TSJ Regiones - Decisión

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO BOLIVARIANO NUEVA ESPARTA

TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL SECCION DE RESPONSABILIDAD DE ADOLESCENTES
La Asunción, 07 de marzo de 2016
205º y 156º
ASUNTO PRINCIPAL: OP04-D-2015-000420
ASUNTO: OP04-D-2015-000420
SENTENCIA DEFINTIVA POR ADMISION DE HECHOS
Corresponde a este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 01 de la Sección Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, emitir la publicación de la Sentencia por Admisión de Hechos, ocurrida en el desarrollo de la Audiencia Preliminar de fecha 03-03-2016, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 578 literal f), 583 y 604 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud del Procedimiento Ordinario y la Admisión de los Hechos, que fuera realizada por el adolescente IDENTIDAD OMITIDA. Debidamente identificado en autos. En tal sentido este Juzgado, sentencia en los siguientes términos:
I
IDENTIFICACIÓN DEL ADOLESCENTE
IDENTIDAD OMITIDA
II
ENUNCIACION DE LOS HECHOS Y DE LA SOLICITUD FISCAL
En el acto de Audiencia Preliminar la Representación Fiscal, presentó formal acusación, en contra del adolescente IDENTIDAD OMITIDA por los hechos narrados en audiencia. El Ministerio Público fundamentó su acusación en los elementos de convicción reproducidos e audiencia. Se ofrece los siguientes medios de prueba para el debate probatorio: TESTIMONIALES: siendo las 10:30 de la noche del día 19/01/2016 se recibe llamada ante CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICA PENAL Y CRIMILALISTICA, EJE DE INVETIGACION DE HOMICIDIO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA informando que en la Clínica El Espinal había ingresado un cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino producida por múltiples heridas por arma blanca, procedente de la calle Bolívar Barrio Unión La Guardia. El Ministerio Publico estima que la acción desplegada por el adolescente encuadra en el delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el articulo 458 Código Penal en perjuicio de OSCAR JESUS ACOSTA Y BARBARA KELLYS CARABALLO. Se ofrece los siguientes medios de pruebas: DE LOS EXPERTOS: 1) OFICIAL (IAPOLENE) Víctor Ruiz adscrito al CUERPO DE INVESTIGACIONES y Procedimiento Policiales del Instituto Autónomo de policía del estado Nueva Esparta.. 2) OFICIAL (IAPOLENE) francisco Gonzáles adscrito al CUERPO DE INVESTIGACIONES y Procedimiento Policiales del Instituto Autónomo de policía del estado Nueva Esparta. DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES:1) Oficial Agregado Sander Millán y oficial Toni Guerra, adscrito al instituto autónomo de policía del Estado Nueva Esparta ( IAPOLENE), centro de coordinación de Porlamar, estación policial Municipio Mariño. VICTIMAS Y TESTIGOS: 1) Declaración de la ciudadana OSCAR JESUS ACOSTA GONZALEZ 2) Declaración del ciudadana: BARBARA KELLY CARABALLO MUJICA, VICTIMA de los hechos. DOCUMENTALES: 1) Reconocimiento Legal Nº 434-07-15 de fecha 14/10/2015 SUSCRITA Por el Funcionario Oficial (IAPOLENE) Víctor Ruiz adscrito a la coordinación de investigación y procedimiento policiales del Estado Nueva Esparta (IAPOLENE). 2) Avaluó Real Nº 435-10-15 de fecha 14-10-2015 SUSCRITA Por el Funcionario Oficial(IAPOLENE) Víctor Ruiz adscrito a la coordinación de investigación y procedimiento policiales del Estado Nueva Esparta (IAPOLENE).3) Inspección técnica Nº 439-10-15 DE Fecha 14-10-2015 SUSCRITA Por el Funcionario Oficial(IAPOLENE) Víctor Ruiz adscrito a la coordinación de investigación y procedimiento policiales del Estado Nueva Esparta (IAPOLENE). 4)Avaluó prudencial Nº 449-10-15 DE FECHA 14-10-2015 SUSCRITA Por el Funcionario Oficial(IAPOLENE) FRANKCISCO GONZALEZ adscrito a la coordinación de investigación y procedimiento policiales del Estado Nueva Esparta (IAPOLENE).. Reservándose el Ministerio Público el derecho de la ampliación de la acusación, conforme lo establecido en el artículo 111 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal; y ofrecimiento de pruebas nuevas, a tenor de lo contemplado en el artículo 311 ordinal 8° y 334 del Código Orgánico Procesal Penal. Se solicita la admisión de la acusación y el enjuiciamiento del adolescente en este sentido solicito se imponga como sanción la medida previstas en el Articulo 628 de la Ley Especial consistente en PRIVACION DE LIBERTAD POR EL LAPSO DE SEIS (06) AÑOS prevista en el articulo 628 Parágrafo segundo literal A de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tomando en consideración las pautas previstas en el artículo 622 de la citada ley. Ahora bien, en caso que el imputado no se acoja al procedimiento breve de admisión de los hechos, previsto en el artículo 583 del texto adjetivo en referencia, solicitamos se le mantenga la media cautelar de PRISION PREVENTIVA prevista en el artículo 581 de la LOPNNA para asegurar su comparecencia a la siguiente etapa del proceso. Es todo.
PEDIMENTO DE LA DEFENSA PUBLICA:
AL DEFENSOR PRIVADA DR JOSE FRANCISCO GONSALEZ CARDOSO,: “Solicito a este Tribunal que luego que se pronuncie sobre la admisión o no de la acusación y las pruebas presentada se le ceda la palabra a mi representado y luego de ello se me ceda nuevamente para ejercer al defensa técnica del mismo. solicito, se pronuncie o no en cuanto a la oposición de las excepciones interpuestas por mi persona, Es todo”.

III
FUNDAMENTOS DE HECHOS Y DE DERECHO
El hecho ilícito incoado por la representación fiscal ampliamente señalado y dentro de los cuales se consagró, la responsabilidad penal del adolescente IDENTIDAD OMITIDA, ya identificado, se encuentra acreditada en las actuaciones de la investigación y recabados de forma lícita, con los siguientes elementos de convicción procesal: DE LOS EXPERTOS: 1) OFICIAL (IAPOLENE) Víctor Ruiz adscrito al CUERPO DE INVESTIGACIONES y Procedimiento Policiales del Instituto Autónomo de policía del estado Nueva Esparta.. 2) OFICIAL (IAPOLENE) francisco Gonzáles adscrito al CUERPO DE INVESTIGACIONES y Procedimiento Policiales del Instituto Autónomo de policía del estado Nueva Esparta. DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES:1) Oficial Agregado Sander Millán y oficial Toni Guerra, adscrito al instituto autónomo de policía del Estado Nueva Esparta ( IAPOLENE), centro de coordinación de Porlamar, estación policial Municipio Mariño. VICTIMAS Y TESTIGOS: 1) Declaración de la ciudadana OSCAR JESUS ACOSTA GONZALEZ 2) Declaración del ciudadana: BARBARA KELLY CARABALLO MUJICA, VICTIMA de los hechos. DOCUMENTALES: 1) Reconocimiento Legal Nº 434-07-15 de fecha 14/10/2015 SUSCRITA Por el Funcionario Oficial (IAPOLENE) Víctor Ruiz adscrito a la coordinación de investigación y procedimiento policiales del Estado Nueva Esparta (IAPOLENE). 2) Avaluó Real Nº 435-10-15 de fecha 14-10-2015 SUSCRITA Por el Funcionario Oficial(IAPOLENE) Víctor Ruiz adscrito a la coordinación de investigación y procedimiento policiales del Estado Nueva Esparta (IAPOLENE).3) Inspección técnica Nº 439-10-15 DE Fecha 14-10-2015 SUSCRITA Por el Funcionario Oficial(IAPOLENE) Víctor Ruiz adscrito a la coordinación de investigación y procedimiento policiales del Estado Nueva Esparta (IAPOLENE). 4) Avaluó prudencial Nº 449-10-15 DE FECHA 14-10-2015 SUSCRITA Por el Funcionario Oficial (IAPOLENE) FRANKCISCO GONZALEZ adscrito a la coordinación de investigación y procedimiento policiales del Estado Nueva Esparta (IAPOLENE). de la adminiculación que hiciera el tribunal de los elementos de convicción antes señaladoseste Tribunal en funciones de control Nº 1 de la Sección de Adolescentes, como punto previo En cuanto a la excepción opuesta por la defensa de autos; contenida en el articulo 28 numeral 4to literal E del Código Orgánico Procesal Penal, relacionado a la admisión de la acusación presentada por el Ministerio Público. Este Tribunal la declara SIN LUGAR toda vez que la acusación presentada por le Ministerio Público cumple con los requisitos exigidos por le legislador para presentar la misma, tales como: la identificación de los imputados, defensor y victima, relación clara, precisa de los hechos punibles atribuidos por le Ministerio publico a los adolescentes así como fundamentos de la imputación como elementos de convicción que la motivan, el precepto jurídico aplicable pruebas promovida y solicitud de enjuiciamiento para los mismos, aunado a que lo alegado por la defensa son cuestiones propias que se debatirán por ante le Juicio oral y privado. Y en cuanto al Control Judicial requerido por la defensa Privada de autos, este tribunal ejerce el control judicial y considera que la calificación jurídica dada por le Ministerio Público esta adecuada a la norma penal adjetiva, y debidamente sustentada con los elementos probatorios puestos de manifiesto. en consecuencia se admite la acusación presentada y pruebas ofrecidas por el Ministerio Público por considerar que resultan útiles, legales y pertinentes, a los fines de demostrar la materialización del hecho punible hoy acusado y la presunta participación de los adolescentes en el mismo, de igual manera se admiten las pruebas ofrecidas por la Defensa Pública de autos por ser necesarias, útiles y pertinentes, toda vez que de estos, se evidencia la corporeidad del delito de por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el articulo 458 Código Penal en perjuicio de OSCAR JESUS ACOSTA Y BARBARA KELLYS CARABALLO por los hechos que ocurrieron en fecha 14 de octubre de 2015 en conjunto estos elementos de prueba considerados previamente, lícitos, útiles y pertinentes, conllevaron a esta juzgadora a determinar una condena en contra del acusado, por la comisión del delito antes mencionado.-
IV

LA CONDUCTA ANTIJURIDICA
Al realizarse un análisis y estudio exhaustivo de los hechos y elementos anteriormente señalados, se evidencia que efectivamente el adolescente IDENTIDAD OMITIDA plenamente identificado, por los siguientes hechos que ha continuación se señalan, “En fecha 14 de octubre de 2015 siendo aproximadamente las 12:30 horas del mediodía, el adolescente IDENTIDAD OMITIDA, en compañía de otros dos ciudadanos adultos, uno de ellos portando arma blanca se encontraban en las adyacencias de donde está ubicado el semáforo en la entrada del Sector Achipano Municipio Mariño del estado Bolivariano de Venezuela y aprovechándose de que el semáforo se encontraba en rojo, se acercaron a un (01) vehiculo automotor marca chevrolet modelo AVEO placa DCE73T el cual se encontraba esperando a que el semáforo cambiara de color y que era conducido por el ciudadano OSCAR ACOSTA y donde se encontraba como copiloto la ciudadana Bárbara Caraballo, en ese momento el adolescente IDENTIDAD OMITIDA junto con los ciudadanos ANTHINY JOSE HERNANDEZ GERMAN STALIN REYES, aprovecharon la situación y sometieron al ciudadano OSCAR ACOSTA poniéndole el cuchillo en el cuello y bajo amenaza de muerte, lograron despojar a la referida victima de su reloj marca swiss Army, valorado en 300 mil Bs. que portaba, así mismo lograron someter a la ciudadana BARBARA CARABALLO a quien despojaron de su bolso contentivo de sus documentos de identificación y varios objetos de valor, posteriormente el adolescente IDENTIDAD OMITIDA y los adultos emprendieron veloz huida del lugar, posteriormente siendo detenidos por funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de Policía Municipio de Mariño. Los hechos antes expuestos, resultan antijurídicos y con la participación del adolescente de marras, queda evidenciada en los elementos de prueba cursantes a los autos; es por lo que este Tribunal encuadra los mismos dentro del tipo penal de ROBO AGRAVADO, previsto en el articulo 458 Código Penal en perjuicio de OSCAR JESUS ACOSTA Y BARBARA KELLYS CARABALLO. por la conducta desplegada por el adolescente IDENTIDAD OMITIDA, por la cual éste admitió los hechos. Así se decide.
V
DEL DERECHO
Observa este Tribunal que el Procedimiento por Admisión de los Hechos, conforma uno de los Procedimientos Especiales en donde el acusado renuncia a varios derechos constitucionales, incluyendo su privilegio contra la auto incriminación compulsoria, su derecho a juicio y derecho a carearse con sus acusadores, renuncia esta voluntaria garantizada no sólo por el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes sino también por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos ratificados por la República; a razón del Principio de la Economía Procesal, la cual evita al Estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso.
En doctrina estos Procedimientos Especiales, también pueden percibirse como reales alternativas procesales que permitan la resolución más efectiva y expedita de los conflictos de naturaleza penal, de forma que podríamos decir que ellos procuran abreviar y simplificar el procedimiento ordinario, para la autora María Trinidad Silva (p.186/Cuartas Jornadas UCAB) “… expresa que los procedimientos especiales se nos presentan como útiles medios procesales, que nos permiten adaptar y allanar el proceso penal…”.

En consecuencia de lo anterior, verificada la admisión de los hechos conlleva en definitiva a simplificar el proceso penal de modo tal que, le ahorra al Estado costos y tiempo para abonarlos a otros procesos para su adecuada respuesta. De hecho la finalidad del proceso penal, es la búsqueda de la verdad de los hechos por la vía jurídica y la justicia en la aplicación del derecho, tal como lo establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal destacándose que el Juez debe atender a esta finalidad para la toma de su decisión.
De tal manera pues, debe el juez para juzgar, tomar en cuenta los nuevos principios que orientan y facilitan el acto de sentenciar, los cuales y a raíz de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 y vigente, nos encontramos con el artículo 26 del texto indicado y adminiculado con el artículo 2 “ejusdem”, los cuales imponen al Juez amplios, reales y efectivos poderes para dirigir el proceso en forma eficaz, pero con un sólo objetivo y tal como lo expresa Italo Cañas Rivera: “… la solución de conflictos con vista al caso concreto tomando en cuenta la verdad verdadera y dentro de los principios de congruencia, igualdad, equidad, buena fe, y sin permitirle quedarse sólo en los límites de la consideración de aspectos formales, por eso la constitución es determinante al establecer en su articulo 26 que el Estado garantiza una justicia sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles…”.
Sentado lo anterior, quien aquí decide discurre, que ciertamente el principio de la legalidad adjetiva, nos conmina a ceñirnos por las normas procedimentales contenidas en el Ordenamiento Jurídico; no obstante, existen exclusiones al principio de la legalidad, cuando el mismo legislador autorizó en el artículo 257 de la Constitución la República Bolivariana de Venezuela, que el aplicador de la ley para la realización de la justicia, debe no sacrificarla por los excesos de formalismo; así las leyes procesales establecerán simplificación, uniformidad y eficacia en los trámites adoptando un procedimiento breve y oral; ello comporta el Principio de Celeridad Procesal el cual, sirve de objetivo como un ente acelerador de lograr una decisión de manera rápida y oportuna la cual revestida de justicia y equidad, beneficiara a todos, es decir, al Estado, a la sociedad y al condenado.
En este mismo orden de ideas, la figura de la Admisión de los Hechos, en donde el imputado o acusado puede consentir libre de todo apremio y coacción de solicitarle al Juez la no culminación de todos los pasos de la fase del proceso, admitiendo de manera clara, precisa y voluntaria los hechos imputados por el Ministerio Público. La respuesta procesal dada por el legislador penal venezolano, a este procedimiento especial está basado, precisamente en uno de los criterios acogidos por los sistemas modernos del derecho procesal penal, denominados “persecución selectiva”, los cuales han generado respuestas procesales ante la necesidad del estado de no sobrecargarse de trabajo, por cuanto ha comportado dilaciones indebidas que han conllevado a sentir, que el estado es impune ante los delitos, que no resuelve, que no da respuesta.
Ante esta circunstancia, contempló mecanismos de simplificación procesal para arribar a la sentencia, los llamados procesos monitorios por el autor Binder, en donde la idea básica consiste en que, sí el acusado admitió los hechos y además ha manifestado su consentimiento para la realización de este tipo de procedimiento, se pueda prescindir de toda la formalidad del debate y dictarse sentencia de un modo simplificado.
Bajo estas mismas razones el legislador Penal Juvenil Venezolano y el de adultos también, establecieron que estos procedimientos especiales, también eliminan posibilidades de estigmatización, discriminación e institucionalización, que significan siempre someterse a un proceso penal, evitando así llevar sólo a juicio los casos graves y relevantes.
En base a ello, no debe obviarse el cumplimiento de las garantías que asisten a todo adolescente sometido a un proceso penal y pretender burlarlas, en ocasión de la aplicación a ultranza de estos medios de simplificación del proceso, de hecho el legislador les dio pautas para su aplicación, destacándose para la Admisión de los Hechos, que el acusado debe entender el alcance de la acusación fiscal y que la admisión de los hechos engloba la renuncia de unos derechos, entre los cuales está el derecho a un juicio oral y en nuestro caso privado; en virtud de ello consagra el artículo 543 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que el acusado debe ser informado de manera clara y precisa tanto por el órgano investigador como por el tribunal, sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollan en su presencia, y del contenido, de las razones legales y ético sociales de las decisiones que se produzcan.
Esto previene una garantía que caracteriza nuestro Derecho Penal juvenil, a razón del sujeto a quien es dirigido, del contenido del acta de audiencia preliminar, el Tribunal en estricto apego de la garantía del Juicio educativo, preguntó al adolescente, sí entendían los hechos que el Fiscal del Ministerio Público presentó y por los cuales formuló la acusación admitida por este Tribunal encuadrándolos dentro del tipo ROBO AGRAVADO, previsto en el articulo 458 Código Penal en perjuicio de OSCAR JESUS ACOSTA Y BARBARA KELLYS CARABALLO. afirmando luego que ciertamente entendía y así expreso: “ Yo Admito los Hechos”.-
En la Audiencia Preliminar, objeto de esta decisión, el Defensor Privado, requirió la imposición de la sanción de forma inmediata, de conformidad con lo pautado en el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, toda vez que su defendido admitid los hechos, al momento de rendir su declaración, basados en la imputaciones que le hiciera la Representación Fiscal; no obstante el criterio de quien aquí decide, en cuanto a la Aplicación del Procedimiento por Admisión de los Hechos, consiste en verificar en prima fase, si efectivamente se cumplen con los requisitos para ser considerado son: 1) Voluntariedad en la declaración, 2) Comprensión de la Declaración y 3) Exactitud de su declaración y siendo este procedimiento, un asunto propio del imputado y en este caso el adolescente y su Defensa, sustrayendo así la gran esfera discrecional del Ministerio Público. En la Audiencia Preliminar, celebrada quedó evidenciado que efectivamente el adolescente de marras, expresó de forma clara, exacta y voluntaria la admisión de los hechos imputados por la representante fiscal. Corolario de lo anterior este tribunal, admitió el procedimiento especial de referencia, imponiendo la sanción de PRIVACION DE LIBERTAD, prevista en el Artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por EL lapso de SEIS (06) AÑOS
VI
SANCION APLICABLE
Impone al adolescente IDENTIDAD OMITIDA ya identificado la sanción de PRIVACION DE LIBERTAD, prevista en el Artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por el lapso de DIEZ SEIS (06) AÑOS, la cual consiste en “Artículo 628. Privación de Libertad. Consiste en la restricción del derecho fundamentadle la libertad del adolescente IDENTIDAD OMITIDA, en un establecimiento publico o entidad de atención del cual sólo podrá salir por orden judicial o una vez cumplida la sanción impuesta. Que para e presente caso este Tribunal designó el Centro de Internamiento para varones Los Cocos; La privación de libertad es una medida sujeta a los principios de excepcionalidad y de respeto a la condición peculiar de la persona en desarrollo y solo podrá ser aplicada a el o la adolescente: a) Cuando se tratare de la comisión de los delitos de Homicidio, salvo el culposo, violación secuestro, delitos de droga en mayor cuantía, en cualquiera de sus modalidades; abuso sexual con penetración, Vicariato o Terrorismo, su duración no podrá ser menor de CUATRO (04) años ni mayor de SEIS. B) Cuando se tratare de los delitos de lesiones gravísimas, salvo las culposas, robo agravado, robo de vehículos automotores, abuso sexual, extorsión, o asalto a transporte público, no podrá ser menor de cuatro años ni mayor a seis. En ningún caso podrá aplicársela o la adolescente un lapso de privación de libertad mayor al limite mínimo de pena establecido en la ley penal para el hecho punible correspondiente. Si incumpliere injustificadamente otras sanciones que le hayan sido aplicadas, la privación de libertad tendrá una duración máxima de seis meses. En el caso de reincidencia o concurso real de delitos previsto en este artículo, se sancionará al adolescente con el límite superior de la sanción. En el caso de los supuestos de hechos en las letras “a y b” se incluirá las formas inacabadas o las participaciones accesorias, prevista en el Código Penal vigente, así mismo al momento de imponer la sanción el juez o la jueza, según el caso debe observar lo previsto en el articulo 622 de esta ley”, Medida acordada, a razón de que la naturaleza del hecho, comporta la aplicación de una sanción de la contenida en el literal F del articulo 620 de la Ley Adjetiva Penal, el cual se aplica bajo un principio de gravosidad de la medida, y ello no es otra cosa que, la proporcionalidad y la idoneidad en la imposición de la sanción. De allí que la IMPOSICION DE LA SANCION DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD prevista en el Artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por le lapso de TRES (03) AÑOS consistentes en: la restricción del derecho fundamentadle la libertad del adolescente IDENTIDAD OMITIDA, en un establecimiento publico o entidad de atención del cual sólo podrá salir por orden judicial o una vez cumplida la sanción impuesta. Que para e presente caso este Tribunal designó el Centro de Internamiento para varones Los Cocos; En conclusión comprobado el acto delictivo con las pruebas aportadas así como la participación del adolescente en el hecho en forma directa, vale decir, como autor, se considera útil idónea y necesaria, la sanción impuesta por ser proporcional al delito por le cual ha sido acusado el adolescente y por os que éste admitió los hechos. Así se decide.-
VII
DISPOSITIVA
Con la fuerza en la motivación precedente, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 1 Sección Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Nueva Esparta. EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY acuerda: PRIMERO: Procedente la Admisión de los Hechos en la Audiencia Preliminar, conforme a lo dispuesto en el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 578 literal (f) “ejusdem” y a los principios del debido proceso, igualdad de las partes, dignidad, ser oído, juicio educativo, defensa contenidos en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en su Sección Tercera del Capitulo I, y en consecuencia se declara penalmente responsable al adolescente IDENTIDAD OMITIDA por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el articulo 458 Código Penal en perjuicio de OSCAR JESUS ACOSTA Y BARBARA KELLYS CARABALLO. SEGUNDO: A razón de la admisión de los hechos, se impuso al adolescente LA SANCION DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD prevista en el Artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por el lapso de TRES (03) AÑOS consistentes en: la restricción del derecho fundamentadle la libertad del adolescente IDENTIDAD OMITIDA, en un establecimiento publico o entidad de atención del cual sólo podrá salir por orden judicial o una vez cumplida la sanción impuesta. Que para e presente caso este Tribunal designó el Centro de Internamiento para varones Los Cocos, sanción que ejecutará el Tribunal de ejecución, Así se decide, dada, sellada y firmada en la Sala de Control Nº 01 de la Sección de Adolescentes, Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, en la Ciudad de La Asunción el día 07 de marzo de 2016. Años 205 de la Independencia y 157 de la Federación. Cúmplase. Regístrese y remítase la presente sentencia en la oportunidad legal, al Juez competente, tal como lo pauta el literal a del artículo 647 “ejusdem”. Notifíquese a la victima.
LA JUEZA DE CONTROL Nº 01
ABG. ANA JOEMY VELASQUEZ MARCANO
LA SECRETARIA,

ABG. KARINA COROMOTO ROJAS ROJAS,.