y patrimonial de la víctima, para continuar citando el Jurisdicente criterios jurisprudenciales y doctrinales y finalmente decidir que decretar el cese de la medida de prisión preventiva que pesa sobre el acusado, por haber transcurrido el lapso de los tres (03) meses previstos en el artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, sin que se haya dictado sentencia condenatoria en su contra, lo que constituye una violación de los postulados del artículo 55 Constitucional, en consecuencia declaraba sin lugar la solicitud de la Defensa.
Ahora bien, denunció la Defensa, que el fallo negó el decaimiento de la medida cautelar, no obstante haber transcurrido más de los tres (03) meses previstos en la Ley, sin haberse decretado prórrogas y sin que tal retardo sea culpa del adolescente acusado.
En este sentido, se observa que en fecha 05 de abril de 2016, el Adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 545 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), fue presentado por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Sección Adolescentes, por la presunta comisión del delito de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, en perjuicio del ciudadano JOAN LUIS ROQUE RAMÍREZ, en la que el adolescente imputado quedó privado de libertad bajo la figura de la prisión Preventiva conforme al artículo 581 de la Ley Adolescencial (Folios 33 al 37 de la causa principal).
Luego en fecha 30 de mayo de 2016, la Representación Fiscal Trigésima Séptima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial interpuso escrito de acusación Fiscal, por la presunta comisión del delito de EXTORSIÓN en calidad de coautor, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión en concordancia con el artículo 83 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano JOAN LUIS ROQUE RAMÍREZ (Folios 67 al 82 de la causa principal).
En este sentido, esta Corte Superior, observa que el contenido del artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, prevé lo siguiente:
“Artículo 581. Requisitos de procedencia para el decreto de prisión preventiva como medida cautelar.
El Juez o Jueza de Control podrá decretar la prisión preventiva del imputado o imputada, cuando exista:
a) Un hecho punible, perseguible de oficio, cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita;
b) Fundados elementos de convicción para estimar que el o la adolescente ha sido autor o autora o partícipe en la comisión de un hecho punible;
c) Riesgo razonable de que el o la adolescente evadirá el proceso;
d) Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas;
c) Peligro grave para la víctima, el denunciante o el testigo.
Parágrafo Primero: Esta medida no procederá sino en los casos en que, conforme a la calificación dada por el juez o jueza, sería admisible la privación de libertad como sanción, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 628 de la presente ley. Se ejecutará en entidades de atención, donde los adolescentes procesados y adolescentes procesadas deben estar separados o separadas de los ya sentenciados o sentenciadas.
Parágrafo Segundo: La prisión preventiva no podrá exceder de tres meses. Si cumplido este término el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el juez o la jueza de control que conozca del mismo la hará cesar, sustituyéndola por otra medida cautelar que no genere privación de libertad” (Subrayado nuestro).

De la norma transcrita ut supra, en criterio de esta Alzada, se determina que la Prisión Preventiva, constituye una medida cautelar decretada por orden judicial, que procede sólo en los casos donde la calificación jurídica atribuida a los hechos, admite la privación de libertad como sanción, para lo cual, se observará el contenido del artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que preceptúa los tipos penales que en el Sistema Especial, ameritan privación de libertad; examinándose igualmente en cada caso, que exista un hecho punible, perseguible de oficio, cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita; además de fundados elementos de convicción para estimar que el o la adolescente, ha sido autor, autora o partícipe en la comisión de un hecho punible; así como un riesgo razonable de que el o la adolescente pueda evadir el proceso seguido en su contra; un temor fundado de que el imputado o la imputada pueda destruir u obstaculizar los medios probatorios; así como la existencia de un peligro grave para la víctima, el o la denunciante o un testigo, estableciéndose una vigencia temporal, que no excederá de tres (03) meses de cumplimiento.
En el caso en análisis, se observa que en la decisión recurrida, para determinar el decaimiento de la medida cautelar peticionado por la Defensa, como se señaló en el cuerpo de este fallo, la Jurisdicente analizó el contenido del artículo 581 de la Ley que rige el Sistema Adolescencial, afirmando que tal norma se equiparaba con lo previsto en el artículo 230 del Texto Adjetivo Penal.
En este sentido, este Tribunal de Alzada considera necesario traer a colación el contenido del citado artículo 230 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, norma procesal relativa al principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal (el cual de acuerdo a la Criminología de los Derechos Humanos, es un principio intrasistemático que refiere la proporcionalidad de la pena al daño social causado), ello con la finalidad de establecer el alcance y contenido del mismo. En tal sentido tenemos que, el referido artículo establece:

“Artículo 230. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.
En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito ni exceder del plazo de dos años; si se tratare de varios delitos se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave.
Excepcionalmente y cuando existan causas graves que así lo justifiquen para el mantenimiento de las medidas de coerción personal, que se encuentren próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el o la querellante podrán solicitar prórroga, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado, y cuando fueren varios los delitos imputados, se tomará en cuenta la pena mínima prevista para el delito más grave.
Igual prórroga se podrá solicitar cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado o imputada, acusado o acusada, o sus defensores o defensoras.
Estas circunstancias deberán ser debidamente motivadas por el o la Fiscal o el o la querellante.
Si el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones, se recibirá la solicitud y se remitirá de inmediato con los recaudos necesarios al Juzgado de Primera Instancia que conoce o conoció de la causa, quien decidirá sobre dicha solicitud” (Negrillas de esta Alzada).

De la norma transcrita supra, se observa primeramente que, en la Jurisdicción Penal Ordinaria, el principio de proporcionalidad se encuentra previsto de manera diferenciada a esta Jurisdicción Especializada, al establecerse en el Texto Adjetivo Penal, que las medidas de coerción personal, están supeditadas a un plazo de duración, que en principio, no puede exceder de la pena mínima asignada al delito atribuido, así como del plazo de dos (02) años, esto es, que el Legislador ha considerado límites temporales suficientes para la tramitación del proceso penal, no obstante ello, la interpretación y alcance de dicha norma, en cuanto a esta vigencia en el tiempo, ha sido desarrollado por vía jurisprudencial y en ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia No. 626, dictada en fecha 13 de abril de 2007, Exp. No. 05-1899, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, adujo:

“…la medida de coerción personal que es decretada contra un imputado o acusado decae, previo análisis de las causas de la dilación procesal, cuando ha transcurrido más de dos (2) años de su vigencia contados a partir del momento en que fue dictada, claro está, siempre y cuando no se haya proveído la prórroga establecida en el aludido precepto, dado que, en ese caso, deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir el decaimiento (… Omissis…).
Cabe recalcar que en el proceso pueden existir dilaciones propias de la complejidad del asunto debatido, por lo que el simple transcurso del tiempo no configura íntegramente el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues, de lo contrario, la compresible complejidad que pudiera llegar a tener un caso se convertiría en un mecanismo que propenda a la impunidad. Tal circunstancia, en un razonamiento lógico, conduce a concluir que la norma per se excluye los retrasos justificados que nacen de la dificultad misma de lo debatido; sólo esta interpretación justifica que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiera al deber del Estado de garantizar una justicia sin dilaciones indebidas, lo que reconoce implícitamente que en los procesos pueden existir dilaciones debidas o, dicho en otras palabras, que se pueden justificar, tal como lo refiere en igual sentido el propio artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal”.

Así las cosas, se evidencia que, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, ha señalado en relación a la proporcionalidad de la medida de coerción personal en el proceso penal, que el mantenimiento de la misma, podría atender a las dilaciones indebidas del proceso, tanto por parte del acusado o sus defensores, así como de aquellas que pueden originarse por la complejidad del caso. Igualmente, en la situación que la libertad del imputado o acusado, transgreda el artículo 55 Constitucional, la misma Sala ha señalado:

“No procederá el decaimiento de la medida, aunque hayan transcurrido los dos años, en aquellos casos en los cuales dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado, o cuando la libertad del imputado se convierte en una infracción del artículo 55 de la Constitución vigente, todo lo cual debe ser debidamente examinado por el juez de juicio” (Sentencia No. 1315, dictada en fecha 22 de junio de 2005, Exp. No. 03-0073, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero)).

Así las cosas, de acuerdo a las consideraciones anteriores, se constata que el mantenimiento de una medida de coerción personal en la Jurisdicción Penal Ordinaria (norma procesal que constituye el basamento legal sobre el cual descansa la decisión recurrida), como excepción al decaimiento, debe atender a las diferentes circunstancias que se susciten en el proceso, es decir, el carácter de las dilaciones, el delito objeto de la causa, la dificultad o complejidad del caso, la protección y seguridad de la víctima, durante el desarrollo del proceso, el cual, como lo sostiene la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la República, no puede limitarse generalmente a un lapso de dos (02) años, en virtud de las diferentes circunstancias que puedan rodear el caso particular.
Ahora bien, es preciso acotar que, este período al cual está sujeto el mantenimiento de la medida de coerción personal, se encuentra supeditado a las formas y condiciones exigidas en el citado artículo 230 del Texto Adjetivo Penal, como lo son, el haberla solicitado el Ministerio Público o el querellante, al Tribunal que esté conociendo de la causa, cuando se encuentre la referida medida cautelar “próxima a su vencimiento”, mediante una solicitud de prórroga, la cual no podrá exceder los lapsos señalados anteriormente, y que tal pedimento se encuentre debidamente motivado; esto es, que el Legislador prescribió el mantenimiento de la medida cautelar, previo otorgamiento de una prórroga, sólo cuando existan causas graves que así justifiquen su mantenimiento y cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado o imputada, acusado o acusada, o sus defensores o defensoras.
En el caso en análisis, se observa que la Jueza de Instancia en el fallo hoy recurrido, no señaló que acudía a la remisión supletoria prevista en el artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para aplicar el contenido del artículo 230 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, que rige para la Jurisdicción Penal Ordinaria, no obstante procedió a aplicar tal norma procesal de manera parcial, ya que obvió que el mantenimiento de la medida cautelar, era consecuencia de una prórroga previamente solicitada; sin observar además el contenido del artículo 90 de la citada Ley Especial, referido a las “Garantías del o de la adolescente sometido al Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes”, que prevé que todos los y las adolescentes que por sus actos sean sometidos a dicho Sistema Penal, tienen derecho a las mismas garantías sustantivas, procesales y de ejecución de la sanción, que las personas que son juzgadas por ante la Jurisdicción Penal Ordinaria; observando quienes aquí deciden, que la proporcionalidad constituye una garantía fundamental, pues así lo prescribió el Legislador en el Título V, Capítulo I, Sección Tercera, artículo 539 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que a la letra prescribe “Proporcionalidad. Las sanciones deben ser racionales, en proporción al hecho punible atribuido y a sus consecuencias”; por lo que lejos de aplicar la Jurisdicente el artículo 230 del Texto Adjetivo Penal, por remisión del artículo 537 de la Ley Especial, debió aplicar el artículo 539 de la citada Ley, que refiere la proporcionalidad.
Visto así, se determina que el Juez de Instancia yerra en el fallo al aplicar el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, que por su naturaleza jurídica, tiene cabida por vía de excepción en el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes, en lo que respecta a las Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación de Libertad, las cuales se encuentran previstas en el artículo 582 de la Ley Especial Adolescencial, y es por lo que debemos remitirnos por disposición expresa del artículo 537 ejusdem, cosa contraria al imponerse la Medida Cautelar de Prisión Preventiva, prevista en el artículo 581 de la citada Ley, que su decaimiento esta expresamente establecido, y refiere que al transcurrir los tres (3) meses el Juzgador o la Juzgadora están en el deber de sustituirla por otra medida menos gravosa.

En tal sentido, se colige que en la presente causa no procedía el mantenimiento de la medida de Prisión Preventiva, recaída en contra del Adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 545 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), criterio acogido por el Máximo Tribunal de la República, al sostener:
“Conforme a lo expuesto, observa esta Sala que si bien, tanto la medida de detención como la de privación preventiva son medidas de aseguramiento para la efectiva resolución del proceso, tiene la particularidad de que ambas son dictadas tanto en etapas procesales diferentes (investigación y enjuiciamiento) y fundamentadas en fines distintos (detención para identificación, comparecencia a la audiencia preliminar y prisión preventiva para el caso de juicio).
El derecho a la libertad personal contemplado en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es irrenunciable, tal y como lo ha establecido esta Sala en diversos fallos; y toda disposición que restrinja la libertad del imputado es, según lo que preceptúa el artículo 247 del Código Orgánico Procesal Penal, de interpretación restringida.
Así pues, se observa que el parágrafo segundo del artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, dispone:
“Artículo 581. Prisión preventiva como medida cautelar.
[…]
Parágrafo Segundo. La prisión preventiva no podrá exceder de tres meses. Si cumplido este término el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el juez o jueza del mismo la hará cesar, sustituyéndola por otra medida cautelar”.
Es decir, que sólo en los casos de prisión preventiva acordada bien sea, en el momento de decretada la flagrancia, como lo señala el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y, en consecuencia, el pase directo a juicio; o la acordada en la fase de enjuiciamiento, en atención al citado artículo 581, no podrá exceder de tres (3) meses contados a partir del momento en que se dictó la medida de prisión preventiva, sin que en el juicio se hubiese dictado sentencia condenatoria, pues de ser ese el caso el juez debe hacerla cesar de oficio o a solicitud de parte, y sustituirla por otra medida cautelar” (Sentencia No. 299, dictada en fecha 19 de marzo de 2012, por la Sala Constitucional, Exp. No. 11-1239, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López).
En los iguales términos dejó establecido tal criterio en la Sentencia No. 2463, dictada en fecha 01 de agosto de 2005, Exp. No. 03-0496, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, al sostener:
“Ahora bien, esta Sala observa que, ciertamente, desde la oportunidad en que le fue decretada la prisión preventiva al adolescente, el 12 de septiembre de 2002, hasta el momento en que fue interpuesto el presente amparo el 22 de enero de 2003, transcurrieron más de los tres (3) meses que prevé el ordenamiento procesal penal de los adolescentes como lapso máximo para que se mantenga la medida de prisión preventiva.
En efecto, el parágrafo segundo del artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, establece lo siguiente:
“Parágrafo Segundo: La prisión preventiva no podrá exceder de tres meses. Si cumplido este término el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el juez que conozca del mismo la hará cesar, sustituyéndola por otra medida cautelar”.
Según se desprende del contenido de la anterior disposición normativa, toda prisión preventiva decae cuando se han cumplido más del plazo de tres (3) meses, contados a partir del momento en que se dictó la medida, sin que en el juicio incoado contra un adolescente se hubiese dictado sentencia condenatoria. Ese decaimiento se materializa únicamente con la aplicación de una medida cautelar de las previstas en el artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, dado que, como se observa del citado artículo 581, “el juez que conozca del mismo -el proceso- la hará cesar -la prisión preventiva-, sustituyéndola por otra medida cautelar”.

Establecido lo anterior, esta Corte Superior deja asentado que el retardo presentado en la presente causa, para la realización del juicio oral y reservado al adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 545 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), siendo que, todo proceso judicial debe efectuarse dentro de un plazo razonable, tal y como se ha establecido en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, derecho que es acogido en el Derecho Interno, mediante la garantía de la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 Constitucional. En relación a lo que debe entenderse por plazo razonable, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia No. 3477, dictada en fecha 11 de noviembre de 2005, con ponencia del Magistrado Marcos Tulio Dugarte, Exp. No. 05-1988, dejó sentado:

“Visto que para resolver el presente caso debe tenerse en cuenta si hubo o no dilación indebida, esta Sala considera respecto de la expresión “sin dilaciones indebidas” (artículo 26), indicar que la misma debe ser entendida como el derecho de toda persona a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable, por lo tanto, la falta de cumplimiento del órgano jurisdiccional de los lapsos procesales es una condición necesaria mas no suficiente para declarar que hubo dilación indebida o retardo judicial.
Ahora bien, la determinación de ese plazo razonable no es posible hacerla a través de una regla concreta, pues cada caso reviste peculiaridades que lo distinguen de otros. Para determinar dicho plazo debe atenderse a una serie de criterios que el derecho comparado y esta Sala en anteriores oportunidades han señalado de manera enunciativa. En efecto, el Tribunal Constitucional Español, acogiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia nº 5/1985, del 23 de enero estableció lo siguiente:
“La complejidad del litigio, la conducta de los litigantes y de las autoridades y las consecuencias que del litigio presuntamente demorado se siguen para las partes son, ciertamente, criterios desde los que debe llenarse de contenido el concepto del “plazo razonable”. Otros criterios son las pautas y márgenes ordinarios en los tipos de proceso de que se trata, o en otros términos en estándar medio admisible, para proscribir dilaciones más allá de él.” (Jorge Carreras del Rincón. Comentarios a la doctrina procesal civil del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. El artículo 24 de la Constitución Española. Los derechos fundamentales del justiciable. Madrid. Marcial Pons, 2002, p. 588)
Igualmente, esta Sala en sentencia nº 2.198/01 del 9 de noviembre, señaló lo siguiente:
“Debe recordarse, no obstante, que el concepto de proceso sin dilaciones indebidas es un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido concreto deberá ser obtenido mediante la aplicación, a las circunstancias específicas de cada caso, de los criterios objetivos que sean congruentes con su enunciado genérico. Podrían identificarse como ejemplo de tales criterios objetivos: la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, la conducta procesal del interesado y de las autoridades implicadas y las consecuencias que de la demora se siguen para los litigantes. Así pues, criterios de razonabilidad pesarán sobre la decisión que se tome en cada caso concreto”. (Subrayado del fallo).

En este sentido, quienes aquí deciden, observan de las actas que integran la causa, que el juicio oral y reservado no se ha realizado en la presente causa, en virtud de:
En fecha 31 de mayo de 2016, fue diferido el acto de Apertura del Juicio Oral, por falta de traslado del Adolescente acusado a la sede del Tribunal, por lo que fue diferido para el día 13 de junio de 2016 (Folios 101 y 102 de la causa principal).
En fecha 13 de junio de 2016, fue diferido el acto de Apertura del Juicio Oral, por incomparecencia del ciudadano víctima, por lo que fue diferido para el día 29 de junio de 2016 (Folios 104 y 105 de la causa principal).
En fecha 29 de junio de 2016, fue diferido el acto de Apertura del Juicio Oral, por falta de traslado del Adolescente acusado a la sede del Tribunal, por lo que fue diferido para el día 21 de julio de 2016 (Folios 112 y 113 de la causa principal).
En fecha 29 de junio de 2016, fue diferido el acto de Apertura del Juicio Oral, por falta de traslado del Adolescente acusado a la sede del Tribunal, así como por la incomparecencia del víctima de actas, por lo que fue diferido para el día 11 de agosto de 2016 (Folios 131 y 132 de la causa principal).
En fecha 11 de agosto de 2016, fue reprogramado el acto de apertura del juicio Oral en virtud que el juzgado de Juicio no despachó por el nombramiento de la Jueza Dra. MAURELYS VILCHEZ como Jueza Superior; por lo que el mismo fue diferido para el día 31 de agosto de 2016. (Folio 133 de la causa principal).
En fecha 31de agosto de 2016, fue diferido el acto de Apertura del Juicio Oral, por falta de traslado del Adolescente acusado a la sede del Tribunal, así como por la incomparecencia del víctima de actas, por lo que fue diferido para el día 19 de septiembre de 2016 (Folios 143 y 144 de la causa principal).
En fecha 19 de septiembre de 2016, fue diferido el acto de Apertura del Juicio Oral, por falta de traslado del Adolescente acusado a la sede del Tribunal, así como por la incomparecencia del víctima de actas, por lo que fue diferido para el día 05 de octubre de 2016 (Folios 150 y 151 de la causa principal).
Del recorrido procesal efectuado a las actas que integran la causa, esta Superioridad observa, que el Juzgado de Instancia no ha realizado el juicio oral y reservado, en su mayoría por cuanto el adolescente acusado no fue trasladado a la sede del Tribunal de Instancia, así como por inasistencia de la víctima, destacándose que en el proceso penal venezolano, las victima está representada por el Ministerio Público, pudiendo comenzarse el juicio sin la presencia de la misma, solo basta que se encuentren debidamente citadas para su realización, máxime al actuar como testigos, para lo cual, debe la Jurisdicente como directora del proceso, realizar lo conducente a su comparecencia al Tribunal.
Huelga destacar que, en el caso en análisis, la consecuencia jurídica es el decaimiento de la medida de Prisión Preventiva, por haber transcurrido más del lapso de tres (03) meses, previsto en el Parágrafo Segundo del artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por lo cual, atendiendo a lo previsto en dicha norma, hace cesar la medida de Prisión Preventiva sustituyéndola por otra medida cautelar que no genere privación de libertad, como lo es la medida cautelar relativa a la prestación de caución personal mediante la presentación y compromiso de cuatro (04) personas idóneas, que deberán ser de reconocida solvencia moral, de buena conducta, responsables, estar domiciliadas en el municipio Maracaibo del estado Zulia, que además tengan trabajo estable donde devenguen no menos de ocho (08) salarios mínimos (cálculo vigente a la presente fecha).
Como corolario de lo anterior, lo procedente en derecho es declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Abogado JOSÉ HUMBERTO GELVES, Defensor Público Primero para el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, en su carácter de Defensor del Adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 545 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), en consecuencia REVOCA la Decisión Nro. I-046-16, dictada en fecha 20 de septiembre de 2016, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia; DECRETA el decaimiento de la medida de Prisión Preventiva a favor del Adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 545 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), de nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo, nacido en fecha 22-10-1998, de 17 años e edad, titular de la cédula de identidad No. V-27.089.899, profesión u oficio ayudante de descarga, hijo del ciudadano ANDRÉS BETANCOURT y de la ciudadana MARILYN DÍAZ, Residenciado en: Barrio Integración Comunal, Sector 23 de Febrero, Calle 11B, casa No. 62ª-124, parroquia Luís Hurtado Higuera, Municipio Maracaibo, estado Zulia, impuesta en fecha 05 de abril de 2016; IMPONE la medida cautelar sustitutiva a la Prisión Preventiva relativa a la prestación de caución personal mediante la presentación y compromiso de cuatro (04) personas idóneas, que deberán ser de reconocida solvencia moral, de buena conducta, responsables, estar domiciliadas en el municipio Maracaibo del estado Zulia, que además tengan trabajo estable donde devenguen no menos de ocho (08) salarios mínimos (cálculo vigente a la presente fecha) y deberán presentar sus antecedentes penales; en atención a lo previsto en los artículos 581 y 582 literal “g” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, medida cautelar que deberá ser ejecutada por el Juzgado a quo y ORDENA al Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, REALIZAR EL JUICIO ORAL Y RESERVADO DE MANERA INMEDIATA, a fin de evitar la dilación judicial injustificada, que puede ser objeto de responsabilidad administrativa y disciplinaría. Así se decide.
Todo ello, conforme lo establece el artículo 608 literal "G" de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 442 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, aplicables por remisión expresa de los artículos 608 y 613 de la citada Ley Especial. Así se decide.
DECISIÓN
Por los fundamentos expuestos, esta Corte Superior del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con Competencia en Delitos de Violencia Contra Las Mujeres de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara:
PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación, interpuesto por el ciudadano Abogado JOSÉ HUMBERTO GELVES, Defensor Público Primero para el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, en su carácter de Defensor del Adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 545 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES).
SEGUNDO: REVOCA la Decisión Nro. I-046-16, dictada en fecha 20 de septiembre de 2016, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.
TERCERO: DECRETA el decaimiento de la medida de Prisión Preventiva a favor del Adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 545 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), de nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo, nacido en fecha 22-10-1998, de 17 años e edad, titular de la cédula de identidad No. V-27.089.899, profesión u oficio ayudante de descarga, hijo del ciudadano ANDRÉS BETANCOURT y de la ciudadana MARILYN DÍAZ, Residenciado en: Barrio Integración Comunal, Sector 23 de Febrero, Calle 11B, casa No. 62ª-124, parroquia Luis Hurtado Higuera, Municipio Maracaibo, estado Zulia, impuesta en fecha 05 de abril de 2016.
CUARTO: IMPONE la medida cautelar sustitutiva a la Prisión Preventiva relativa a la prestación de caución personal mediante la presentación y compromiso de cuatro (04) personas idóneas, que deberán ser de reconocida solvencia moral, de buena conducta, responsables, estar domiciliadas en el municipio Maracaibo del estado Zulia, que además tengan trabajo estable donde devenguen no menos de ocho (08) salarios mínimos (cálculo vigente a la presente fecha); y de igual manera deberán presentar sus antecedentes penales; en atención a lo previsto en los artículos 581 y 582 literal “g” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, medida cautelar que deberá ser ejecutada por el Juzgado a quo.
QUINTO: ORDENA al Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, realizar el juicio oral y reservado de manera inmediata, a fin de evitar la dilación judicial injustificada, que puede ser objeto de responsabilidad administrativa y disciplinaría.
Todo ello, conforme lo establece el artículo 608 literal "G" de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con los artículos 180 y 442 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, aplicables por remisión expresa de los artículos 608 y 613 de la citada Ley Especial.
Regístrese en el libro respectivo, publíquese, déjese copia certificada en archivo y remítase la presente causa en la oportunidad legal correspondiente al tribunal de origen, a los fines legales consiguientes.
EL JUEZ PRESIDENTE,

DR. JUAN ANTONIO DIAZ VILLASMIL
Ponente

LA JUEZA LA JUEZA

DRA. YOLEYDA MONTILLA FEREIRA DRA. LEANI BELLERA SÁNCHEZ
(Ponente)

LA SECRETARIA,

ABOG. LAURA ISABEL FUENTES

En esta misma fecha, se registró y publicó la anterior decisión bajo el Nro. 363-16, en el libro de sentencias interlocutorias llevado por esta Corte Superior.

LA SECRETARIA,

ABOG. LAURA ISABEL FUENTES

LEBS/naileth.-
CASO PRINCIPAL : VP03-D-2015-000356
CASO : VP03-R-2016-001245