TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DÉCIMO SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Solicitud N° 0384-16
MOTIVO: DIVORCIO 185-A

Proveniente del Órgano Distribuidor, en fecha catorce (14) de marzo de 2016, es admitida la presente solicitud de DIVORCIO 185-A, intentada por el ciudadano LINO SEGUNDO PARRA URDANETA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.792.840, domiciliado en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, asistido por el abogado en ejercicio APALICO ANTONIO HERNANDEZ PRIETO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 171.957, contra la ciudadana YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.802.867, domiciliada en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, fundamentado su acción en el artículo 185-A del Código Civil.-

II.- Consta de las actas que:

Una vez admitida la solicitud, en fecha 08.08.2016, la Alguacil del Tribunal deja constancia que recibió los medios necesarios para la práctica de la citación de la demandada, librándose en la misma fecha la boleta y los recaudos de citación de la ciudadana YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO, antes identificada.

Mediante diligencia de fecha 09.08.2016, suscrita por la parte actora, donde consignó copias fotostáticas del auto de admisión para realizar las citaciones respectivas.

En fecha 09.08.2016, la parte actora otorgó poder apud-acta al abogado en ejercicio APALICO ANTONIO HERNANDEZ PRIETO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 171.957.
En fecha 20.09.16, la Alguacil del Tribunal hace constar que se trasladó a la dirección indicada por la parte actora para practicar la citación de la demandada, la cual se negó a firmar; la alguacil consignó la boleta y los recaudos de citación, de conformidad a lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 22.09.16, el apoderado actor mediante diligencia solicitó librar los carteles para la citación de la demandada, para que se traslade el secretario a perfeccionar la misma.

En fecha 4.10.16, este Tribunal mediante auto ordena librar la correspondiente boleta de notificación para perfeccionar la citación de autos.

En fecha 06.10.2016, el secretario de este Tribunal hace constar que se trasladó a la dirección indicada por la parte actora para practicar la citación de la demandada, la cual no se encontraba y procedió a entregarle la respectiva boleta de notificación a la persona por la que fue atendida.

En fecha 02.11.2016, la alguacil de este tribunal citó al fiscal trigésimo (30°) del Ministerio Público. En la misma fecha, la alguacil practicó la citación en forma legal.

En fecha 07.11.16, el Tribunal ordenó abrir la articulación probatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 08.11.16, la parte demandante presentó escrito de promoción de pruebas.

En fecha 09.11.16, se agregaron y se admitieron las pruebas presentadas por la parte actora, ordenando llevar a efecto la declaración testimonial de los ciudadanos EDMUNDO JOSE GARCIA ANTUNEZ, ALEXIS ALBERTO CARVAJAL PACHECO, y ANGEL JAVIER RINCON FARIA, para el tercer (3°) día de despacho siguiente.

En fecha 15.11.16, el Tribunal llevó acabo la evacuación testimonial de los ciudadanos EDMUNDO JOSE GARCIA ANTUNEZ, ALEXIS ALBERTO CARVAJAL PACHECO, y ANGEL JAVIER RINCON FARIA.

Siendo la oportunidad legal correspondiente para dictar Sentencia en el presente juicio, esta Jurisdicente lo hace previa las consideraciones siguientes:

III.- De la Competencia:

El Tribunal constata que de acuerdo con la manifestación del compareciente su ultimo domicilio conyugal ha sido el municipio Maracaibo del Estado Zulia y tratándose de una causa que afecta la relación matrimonial de los solicitantes, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, 40 y 754 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el articulo 185-A del Código Civil y el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es competente este Tribunal para conocer de la presente solicitud. Así se declara.-

IV.- De los alegatos de la parte demandante:

Manifiesta el ciudadano LINO SEGUNDO PARRA URDANETA, plenamente identificado, que contrajo matrimonio civil con la ciudadana YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° V-5.802.867, ante el Jefe Civil de la parroquia San Francisco del Municipio San Francisco del estado Zulia, en fecha 21 de junio de 1988, según Acta N° 614. De esta unión procrearon una hija de nombre YADIMAR JOSEFINA PARRA VERA, debidamente identificada en actas, según consta en el acta de nacimiento certificada signada con el número 287.
Después de contraído matrimonio, fijaron su domicilio conyugal, en el sector El Bajo de la ciudad y municipio San Francisco del estado Zulia, en donde habitaron ininterrumpidamente hasta que sus vidas conyugales fueron interrumpidas el 15 de marzo de 2001 y hasta la fecha no la han reanudado, por lo que decidió no continuar con una relación, donde la vida en común no es posible, habiéndose tornado lamentablemente en una ruptura prolongada y definitiva de la misma.

En cuanto a la comunidad de bienes declara que durante la unión no adquirieron bienes que repartir, quedando la comunidad de gananciales inexistente.

Que por las razones antes expuestas y en fundamento del artículo 185-A del Código Civil, solicita se declare con lugar la presente solicitud de Divorcio, y en consecuencia, se disuelva el vinculo matrimonial contraído ante el Jefe Civil de la parroquia San Francisco del municipio San Francisco del estado Zulia, en fecha 21 de junio de 1988, según Acta N° 614 inserta en la Unidad de Registro Civil de la parroquia San Francisco del municipio San Francisco del estado Zulia.

III.- De la contestación de la parte demandada:

No presentó escrito de contestación en la oportunidad legal correspondiente.

IV.- Del análisis y valoración de las pruebas presentadas:

De la parte accionante:

Junto al escrito de solicitud acompañó las documentales siguientes:

1) Una (01) copia fotostática de la cédula de identidad del ciudadano LINO SEGUNDO PARRA URDANETA, ya identificado en actas, 2) una (01) copia Certificada del Acta de Matrimonio de fecha 21 de junio de 1988, signada con el N° 144 inserta en La Unidad de Registro Civil de la parroquia San Francisco del municipio San Francisco del estado Zulia y 3) una (01) copia certificada del acta de nacimiento de la ciudadana YADIMAR JOSEFINA PARRA VERA.

- En relación a la fuerza probatoria de las documentales antes indicadas, el artículo 1.384 del Código Civil establece:

“Los traslados y las copias o testimonios de los instrumentos públicos o de cualquier otro documento autentico, hacen fe, si los ha expedido el funcionario competente con arreglo a las Leyes”

En consecuencia, como dicha documental fue expedida por la autoridad competente para ello, y no siendo impugnada por la parte demandada dentro del término legal establecido, este Sentenciador de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil le otorga el valor probatorio correspondiente, del cual se evidencia el vinculo matrimonial contraído por los ciudadanos LINO SEGUNDO PARRA URDANETA y YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO en fecha 21 de junio de 1988. Así se establece.-

- Promovió las pruebas documentales, una carta de residencia emitida por el Consejo Comunal “La Gracia de Dios” Barrio el Perú, sector La Gracia de Dios San Francisco del estado Zulia RIF J-29954777-9 número de certificación 23-17-01-108-0000 emitida el diez (10) de octubre de 2016 y dos (02) copias certificadas de actas de nacimiento de las niñas LORENIS LEXIBETH y LORENA DEL CARMEN PARRA BUSTAMANTE, de diez (10) y seis (06) años de edad.

- Promovió la prueba testifical, de los EDMUNDO JOSE GARCIA ANTUNEZ, ALEXIS ALBERTO CARVAJAL PACHECO, y ANGEL JAVIER RINCON FARIA.

En relación a la testimonial del ciudadano EDMUNDO JOSE GARCIA ANTUNEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 4.539.543, expuso que conoce de vista, trato y comunicación a los ciudadanos LINO SEGUNDO PARRA URDANETA y YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO; que ninguna relación une a la ciudadana YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO y al ciudadano LINO SEGUNDO PARRA URDANETA; que los ciudadanos viven separados desde el 2001; que los ciudadanos antes mencionados procrearon una sola hija; que el ciudadano, antes identificado, tiene como domicilio el barrio la gracia de Dios, frente a la academia de policía de San Francisco; que el domicilio de la ciudadana, antes identificada, tiene como domicilio el bajo detrás de la escuela Carmela Quintero, parroquia El Bajo de San Francisco; que los ciudadanos LINO SEGUNDO PARRA URDANETA y YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO, no adquirieron bienes durante su matrimonio

En relación a la testimonial del ALEXIS ALBERTO CARVAJAL PACHECO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-15.434.765, expuso que conoce de vista, trato y comunicación a los ciudadanos LINO SEGUNDO PARRA URDANETA y YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO; que ninguna relación une a la ciudadana YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO y al ciudadano LINO SEGUNDO PARRA URDANETA; que los ciudadanos viven separados desde el 2001; que los ciudadanos antes mencionados procrearon una sola hija; que el ciudadano, antes identificado, tiene como domicilio el barrio la gracia de Dios, frente a la academia de policía de San Francisco; que el domicilio de la ciudadana, antes identificada, tiene como domicilio el bajo detrás de la escuela Carmela Quintero, parroquia El Bajo de San Francisco; que los ciudadanos LINO SEGUNDO PARRA URDANETA y YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO, no adquirieron bienes durante su matrimonio.

En relación a la testimonial del ANGEL JAVIER RINCON FARIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-16.457.689, expuso que conoce de vista, trato y comunicación a los ciudadanos LINO SEGUNDO PARRA URDANETA y YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO; que ninguna relación une a la ciudadana YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO y al ciudadano LINO SEGUNDO PARRA URDANETA; que los ciudadanos, mencionados anteriormente, viven separados desde el 2001; que los ciudadanos antes mencionados procrearon una sola hija; que el ciudadano LINO SEGUNDO PARRA URDANETA tiene como domicilio el barrio La Gracia de Dios, frente a la academia de policía de San Francisco; que el domicilio de la ciudadana YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO tiene como domicilio El Bajo detrás de la escuela Carmela Quintero, parroquia El Bajo de San Francisco; que los ciudadanos LINO SEGUNDO PARRA URDANETA y YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO, no adquirieron bienes durante su matrimonio.

Con respecto a los testigos antes señalados, visto que los mismos fueron contestes en sus dichos, conforme al artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, esta Juzgadora acoge sus declaraciones en todo su valor probatorio, del cual se aprecia indicar que los ciudadanos LINO SEGUNDO PARRA URDANETA y YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO, no conviven juntos desde hace más de 7 años, y que su último domicilio conyugal fue el sector el bajo de la ciudad y municipio San Francisco del estado Zulia. Así se establece.-
De la parte demandada:

-No promovió ninguna prueba.

V.- El Tribunal para resolver observa:

Analizadas como han sido las pruebas promovidas y evacuadas en tiempo hábil, y estando en la oportunidad para dictar sentencia, este Juzgador pasa a decidir previa las siguientes consideraciones:

La parte actora fundamenta su acción en el artículo 185A del Código Civil que reza:

“Artículo 185A. Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común”

En atención a la sentencia numero 446 de fecha 15 de mayo de 2014 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual hace una interpretación constitucional del artículo 185-A con carácter vinculante, el cual establece:

“La norma en cuestión regula lo referido a la figura del divorcio, bajo el especial supuesto según el cual, producto de la ruptura de la “vida en común” se genera la separación de hecho alegada por alguno de los cónyuges por más de cinco (5) años, procediendo la declaratoria del mismo, siempre y cuando el otro cónyuge convenga en ello y no exista negativa del mismo u objeción por parte del Ministerio Publico.
…omissis…
No obstante, la actual Constitución tiene otros elementos para entender jurídica y socialmente a la familia y al matrimonio y que implica un examen de la constitucionalidad del comentado artículo 185-A de origen preconstitucional.
En este sentido, el artículo 75 de la Constitución de 1999 considera a la familia una asociación natural de la sociedad; pero así ella sea natural, toda asociación corresponde a una voluntad y a un consentimiento en formar la familia. Igualmente, considera que la familia (asociación fundamental) es el espacio para el desarrollo integral de la persona, lo que presupone –como parte de ese desarrollo integral– la preparación para que las personas ejerzan el derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público y social. Por su parte, el artículo 77 eiusdem establece la protección al matrimonio, entre un hombre y una mujer fundada en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges, lo que se concatena con los lineamientos del referido artículo 75.
De allí que, el matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica– nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos –como consecuencia de su libre consentimiento–la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem). En efecto, esta última norma del mencionado Código prevé que el domicilio conyugal “será el lugar donde el marido y la mujer tengan establecido, de mutuo acuerdo, su residencia”.
….omissis…
Justamente, entre las causales de divorcio hay dos que se fundan en la modificación del libre consentimiento de uno de los cónyuges de mantener la vida en común, las cuales son: el abandono voluntario (ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil) y la separación de hecho por más de cinco años (artículo 185-A eiusdem), la cual al igual que la separación de cuerpos decretada judicialmente, bien como resultado de un proceso a ese fin o bien por mutuo consentimiento, requiere de una declaración judicial que la reconozca como requisito previo al divorcio. Luego, para el derecho venezolano, el cese de la vida en común por voluntad de ambos o de uno de los cónyuges es una causal de divorcio, de igual entidad en todos los anteriores supuestos, ya que en la actualidad se adapta a la previsión del artículo 77 constitucional, según el cual el matrimonio se fundamenta en el libre consentimiento. Adicionalmente, la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23-3), como la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17-3), establecen que el matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes; derecho que también está contemplado en el artículo 16-2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos, conforme al artículo 19 de la Constitución vigente, son de goce y ejercicio irrenunciables, indivisibles e interdependientes y regidos por el principio de progresividad y sin discriminación alguna.
Por tanto, conforme a las citadas normas, a juicio de esta Sala, si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio, es este consentimiento el que priva durante su existencia y, por tanto, su expresión destinada a la ruptura del vínculo matrimonial, conduce al divorcio. Así, debe ser interpretada en el sentido que –manifestada formalmente ante los tribunales en base a hechos que constituyen una reiterada y seria manifestación en el tiempo de disolver la unión matrimonial, como es la separación de hecho, contemplada como causal de divorcio en el artículo 185-A del Código Civil–, ante los hechos alegados, el juez que conoce de la solicitud, debe otorgar oportunidad para probarlos, ya que un cambio del consentimiento para que se mantenga el matrimonio, expresado libremente mediante hechos, debe tener como efecto la disolución del vínculo, si éste se pide mediante un procedimiento de divorcio. Resulta contrario al libre desenvolvimiento de la personalidad individual (artículo 20 constitucional), así como para el desarrollo integral de las personas (artículo 75 eiusdem), mantener un matrimonio desavenido, con las secuelas que ello deja tanto a los cónyuges como a las familias, lo que es contrario a la protección de la familia que debe el Estado (artículo 75 ibidem).
Por otra parte, el artículo 137 del Código Civil, que refiere la obligación de los cónyuges de cohabitar, establece:
“Artículo 137.- Con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente”.
Planteada así la situación, no hay razón alguna, salvo una estrictamente formal, para sostener que en casos de que se invoque el abandono voluntario para solicitar el divorcio (artículo 185.2 del Código Civil) o que se pida la conversión en divorcio de la separación de cuerpos por mutuo consentimiento decretada judicialmente (artículo 185 del Código Civil), se pruebe en el procedimiento de divorcio que el abandono existió, o que no hubo reconciliación (artículos 759 y 765 del Código de Procedimiento Civil), mientras que para el caso de que en base al artículo 185-A del Código Civil, se pida que se declare el divorcio por existir una separación de hecho permanente por más de cinco años, no se ventile judicialmente la existencia real de tal situación por el solo hecho de que uno de los cónyuges (el citado) no concurriere a la citación, o no reconociere el hecho, o el Ministerio Público simplemente se opusiere. Sostener esta última solución, a juicio de esta Sala Constitucional crea una discriminación ante una situación de naturaleza idéntica en los mencionados casos de suspensión de la vida en común, suspensión que denota que un presupuesto constitucional del matrimonio: el libre consentimiento para mantenerlo de al menos uno de los esposos, ha dejado de existir.
Ante la negativa del hecho de la separación por parte del cónyuge demandado prevista en el artículo 185-A del Código Civil, el juez que conoce la pretensión debe abrir una articulación probatoria para constatar si es cierto lo que señala el solicitante, la cual será la del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, ya que ante un caso de igual naturaleza: la petición de conversión de la separación de cuerpos por mutuo consentimiento en divorcio, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 765 prevé que si citado el cónyuge que no solicitó la conversión, éste alegare reconciliación, se abrirá la articulación probatoria del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil para que se pruebe la reconciliación, habiendo quedado ya probada la suspensión de la vida en común con el decreto judicial que autoriza la separación de cuerpos.
…omissis…
Razones todas estas que generan certeza y convicción en esta Sala, que una interpretación del artículo 185-A del Código Civil conforme con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe ser aquella que admita la apertura de una articulación probatoria para el supuesto que cualquiera de los cónyuges cuestione la verificación de la ruptura de la vida en común por un tiempo superior a cinco (5) años.
…omissis…
En tal sentido, esta Sala Constitucional, en ejercicio de su facultad de garante y último intérprete de los derechos y garantías constitucionales, fija con carácter vinculante la interpretación constitucional del artículo 185-A del Código Civil que ha sido efectuada en la presente decisión a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Además, se ordena publicar la siguiente decisión en la Gaceta Judicial y la página web de este Máximo Tribunal, con el siguiente sumario: “Si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, el juez abrirá una articulación probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y si de la misma no resultare negado el hecho de la separación se decretará el divorcio; en caso contrario, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente”. Así se declara.” (Negrita y Subrayado del Tribunal).

De lo antes expuesto, se evidencia que si bien conforme a la Constitución Nacional la familia constituye una asociación natural de la sociedad, la misma deviene de la voluntad y consentimiento de los individuos en formar la familia, en la cual la personas que la integran ejercen el derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público y social. Asimismo el artículo 77 eiusdem establece la protección al matrimonio, entre un hombre y una mujer fundada en el libre consentimiento, por lo que, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero de una interpretación lógica nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Esa justificación se desprende, que si bien los cónyuges tienen la obligación de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente y de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal.

Por lo que, siendo el consentimiento libre el fundamento para iniciar el matrimonio, cuando éste se modifica por cualquier causa y por parte de cualquiera de los cónyuges, el legislador estableció causales para proceder al divorcio, y en caso de haber una ruptura prolongada de la vida en común, se instituyó el artículo 185 A del Código Civil, norma interpretada por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de justicia, conforme a lo términos antes explanados.

Ahora bien, examinadas las actas procesales se observa la manifestación del accionante ciudadano LINO SEGUNDO PARRA URDANETA, sobre la interrupción de su vida común desde el día quince (15) del mes de marzo del año 2001, configurándose así la separación de hecho, por más de cinco (5) años, hecho este que no fue contradicho por la ciudadana YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO, en la oportunidad legal otorgada.

Asimismo, se desprende en la etapa probatoria abierta al efecto, de la declaración testimonial de los EDMUNDO JOSE GARCIA ANTUNEZ, ALEXIS ALBERTO CARVAJAL PACHECO, y ANGEL JAVIER RINCON FARIA, que fueron contestes en indicar que los ciudadanos LINO SEGUNDO PARRA URDANETA y YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO, están separados de mutuo acuerdo desde el año 2001, y que ya no comparten la misma residencia en la que convivieron como pareja, a saber: el sector El Bajo de la ciudad y municipio San Francisco del estado Zulia. Así se Aprecia.-

Por lo que, siendo que es un derecho inherente a la persona el libre desenvolvimiento de su personalidad, el cual al fomentar una familia otorgan un consentimiento espontáneo al momento de contraer matrimonio, acordando la convivencia en común, para así dar cumplimiento a una obligación que se desprende de esa institución, y el cual al darse el hecho material de la separación por un lapso prolongado, el legislador lo estableció como causal para poder solicitar el divorcio, y esto es la ruptura de la vida en común por más de cinco (5) años. Así se Aprecia.-

Es el caso de autos, en el presente procedimiento la parte demandada no compareció en la oportunidad correspondiente a dar contestación al proceso de divorcio 185-A propuesta en su contra, haciendo en todo caso afirmaciones a favor de la petición en escrito de fecha 17.05.16, pero que las mismas resultan extemporáneas por atrasadas, estableciéndose con ello, uno de los supuestos que ha previsto el Máximo Tribunal de la República, en la sentencia antes aludida, y por lo que resultó conducente abrir una articulación probatoria, puesto que la sola circunstancia del hecho negativo de la incomparecencia de la demandada a juicio hizo factible la aplicación de la misma. Precluido dicho lapso sólo la parte demandante compareció a probar la ruptura fáctica por más de cinco (5) años de la convivencia conyugal, lo que resulta evidente para este Tribunal que la presente solicitud cumple con lo preceptuado en el Artículo 185-A del Código Civil, y no habiendo oposición por parte de la Fiscal del Ministerio Publico respecto la ruptura de la unión conyugal, en consecuencia debe declararse procedente la solicitud realizada y extinguido el vínculo matrimonial existente entre los ciudadanos LINO SEGUNDO PARRA URDANETA y YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO. Así se decide.-

VI.- Por los fundamentos expuestos:

Este TRIBUNAL DÉCIMO SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUSNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con la transcrita norma, declara:
1. CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO propuesta por el ciudadano LINO SEGUNDO PARRA URDANETA, contra la ciudadana YADIRA JOSEFINA VERA ARAUJO, fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil, quedando en consecuencia, disuelto el matrimonio contraído ante el Jefe Civil de la parroquia San Francisco del municipio San Francisco del estado Zulia, en fecha 21 de junio del año 1988, según Acta N° 614, inserta en la Unidad de Registro Civil de la parroquia San Francisco del municipio San Francisco del estado Zulia.
2. SE CONDENA a la parte accionada al pago de las costas procesales de esta instancia por haber sido vencida totalmente, conforme al artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Désele copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Décimo Sexto de Municipio y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2016. Años: 207° de la Independencia y 157° de la Federación.
La Jueza,

Abg. Zulay Virginia Guerrero Delgado.
El Secretario,

Abg. Jesús Eduardo Duran Díaz.
En la misma fecha siendo las 3:00 pm, se dictó y publicó la sentencia que antecede, quedando anotada bajo el Nº 159.-
El Secretario

Abg. Jesús Eduardo Duran Díaz