TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis
206º y 157º

Asunto: VP01-R-2016-000092
Asunto Principal: VP01-L-2014-002011

DEMANDANTE: EROANNI MASSIEL SOTO HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 20.149.147 y con domicilio en el Municipio Autónomo de Maracaibo, estado Zulia.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Arly Perez, Yetsy Urribarrí, Ana Rodríguez, Benito Valecillos, Edelys Romero, Karen Rodríguez, Carlos Del Pino, Odalis Corcho, Karín Aguilar, Judith Ortiz, Adriana Sánchez, Jackeline Blanco, Maria Gabriela Rendón, Maria Fernanda López y Patricia Sánchez, Abogados en ejercicio debidamente inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 105.261, 105.484, 51.965, 96.874, 112.536, 123.750, 126.431, 105.871, 109.506, 116.517, 98.061, 114.708, 103.094, 141.670 y 96.841, respectivamente.
DEMANDADA: SÚPER TIENDA LATINO, C.A., sociedad mercantil debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha veinticinco (25) de septiembre del año 1.996, bajo el No. 16, Tomo 82-A, cuya ultima modificación consta por ante documento inscrito en la oficina de el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha doce (12) de julio del año 2.005, bajo el No. 27, Tomo 40-A.
APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: Marieugenia Mas Y Rubí Peña, Aarón Balzares Barboza y Edilio Eloy Medina Corzo, abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 63.974, 33.753 y 67.623, respectivamente.
Motivo: Homologación de Acuerdo Transaccional

Ascendió ante esta Alzada las actuaciones del expediente contentivo del juicio seguido por la ciudadana EROANNI MASSIEL SOTO HERNÁNDEZ contra la sociedad mercantil SUPER TIENDA LATINO, C.A. en virtud del recurso ordinario de apelación, interpuesto tanto por la parte actora recurrentes en contra de la decisión de fecha ocho (08) de marzo del año 2016, proferida por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.
Siendo las cosas así, la causa correspondió a este Tribunal de Alzada en virtud de la distribución, siendo recibida por esta Superioridad en fecha veintinueve (29) de marzo del año 2016, fijándose de esta manera la celebración de la audiencia de apelación para el día veintiséis (26) de abril del año 2016. Ahora bien, esta Alzada en fecha dos (02) de mayo del año 2.016 reprogramó la celebración de la audiencia de apelación para el día veintitrés (23) de mayo del año 2.016. En fecha del veintitrés (23) de mayo del año 2.016 se presentó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Maracaibo, transacción mediante la cual la parte demandada realiza pago a favor de la ciudadana EROANNI MASSIEL SOTO HERNÁNDEZ, y de la cual se desprende lo siguiente:
“…PRIMERO: Ambas partes declara que EL EXTRABAJADOR ha prestado sus servicios para la sociedad mercantil SÚPER TIENDA LATINO C.A., ya identificada, desde el 13 de marzo de 2012 hasta el 30 de julio de 2013 , como cajera en el área de Buffet, teniendo para este momento, 1 año y 4 meses de labores. SEGUNDO: EL EXTRABAJADOR declara que para la fecha de la terminación de la relación laboral, su salario era de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA U UN BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 2.791,50), a razón de Noventa y tres [sic] bolívares con cinco céntimos (Bs. 93,05) diarios, al cual incluirle la proporción diaria del bono vacacional que es Tres bolívares con ochenta y ocho céntimos (Bs. 3,88) y la proporción diaria de utilidades que es de Siete bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 7,75) da un salario integral mensual de Tras mil ciento cuarenta bolívares con cuarenta céntimos (Bs. 3.140,40) a razón de Ciento cuatro bolívares con sesenta y ocho céntimos (Bs. 104,68). TERCERO: EL EXTRABAJADOR declara que el objeto de su pretensión en la demanda que encabezan [sic] estas actuaciones es la indemnización por un accidente de trabajo que sufrió in itinere, descrito suficientemente en el libelo de la demanda, razón por la cual reclama el pago de Trescientos dieciseis [sic] mil trescientos treinta y cuatro bolívares con ochenta céntimos (Bs. 316.334,80). CUARTO: En este acto LA EMPRESA niega, rechaza y contradice todo lo reclamado por EL EXTRABAJADOR, por cuanto su salario integral verdadero para el momento de la terminación de la relación de trabajo era el de DOS MIL TRE BOLÍOVARES CON DIEZ CÉNTIMOS (Bs. 2.003,10) a razón de SESENTA Y SEIS BOLÍVARES CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 66,77) diarios, y no el expuesto por este, ya que este es su salario real, y así lo acepta EL EXTRABAJADOR. QUINTO: Ambas partes manifiestan el firme propósito de poner fin a esta reclamación la representación judicial de LA EMPRESA ofrece en este acto pagar como indemnización por la reclamación planteada en la demanda, la cantidad de CIENTO NUEVE MIL TRESCIETOS SESENTA Y UN BOLÍVARES CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 109.361,71) cantidad esta que EL EXTRABAJADOR acepta sin reserva alguna y a su entera satisfacción. SEXTO: Asimismo, ambas partes han acordado poner fin a la relación de trabajo que las ha unido por espacio de 1 año y 4 meses, para lo cual la empresa ofrece en cancelar lo siguiente: a) Prestación de Antigüedad la suma de 14.439,60 Bs.; b) Vacaciones la suma de 7.421,40 Bs,; c) Bono vacacional: la cantidad de 1.979,04 Bs,; d) Utilidades vencidas, la suma de 1.365,00 Bs.; e) Utilidades Fraccionadas el monto de 1.433,60 Bs.; todo lo cual hace un total de VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLÍVARES CON VEINTINUEVE (Bs. 26.638,29). De manera, que la canidad ofrecida por LA EMPRESA a EL EXTRABAJADOR, es la suma de CIENO TREINTA Y SEIS MIL BOLÍVARES (Bs. 136.000,00). SÉPTIMO: En razón de lo anterior, expuesto up supra, LA EMPRESA ofrece la única suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL BOLÍVARES (Bs. 136.000,00) que comprende las cantidades arriba descritas. En este estado, EL EXTRABAJADOR, acepta el ofrecimiento realizado por LA EMPRESA, con el propósito de poner fin a esta reclamación judicial y a la vez de terminar la relación de trabajo mediante su renuncia. OCTAVO: Las partes manifiestan estar mutuamente satisfechas con la presente TRANSACCIÓN y declaran no tener nada que reclamarse por concepto alguno derivado o no de la relación que las vinculara. NOVENO: Las partes solicitan de Tribunal de la causa, le otorgue a la presente TRANSACCIÓN autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo previsto en el Artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Y asimismo, le sean devueltas las pruebas aportadas por cada uno de ellos. DÉCIMO: EL EXTRABAJADOR declara que recibe en este acto un pago de manos de LA EMPRESA por la cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL BOLÍVARES (Bs. 136.000,00), mediante un cheque girado en contra del Banco Occidental de Descuento, signado con el N° 64082800 de fecha 23 de noviembre de 2015. …”

En este orden de ideas, corresponde a éste Tribunal verificar los términos del mencionado acuerdo realizado por las partes, comprobando el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo (1997) y de los artículos 10 y 11 del Reglamento de dicha Ley, con el objeto de otorgarle la eficacia correspondiente. Así se establece.
En este marco de argumentaciones legales, se señala que en los artículos 86 al 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (Gaceta Oficial número 5.453 del 24 de marzo del 2000, con enmienda número 1 publicada en Gaceta Extraordinaria número 5.908 de fecha 19/02/2009), se consagran los principios rectores en materia del trabajo, siendo estos Principios: la Intangibilidad, Progresividad, Primacía de la Realidad de los Hechos sobre las Formas o Apariencias, la IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS AL TRABAJO y el principio pro operario (aplicación de la norma más favorable al trabajador).
De tal manera que, y en base a estos principios constitucionales, las disposiciones laborales se encuentran encuadradas dentro de los derechos de rango social, por lo que corresponde al Estado, el deber de velar por su cumplimiento, como garante y tutor de los derechos humanos fundamentales, procurando en todo momento que exista la equidad, en virtud que en los conflictos del trabajo, existen dos posiciones desiguales (empleador-trabajador), por lo que se constituyen la Legislación Laboral, en normas de orden público, con base al Principio Constitucional de la Irrenunciabilidad de los Derechos del Trabajador y concibiéndose a la relación laboral, como un estricto hecho social, objeto de una irrefutable protección o tutela del Estado.
Frente a esta situación real, en el presente asunto es preciso señalar que la transacción, en el Texto Constitucional, se sometió a rigurosos requisitos con el propósito de garantizar la irrenunciabilidad a los derechos laborales.
A partir de esta configuración conceptual, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ajustándose al criterio de la doctrina y jurisprudencia francesa, confirió validez a la transacción sólo al término de la relación laboral y, en efecto, ésta sólo puede perfeccionarse al concluir la relación de trabajo. Asimismo, y con la misma finalidad, asignó a la transacción solemnidades y requisitos que delegó en la ley especial correspondiente. Existiendo hoy en día un cambio, ya que el Constituyente, la legislación y la jurisprudencia venezolana anteriormente reconocían plena validez a la transacción realizada antes y durante la vigencia de la relación de trabajo.
Para algunos es una tesis rígida y restrictiva mientras para otros estudiosos del derecho, como el Maestro Mario de la Cueva, “se debe diferenciar el patrimonio humano del obrero, del otro patrimonio: el económico del empleador que, en toda transacción, define los alcances de los derechos que se cede al trabajador”.
En esa línea argumental, si bien la Constitución restringe la validez de las transacciones o resoluciones convencionales del proceso, sólo con la finalidad de proteger el débil jurídico, en este caso, el trabajador, para que éste tenga el alcance de analizar si le conviene o no ceder sus derechos a cambio de que la otra parte igualmente ceda concesiones de manera reciprocas, no es menos cierto que tales contratos bilaterales “Transacciones”, DEBEN concurrir con ciertos requisitos; abordemos entonces con la siguiente pregunta: ¿QUÉ ES LA TRANSACCIÓN LABORAL?
Dentro del derecho civil, la transacción es un contrato accesorio, resolutorio, consensual y bilateral. En el Derecho del Trabajo es, también, un contrato. Un acto bilateral mediante el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, dan por terminado un litigio pendiente o acuerdan prevenir un conflicto eventual.
Para Mario de la Cueva, la transacción laboral es absolutamente diferente al contrato contenido en el Derecho Civil. En efecto, para el tratadista mexicano, los patrimonios que en la relación de trabajo entran en juego, son totalmente distintos al ámbito del derecho privado. Uno es el patrimonio humano del trabajador (su energía humana) y el otro es un patrimonio económico (el del patrono) teñido de un interés metálico o de papel, grotescamente monetarizado.
Como bien lo expresara George Scelle, “la energía humana es un fluido que sale de cada hombre y de cada mujer en busca de una satisfacción que ambos necesitan para vivir, mientras que el otro patrimonio, el del patrono, nada tiene que ver con el ser físico y espiritual del empleador”.
Para de la Cueva, esa diferenciación constituye la última ratio de “la irrenunciabilidad de los derechos laborales” y, por ello, el gran maestro mexicano está en desacuerdo con la transacción como forma de dar por terminados los litigios laborales. En verdad, el contrato de transacción plantea un grave y serio conflicto con “la irrenunciabilidad de los derechos laborales”.
La jurisprudencia venezolana, vacila al momento de determinar los linderos legítimos entre la renuncia y la transacción. Ésta, ciertamente, equivale a una dejación de derechos. “Recíprocas concesiones” no quiere decir otra cosa que ceder derechos. Cede el empleador y cede el trabajador para ponerle fin a un conflicto o para evitar un litigio futuro, y esas flaquezas para apurar resultados, por parte del obrero, no tiene otro nombre que entrega y desistimiento de algunos derechos reales o presuntos.
Eminentes laboralistas, europeos y americanos, resienten la transacción laboral y no le asignan validez alguna. La niegan de pleno derecho. Para ellos, es nula y no produce efecto jurídico alguno. Para ellos, la transacción violenta la letra y el espíritu de la normativa laboral porque en el fondo de ella misma admite la irrenunciabilidad. Se considera, en consecuencia, que la admisión de la transacción en el Derecho Laboral hace recaer en el trabajador una cápitis diminutio; una situación de inferioridad jurídica que ¡vaya contrasentido! es lo que la irrenunciabilidad se propone evitar. En efecto, el trabajador se enfrenta con un patrono, cuya resistencia en los litigios es mayor que la suya y cuya posición es absolutamente preponderante frente a él.
Una vez señalado lo referente a lo entendido como transacción, cabe preguntarse ¿Qué es homologación?
En primer término, nos referimos a la aprobación del funcionario público competente, esa aprobación u homologación es la confirmación que otorga el funcionario público competente a los actos de las partes con la finalidad de darles firmeza y, eventualmente, el carácter de cosa juzgada.
A los efectos, es preciso puntualizar que señala la legislación venezolana al respecto, según el Reglamento de nuestra Ley Orgánica del Trabajo, ese funcionario competente puede ser un Juez o un Inspector del Trabajo. Uno u otro pueden homologar o rechazar la transacción que les fuere presentada. En el caso del Inspector del Trabajo -señala la norma- se puede dar a las partes un lapso para que subsanen los errores en el contrato antes de impartir la homologación. También podría considerarse que el órgano jurisdiccional puede hacer uso de la misma facultad que se concede al funcionario administrativo. Así se establece.-
Asimismo, debe existir en el documento, los requisitos para la validez de la transacción; que se especifiquen de manera inequívoca en el texto del documento que la contiene, los derechos que corresponden al trabajador para que éste pueda apreciar las ventajas o desventajas que ésta produce. Así se establece.-
Así las cosas, establece la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social «Dr. Guillermo Cabanellas» honrando el pensamiento unificador del Dr. Guillermo Cabanellas. Fundada por el Dr. Osvaldino Rojas Lugo. Presidente Internacional: Dr. Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Referido a La transacción laboral en Venezuela, que para que exista una transacción es necesario que concurran los requisitos, los cuales son seis (6):
1.- La transacción sólo es posible al término de la relación de trabajo: Esta tesis enarbolada por la doctrina y la jurisprudencia francesa, descansa sobre el falso argumento de que concluida la relación de trabajo, los actores de esa relación han recobrado a plenitud su independencia y ha cesado la subordinación y la inferioridad del trabajador respecto del patrono.
Nuestra Sala de Casación Social agrega que, en verdad, “en ese momento ya no existe el peligro de que se modifiquen las condiciones mínimas de trabajo establecidas por el legislador y que, además, como parte económicamente débil, el trabajador es el mas interesado en poner término a un proceso judicial largo y costoso”. (Sentencia 397 del 6 de mayo de 2004).
2.- La transacción debe contener una relación circunstanciada de los hechos que la motiven.
Este requisito ha sido, también, desarrollado por la Sala de Casación Social con base a los siguientes argumentos: “… la transacción se basa en recíprocas concesiones, no basta por ello que se la exprese de manera genérica… sino que es necesario que esa transacción sea circunstanciada, es decir, que especifiquen de manera inequívoca los hechos que la motivan, para que el trabajador pueda apreciar las ventajas y desventajas que ella le produce y valorar, de esa forma, que los beneficios obtenidos justifican el sacrificio de algunas de las prestaciones que ha dejado de recibir”. (Sentencia 397 del 6 de mayo de 2004).
Se puede concluir, que revisado como fue de manera detallada el convenio suscrito entre las partes, en el mismo contiene los hechos que la motivan. Así se establece.
3.- La transacción debe contener, igualmente, una relación circunstanciada de los derechos en ella comprendidos. De la misma manera como se circunstancian los hechos, deben discriminarse los derechos para que el trabajador evalúe y valore cuáles de esos derechos deja de lado.
A este respecto se puede concluir, que revisado como fue de manera detallada el convenio suscrito entre las partes, en el mismo, se observa la relación circunstanciada de los derechos Así se establece.
4.- La transacción debe versar sobre derechos litigiosos o discutidos. Es el Reglamento de la Ley Orgánica de la Ley del Trabajo, en su artículo 9, el instrumento legal que establece el no reconocimiento de la transacción cuando ella verse sobre “derechos litigiosos o discutidos”. Este es el ya anunciado sofisma de los derechos indefinidos, aquellos que están por ser o no ser declarados jurisdiccional o administrativamente como válidos y ciertos.
Con relación al cuarto (4to) de los requisitos, se puede concluir, que revisado como fue de manera detallada el convenio suscrito entre las partes, en el mismo, se observa el acuerdo del pago sobre los conceptos reclamados. Así se establece.
5.- La transacción debe hacerse constar por escrito. Este es un requisito formal, de absoluta solemnidad, que tiene por objeto fundar con prueba documental lo que las partes han convenido. En conclusión este requisito se cumple en el presente convenio. Así se establece.
6.- La transacción debe estar debidamente homologada por el Juez o el Inspector del Trabajo competente para que tenga efectos de cosa juzgada. La homologación, como ya lo advertimos anteriormente, es la confirmación que da el Juez o el Inspector del Trabajo al contrato de transacción, para asegurar su firmeza, su certeza jurídica y el carácter de cosa juzgada de dicho acto. Es, igualmente, un requisito de solemnidad.
En este orden de ideas, este Tribunal de Alzada, de una revisión de las actas que conforman el presente asunto, al haber verificado los términos del mencionado acuerdo de las partes, y del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y artículos 10 y 11 del Reglamento de dicha Ley, con el objeto de otorgarle la eficacia correspondiente, HOMOLOGA el acuerdo transaccional. Así se decide.
DECISIÓN

Por lo expuesto, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, éste Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia por autoridad de la Ley, declara: 1°) HOMOLOGA el acuerdo transaccional celebrado entre la accionante ciudadana EROANNI MASSIEL SOTO HERNÁNDEZ y la sociedad mercantil SUPER TIENDA LATINO, C.A. en virtud del acuerdo transaccional celebrado ante éste JUZGADO SUPERIOR como medio de autocomposición procesal. 2º ORDENA la remisión del expediente al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines legales subsiguientes. 3° NO HAY CONDENATORIA en costas procesales.-

Publíquese, Regístrese y déjese copia certificada por Secretaria.-

En Maracaibo, a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.-

LA JUEZ SUPERIOR

THAIS VILLALOBOS SANCHEZ
BRISJAIDA GÓMEZ

LA SECRETARIA

En la misma fecha, se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las 21:01, p.m. minutos de la tarde bajo el No. PJ0642016044.-
BRISJAIDA GÓMEZ

LA SECRETARIA