Sentencia N° 49-2.016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO SEGUNDO SUPERIOR ESTADAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
VE31-N-1997-000037
Asunto Antiguo: 5862
MOTIVO: NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO.
PARTE DEMANDANTE: MELANIA CASTELLANO FEREIRA, titular de la cédula de identidad número 5.842.044.
REPRESENTANTES JUDICIALES DE LA DEMANDANTE: Los Abogados en ejercicio MIGUEL A. PUCHE NAVA, GABRIEL A. PUCHE URDANETA y MARTHA FARÍA HERNÁNDEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 21.350, 29.098 y 45.519 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA.
REPRESENTANTE Y/O APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDADO: Los Abogados en ejercicio JOSÉ RAFAEL VARGAS RINCÓN y NEY GERMÁN MOLERO MARTÍNEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 22.881 y 22.870 respectivamente, en su condición de Apoderados Judiciales del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
NARRATIVA:
En fecha, ocho (08) de Enero de Mil Novecientos Noventa y Siete (1.997) se recibió por ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental la presente demanda por NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO acompañado de anexos, presentado por la ciudadana MELANIA CASTELLANO FEREIRA, titular de la Cédula de Identidad número 5.842.044, asistida por los abogados en ejercicio MIGUEL A. PUCHE NAVA, GABRIEL A. PUCHE URDANETA y MARTHA FARÍA HERNÁNDEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 21.350, 29.098 y 45.519 respectivamente, en contra de la resolución signada con el número 416, de fecha, 18 de Junio de 1996 dictada por el ALCALDE DEL MUNICIPIO MARACAIBO, mediante la cual se le remueve de su cargo. (folios 1 al 12 inclusive).
Seguidamente, en fecha, veintiocho (28) de Enero de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997) el Juzgado a-quo le dio entrada. (folio 13).
Posteriormente, en fecha, diez (10) de junio de Mil Novecientos Noventa y Siete (1.997), el a-quo admitió cuanto ha lugar en derecho, ordenando librar las respectivas notificaciones y citaciones. (folio 14).
Corre inserto a los folios 15 al 17, exposiciones del Alguacil relativas a las notificaciones en la presente causa.
En fecha, 16 de Septiembre de 1.997, se recibió escrito de contestación y anexos suscrito por los coapoderados judiciales de la Alcaldía del Municipio Maracaibo. (folios 18 al 27 ambos inclusive).
Mediante auto, de fecha, 25 de septiembre de 1.997, el Juzgado de origen declaró abierta la causa a pruebas. Posteriormente, por auto de fecha 27 de octubre de 1.997, el a-quo fijó oportunidad para llevar a efecto el acto de informes. (folio 28).
Por auto, de fecha 05 de Noviembre de 1.997, el Tribunal procedió al acto de informes y no habiendo comparecido las partes ni por si, ni por medio de apoderados judiciales, se declaró terminado el acto. (vto. Folio 28).
Riela inserto a los folios 28 al 38, escrito de opinión fiscal, suscrito por la Dra. Ana Sabina Pirela de Reverol.
Inserto al folio 39 se encuentra Acuse de recibo de oficio número DGSJ-DCCA-29235, dirigido a la Dra. Ana Sabina Pirela de Reverol, proveniente del Despacho del Fiscal General de la República mediante el cual se le autoriza a que intervenga en representación del Ministerio Público en el presente asunto.
Mediante auto, de fecha, 22 de Diciembre de 1.997 se fijó oportunidad para comenzar la relación en la presente causa. Posteriormente, en fecha, 16 de Enero de 1.998 se procedió al acto. (Folio 40).
En fecha, 05 de Marzo de 1.998, se dio por terminada la relación en la presente causa. Seguidamente, en fecha, 05 de Agosto de 1.999, el coapoderado judicial de la parte actora, Abog. GABRIEL PUCHE, se da por notificado de la designación del nuevo Juez y pide se notifique del abocamiento a la parte demandada. (vto. Folio 41).
Por auto, de fecha, 10 de Agosto de 1.999, el a-quo proveyó de conformidad y ordenó notificar a la parte demandada. (folio 41).
Mediante diligencia, de fecha, 22 de Noviembre de 2.000, el coapoderado judicial de la parte actora, Abog. GABRIEL PUCHE, se da por notificado de la designación del nuevo Juez y pide se notifique del abocamiento a la parte demandada. (folio 42).
En fecha, veintiuno (21) de Noviembre de Dos Mil Dieciséis (2.016) este Juzgado Superior Segundo Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, se aboca al conocimiento de la presente causa.
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO:
Revisadas las actas que conforman la presente causa, observa esta Juzgadora que la parte accionante en la persona de sus coapoderados judiciales, abogados MIGUEL A. PUCHE NAVA, GABRIEL A. PUCHE URDANETA y MARTHA FARÍA HERNÁNDEZ; desde el día el día veintidós (22) de Noviembre de Dos Mil (2.000), fecha en la cual el segundo de los mencionados solicita la notificación de la parte accionada; y no se evidencia el impulso por parte del precitado abogada ni de ninguno de los otros coapoderados judiciales, lo que indica que la parte interesada no ha efectuado ninguna actuación en el expediente tendiente a impulsar la continuación de la causa; por espacio de Dieciséis (16) años, pasa esta operadora de justicia a hacer las siguientes consideraciones de derecho para verificar si ha operado la perención de la instancia:
Establece la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 41, lo que a continuación se reproduce:
“Artículo 41: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas”.
Concatenado con lo anterior, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 267 en concordancia con el artículo 269 ejusdem prevé:
“Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (…)”
“Artículo 269: La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.
La perención de la instancia opera por la inactividad procesal de las partes, es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un período de tiempo de al menos un año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, párrafo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia derogada y aplicada por ser la norma vigente para la fecha, dispositivo que ad pedem literae establecía:
“La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia.”
La redacción de esta norma fue considerada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 5 de agosto de 2004, caso: Consejo Legislativo del Estado Aragua, como contradictoria y de imposible entendimiento por establecer la misma, en primer término, una consecuencia jurídica “declarar consumada la perención, como consecuencia de la verificación del supuesto de hecho previamente establecido en el dispositivo normativo, cual es la existencia de causas que hayan estado paralizadas por mas de un (1) año, antes de la presentación de los informes”, y en segundo lugar, la orden de cumplir “otras actividades a continuación que hacen absolutamente inoperante a la norma y en consecuencia a la institución de la perención en las causas seguidas ante este Supremo Tribunal”. (negrillas del Tribunal)
En el mismo fallo expresó dicha Sala, que la mencionada disposición legal, en los términos en los cuales fue redactada, colide con la “necesaria celeridad que debe informar al proceso, así como la prohibición de dilaciones indebidas establecidas en la constitución”. (negrillas de quien suscribe)
Con base en tales alegatos, concluyó desaplicando para el caso en concreto por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, acordando aplicar supletoriamente para el caso que ante ésta se ventilaba, el artículo 267 ejusdem, por considerar que el mismo regula adecuada y convenientemente la institución de la perención.
Así mismo, la Sala Político Administrativa en sentencia Nº 00249 dictada el 24 de marzo de 2010, ha establecido lo siguiente:
“Se trata así del cumplimiento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que estas tuvieron y por las cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso de un (1) año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 669 del 13 de marzo de 2006, caso: C.A. CONDUVEN).
Al efecto, tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, se entiende como acto de procedimiento aquel que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, bien que sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, se requiere igualmente que revele su propósito de impulsar o activar la misma. De modo que, esta categoría de actos, debe ser entendida como aquella en la cual la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad de realizar alguna actuación en el proceso. (Vid. Sentencia Nro. 2.673 dictada por la Sala Constitucional en fecha 14 de diciembre de 2001., caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.; entre otras) (…)”
El autor patrio Arístides Rengel Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II. Pág. 372-373, afirma lo siguiente:
“Para que la perención se produzca, se requiere la inactividad de las partes. La inactividad esta referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisa de las partes, que debiendo realizar los actos del procedimiento, no los realizan; pero no del Juez, porque si la inactividad del Juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar el arbitro de los órganos del Estado la extinción del proceso (…)
La perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisa de las partes y no del Juez; y finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el termino de un año (…)”
En armonía con lo anterior, constata esta sentenciadora una vez examinadas las actas que componen el presente expediente, que en la presente causa no se constata desde la indicada fecha, actuación alguna que evidenciara el interés de las partes en la prosecución del presente juicio.
Siendo ello así, al verificarse que no existe actividad procesal alguna en el presente caso, dirigida a movilizar y mantener en curso el proceso, durante un lapso mayor a un (1) año, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la jurisdicción Contencioso Administrativa, resulta forzoso para esta Juzgadora declarar de oficio la perención de la instancia. Así se decide.
DISPOSITIVO:
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo Superior Estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
ÚNICO: Se declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el presente RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, presentado por la ciudadana MELANIA CASTELLANO FEREIRA, titular de la Cédula de Identidad número 5.842.044, en su condición de funcionaria Pública de Carrera, asistida por los abogados en ejercicio Los Abogados en ejercicio MIGUEL A. PUCHE NAVA, GABRIEL A. PUCHE URDANETA y MARTHA FARÍA HERNÁNDEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 21.350, 29.098 y 45.519 respectivamente, en contra de la signada con el número 416, de fecha, 18 de Junio de 1996 dictada por el ALCALDE DEL MUNICIPIO MARACAIBO, mediante el cual se le remueve de su cargo. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SEGUNDO SUPERIOR ESTADAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los veintidós (22) días del mes de Noviembre de Dos Mil Dieciséis (2.016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
La Jueza Titular,
Dra. HELEN NAVA.
La Secretaria Temporal,
Abog. ANNY HERNÁNDEZ.
En la misma fecha y siendo las nueve y treinta minutos antes meridiem (9:30 a.m.) se publicó el anterior fallo con el Nº 49-2016.
La Secretaria Temporal,
Abog. ANNY HERNÁNDEZ.
HN/jagb
VE31-N-1997-000037
Asunto Antiguo: 5862
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