Expediente N° 3552 TRIBUNAL SÉPTIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 206° y 157° SOLICITANTES: EDUAR RAFAEL FUENMAYOR Y YANET JOSEFINA CARVAJAL, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V.-4.538.512 y V.-6.833.461, respectivamente, domiciliados en el Municipio Mara del estado Zulia. En la solicitud de DIVORCIO 185A, presentada por los ciudadanos EDUAR RAFAEL FUENMAYOR Y YANET JOSEFINA CARVAJAL, antes identificados, la misma fue presentada en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), ante la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, según recibo signado con el N° TM-MO-10484-2016, de fecha 24 de mayo de 2016; correspondiéndole por distribución el conocimiento de dicha causa a este órgano jurisdiccional; el Tribunal la recibe, se ordena formar expediente, numerarla y anotarla en el libro respectivo. El Tribunal, ve la necesidad de realizar un análisis jurídico sobre la competencia de este órgano jurisdiccional para seguir conociendo del asunto sometido a su jurisdicción en virtud de la garantía constitucional “de la tutela judicial efectiva”, prevista y sancionada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y toda vez que la incompetencia del Juzgado en los casos de orden público, violenta las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a ser juzgado por el Juez natural, tal como lo establece el artículo 49 del mismo cuerpo normativo. En tal sentido, prevé el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente: La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la Ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. (El subrayado es de la jurisdicción). Este ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado por la extensión del territorio, por la especialidad de los asuntos que puedan conocer los jueces y además deben estar divididos en categorías o grados, es lo que se conoce en la doctrina como competencia horizontal, material y vertical. De manera que, surge la potestad de administrar justicia sobre la base de tres principales criterios: a) el territorio, b) la materia y c) la cuantía; esta última en aquellos casos en que se trate de causas apreciables en dinero, todo lo cual tiene su fundamento legal en los artículos 38 al 60, ambos inclusive, del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la competencia territorial: observa este Tribunal que existen reglas para determinarlas en función de las personas (partes materiales) y cosas (bien mueble o inmueble) objeto del conflicto o de la relación o situación sometida a consideración de la jurisdicción y en razón de distintos fueros a saber general, especial, real, concurrente y exclusivo o necesario, lo cual tiene su fundamento en los artículos 40 al 47 de la ley adjetiva civil. El caso de autos, se trata de una solicitud de DIVORCIO 185A presentada por los ciudadanos EDUAR RAFAEL FUENMAYOR Y YANET JOSEFINA CARVAJAL, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V.-4.538.512 y V.-6.833.461, respectivamente, domiciliados en el Municipio Mara del estado Zulia, por cuanto se evidencia en actas de lo expresado por los solicitantes que el último domicilio conyugal fue en Santa Cruz de Mara, parroquia Ricaurte del Municipio Mara del Estado Zulia. El artículo 754 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: Es Juez competente para conocer de los juicios de divorcio y de separación de cuerpos el que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia, en el lugar del domicilio conyugal. Se entiende por domicilio conyugal el lugar donde los cónyuges ejercen sus derechos y cumplen con los deberes de su estado. Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado en razón del territorio, es incompetente para conocer de la presente causa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 47 y 754 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece. Al respecto el Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de marzo de 2009, por Resolución N° 2009-2006, resolvió: Artículo 1.- Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer los asuntos en materia civil, mercantil y tránsito, de la siguiente manera: a) Los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). (…) A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, su equivalente en unidades tributarias (U.T.) al momento de la interposición del asunto. (El Subrayado es de este Jurisdicente) Artículo 3.- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza… (Omissis). En consecuencia, la tramitación del presente procedimiento corresponde a los Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. En razón de los argumentos explanados, es obvio que la solicitud de Divorcio 185A, no puede ser admitida por este Tribunal, ya que el domicilio conyugal de los solicitantes fue en la parroquia Ricaurte Municipio Mara del Estado Zulia.; y por lo tanto debe declinarse la competencia a dicho Juzgado.- Así se decide.- DISPOSITIVO Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, este TRIBUNAL SÉPTIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. La incompetencia de este órgano jurisdiccional por el territorio para conocer de la solicitud de DIVORCIO 185A, presentada por los ciudadanos EDUAR RAFAEL FUENMAYOR Y YANET JOSEFINA CARVAJAL, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V.-4.538.512 y V.-6.833.461, respectivamente, domiciliados en el Municipio Mara del estado Zulia. 2. Se declina la competencia AL TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARA, PÁEZ Y ALMIRANTE PADILLA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 3. Se ordena remitir mediante oficio las presentes actuaciones al TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARA, PÁEZ Y ALMIRANTE PADILLA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 4. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del fallo PUBLIQUESE y REGISTRESE. Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL SÉPTIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los 22 días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016).- Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. EL JUEZ, Dr. EULOGIO PAREDES TARAZONA EL SECRETARIO, Abog. LEONARDO ESPINA En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil de este Tribunal a las puertas del Despacho, y siendo las 11:30 a.m, se dictó y publicó la sentencia interlocutoria que antecede; quedando registrada bajo el Nº 33-2016.- EL SECRETARIO, EPT/pu