TSJ Regiones - Decisión

Exp. 49.116

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Maracaibo, dieciséis (16) de junio de 2016.
Años 206° y 157°

Visto el anterior escrito presentado por el Abogado en ejercicio IVAN CARRUYO MARQUEZ, inscrito en el Inpreabogado con el número 7.446, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana MARTHA MERCEDES ROPERO DE AMADO, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad número 12.949.673, se le da entrada, fórmese pieza de medida y enumérese. Esta Juzgadora verificando el estado de pendencia necesario para el examen de la solicitud cautelar presentada, pasa a resolver sobre la procedencia del pedimento en cuestión realizando las siguientes consideraciones:

Mediante sentencia número 0355 de fecha once (11) de mayo de 2000, La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Héctor Peña Torreles, estableció lo siguiente:
“…El fundamento teológico de las medidas cautelares, reside, tal y como lo señalara el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, siguiendo la doctrina de Chiovenda, en el principio de que la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón no debe volverse en contra de quien tiene la razón.
En tales términos, la potestad general cautelar del Juez, parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, se presenta como instrumento para evitar justamente que el necesario transcurso del tiempo que implican los procedimientos de conocimiento completo, opera en contra de la efectiva tutela judicial de los ciudadanos en la defensa de sus derechos e intereses…”

Planteado lo anterior, debe esta Juzgadora previamente determinar si la solicitud cautelar versa sobre una medida cautelar típica o sobre una medida cautelar atípica, ya que la importancia de la calificación radica en los requisitos que han de ser determinados por quien Juzga en aras de determinar la procedencia de la medida cautelar requerida, por cuanto adicionalmente a las clásicas exigencias del periculum in mora y del fumus boni iuris, se establece la exigencia del fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a los derechos de la otra.

Ahora bien, de un análisis del escrito presentado por la representación judicial de la parte actora, el mismo solicita MEDIDA PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre un inmueble constituido por una parcela de terreno propio y la casa-quinta sobre ella construida denominada “LISIEUX” distinguida con el N° 69-40, ubicada en la avenida 15A, antigua avenida 16, cuya superficie aproximada es de novecientos metros cuadrados (900 Mts.²), propiedad de la parte demandada, ciudadana PAOLA ANDREA ABREU MONTENEGRO, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad número 15.052.352, según documento autenticado ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Maracaibo del Estado Zulia en fecha 26 de diciembre de 2012, con el N° 83, Tomo 165 de los libros de autenticaciones, posteriormente protocolizado según documento inscrito ante el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia en fecha 1° de agosto de 2014 con el N° 2014.1067, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el N° 480.21.5.4.5315 correspondiente al libro de folio real del año 2014, todo de conformidad con los presupuestos y requisitos exigidos por la vía de causalidad contenidos en el artículo 585 Código de Procedimiento Civil, a saber el FUMUS BONIS IURIS, o verosimilitud del buen Derecho y PERICULUM IN MORA, condición que traduce el temor objetivo por parte del actor de ver frustrado su derecho, por conductas inherentes a la parte demandada. Bajo esta óptica, los extremos exigidos en la disposición cuyo tenor se aplica, comportan igualmente las condiciones necesarias para el uso del poder cautelar general reconocido al juez por el parágrafo primero del artículo 588 ejusdem, el cual circunscribe o delimita la potestad jurisdiccional, al cumplimiento de los requisitos exigidos por la vía de causalidad. Es por ello que se requiere la ponderación de los elementos necesarios para el otorgamiento de la cautela, sin que ello suponga emitir opinión sobre la procedencia del derecho que se reclama.

Por criterio reiterado, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, ha asentado lo que a continuación se reproduce:
“Es criterio de este Alto Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama, por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora).
Con referencia al primero de los requisitos (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama
En cuanto al segundo de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada”.

Así pues, esta Juzgadora pasa a analizar detenidamente y de manera puntualizada los requisitos materiales o de fondo necesarios a los fines del otorgamiento de la medida cautelar solicitada en la presente causa:

FUMUS BONIS IURIS
DE LA VEROSIMILITUD DEL DERECHO QUE SE RECLAMA.

Erigido el dictamen cautelar en el juicio hipotético realizado en sede jurisdiccional, sobre el eventual éxito de la pretensión del demandante in iuditio deductae, requiere, como bien lo advirtió el autor PIERO CALAMANDREI, en su imperecedera obra PROVIDENCIAS CAUTELARES, de una sumaria cognición que le permitiere al titular del oficio jurisdiccional, obtener elementos probatorios que hicieren emerger en su conciencia cognoscente verosimilitud o mera apariencia de la procedibilidad en derecho de la pretensión debatida.

Bajo los argumentos precedentemente transcritos, este operador de justicia observa que la verosimilitud del derecho invocado, a saber, el “fumus boni iuris”, no es un “juicio de verdad”; en todo caso, alude a un cálculo de probabilidades de que quien invoca el derecho, es su titular. Así pues, en el caso sub-examine, se observa que a los fines de fundamentar el FUMUS BONIS IURIS, la parte actora consignó los siguientes documentos:

- Copia certificada del documento protocolizado ante el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia en fecha 1° de agosto de 2014 con el N° 2014.1067, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el N° 480.21.5.4.5315 correspondiente al libro de folio real del año 2014.
- Cheque en original girado en contra de la cuenta corriente N° 0134-0079-25-0791121965 perteneciente a la entidad financiera Banesco Banco Universal C.A. cuyo titular es el ciudadano UBALDO ALBERTO MORENO BELTRAN, por la cantidad de OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 800.000,00) a la orden del ciudadano AMADO JOSE AMADO BRACHO, pagadero el día 20 de diciembre de 2012.
- Copia fotostática simple del acta de matrimonio signada con el N° 383 de los libros llevados por el Registro Civil de la Parroquia Cristo de Aranza del Municipio Maracaibo del Estado Zulia para el año 2003, correspondiente al matrimonio celebrado entre los ciudadanos AMADO JOSE DE JESUS AMADO BRACHO y MARTHA MERCEDES ROPERO MELO.
- Copia certificada del acta de defunción del causante AMADO JOSE DE JESUS AMADO BRACHO singada con el N° 157, y expedida por el Registro Civil de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio Maracaibo del Estado Zulia en fecha 20 de enero de 2013.

Ahora bien, siendo necesaria la sola “presunción”, y no una certeza del derecho reclamado, esta Juzgadora pondera los soportes instrumentales como indicios que suponen presunción del derecho reclamado; y siendo que, se verifica una argumentación fáctico jurídico consistente desde el punto de vista lógico que conduce a esta Sentenciadora a la convicción de que la acción principal ha de ser estimada; éste Tribunal considera que se encuentran llenos los extremos exigidos por la Ley de la verosimilitud del buen derecho (FUMUS BONIS IURIS). ASÍ SE DECLARA.

PERICULUM IN MORA
DE LA VEROSIMILITUD EN LA FRUSTRACIÓN DE LA PRETENSIÓN
POR EL DECURSO PROCEDIMENTAL.

La urgencia en evitar la frustración del eventual derecho aducido por el demandante como fundamento de su pretensión, aunado al sustento mismo de la tutela asegurativa preventiva, a saber, evitar que se frustre o quede ilusoria la tutela jurisdiccional, es la ratio essendi del presente requisito, en otras palabras, es la presunción grave de que la ejecución del fallo pueda resultar ilusoria, en términos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, con el objeto de asegurar la legitimidad del ejercicio de la potestad jurisdiccional preventiva, se exige del solicitante, la acreditación sumaria de elementos probatorios, que hagan emerger en el Juzgador verosimilitud simple de la premura en la protección de la situación fáctica, durante el iter procesal.

Ahora bien, según lo planteado por el sistema dispositivo, recae sobre las partes a lo largo del desenvolvimiento del proceso, la obligación de identificar señalar y determinar los hechos y elementos alegados que a bien tengan, con el fin de lograr la pretensión incoada con arreglo a lo establecido en la Ley. En tal sentido se ha determinado la obligación para el solicitante de una medida cautelar de allegar a las actas procesales pruebas fehacientes de los requisitos preceptuados en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, a fin de obtener la medida precautelativa solicitada.

Bajo esta perspectiva, este Tribunal observa que la representación judicial de la parte demandante a fin de acreditar el periculum in mora alega lo siguiente:
“(…) El peligro en la mora obedece a dos motivos: uno constante y notorio, que no necesita ser probado, el cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco de tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta el libramiento del mandamiento de ejecución; y la otra causa sería, los hechos de la parte demandada durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
En efecto ciudadano Juez, las pruebas invocadas constituyen en mi mandaqnte el fundado temor legítimo del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo a dictarse en esta causa, por cuanto representan para mi mandante la presunción grave del riesgo manifiesto de que quede burlada o desmejorada la efectividad de la sentencia esperada, por cuanto en ese arco de tiempo que necesariamente ha de transcurrir en la sustanciación del presente proceso, hasta el libramiento del mandamiento de ejecución existe riesgo manifiesto de que la compradora PAOLA ANDREA ABREU MONTENEGRO, pueda vender el identificado inmueble a terceras personas, por cuanto el inmueble en cuestión aparece escriturado a su nombre y por su condición de soltera, siendo más fácil poder vender, enajenar, disponer de cualquier forma del inmueble, y de esta forma burlar la efectividad de la sentencia esperada en este juicio, haciendo nugatoria e ilusoria la efectividad de la sentencia esperada en este juicio, haciéndose nugatoria e ilusoria la pretensión de mi mandante de recuperar el inmueble vendido por su esposo AMADO JOSÉ DE JESUS AMADO BRACHO, a la demandad de autos, por ser este un bien inmueble de la propiedad de la comunidad de gananciales, y el cual le pertenece por ser la única y universal heredera de su causante AMADO JOSÉ DE JESÚS AMADO BRACHO; y por tanto, todo ello constituye elemento suficiente de juicio de carácter probatorio de esta circunstancia que configura el peligro de que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuido en su ámbito patrimonial o extramatrimonial, o d e que una de las partes pueda causar un daño en los derechos de la otra…”

Ahora bien, analizados como han sido los alegatos plasmados por la parte actora y las pruebas traídas a las actas, determina esta Juzgadora que se encuentra acreditado el supuesto peligro de infructuosidad en la ejecución del fallo, lo cual conlleva a esta operadora de justicia a la convicción inequívoca e indefectible de la existencia de una presunción grave o temor objetivo por parte del pretensor, de ver frustrado su derecho durante el iter procesal; en tal sentido, se encuentra en el deber de decretar la medida solicitada. ASI SE DECIDE.

En merito de las consideraciones anteriormente expuestas, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, DECRETA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre un inmueble constituido por una parcela de terreno propio y la casa-quinta sobre ella construida denominada “LISIEUX” distinguida con el N° 69-40, ubicada en el sector universitario, avenida 15A entre calles 69 y 69A casa N° 69-40, cuya superficie aproximada es de ochocientos dieciocho metros con veintidós decímetros cuadrados (818,22 Mts.²), comprendido dentro de los siguientes linderos según aclaratoria protocolizada el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia en fecha 12 de agosto de 2014, con el N° 2014.1067, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el N° 480.21.5.4.5315 correspondiente al libro de folio real del año 2014: Noreste: linda con propiedad que es o fue de Alejandro Amado hoy Mi Spacio Casa N° 69-30; Suroeste: linda con propiedad que es o fue de Alejandro Amado hoy federación venezolana de maestros casa N° 69-58; Sureste: Avenida 15 A, Noroeste: propiedad que es o fue de Alejandro Amado casa N° 64-113 propiedad de la parte demandada, según documento autenticado ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Maracaibo del Estado Zulia en fecha 26 de diciembre de 2012, con el N° 83, Tomo 165 de los libros de autenticaciones, posteriormente protocolizado según documento inscrito ante el antes nombrado Registro en fecha 1° de agosto de 2014 con el N° 2014.1067, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el N° 480.21.5.4.5315 correspondiente al libro de folio real del año 2014, y aclaratoria registrada ante su precitada oficina registral en fecha 12 de agosto de 2014, con el N° 2014.1067, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el N° 480.21.85.4.5315 correspondiente al libro de folio real del año 2014. En tal sentido, se acuerda realizar la participación pertinente al registro respectivo. Ofíciese.-
LA JUEZA

Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO LA SECRETARIA

Abog. ANNY DIAZ GUTIERREZ

En la misma fecha siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) se publicó el anterior fallo bajo el número 171-2016, y se libró oficio número 0451-2016, conforme a lo ordenado.

LA SECRETARIA

Abog. ANNY DIAZ GUTIERREZ