REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Maracaibo, veintinueve (29) de marzo de dos mil dieciséis (2016) 205º y 157º ASUNTO: VP01-N-2016-000023 PARTE RECURRENTE: SINDICATO PROFESIONAL SOCIALISTA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA PEPSI COLA VENEZUELA (SIPROSOTEPV), debidamente presentado por ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales del estado Zulia, en fecha 02 de octubre de 2009, inscrito bajo el No. 2536, Tomo V; folio 06, expediente administrativo No. 042-2009-02-00043. APODERADO JUDICIAL: VALMORE PARRA, Abogado en ejercicio inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 51.984. ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO: Providencia Administrativa proferida por la Inspectoría del Trabajo Sede Dr. Luis Hómez de Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 24 de febrero de 2016, en la cual se ordena la CONVOCATORIA DE REFERENDUM SINDICAL entre las Organizaciones SINDICATO SOCIALISTA DE EMPRESAS UNIDO DE TRABAJADORES DE PEPSICOLA VENEZUELA (SISEUNTRAPEV) y el SINDICATO PROFESIONAL SOCIALISTA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA PEPSI COLA VENEZUELA (SIPROSOTEPV). ANTECEDENTES PROCESALES La parte recurrente interpuso Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad en fecha 03 de marzo de 2016, contra el Acto administrativo identificado previamente; el cual fue distribuido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) en fecha 04 de marzo de 2016; por lo que, recibido como fue por éste Tribunal el día 07 de marzo de 2016, paso a declarar el mimo admisible en fecha 09 de marzo, y por ende se ordenaron las notificaciones correspondientes. Ahora bien, en fecha 28 de marzo de 2016 el apoderado judicial de la parte actora presentó diligencia por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), mediante la cual desiste del presente procedimiento. Siendo así, pasa el Tribunal a pronunciarse sobre el mismo en los siguientes términos: CONSIDERACIONES PARA DECIDIR En virtud de la garantía constitucional “a la tutela judicial efectiva” prevista y sancionada en el artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, de donde dimana igualmente el poder tuitivo de los jueces para proteger a los justiciables, antes de homologar o no el acto efectuado en la causa, debe necesariamente este juzgador analizar la conducta procesal asumida por las partes. El desistimiento, es una institución jurídica de naturaleza procesal de la cual se valen los justiciables para poner fin al litigio y/o el proceso sin haberse producido la sentencia o máxima decisión procesal o una vez dictada, antes de adquirir el carácter de cosa juzgada o después de ello en fase de ejecución de la misma, de manera voluntaria acordada unilateral o bilateralmente por las partes, siempre que se trate de derechos disponibles donde no esté inmerso el interés u orden público; es lo que se conoce, en la doctrina como “Modos Anormales de Terminación del Proceso”. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa prevé en su artículo 6, los medios alternativos de resolución de conflictos, en efecto, señala lo siguiente: “Artículo 6: Los tribunales de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa Promoverán la utilización de los modos alternativos de solución de conflictos en cualquier grado y estado del proceso, atendiendo a la especial naturaleza de las materias jurídicas sometidas a su conocimiento.” En la presente causa, la propia parte recurrente fue la que hizo mano de la opción del desistimiento para poner fin al proceso. En ese, sentido, en torno al desistimiento formulado debe tenerse presente que el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece la aplicación supletoria de la normativa previstas en el Código de Procedimiento Civil, en concreto la norma predicha estatuye: “Artículo 31: Las demandas ejercidas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa se tramitarán conforme a lo establecido en esta Ley; supletoriamente, se aplicarán las normas de procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Procedimiento Civil. Cuando el ordenamiento jurídico no contemple un procedimiento especial, el Juez o Jueza podrá aplicar el que considere más conveniente para la realización de la justicia.” En ese orden de ideas, establece el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil: “En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez podrá dar por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada…” (El subrayado es de la Jurisdicción.) Parafraseando al procesalita patrio Arístides Rengel Romberg, el desistimiento y el convenimiento en la demanda, llamados por la doctrina renuncia o abandono, allanamiento o reconocimiento de la pretensión, constituyen en nuestro derecho, modos unilaterales de autocomposición procesal, que ponen fin al proceso y dejan resuelta la controversia. El Doctor Guillermo Cabanellas, al conceptualizar el desistimiento habla de desistimiento en el derecho civil como abandono o renuncia de derecho y del desistimiento en el derecho procesal, como abandono, deserción o apartamiento de acción, demanda, querella, apelación o recurso (Tomado del “Diccionario de Derecho Usual” de Guillermo Cabanellas, Tomo I, 10 edición, página 683 y 684). En tal sentido, es de destacar que estatuye el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: “El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez, sin el consentimiento de la parte contraria”. El mencionado artículo se refiere, a que aun habiendo el demandante desistido del procedimiento, según consta en las actas procesales, en vista de que lo realizó luego de haber sido consignado el escrito de contestación a la demanda, el desistimiento no tendría validez sin el consentimiento de la parte demandada. Ahora bien, en el caso de marras la parte recurrente debidamente representada por su apoderado judicial, y quien estando suficientemente facultado para desistir, tal y como se desprende del poder que aparece inserto en el vuelto del folio 6 del expediente; es por lo que, en razón de que se han cumplido los requisitos de Ley, es por lo que esta Juzgadora HOMOLOGA El DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO realizado en la presente causa, al constatar que el desistimiento solicitado por la parte recurrente, no es contrario al orden público, ni está expresamente prohibido en la ley, homologa el desistimiento del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se da por terminado el presente asunto. Así se establece.- DISPOSITIVO Por los fundamentos antes expuestos, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia por autoridad de la Ley, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, declara: PRIMERO: Se HOMOLOGA El DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO realizado por la parte recurrente SINDICATO PROFESIONAL SOCIALISTA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA PEPSI COLA VENEZUELA (SIPROSOTEPV), que por NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, tuviera incoado en contra de la Providencia Administrativa proferida por la Inspectoría del Trabajo Sede Dr. Luís Hómez de Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 24 de febrero de 2016, en la cual se ordena la CONVOCATORIA DE REFERENDUM SINDICAL entre las Organizaciones SINDICATO SOCIALISTA DE EMPRESAS UNIDO DE TRABAJADORES DE PEPSICOLA VENEZUELA (SISEUNTRAPEV) y el SINDICATO PROFESIONAL SOCIALISTA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA PEPSI COLA VENEZUELA (SIPROSOTEPV). SEGUNDO: Se procede a dar por terminada la presente causa tanto sistemáticamente como en físico. PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo. Dada, sellada y firmada en el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA a los veintinueve (29) días del mes de marzo del dos mil dieciséis (2016). Años 205° de la Independencia y 157° de la Federación. LA JUEZA, Abg. IVETTE ZABALA SALAZAR EL SECRETARIO, Abg. JONATHAN PEREZ. En la misma fecha siendo la una y veintidós minutos de la tarde (01:22 p.m.) se dictó y publicó el presente fallo. EL SECRETARIO, Abg. JONATHAN PEREZ.