TSJ Regiones - Decisión

Solicitud Nº 3697

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Ocurren por ante este Juzgado los abogados en ejercicio GERARDO VIRLA VILLALOBOS, inscrito en el Inpreabogado con el numero 111.583 en su condición de apoderado judicial de la ciudadana GRACIELA CORINA SOTO MIRELES, venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad número V.-18.008.593, domiciliada en la ciudad de Londres del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, según se evidencia de original de Poder Judicial Especial conferido y autenticado en la Sección consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en fecha ocho (08) de junio de 2016, anotado con el número 076, tomo I, y ANDRES VIRLA VILLALOBOS, inscrito en el Inpreabogado con el numero 124.185 en representación del ciudadano EURO ANDRES FIORAVANTI COSTAGLIOLA, venezolano mayor de edad, portador de la cedula de identidad número V.-16.304.740, domiciliado igualmente en la ciudad de Londres del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, según se evidencia de original de Poder Judicial Especial autenticado en la sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en fecha seis (06) de mayo de 2016, anotado con el numero 062, tomo I, alegando que en fecha once (11) de febrero del año 2011, contrajeron matrimonio civil, según consta de Acta de Matrimonio Nº 014, expedida por la Jefatura Civil de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del estado Zulia
Que la vida en común de ambos se interrumpió el día veinte (20) de agosto del año 2016 por diferencias irreconciliables que les imposibilitan la vida en común, manifestando al Tribunal su deseo de poner fin a la relación matrimonial que los une, por lo cual solicitan que proceda a declarar el divorcio y declare disuelta la relación matrimonial que los une, con todos los pronunciamientos de Ley, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 185 del Código Civil y en virtud de la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha dos (02) de junio de 2015, Expediente. Nº 12-1163, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchán.
Igualmente, manifestaron los solicitantes la no procreación de hijos durante la relación conyugal, así como la inexistencia de comunidad de gananciales que partir.
Admitida la solicitud por este Tribunal en fecha veintitrés (23) de septiembre de 2016, se ordenó la citación de la FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO CON COMPETENCIA EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
En fecha tres (03) de octubre de 2016, se libraron los recaudos de citación, siendo citada la representante del Ministerio Público en fecha cuatro (04) de octubre de 2016, tal y como consta de la boleta de citación firmada, que fuera agregada a las actas en fecha cinco (05) de octubre de 2016, cursante en el folio dieciséis (16) en la presente solicitud signada con el Nº 3697.
Ahora bien, trascurrido el lapso de diez (10) días establecido por el legislador y concedido a la representación del Ministerio Público a fin de manifestar su opinión a la presente solicitud, y, no constando oposición alguna sobre lo solicitado, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir bajo las siguientes consideraciones:
De la revisión de las actas que conforman la presente causa, en específico de la lectura del contenido del escrito contentivo de solicitud de divorcio, constata este Tribunal de acuerdo a la manifestación de los comparecientes, el establecimiento del último domicilio conyugal en la siguiente dirección Av. 3G, con calle 68, Residencias Kilauea, apartamento 8-A, en jurisdicción del Municipio Maracaibo del estado Zulia, por tanto, de conformidad con lo previsto en los Artículos 28 y 754 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el Artículo 185-A del Código Civil, y, según la Resolución Nº 2009-0006 de fecha dieciocho (18) de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.152, de fecha dos (02) de abril de 2009, este Tribunal resulta competente para conocer de la presente solicitud. Así se declara.
Establece el artículo 185 del Código Civil, que:
Son causales únicas de divorcio: 1º El adulterio. 2º El abandono voluntario. 3º Los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común. 4º El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución. 5º La condenación a presidio. 6º La adición alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan imposible la vida en común, 7º La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. En este caso el Juez no decretará el divorcio sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del enfermo. También se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año, después de declarada la separación de cuerpos, sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges. En este caso el Tribunal, procediendo sumariamente y a petición de cualquiera de ellos, declarará la conversión de separación de cuerpos en divorcio, previa notificación del otro cónyuge y con vista del procedimiento anterior.”
A este respecto, si bien el Estado se encuentra obligado a proteger el matrimonio y a las familias como asociación fundamental de la sociedad (artículos 77 y 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999), esta protección encuentra su límite, en la necesidad de disolver la unión matrimonial en garantía de la libertad al desenvolvimiento de la personalidad de cada ciudadano, tal como ocurre en el caso in comento, siendo por tanto el divorcio una institución personalísima, derivada de la voluntariedad de los cónyuges cuando se ha configurado separación de hecho sin que haya existido reconciliación alguna, por tanto, ha establecido Nuestro Máximo Tribunal de Justicia la institución del divorcio como un solución a conflictos de familia, al considerar que la familia resulta más afectada por una separación de la pareja como consecuencia de una situación conflictiva prolongada, cargada de insultos, irrespeto, intolerancia y humillaciones, sin canalizarse jurídicamente, a la que terminan acostumbrándose sus miembros; concibiendo el divorcio como mecanismo jurídico válido para poner fin a situaciones dañinas familiarmente carentes de los principios y valores fundamentales como son la solidaridad, el esfuerzo común y el respeto recíproco entre sus integrantes, tal como lo preceptúa el Artículo 75 constitucional.
De tal manera que señala la Sala Constitucional, no es el divorcio sino los hechos que lo demandan los que atentan contra la familia. De suerte pues que, la preservación de la unión matrimonial sobre la voluntariedad de convivencia de los cónyuges no subsana los conflictos familiares, ni persuade a las parejas para la convivencia pacífica y el bienestar familiar.
Una actualización legislativa en ese sentido, lo constituye la novísima atribución de competencia otorgada a los jueces y juezas de paz, contenida en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, sancionada por la Asamblea Nacional y publicada en Gaceta Oficial Nº 39.913 del dos (02) de mayo de 2012, que en su artículo 8.8 dispone:
“(…) los jueces y juezas de paz son competentes para: 8. “Declarar, sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el divorcio o la disolución de las uniones estables de hecho cuando sea por mutuo consentimiento; los solicitantes se encuentren domiciliados en el ámbito local territorial del juez o jueza de paz comunal; y no se hayan procreado hijos o de haberlos, no sean menores de 18 años a la fecha de la solicitud”.

Señala la Sala Constitucional en sentencia de fecha dos (02) de junio de 2015, Expediente. N° 12-1163, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchán, como el Derecho Comparado ha evolucionado a través de la jurisprudencia y la legislación de cada país honrando los requerimientos de la sociedad y en obsequio al reconocimiento a los derechos constitucionales de los ciudadanos, abandonado las causales taxativas de divorcio, simplificando su procedimiento, haciendo cada vez más accesible y menos compleja la disolución del matrimonio, definiendo las causales establecidas por el legislador como:

“…conductas antijurídicas que atentan contra la paz conyugal, la causal es todo acto u omisión doloso o culposo imputable al cónyuge que daña la confianza y respeto conyuga…l”

Asimismo, en sentencia Número 107/2009 (caso: César Allan Nava Ortega vs. Carol Soraya Sánchez Vivas) la Sala de Casación Social dejó sentado:

“La doctrina patria distingue dos corrientes en relación al fundamento jurídico del divorcio, a saber: i) el divorcio sanción, en el cual el cónyuge inocente pide que se castigue –mediante la declaratoria de la disolución del matrimonio– al cónyuge culpable, en virtud de haber transgredido en forma grave, intencional e injustificada sus deberes matrimoniales; y ii) el divorcio remedio, que lo concibe como una solución al problema de la subsistencia del matrimonio, cuando éste –de hecho– ha devenido intolerable, independientemente de que pueda atribuirse tal situación a uno de los cónyuges, de modo que no hay un culpable y un inocente (Vid. Francisco López Herrera: Derecho de Familia, Tomo II, 2ª edición. Banco Exterior - Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2008, pp. 180-181; Isabel Grisanti Aveledo de Luigi: Lecciones de Derecho de Familia, 11ª edición. Vadell Hermanos Edit., Caracas, 2002, pp. 283-284).”

Siendo concluyente traer a colación la ya citada sentencia del dos (02) de junio de 2015, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Exp. Nº 12-1163, Magistrada Ponente: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN la cual estableció:

“Sentencia de la Sala Constitucional que realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil y establece, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia Nº 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento”.
En consecuencia, en torno a la institución del divorcio, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acogiéndose esta Jurisdicente al criterio esbozado por la Sala Constitucional en el que realiza una interpretación del Artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el Artículo 185 del Código Civil no son taxativas, encontrándose facultado cualquiera de los cónyuges para demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, incluyendo el mutuo consentimiento y prevaleciendo por ello la voluntad de los mismos, bajo los términos e interpretación contenida en la decisión Nº 446/2014 de fecha quince (15) de mayo de 2014, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, considera PROCEDENTE LA PRESENTE SOLICITUD DE DIVORCIO. Así se decide.
DECISIÓN
Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la presente solicitud de DIVORCIO formulada por los ciudadanos GRACIELA CORINA SOTO MIRELES Y EURO ANDRES FIORAVANTI COSTAGLIOLA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-18.008.593 y V-16.304.740, respectivamente.
SEGUNDO: DISUELTO el vínculo matrimonial contraído por los ciudadanos GRACIELA CORINA SOTO MIRELES Y EURO ANDRES FIORAVANTI COSTAGLIOLA, antes identificados, por ante la Jefatura Civil de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del estado Zulia, el día once (11) de febrero del año dos mil once (2011), tal y como se evidencia de copia certificada del acta de matrimonio signada con el Nº 014 que riela a las actas.

PUBLÍQUESE. REGÍSTRESE.-
Déjese copia certificada por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 1.364 del Código Civil, a los fines del Artículo 72, Ordinales 3° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en Maracaibo, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil dieciséis (2016). AÑOS: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZA,

ABOG. CLAUDIA ACEVEDO ESCOBAR. LA SECRETARIA,
ABOG. ANGELA AZUAJE ROSALES
En la misma fecha, se dictó y publicó el fallo que antecede, bajo el N° 12.-
La Secretaria,

Abog. Angela Azuaje Rosales