REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA RESUELVE: Expediente No. 2904 MOTIVO: PERENCIÓN DE LA INSTANCIA Por cuanto en el desarrollo de las labores de inventario realizadas por este Tribunal, se constata la paralización prolongada de las actuaciones procesales en la presente causa y en acatamiento a las líneas y directrices fijadas por el Tribunal Supremo de Justicia, tendentes a dar respuesta oportuna al derecho tutelado o en general, a una pronta administración de justicia, y visto el estado de congestionamiento en el cual se encuentran los archivos del Juzgado, en búsqueda de despejar los anaqueles ocupados por las causas que se encuentran en la referida oficina; la suscrita Jueza de este Despacho se aboca al conocimiento de la misma para resolver sobre la perención de la instancia en los siguientes términos: Se inicia el presente juicio por RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON RESERVA DE DOMINIO, incoado por el abogado GONZÁLO VELÁSQUEZ ROSALES, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 11.491, en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil C.A LA CASA ELÉCTRICA, con domicilio principal en Maracaibo, inscrita en el Registro de Comercio que llevó el antigüo Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Zulia, el día tres (3) de julio de 1936, bajo el No. 213, páginas de la 262 a la 263, modificados sus Estatutos Sociales según documento inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con fecha veintidós (22) de septiembre de mil novecientos ochenta y siete (1987), bajo el No. 20, Tomo 74-A; en contra del ciudadano RAUL ANTONIO ZULETA ORTIGOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.- 16.561.095, domiciliada en la ciudad y municipio Maracaibo del Estado Zulia, siendo admitida por este Tribunal mediante auto de fecha tres (3) de agosto de 2011, fecha en la cual se ordena la citación de la parte demandada. En fecha doce (12) de agosto de 2011, el apoderado judicial de la parte demandante consigna ante el Tribunal los emolumentos para cubrir los gastos que genera la compulsa de la demanda, a los fines de practicar la citación personal de la parte demandada. En fecha dieciséis (16) de septiembre de 2011, el Alguacil del Tribunal expuso que recibió los emolumentos respectivos para la elaboración de la compulsa de citación, y el traslado, así como las copias del libelo de la demanda y del auto de admisión para la elaboración de los recaudos de citación. En fecha once (11) de octubre de 2011, el apoderado judicial de la parte actora, abogado GONZÁLO VELÁSQUEZ ROSALES, solicita mediante escrito Medida Preventiva de Secuestro. En fecha veintiuno (21) de octubre de 2011, este Tribunal decreta procedente la Medida Preventiva de Secuestro, sobre el bien objeto de la relación contractual, librándose exhorto con oficio No 436-2011, para que se proceda con la ejecución de la medida cautelar decretada. Mediante auto de fecha dieciséis (16) de diciembre de 2011, se recibe las resultas del exhorto librado, en la cual consta la ejecución de la medida preventiva. Ahora bien, encontrándose la causa en la etapa procesal antes dicha, no se observa actuación alguna por parte del demandante para impulsar el proceso, configurándose una inactividad prolongada por dicha parte, en tal sentido, la norma adjetiva en su artículo 267 ha asentado: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. Asimismo, establece el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y en la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. Es así como las normas ut supra transcritas contemplan la extinción del procedimiento al haber transcurrido un (1) año sin actividad procesal, pudiendo en este caso el Juez, declarar de oficio la perención, por ser una facultad que la ley le otorga, quien al verificar los presupuestos que determinan su procedencia está en obligación de emitir pronunciamiento al respecto, entendiéndose que los efectos de la referida sanción operarán desde el momento en el cual se cumplió el tiempo de paralización del proceso o lo que es lo mismo, el período donde se evidenció la falta de impulso procesal. En atención a lo previsto en la legislación, la Sala de Casación Civil en Sentencia signada con el No. 211, de fecha veintiuno (21) de Junio de 2000, correspondiente al expediente N° 86-485, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, dejó sentado lo siguiente: “La regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…” De lo antes citado, se evidencia que la perención anual puede ser declarada aun de oficio por el Tribunal, una vez verificados los extremos de ley, en este caso, el transcurso de un (1) año, sin que las partes hubiesen realizado actos tendientes al impulso del proceso. En este caso, se observa que la última actuación verificada en actas, fue el día dieciséis (16) de diciembre de 2011, fecha en la cual se recibe las resultas del exhorto librado, en la cual consta la ejecución de la medida preventiva decretada. Por lo cual, desde la aludida fecha, hasta el día de hoy, ha transcurrido más de un (1) año sin que la parte actora hubiese efectuado actuación alguna capaz de impulsar el proceso e interrumpir el cómputo de la perención de la instancia, por lo que de conformidad con las normas y el extracto jurisprudencial antes citados, considera esta Juzgadora consumados los extremos concurrentes para la Perención de la Instancia, por lo que se hace necesario declarar la extinción del presente proceso. Así se determina.- Se ordena la suspensión de la medida preventiva de secuestro decretada en fecha veintiuno (21) de octubre de 2011. Así se determina.- DISPOSITIVO Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 269 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar: 1) PERIMIDA LA INSTANCIA, y por consiguiente EXTINGUIDO el presente proceso de RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON RESERVA DE DOMINIO, incoado por el abogado GONZÁLO VELÁSQUEZ ROSALES, en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil C.A LA CASA ELÉCTRICA, en contra del ciudadano RAUL ANTONIO ZULETA ORTIGOZA, todos plenamente identificados en la parte narrativa del presente fallo. 2) SE SUSPENDE la Medida Preventiva de Secuestro decretada mediante auto de fecha veintiuno (21) de octubre de 2011. 3) NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de las Federación.- La Jueza, Abog. Auriveth Meléndez La Secretaria Abog. Margie Pirela Soto. En la misma fecha, siendo la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m.), se publicó la anterior sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva en el expediente No. 2904.- La Secretaria Abog. Margie Pirela Soto