TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGIÓN ZULIANA

Expediente Nro. 955-08

Cursa ante este tribunal, solicitud de Medidas Cautelares Autónomas intentadas por el abogado Claudio Jeffrey Larreal, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 46.483, en su carácter de abogado sustituto del Procurador General de la República por órgano de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en contra de la contribuyente CONSTRUCCIONES Ex, SOCIEDAD ANONIMA (CONEX, S.A.), inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 04 de marzo de 1980, bajo el No. 51, Tomo 10-A, domiciliada en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el No. J-07018654-2, así como en contra de los ciudadanos FERNANDO PARÍS, MARIO CANNITA, ENRIQUE MONTES COLMENARES y MARCOS GUTIERREZ, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad Nos. 1.636.694, 7.859.002, 1.042.219 y 1.253.235, en sus caracteres de Presidente y Directores, respectivamente, de la sociedad mercantil antes identificada.
En fecha 19 de febrero de 2010, este Tribunal admitió la solicitud cautelar y decretó medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de la contribuyente, hasta por la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 2.748.495,64). Seguidamente se libró despacho comisorio el día 23 de febrero de 2010 para la ejecución de la medida cautelar decretada.
El abogado Darío Romero Delgado por la contribuyente presentó escritos de pruebas, las cuales fueron admitidas el 5 de marzo de 2010 mediante Resolución Nro. 069-2010. En fecha 22 de marzo de 2010 se recibió oficio 101-2010 remitido por el Juzgado Segundo Especial Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia anexo al cual acompaña despacho comisorio.
El 28 de junio de 2010 se recibió oficio Nro. 201-2010 remitido por el Juzgado Décimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, aneo al cual acompaña las resultas de la comisión (cumplida) librada por este Tribunal para la evacuación de las pruebas testimoniales promovidas por la contribuyente.
ABOCAMIENTO
Vista la designación efectuada por la Comisión Judicial en fecha 16 de diciembre de 2015 de la Dra. Maria Ignacia Añez, titular de la cédula de identidad Nro. 7.827.817 y juramentada el 17 de diciembre de 2015 del mismo mes y año ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, como Jueza Provisoria de este Tribunal, con ocasión de la designación por la Comisión Judicial de la Dra Helen Nava titular de la cedula de identidad Nro. 7.793.574 como Jueza Superior Segunda Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; la primera de las mencionadas asume la Rectoría de este órgano Jurisdiccional y con tal carácter se ABOCA al conocimiento de la causa llevada bajo el expediente Nro. 1068-09 de la nomenclatura de este Tribunal, relativo a La solicitud de Medidas Cautelares Autónomas.
ANTECEDENTES
1. Como fundamento de su acción, señala el abogado actor Claudio Jeffrey Larreal, que la administración tributaria procedió a practicar investigación fiscal en materia de Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal comprendido desde el 01-01-1999 hasta el 31-12-1999; Impuesto a los Activos revaluados para el período comprendido desde el 01-01-1999 hasta el 31-12-1999; Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor para el período enero 1999 hasta mayo 1999 e Impuesto al Valor Agregado para los períodos desde junio 1999 diciembre de 1999 a CONSTRUCCIONES Ex, S.A., en su condición de contribuyente pasivo de las obligaciones tributarias, y en su carácter de responsable directo en calidad de agente de retención del Impuesto al Valor Agregado.
De la investigación practicada y de la determinación y subsiguiente liquidación del tributo, con fundamento en el ordinal 7 del artículo 99 de la Resolución 32, en el Acta de Reparo se determinaron diferencias por la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS BOLÍVARES (Bs. 479.622.892,oo), hoy CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES BOLÍVARES (Bs. 479.623,oo) en materia de Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal 1999; la cantidad de CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 117.675.125,oo), hoy CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 117.675,oo) en materia de Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor para el ejercicio fiscal enero hasta mayo 1999; y la cantidad de TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLÍVBARES (Bs. 33.762.494,oo), hoy TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS BOLÍVARES CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 33.762,49). Adicionalmente se han generado intereses moratorios por la cantidad de SETECIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE BOLÍVARES CON SESENTA Y UN BOLÍVARES (Bs. 711.206.612,61), hoy SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SEIS BOLÍVARES CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 711.206,61), lo cual se determinó en Resolución Culminatoria de Sumario No. RZ-SA-2003-500139 de fecha 12 de septiembre de 2003, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT).
Contra dicha Resolución, la contribuyente sigue Recurso Contencioso Tributario (subsidiario) bajo expediente No. 923-08 de la nomenclatura del archivo de este Tribunal. Asimismo, el Tribunal observa que en dicho recurso no se encuentran suspendidos los efectos del acto administrativo.
2. Ahora bien, el representante de la República afirma que el capital social de la contribuyente es el soporte o garantía de las obligaciones y responsabilidades a. sumidas por las personas jurídicas constituidas bajo la forma de Compañía Anónima, representando un riesgo para la República de percibir los créditos anticipadamente determinados en los actos administrativos objeto de la solicitud de medida cautelar, los cuales alcanzan la cantidad de Bs. F. 2.748.495,64, toda vez que al confrontar esta cantidad frente al capital social de la referida contribuyente y ante el cumplimiento de las otras obligaciones fiscales como: Seguro Social Obligatorio, Paro Forzoso, INCE y Ley de Política Habitacional, se puede apreciar que existe riesgo en la percepción del crédito tributario.
3. Además señala el abogado actor solicita se aplique la responsabilidad solidaria sobre bienes de los administradores de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES EX, S.A. (CONEX), es decir, sobre los bienes de los ciudadanos FERNANDO PARIS, MARIO CANNITA, ENRIQUE MONTES COLMENARES y MARCOS GUTIÉRREZ, anteriormente identificados, en virtud del desempeño de sus funciones como Presidente y Directivos durante y posteriormente al momento en que se cometió la infracción tributaria.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Observa este Tribunal que el Ejecutivo Nacional promulgó (dada la habilitación que le confirió el Poder Legislativo, mediante la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se le Delegan -G.O. Nro. 6.112 Ext., 19/11/2013-) el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.152 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014, que derogó al Código Orgánico Tributario de 2001, tal como lo indica su artículo 348. La norma en referencia, plantea:
“Artículo 348.- Se deroga el Código Orgánico Tributario publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305, de fecha 17 de octubre de 2001 y todas las disposiciones legales relativas a las materias que regula el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, las cuales estarán regidas únicamente por sus normas y por las leyes a las que éste remita expresamente”.

El mencionado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario de 2014, previó en su artículo 349 una vacatio legis de noventa (90) días continuos para su entrada en vigencia luego de la respectiva publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, lapso legal que fue cumplido el día 18 de febrero de 2015.
Del análisis del presente asunto, esta Tribunal observa que el mismo trata de solicitud de medidas cautelares autónomas incoada por la representación en juicio del Fisco Nacional, contra la contribuyente CONSTRUCCIONES EX, SOCIEDAD ANÓNIMA (CONEX, S.A.), conforme al procedimiento establecido en los artículos 296 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 2001, vigente para el momento de la interposición de la presente solicitud.
En este sentido, el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, consagra el principio de irretroactividad de la Ley en los siguientes términos:
“Artículo 24.- Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.
Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea”.
El anteriormente citado precepto constitucional, a su vez se encuentra desarrollado en el artículo 8 del Código Orgánico Tributario de 2014, que establece:
“Artículo 8.- Las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada en vigencia. Si no lo establecieran, se aplicarán una vez vencidos los sesenta (60) días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley, aún en los procesos que se hubieren iniciado bajo el imperio de leyes anteriores.
Ninguna norma en materia tributaria tendrá efecto retroactivo, excepto cuando suprima o establezca sanciones que favorezcan al infractor.
Cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos, las normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del período respectivo del contribuyente que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme al encabezamiento de este artículo”.

Aunado a lo anterior, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto este punto a establecido en Sentencia 00477 de fecha 29 de abril de 2015 caso: Automercado Cosmos Fronteras, C.A que las Leyes tributarias entran en vigencia a partir del vencimiento del término que ellas establezcan y, con relación a las Leyes adjetivas o de procedimiento, las mismas tendrán aplicación inmediata aun durante los procesos que se encuentren en curso.
Ahora bien, observa este Tribunal que en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Codigo Organico Tributario de 2014 establece en el Titutlo VI, Capitulo III, la normativa relativa de las “MEDIDAS CAUTELARES”; y atribuye el conocimiento, competencia y ejecución de los mismos a la administración Tributaria.
En este sentido, los artículos 330 y siguientes del Código Orgánico Tributario vigente, establecen lo que a continuación se transcribe:
“Artículo 303.- La Administración Tributaria podrá adopta medidas cautelares, en los casos en que exista riesgo para la percepción de los créditos por tributos, accesorios y multas, aun cuando se encuentren en proceso de determinación, o no sean exigibles por causa de plazo pendiente.
Las medidas cautelares podrán consistir, entre otras, en:
1. Embargo preventivo de bienes muebles y derechos.
2. Retención de bienes muebles.
3. Prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
4. Suspensión de las devoluciones tributarias o de pagos de otra naturaleza que deban realizar entes u órganos públicos a favor de los obligados tributarios.
5. Suspensión del disfrute de incentivos fiscales otorgados”.
“Artículo 304.- Las medidas adoptadas tendrán plena vigencia durante todo el tiempo que dure el riesgo en la percepción del crédito y sin perjuicio que la Administración Tributaria acuerde su sustitución o ampliación”.
“Artículo 305.- Para acordar la medida la Administración Tributaria no prestará caución. No obstante, será responsable de sus resultados”.
“Artículo 306.- Las medidas adoptadas podrán ser sustituidas, a solicitud del interesado, por garantías que a juicio de la Administración Tributaria sean suficientes”.
“Artículo 307.- El sujeto pasivo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ejecución de la medida, podrá, ante la misma autoridad que la acordó, oponerse a ella, exponiendo las razones o fundamentos que tuviere y promoviendo, en tal oportunidad, las pruebas que sean conducentes para demostrar sus afirmaciones.
Efectuada la oposición, se entenderá abierta una articulación de ocho (8) días hábiles, a los fines de la evacuación de las pruebas promovidas”.
“Artículo 308.- La Administración Tributaria dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de haber expirado el término probatorio, decidirá la oposición.
Contra la decisión podrá interponerse el Recurso Contencioso Tributario, el cual no suspenderá la ejecución de la medida”.

Al respecto la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 01077 de fecha 1 de octubre de 2015, caso: R.C. & D.S DISTRIBUIDORA DE MOTORES, C.A. estableció:
“De los artículos precedentemente transcritos, se evidencia que la Administración Tributaria tiene la facultad expresa de adoptar las medidas cautelares que juzgue convenientes para salvaguardar la eficaz percepción de los créditos, en los supuestos en que exista riesgo manifiesto para hacerlo.
Tal situación contrasta con lo previsto en la normativa derogada (Código Orgánico Tributario de 2001), donde se establecía la necesaria comparecencia de la representación fiscal ante el Tribunal Contencioso Tributario competente, a fin de peticionar el decreto de dichas medidas cautelares, y que éste analizara los requisitos de procedencia para acordarlas de ser el caso. (Vid. sentencias de la Sala Político-Administrativa Nos. 00258 y 0477 de fechas 18 de marzo de 2015 y 29 de abril de 2015, casos: Industrias Jatu, C.A. y Automercado Cosmos Fronteras, C.A.).
Advertido lo anterior, considera esta Máxima Instancia que al conferirse a la Administración Tributaria la posibilidad de adoptar las medidas cautelares previstas en el artículo 303 del Código Orgánico Tributario de 2014 cuando estime la existencia de riesgo para la percepción de los tributos, se deriva consecuencialmente la imposibilidad de los Jueces Contenciosos Tributarios de conocer la solicitud de tales medidas, en virtud de haber perdido sobrevenidamente la jurisdicción para dictarlas, dada la derogatoria de las normas que les permitían decretarlas. Así se establece.
Sobre la base de la declaratoria precedente, se ordena el envío del expediente judicial a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), órgano emisor del acto administrativo que sirvió de sustento en la presente solicitud de medida cautelar, a los fines legales consiguientes. Así se decide.
Igualmente, se ordena expedir y remitir copia certificada de esta sentencia al Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, con el propósito de informarle sobre las resultas del recurso de apelación incoado por la representación Judicial del Fisco Nacional. Así también se decide”.

En razón de las normas citadas y tomando en consideración el criterio jurisprudencial anteriormente trascrito, que establece la imposibilidad de los Jueces Contenciosos Tributarios de conocer las solicitudes de medidas cautelares autónomas, este Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, declara la FALTA DE JURISDICCION SOBREVENIDA en la presente causa. Así se declara.
En consecuencia, se ordena remitir las actas integradoras del presente expediente a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana, del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a los fines de su ejecución.
DISPOSITIVO

Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, en las medidas cautelares autónomas seguidas por la Republica, en contra de la contribuyente CONSTRUCCIONES Ex, SOCIEDAD ANONIMA (CONEX, S.A.), DECLARA:
1. LA FALTA DE JURISDICCION SOBREVENIDA en la presente causa, contentiva de las Medidas Cautelares Autónomas incoada por el abogado Claudio Jeffrey Larreal, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 46.483, en su carácter de abogado sustituto del Procurador General de la República por órgano de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en contra de la contribuyente CONSTRUCCIONES Ex, SOCIEDAD ANONIMA (CONEX, S.A.), inicialmente identificada.
2. En consecuencia, se ordena remitir las actas integradoras del presente expediente a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana, del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a los fines de su ejecución.
3. No hay condenatoria en costas, en razón del carácter de este fallo.
Publíquese. Regístrese. Déjese copia. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, en Maracaibo a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016). Año: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.
La Jueza,
La Secretaria,
Dra. Maria Ignacia Añez.
Abog. Yusmila Rodríguez R.
En la misma fecha se dictó y publicó este fallo interlocutorio, y se libro oficio bajo el Nro. _______ - 2016 dirigido al Gerente Regional de Tributos Internos del SENIAT.

La Secretaria,
Resolución Nro. _______- 2016.-
MIA/mtdlr.-