REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Maracaibo, diez (10) de marzo de dos mil dieciséis (2016) 205º y 157º ASUNTO: VP01-N-2015-000160 SENTENCIA DE NULIDAD PARTE RECURRENTE: Sociedad Mercantil CARGILL DE VENEZUELA, S.R.L., domiciliada en ciudad de Caracas, constituida según documento inscrito por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 7 de marzo de 1986, bajo el No. 26, Tomo 16-A, modificado y domicilio actual según asiento inscrito en la Oficina de Registro Mercantil el día 11 de octubre de 1990, bajo el No. 37, tomo 5-A, y en la Oficina de Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, el día 13 de diciembre de 1990, bajo el No. 1, Tomo 114-A Sgdo., modificada su naturaleza jurídica y reformados de manera general sus Estatutos Sociales, según consta en Acta de Asamblea general Extraordinaria de Accionistas, inscrita en la Oficina de Registro mercantil segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, el día 28 de noviembre de 2003, bajo el No. 71, Tomo 176-A Sgdo. APODERADOS JUDICIALES: ANA CRISTINA MUÑAGORRI DE MÉNDEZ, MONICA GOVEA DE FEBRES, ISMAEL FERMIN RAMIREZ y TOMÁS FEMIN RAMIREZ, Abogados en ejercicio inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 7.460, 40.761, 63.981 y 107.092, respectivamente. ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO: Providencia Administrativa No. 00426-15, de fecha 17/09/2015, en el expediente No. 059-2015-01-00377, emitida por la Inspectoría del Trabajo Sede “General Rafael Urdaneta” de los Municipios San Francisco, La Cañada de Urdaneta, Jesús Enrique Lossada, Rosario de Perijá y Machiques de Perijá del Estado Zulia, mediante la cual se declaró Con Lugar el procedimiento por Desmejora incoado por el ciudadano JOHAN PINEDA, titular de la cédula de identidad No. V.- 13.912.619, en contra de la sociedad mercantil CARGILL DE VENEZUELA, S.R.L. ANTECEDENTES PROCESALES En fecha catorce (02) de diciembre de 2015, fue interpuesto por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial Laboral del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, por la abogada en ejercicio MONICA GOVEA, en representación de la sociedad mercantil CARGILL DE VENEZUELA, S.R.L., al cual le fue asignado el Número: VP01-N-2015-000160, correspondiéndole por distribución su conocimiento a este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA , siendo recibido y dándosele entrada al presente asunto en fecha 03 de diciembre de 2015, de conformidad con el articulo 36 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En fecha siete (07) de diciembre de 2015, se dictó sentencia interlocutoria declarando la competencia del Tribunal y la admisibilidad del presente asunto, ordenándose las notificaciones correspondientes. Ahora bien, en fecha ocho (07) de marzo de 2016, compareció por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Laboral, la abogada en ejercicio MONICA GOVEA, quien contando con expresas facultades para desistir en nombre de su poderdante, la sociedad mercantil recurrente CARGILL DE VENEZUELA, S.R.L., procedió a formular, en nombre de la misma, formal desistimiento del procedimiento de NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, el cual dio por recibido este Tribunal en fecha ocho (08) de marzo de 2016, intentado en contra de la Providencia Administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo Sede General Rafael Urdaneta en fecha 17 de septiembre de 2015. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR En virtud de la garantía constitucional “a la tutela judicial efectiva” prevista y sancionada en el artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, de donde dimana igualmente el poder tuitivo de los jueces para proteger a los justiciables, antes de homologar o no el acto efectuado en la causa, debe necesariamente este juzgador analizar la conducta procesal asumida por las partes. El desistimiento, es una institución jurídica de naturaleza procesal de la cual se valen los justiciables para poner fin al litigio y/o el proceso sin haberse producido la sentencia o máxima decisión procesal o una vez dictada, antes de adquirir el carácter de cosa juzgada o después de ello en fase de ejecución de la misma, de manera voluntaria acordada unilateral o bilateralmente por las partes, siempre que se trate de derechos disponibles donde no esté inmerso el interés u orden público; es lo que se conoce, en la doctrina como “Modos Anormales de Terminación del Proceso”. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa prevé en su artículo 6, los medios alternativos de resolución de conflictos, en efecto, señala lo siguiente: “Artículo 6: Los tribunales de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa Promoverán la utilización de los modos alternativos de solución de conflictos en cualquier grado y estado del proceso, atendiendo a la especial naturaleza de las materias jurídicas sometidas a su conocimiento.” En la presente causa, la propia parte recurrente fue la que hizo mano de la opción del desistimiento para poner fin al proceso. En ese, sentido, en torno al desistimiento formulado debe tenerse presente que el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece la aplicación supletoria de la normativa previstas en el Código de Procedimiento Civil, en concreto la norma predicha estatuye: “Artículo 31: Las demandas ejercidas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa se tramitarán conforme a lo establecido en esta Ley; supletoriamente, se aplicarán las normas de procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Procedimiento Civil. Cuando el ordenamiento jurídico no contemple un procedimiento especial, el Juez o Jueza podrá aplicar el que considere más conveniente para la realización de la justicia.” En ese orden de ideas, establece el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil: “En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez podrá dar por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada…” (El subrayado es de la Jurisdicción.) Parafraseando al procesalita patrio Arístides Rengel Romberg, el desistimiento y el convenimiento en la demanda, llamados por la doctrina renuncia o abandono, allanamiento o reconocimiento de la pretensión, constituyen en nuestro derecho, modos unilaterales de autocomposición procesal, que ponen fin al proceso y dejan resuelta la controversia. El Doctor Guillermo Cabanellas, al conceptualizar el desistimiento habla de desistimiento en el derecho civil como abandono o renuncia de derecho y del desistimiento en el derecho procesal, como abandono, deserción o apartamiento de acción, demanda, querella, apelación o recurso (Tomado del “Diccionario de Derecho Usual” de Guillermo Cabanellas, Tomo I, 10 edición, página 683 y 684). En tal sentido, es de destacar que estatuye el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: “El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez, sin el consentimiento de la parte contraria”. El mencionado artículo se refiere, a que aun habiendo el demandante desistido del procedimiento, según consta en las actas procesales, en vista de que lo realizó luego de haber sido consignado el escrito de contestación a la demanda, el desistimiento no tendría validez sin el consentimiento de la parte demandada. Ahora bien, en el caso de narra la recurrente sociedad mercantil CARGILL DE VENEZUELA, S.R.L., representada por la abogada en ejercicio MONICA GOVEA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número: 40.761, estando suficientemente facultada para desistir, como se desprende de poder, que aparece inserto en los folios 10 y 11, donde se evidencia que la ya identificada profesional del derecho, cuenta con expresas facultades para desistir en nombre de la parte recurrente, por lo que realizó formal desistimiento del procedimiento que sigue esta última, en contra del acto administrativo impugnado que se indica en las actas. En tal sentido y, en razón que se han cumplido los requisitos de Ley, habida cuenta que el recurrente de marras desea dar por terminada la presente causa, es por lo que esta Juzgadora HOMOLOGA El DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO realizado en la presente causa, al constatar que el desistimiento solicitado por la parte recurrente, no es contrario al orden público, ni está expresamente prohibido en la ley, homologa el desistimiento del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se da por terminado el presente asunto. Así se establece. – DISPOSITIVO: Por los fundamentos antes expuestos, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia por autoridad de la Ley, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, declara: PRIMERO: Se HOMOLOGA El DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO realizado por la abogada en ejercicio MONICA GOVEA, en nombre y representación de su mandante, la parte recurrente CARGILL DE VENEZUELA, S.R.L., que por NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, intentado en contra de la Providencia Administrativa No. 00426-15, de fecha 17/09/2015, en el expediente No. 059-2015-01-00377, emitida por la Inspectoría del Trabajo Sede “General Rafael Urdaneta” de los Municipios San Francisco, La Cañada de Urdaneta, Jesús Enrique Lossada, Rosario de Perijá y Machiques de Perijá del Zulia, mediante la cual se declaro Con Lugar el procedimiento por Desmejora incoado por el ciudadano JOHAN PINEDA, titular de la cédula de identidad No. V.- 13.912.619, en contra de la sociedad mercantil CARGILL DE VENEZUELA, S.R.L. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo. TERCERO: Se procede a dar por terminada la presente causa tanto sistemáticamente como en físico. PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo. Dada, sellada y firmada en el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA a los diez (10) días del mes de marzo del dos mil dieciséis (2016). Años 205° de la Independencia y 157° de la Federación. LA JUEZA, Abg. IVETTE ZABALA SALAZAR EL SECRETARIO, Abg. JONATHAN PEREZ. En la misma fecha siendo las tres y cuatro minutos de la tarde (03:04 p.m.) se dictó y publicó el presente fallo. EL SECRETARIO, Abg. JONATHAN PEREZ.