REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia Maracaibo, dieciséis de mayo de dos mil dieciséis 206º y 157º ASUNTO: VP01-L-2016-000308 Consta en actas que en la presente causa seguida por la ciudadana ANA KARINA GIMENEZ PIÑERO contra la sociedad mercantil GYNOPHAM DE VENEZUELA, C.A., en fecha diecisiete (17) de Marzo de 2016, este Tribunal Octavo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia procedió a homologar la transacción consignada por las partes en fecha 10/03/16. Se observa que por un error involuntario se coloco en la resolución que homologa la transacción a la parte actora como el ciudadano JOEL JOSE MORENO MORA. Por mandato constitucional se debe garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Ahora bien, observa este sentenciador que el artículo 334 de la Constitución Nacional establece: “Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en al obligación de asegurar la integridad de esta Constitución” Lo anterior, no sólo supone la potestad del juez para proceder a dejar sin efecto cualquier actuación que lesione normas constitucionales, sino expresa además la obligación en que aquel se encuentra de velar por la integridad de la Constitución. No escapa a este Tribunal de sustanciación que conforme a los artículos 206 y 310 del Código de Procedimiento Civil, las decisiones definitivas o interlocutorias sujetas a apelación no pueden modificarse ni revocarse por el Tribunal que las haya pronunciado e, igualmente, la revocatoria por contrario imperio sólo es procedente contra aquellas actuaciones o providencias de mera sustanciación o mero trámite, no es menos cierto que cuando atentan contra principios de orden constitucional, aunque no estén sometidas a apelación, si el propio juez advierte que ha incurrido en ese tipo de violaciones está autorizado y obligado a revocar la actuación lesiva. Observa el Tribunal que el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil establece: “No podrá decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto irrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de quebrantamiento de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aún con el consentimiento expreso de las partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no se le hubiere citado válidamente para el juicio o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido citada, de modo que pudiese ella pedir la nulidad.” De lo anterior se desprende que al ser la sentencia interlocutoria un acto procesal, la lesión que la misma origine al orden público, daría lugar a la declaratoria de nulidad aun por el mismo juez que la emitió, no obstante la mencionada prohibición. En tal sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Caso Mijova Juárez) ha señalado que razones de economía procesal, la responsabilidad, idoneidad y celeridad que debe garantizar el Estado cuando imparte justicia se imponen para permitirle al Juez revocar una decisión no sólo irrita, desde el punto de vista legal, sino también constitucional, por lo que el Juez se encuentra legitimado para revocar su propia sentencia al ser advertido de un error que conduzca a la lesión de un derecho constitucional que agreda a una de las partes o a un tercero, pues no tiene sentido que reconociendo el error con el que haya transgredido normas constitucionales, provoque un perjuicio al justiciable, cuando en sus manos tiene la posibilidad en aplicación inmediata y directa de la Constitución de asegurar la integridad de dicho texto. Así las cosas, por cuanto observa este Juzgado Octavo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Zulia, que por un error involuntario cambio el nombre de la parte actora deja sin efecto dicha resolución y se procede a homologar la transacción consignada en los siguientes términos: Vista y revisada como ha sido la transacción presentada en fecha diez (10) de de 2016 por el abogado en ejercicio Bernardo Pisani, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 107.436, en representación de la parte demandada sociedad mercantil GYNOPHARM DE VENEZUELA, C.A, representación que se evidencian de instrumento poder que se encuentra agregado a las actas y la abogada Leany Inciarte, inpreabogado N° 19.420 asistiendo a la ciudadana ANA KARINA GIMENEZ PIÑERO en su condición de parte actora, plenamente identificado en actas. Este Tribunal una vez analizadas los términos en los cuales fue redactada la presente transacción en la cual la parte demandada paga al demandante la cantidad de dos millones doscientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y seis bolívares con treinta y un céntimos (Bs. 2.272.486,31), observa que la misma reúne los requisitos establecidos en el artículo 19 de la LEY ORGANICA DEL TRABAJO, LOS TRABAJADOES Y LAS TRABAJADORAS y artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, y por cuanto la misma no vulnera derechos irrenunciables del trabajador ni normas de orden público, este Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL PRESENTE ACUERDO solo en cuanto se refiere a los conceptos reclamados en el libelo de demanda, impartiéndole el carácter de cosa Juzgada. Se provee las copias certificadas solicitadas y se ordena expedir dos (2) copias certificadas de la transacción y del presente auto que homologa. Se da por terminado el presente asunto y se ordena su archivo definitivo. EL JUEZ, ABOG. ANTONIO BARROSO LA SECRETARIA,