TSJ Regiones - Decisión

PODER JUDICIAL

Corte de Apelaciones Ordinaria, Violencia de Género y de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Bolivariano Nueva Esparta

La Asunción, 15 de junio de 2016
205º y 156º

ASUNTO PRINCIPAL : OP01-P-2014-007394
ASUNTO : OP04-R-2016-000131

Ponente: ALEJANDRA D’EMILIO SARDI

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

IMPUTADO: DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 24.598.589.

PARTE RECURRENTE: abogada MARIA DE LOS ANGELES TOMEDES en su carácter de Defensora Publica Primera del ciudadano imputado DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ.

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: abogado MANUEL AUGUSTO BAEZ, en su carácter de Representante de la Fiscalia Décimo Cuarto del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial.

DELITO: HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES, previsto y sancionado en el articulo 406 numeral 1° del Código Penal Venezolano.

MOTIVO: Recurso de Apelación de Auto interpuesto por la abogada MARIA DE LOS ANGELES TOMEDES, Defensora Pública Primera Penal, adscrita a la Unidad de Defensa Pública de esta Circunscripción Judicial, y como Defensora del ciudadano imputado DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ, debidamente fundamentada en el articulo 439 numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión dictada en el acto de Audiencia Oral de Presentación de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil dieciséis (2016) y fundamentada en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciséis (2016) según Notoriedad Judicial bajo el Sistema de Gestión Judicial Independencia, por el TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL FRONTERIZO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA, mediante la cual decretó MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de conformidad con lo establecido en el articulo 236 numerales 1°, 2° y 3°, 237 numerales 2°, 3° y 4° y articulo 238 numeral 2° todos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal en contra del referido imputado, y de acuerdo con el orden de distribución le fue asignada la ponencia a la Jueza DRA. ALEJANDRA D’EMILIO SARDI.
ANTECEDENTES
En fecha tres (03) de Mayo del año dos mil dieciséis (2016), se dicta auto mediante el cual se expresa lo siguiente:

“…Por recibido oficio Nº 831-16, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciséis (2016), procedente del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Bolivariano Nueva Esparta, mediante el cual remite anexo al mismo Recurso de Apelación de Auto, constante de veintiún (21) folios útiles, interpuesto por la abogada MARIA DE LOS ANGELES TOMEDES en su carácter de Defensora Pública Primera en materia Penal, adscrita a la Coordinación Regional de la Defensa Pública del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en contra de la decisión dictada en Audiencia Oral de Presentación, de fecha 29 de Marzo de 2016 y fundamentada en fecha 25 de Abril de 2016, mediante el cual decreto Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 236 numerales 1°, 2°, 3°, 237 numerales 2°, 3° y 4° y artículos 238 numerales 2° rodos del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal al ciudadano DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ. A tal efecto, désele entrada en el libro de causas correspondiente; de acuerdo con el orden de distribución de asuntos del sistema Independencia, la presente ponencia quedo asignada a la Jueza Ponente Nº 01, DRA. YOLANDA CARDONA MARIN. Cúmplase…”

En fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), esta Corte de Apelaciones dictó decisión, mediante la cual acuerda ADMITIR el presente Recurso de Apelación de Autos conforme a lo previsto en el numeral 4º del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal.

En fin la Sala, una vez revisadas y analizadas profusamente las Actas Procesales que comprende el asunto Nº OP04-R-2016-000131, antes de decidir, hace las siguientes observaciones:

DE LOS MOTIVOS DE LA ACTIVIDAD RECURSIVA

En fecha cinco (05) de abril del año dos mil dieciséis (2016), la abogada MARIA DE LOS ANGELES TOMEDES, Defensora Pública Primera Penal, adscrita a la Unidad de Defensa Pública de esta Circunscripción Judicial, y como Defensora del ciudadano imputado DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ, antes identificados, presentó Recurso de Apelación, en los siguientes términos:

“…Quien suscribe, MARIA DE LOS ANGELES TOMEDES, Defensora Publica Primera Penal de esta Circunscripción Judicial, actuando en mi carácter de Defensora del ciudadano: DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ, a quien se le sigue el Asunto signado bajo el Asunto Nº OP01-P-2014-007394, actuando de conformidad con lo previsto en el articulo 439 numeral 4° y 5° del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 423 y 424 ejusdem, encontrándome dentro del lapso legal previsto en el articulo 440de la Ley Adjetiva Penal computado conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del mismo texto legal, acudo ante su competente autoridad a fin de interponer formal. RECURSO DE APELACION, contra decisión de ese Tribunal a su cargo de fecha 04-10-15 mediante el cual decreto un Medida Preventiva Privativa de Libertad a mi asistido ut supra, fundamentado en los siguientes términos: omissi.
SEGUNDO: DE LA PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE COERCION Para considerar la procedencia de la medida correspondiente, comprenda esta la privación o no de libertad, el Juzgador tiene que considerar fumus boni iuris, presunción de buen derecho, con fundamento a lo dispuesto en el articulo 236 del Código Orgánico Procesal, esta obligado el juzgador a considerar la presencia de serios elementos de convicción que acrediten la existencia de un hecho punible asi como estimar porque se encuentra acreditado que el imputado es autor o participe en la comisión del hecho punible.

PRIMERO: Al cumplir con las exigencias legales sea admitido el presente Recurso de Apelación, y sustanciado conforme a Derecho.
SEGUNDO: Se declare con lugar la presente Apelación, se REVOQUE LA MEDIDA DE PRIVACIN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD acordada y se acuerde a favor de mi defendido una medida cautelar sustitutiva de libertad de posible cumplimiento, conforme a lo previsto en los artículos 242 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal, al no existir una presunción razonable de peligro de fuga, ni obstaculización en la búsqueda de la verdad…’

CONTESTACIÓN DEL RECURSO

La ciudadana Jueza del TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL EN FUNCIONES DE CONTROL DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL, por auto de fecha seis (06) de abril del año dos mil dieciséis (2016), emplaza al Representante de la Fiscalia Décima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, observándose que no dio contestación al Recurso de Apelación de Auto interpuesto por la Defensa; tal como se evidencia del cómputo practicado por secretaria del Tribunal A quo, que corre al folio dieciocho (18) del respectivo recurso.

DE LA RESOLUCIÓN (AUTO) RECURRIDA

El TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL, en decisión dictada en Audiencia Oral de Presentación de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), dictaminó lo siguiente:
‘…OÍDAS COMO HAN SIDO LAS PARTES Y VISTAS LAS PRESENTES ACTUACIONES, ESTE TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY EMITE LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS. PRIMERO: Considera este Tribunal que de las actas consignadas por el Ministerio Público, que se ha cometido un hecho punible, que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como lo es para el imputado DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1° del Código Penal Venezolano y lo cual se evidencia de las actas aportadas por los representantes del Ministerio Público a la presente audiencia, de conformidad con lo establecido en el Numeral 1° del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal pasa a realizar corrección en relación al fundamento se mantiene el delito mas no siendo lo previsto en el numeral 1° del articulo 84 de la ley adjetiva penal, sino el numeral 3° del articulo 84 “ejusdem”. SEGUNDO: Considera esta Juzgadora que se encuentran llenos los extremos del artículo 236 en su 2° ordinal, toda vez que de las actas aportadas, existe la convicción de que el hoy imputado es el autor o partícipe del delito que se le imputa, ello tomando en consideración el contenido del acervo probatorio fiscal, los cuales dimanan, de: ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL DE FECHA 05-10-2014 suscrita por el funcionario DETECTIVE AGREGADO WISMARK VELASQUEZ, adscrito al Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ; INSPECCIÓN TÉCNICA CON FIJACIONES FOTOGRÁFICAS Nº 377 de fecha 04-10-14 suscrita por los funcionarios DETECTIVE HUMBOLT ZABALA, DETECTIVE AGREGADO WISMARK VELÁSQUEZ, adscritos al Eje de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Nueva Espart; INSPECCIÓN TÉCNICA CON FIJACIONES FOTOGRÁFICAS N° 378 de fecha 04-10- 2014 suscrita por DETECTIVE HUMBOLT ZABALA, DETECTIVE AGREGADO WISMARK VELÁSQUEZ adscritos al Eje de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y CriminaIísticas del Estado Nueva Esparta: ACTA DE ENTREVISTA de fecha 05-10-2014 rendida por el ciudadano RAFAEL (Demás datos a reserva del Ministerio Público) por ante funcionarios adscritos al Eje de Investigaciones de Homicidios Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; ACTA DE ENTREVISTA de fecha 05-10-2014 rendida por la ciudadana DUGLANY MARIA TOVAR ALFONZO por ante funcionarios adscritos al Eje de Investigaciones de Homicidios Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ; ACTA DE ENTREVISTA de fecha 06-10-2014 rendida por el ciudadano FULGENCIO (demás datos a reserva del Ministerio Público) por ante funcionarios adscritos al Eje de Investigaciones de Homicidios Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; ACTA DE ENTREVISTA de fecha 06-10-2014 rendida por la ciudadana SURIA MARIA HALIME GUERRA (demás datos a reserva del Ministerio Público) por ante funcionarios adscritos al Eje de Investigaciones de Homicidios Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TÉCNICO N° 9700-073-DC-1144-B-528-14 de fecha 06-10-2014 suscrito por COMISARIO YADIRA MARTINEZ, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas practicada a tres conchas colectadas en el sitio del suceso. ANÁLISIS HEMATOLÓGICO N° 9700-073-M-270 de fecha 15-10-2014 suscrito por YORALYS FERNANDEZ adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL DE FECHA 09-10-2014 suscrita por el funcionario DETECTIVE AGREGADO WISMARK VELÁSQUEZ, adscrito al Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ; LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER Nº 356-1741-474 de fecha 14-10-2014 suscrita por Dra. Elvia Andrade adscrita al Departamento de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. TERCERO: Este tribunal impone al ciudadano imputado DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ,, la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, ahora bien en relación a la solicitud de sitio de reclusión por parte de la defensa publica se decreta sin lugar motivo por el cual se fija como sitio de reclusión la Comisaría de la Asunción de IAPOLENE. CUARTO: Se acuerda continuar el procedimiento por el procedimiento ORDINARIO. Quedan las partes debidamente notificadas de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal. La ciudadana Juez declara concluida la presente audiencia, siendo la 12:00 horas de la tarde, es todo, terminó, se leyó y conformes firman.

Consiguientemente el TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL, fundamentó en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciséis (2016) según Notoriedad Judicial bajo el Sistema de Gestión Judicial Independencia, su decisión en los siguientes términos:
‘..Habiéndose efectuado ante este Tribunal Audiencia de Calificación de Procedimiento, en la que se escuchó la exposición efectuada por el Fiscal Décimo Cuarto Auxiliar del Ministerio Público, la declaración del ciudadano hoy imputado, así como los alegatos efectuados por la Defensa Pública, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, procedió a emitir los pronunciamientos que quedaron debidamente plasmados en la parte dispositiva del acta levantada al efecto, los cuales tuvieron fundamento los siguientes elementos:
PRIMERO: De las actas que han sido consignadas ante este Tribunal, se desprende que efectivamente estamos en presencia de la comisión de un hecho punible, que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, el cual precalifica en este acto la Representante de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público provisionalmente como el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1° del Código Penal Venezolano, quedando con esto lleno el extremo exigido en el articulo 236 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, siendo que se desprende del contenido de las actas, que en fecha 04 de Octubre de 2014 siendo aproximadamente las 09:30 horas de la noche el ciudadano ROONY JOSÉ TOVAR ALFONZO se encontraba en la Calle El Fuerte de Juan Griego Municipio Marcano de este estado, cuando por el lugar pasaban a bordo de una motocicleta los ciudadanos DEVIS ALEXANDER RAMOS GÓMEZ apodado YIYI y PEDRO LUIS TORRES VALERIO, por lo que ROONY JOSÉ TOVAR ALFONZO sale corriendo y se introduce rápidamente en un local comercial ubicado en la misma calle de nombre Restaurante El Bonguero y le dice todo asustado a su primo Rafael quien labora como Barman en el referido local ME VIENE SIGUIENDO LA CULEBRA el sujeto DEVIS ALEXANDER RAMOS GÓMEZ apodado YIYI quien iba como parrillero en la motocicleta descendió de la misma y camino hacia El Restaurante donde desenfunda un arma de fuego y desde afuera del restaurante acciona el arma logrando impactar en la humanidad del ciudadano ROONY JOSÉ TOVAR ALFONZO quien fallece en el acto a consecuencia de las heridas ocasionadas por el paso de proyectiles disparados por el arma de fuego, luego el sujeto DEVIS ALEXANDER RAMOS GÓMEZ apodado YIYI aborda nuevamente la motocicleta donde le hacia espera PEDRO LUIS TORRES VALERIO y ambos huyen del lugar.
En el presente caso, al remitirnos al tipo penal establecido en el numeral 1° del artículo 406 del Código Penal Venezolano, en relación con el numeral 3° del artículo 84 ejusdem, en los que se subsume la acción presuntamente desplegada por el hoy imputado, se puede observar que el haber perpetrado de manera intencional de la muerte de una persona, habiendo sido los motivos para ejecutar dicha acción fútiles, hace que los hechos imputados por el Ministerio Público en la audiencia efectuada, puedan ser encuadrados en la precalificación dada a los hechos, razón por la cual ha considerado este Juzgado procedente confirmarla.
SEGUNDO: Considera esta juzgadora que de las actas se desprende que existen suficientes elementos de convicción para presumir que inicialmente el ciudadano DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ, podría ser participe del delito imputado por el Ministerio Público, convicción que dimana de los siguientes elementos que hacen considerar acreditado el contenido del numeral 2° del artículo 236 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal:1.- ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL DE FECHA 05-10-2014; 2.- INSPECCIÓN TÉCNICA CON FIJACIONES FOTOGRÁFICAS Nº 377 de fecha 04-10-14; 3.- INSPECCIÓN TÉCNICA CON FIJACIONES FOTOGRÁFICAS N° 378 de fecha 04-10- 2014; 4.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 05-10-2014 rendida por el ciudadano RAFAEL (Demás datos a reserva del Ministerio Público) ante funcionarios adscritos al Eje de Investigaciones de Homicidios Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; 5.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 05-10-2014 rendida por la ciudadana DUGLANY MARIA TOVAR ALFONZO por ante funcionarios adscritos al Eje de Investigaciones de Homicidios Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; 6.- ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL DE FECHA 05-10-2014; 7.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 06-10-2014 rendida por el ciudadano FULGENCIO (demás datos a reserva del Ministerio Público) por ante funcionarios adscritos al Eje de Investigaciones de Homicidios Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; 8.-ACTA DE ENTREVISTA de fecha 06-10-2014 rendida por la ciudadana SURIA MARIA HALIME GUERRA (demás datos a reserva del Ministerio Público) por ante funcionarios adscritos al Eje de Investigaciones de Homicidios Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; 9.- EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TÉCNICO Nº 9700-073-DC-1144-B-528-14 de fecha 06-10-2014; 10.- ANÁLISIS HEMATOLÓGICO Nº 9700-073-M-270 de fecha 15-10-2014; 11.- ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL DE FECHA 09-10-2014; 12.- LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER Nº 356-1741-474 de fecha 14-10-2014 suscrita por Dra. Elvia Andrade adscrita al Departamento de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas practicado al cadáver del ciudadano RONNY JOSE TOVAR ALFONZO; 13.- PROTOCOLO DE AUTOPSIA Nº 356-1741-474 de fecha 14-10-2014 suscrito por la Dra. Dalila Cruz Díaz de Marcano adscrita al Departamento de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas practicado al cadáver del ciudadano RONNY JOSÉ TOVAR ALFONZO y donde deja constancia de las heridas que presenta el mismo así como deja constancia que la causa de la muerte fue debido a INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA DEBIDO A SECCIÓN MEDULAR C-3 COMO CONSECUENCIA DE TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR SEVERO POR HERIDAS POR ARMA DE FUEGO; y 14.- ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL DE FECHA 23-10-2014.
TERCERO: Ahora bien, respecto a la medida de coerción que debe dictar este Juzgado a fin de asegurar la comparecencia del hoy imputado a las demás fases del proceso, observa quien suscribe en primer lugar, que el delito atribuido en contra del ciudadano DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZen la audiencia efectuada, es el de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1° del Código Penal Venezolano, encontrándonos ante una presunción razonable de peligro de fuga, tomando en consideración que la pena que pudiera llegar a imponerse es mayor a los 10 años en su límite máximo, siendo que en el caso de marras fue necesario el decreto de una Orden de Aprehensión en contra del hoy imputado, lo cual demuestra a este Tribunal que el mismo no esta dispuesto a someterse al presente proceso, aunado a que en el delito precalificado por el Ministerio Público se observa que la magnitud del daño causado es considerable, ya que la intención del sujeto activo en este tipo de delitos es poner fin a la vida de un ciudadano venezolano, habiéndose puesto en serio peligro el bien jurídico tutelado, cual es la vida, pudiendo el hoy imputado obstaculizar la investigación, influyendo en la víctima y testigos para que declaren falsamente, por lo que en consecuencia se ratifica la Medida PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD dictada en contra del ciudadano DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ, la cual será cumplida en la Comisaría de La Asunción del Instituto Autónomo de Policía del estado Nueva Esparta, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 236, numerales 1°, 2° y 3°, 237 numerales 2, 3° y 4° y artículo 238 numeral 2°, todos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, razones éstas por las que se declara SIN LUGAR la solicitud de la defensa sobre la aplicación de una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad a favor de su representado.
CUARTO: Se acuerda seguir el presente procedimiento por la vía ORDINARIA, toda vez que aun faltan diligencias de investigación que realizar con el objeto de dictar el acto conclusivo que corresponda. ASI SE DECLARA.
DISPOSITIVA
Vistos y analizados los anteriores particulares, ESTE TRIBUNAL ESTADAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 01 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD DE LA LEY, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se acoge la precalificación dada a los hechos por el Ministerio Público, deHOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1° del Código Penal Venezolano, de conformidad con el numeral 1° del artículo 236 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Considera este Tribunal que existen elementos de convicción que hacen presumir que el ciudadano DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ, podría ser autor o participe del hecho atribuido, quedando con esto llenos los extremos exigidos en el articulo 236 numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: Se ratifica la Medida PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD en contra del ciudadano DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ, la cual será cumplida en el Internado Judicial de la Región Insular, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 236, numerales 1°, 2° y 3°, 237 numerales 2, 3° y 4° y artículo 238 numeral 2°, todos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: Se acuerda seguir por la vía del procedimiento ORDINARIO. ASI SE DECIDE
’

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Observa esta Corte de Apelaciones, que la impugnación realizada por la parte recurrente, versa sobre la decisión dictada en el acto de Audiencia Oral de Presentación de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil dieciséis (2016) y fundamentada en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciséis (2016) según Notoriedad Judicial bajo el Sistema de Gestión Judicial Independencia, por el TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL EN FUNCIONES DE CONTROL DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL, mediante la cual decretó MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en los articulo 236 numerales 1°, 2° y 3°, 237 numerales 2°, 3° y 4° y articulo 238 numeral 2° todos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal en contra del referido imputado, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES, previsto y sancionado en el articulo 406 numeral 1° del Código Penal Venezolano, pudiéndose observar que la actividad recursiva es fundamentada en el artículo 439 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece lo siguiente:
Artículo 439. Decisiones Recurribles. Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones:
1.- Omissis…
2.- Omissis…
3.- Omissis…
4.- Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva.
5.- Omissis…
6.- Omissis…
7.- Omissis…”

Se observa que el Tribunal A quo, consideró una serie de circunstancias y en razón a la observación de los elementos aportados por el Ministerio Público, y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, estimo la imputación del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES, previsto y sancionado en el articulo 406 numeral 1° del Código Penal Venezolano, al imputado DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ, toda vez que se evidencia de las actas procesales la participación del mismo en los hechos que le imputa el Ministerio Publico, en razón de que se configuran los elementos establecidos en la norma.

Es por lo que, si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, se encuentran inspirados en principios garantistas propios de un Estado Social Democrático de Derecho, estableciendo principalmente la inviolabilidad del derecho a la libertad, así como el principio de presunción de inocencia, dejando el legislador claramente establecido que la voluntad de la ley es el respeto a la libertad durante el desarrollo del Proceso Penal y no a la restricción de la misma sino única y exclusivamente mediante la sentencia definitivamente firme, excepcionalmente y a los efectos de llevar a cabo también uno de los valores salvaguardados de la Constitución como lo es el de la justicia, se hace necesario la adopción de medidas de coerción personal, todo a los fines de salvaguardar la eficacia del sistema persecutorio penal y evitar la posible sustracción del imputado o acusado de las consecuencias de una eventual decisión de condena.

Aunado a lo anterior, es preciso señalar, en cuanto a la precalificación dada por la representación del Ministerio Público y acogida por el a quo, lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 52, de fecha 22 de febrero de 2005, en ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, que sentó:

‘…tanto la calificación del Ministerio Público como la que da el juez de la causa, en la oportunidad de la celebración de la audiencia de presentación de imputados, es una calificación provisional que luego, mediante la presentación del acto conclusivo por parte del Ministerio Público y su admisión posterior por parte del juez durante la celebración de la audiencia preliminar, adquirirá carácter definitivo…’

Es decir, no puede la jueza A quo, hacer valoraciones como si se tratare de hechos ya enmarcados o determinados, se trata pues, de una ‘precalificación típica’, que ni siquiera existe, en esta fase procesal, de una acrisolada precisión fáctica, pues para ello, es menester la acusación, de ser considerada por la vindicta pública.
Ahora bien, en cuanto a la calificación jurídica dada a los hechos por el Ministerio Público y avalada por la jueza de Control, la a quo dejó establecido que la misma es una precalificación que podrá sufrir mutación en el devenir de la investigación, lo cual es compartido por esta Alzada, toda vez que en razón de la fase en la cual se encuentra el proceso, la calificación atribuida respecto al mencionado delito, constituye una precalificación que como tal tiene una naturaleza eventual, que se ajusta únicamente a darle en términos provisionales, forma típica a la conducta humana desarrollada por los imputados, dado lo inicial e incipiente en que se encuentra el proceso penal al momento de llevarse a cabo la audiencia de presentación.

Se cita, al respecto, Sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 856, de fecha 07.06.2011, que en relación a este punto, señaló lo siguiente:

“…En este sentido, debe destacarse que la calificación jurídica que acogió el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, sobre los hechos que ocasionaron el inicio del proceso penal, no es definitiva. Dicha calificación jurídica, a juicio de esta Sala, corresponde al proceso de adecuación típica que hace el juez penal sobre los hechos que le son sometidos a su conocimiento y ello escapa, en principio, a la tutela del amparo constitucional, y puede ser desvirtuada dentro del proceso penal por la defensa técnica del accionante. De hecho, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 305, además de permitir al imputado solicitar al Ministerio Público, en la fase preparatoria del proceso, que se realicen una serie de diligencias para desvirtuar su responsabilidad penal de los hechos que se investigan, prevé que en la fase del juicio oral y público el acusado puede evacuar, una vez que han sido admitidos en su debida oportunidad aquellos medios de prueba que considere que lo beneficien, para que el Juez penal, a la hora de dictar sentencia definitiva, considere si la calificación jurídica establecida en el escrito de la acusación realmente se corresponde con la verdad. En este sentido, el artículo 350 ejusdem, también consagra la posibilidad de que el Tribunal en la fase intermedia pueda establecer una nueva calificación jurídica, la cual deberá ser advertida al imputado a los fines de que prepare su defensa…”.

De tal manera, que la calificación jurídica acordada en la fase incipiente, específicamente el acto de presentación de detenido, es una “calificación jurídica provisional”, la cual se perfeccionará en la presentación del acto conclusivo que le corresponde acordar al Ministerio Publico, luego de realizar la investigación correspondiente, debiendo el Juez conocedor de la causa, en el acto de audiencia preliminar, determinar si se encuentra ajustada a derecho o no, a los fines de ser admitida, pues, es precisamente en la fase de investigación que circunstancias como las que alega la defensa en el escrito recursivo serán dilucidadas con el devenir del proceso, es decir, luego que el Ministerio Público realice todas las actuaciones que considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, con el fin último de obtener la verdad a través de las vías jurídicas y la aplicación del derecho, por lo que no encontrándose concluida la fase de investigación, la parte recurrente podrá exigir dentro de la investigación fiscal, las diligencias que estime conducentes para establecer lo que favorezca a su defendido.
Dentro de esta perspectiva, es preciso acotar, que nos encontramos en un proceso que está en prima facie, es decir, en la Fase Preparatoria del Proceso Penal, la cual de conformidad con lo establecido en los artículos 262 y 263 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual tiene como objeto primordial, la búsqueda de la verdad; en tal sentido, su labor fundamental está encaminada a establecer y verificar los elementos de convicción, en armonía con lo preceptuado en el artículo 13 de la ley procesal penal, por lo que su alcance, no persigue comprometer la responsabilidad penal del imputado adolescente a ultranza, sino que va más allá de la recolección de los datos, hechos y circunstancias que lo responsabilicen penalmente.

Igualmente la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 701, de fecha 15DIC2008, ponencia de la Magistrada Dra. MIRIAM MORANDY MIJARES, señalo lo siguiente:

“…En la fase investigativa del proceso se recaban los elementos tendientes a confirmar o descartar la sospecha acerca de la comisión de un hecho punible y sus posibles culpables a fin de lograr en definitiva, que el Ministerio Público presente el correspondiente acto conclusivo que bien puede ser para promover el juicio penal (acusación), solicitar su archivo o bien para clausurar la persecución penal (sobreseimiento)…”.

Por lo cual, la precalificación jurídica acogida por el Juez no vulnera la tutela judicial efectiva y el debido proceso, ya que para el momento en que se dictó la decisión objeto de impugnación, se encontraba en la fase preparatoria, pues, precisamente es está la oportunidad en la cual el Representante del Ministerio Público, mediante el desarrollo de la investigación, podrá recabar los elementos suficientes para solicitar el enjuiciamiento o no del imputado y para el establecimiento de la verdad conforme lo preceptúa el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal.

Con base a lo antes mencionado, el auto que decreta una medida de coerción personal, debe analizar y razonar debidamente el cumplimiento efectivo de los requisitos acumulativos establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto tal decisión jurisdiccional versa sobre el más trascendental derecho inherente al ser humano como es la libertad personal, que después del derecho a la vida, constituye el bien jurídico más importante de la humanidad, tal como lo sostiene la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 231 de fecha 10-03-05.-
En cuanto a los requisitos del ordinal 2° del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, “…Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado haya sido autor o partícipe en la comisión del hecho punible…”, denota que la frase utilizada por el Legislador Patrio, al señalar que deben existir “Fundados elementos de convicción”, no debe interpretarse en el sentido estricto de que se exija LA PLENA PRUEBA, pues lo que se busca, es de crear convencimiento sobre lo acontecido, y esto es así, por cuanto, será en el juicio oral y público, en donde se debatirá acerca de la veracidad definitiva de los hechos imputados, y subsecuentemente, se verificará el proceso de valoración probatoria. Se evidencia de la recurrida que existe sólo a los efectos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, una serie de elementos que en criterio de la Vindicta Pública, hacen presumir la participación en el hecho delictivo precedentemente descrito, el cual se encuentra debidamente reproducido en el acta de Audiencia oral de Presentación que hacen procedente el decreto de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, tal como se desprende del particular SEGUNDO, al señalar lo siguiente:
(…)
SEGUNDO: Considera esta juzgadora que de las actas se desprende que existen suficientes elementos de convicción para presumir que inicialmente el ciudadano DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ, podría ser participe del delito imputado por el Ministerio Público, convicción que dimana de los siguientes elementos que hacen considerar acreditado el contenido del numeral 2° del artículo 236 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal:1.- ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL DE FECHA 05-10-2014; 2.- INSPECCIÓN TÉCNICA CON FIJACIONES FOTOGRÁFICAS Nº 377 de fecha 04-10-14; 3.- INSPECCIÓN TÉCNICA CON FIJACIONES FOTOGRÁFICAS N° 378 de fecha 04-10- 2014; 4.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 05-10-2014 rendida por el ciudadano RAFAEL (Demás datos a reserva del Ministerio Público) ante funcionarios adscritos al Eje de Investigaciones de Homicidios Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; 5.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 05-10-2014 rendida por la ciudadana DUGLANY MARIA TOVAR ALFONZO por ante funcionarios adscritos al Eje de Investigaciones de Homicidios Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; 6.- ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL DE FECHA 05-10-2014; 7.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 06-10-2014 rendida por el ciudadano FULGENCIO (demás datos a reserva del Ministerio Público) por ante funcionarios adscritos al Eje de Investigaciones de Homicidios Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; 8.-ACTA DE ENTREVISTA de fecha 06-10-2014 rendida por la ciudadana SURIA MARIA HALIME GUERRA (demás datos a reserva del Ministerio Público) por ante funcionarios adscritos al Eje de Investigaciones de Homicidios Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; 9.- EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TÉCNICO Nº 9700-073-DC-1144-B-528-14 de fecha 06-10-2014; 10.- ANÁLISIS HEMATOLÓGICO Nº 9700-073-M-270 de fecha 15-10-2014; 11.- ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL DE FECHA 09-10-2014; 12.- LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER Nº 356-1741-474 de fecha 14-10-2014 suscrita por Dra. Elvia Andrade adscrita al Departamento de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas practicado al cadáver del ciudadano RONNY JOSE TOVAR ALFONZO; 13.- PROTOCOLO DE AUTOPSIA Nº 356-1741-474 de fecha 14-10-2014 suscrito por la Dra. Dalila Cruz Díaz de Marcano adscrita al Departamento de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas practicado al cadáver del ciudadano RONNY JOSÉ TOVAR ALFONZO y donde deja constancia de las heridas que presenta el mismo así como deja constancia que la causa de la muerte fue debido a INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA DEBIDO A SECCIÓN MEDULAR C-3 COMO CONSECUENCIA DE TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR SEVERO POR HERIDAS POR ARMA DE FUEGO; y 14.- ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL DE FECHA 23-10-2014 …”

Resulta pertinente recalcar que, los indicios apreciados por un juzgador en fase de control, constituyen la teoría de la Mínima Actividad Probatoria, regente primordialmente en esta fase del proceso, donde en tanto de definirse el curso del proceso penal, lo que se está es al inicio del mismo, en el que dos o más presunciones contra el imputado, infiere la posibilidad cierta de que el mismo ha sido presuntamente partícipe en los hechos punibles sindicado; siendo que en ésta etapa primigenia del proceso, la fase de investigación está incipiente, y sólo se cuenta con presupuestos mínimos que hagan presumir la comisión del delito, de modo tal, de conducir a su posible partícipe al órgano jurisdiccional a los efectos correspondientes. Así, en el caso concreto se ha llevado efecto sólo la Audiencia de Presentación de Imputado, donde el acervo probatorio no está del todo definido, motivo por el cual los elementos de convicción apreciados por un juzgador en primera instancia en función de control; en éste tramo del proceso (Fase Preparatoria), son indicios considerados de trascendental importancia para conducir a los posibles autores ante el órgano jurisdiccional, pues arrojan presunciones respecto a la comisión del delito y su respectiva calificación provisional, la cual como se expresare, podría ser desvirtuada en el devenir del proceso judicial.

Se colige entonces, que en el presente asunto penal, el decreto de la MEDIDA DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD, impuesta al ciudadano DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ, en atención al ordinal 3°, el Tribunal A quo, señalo entre otras cosas, lo siguiente:

(…)TERCERO: Ahora bien, respecto a la medida de coerción que debe dictar este Juzgado a fin de asegurar la comparecencia del hoy imputado a las demás fases del proceso, observa quien suscribe en primer lugar, que el delito atribuido en contra del ciudadano DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ en la audiencia efectuada, es el de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1° del Código Penal Venezolano, encontrándonos ante una presunción razonable de peligro de fuga, tomando en consideración que la pena que pudiera llegar a imponerse es mayor a los 10 años en su límite máximo, siendo que en el caso de marras fue necesario el decreto de una Orden de Aprehensión en contra del hoy imputado, lo cual demuestra a este Tribunal que el mismo no esta dispuesto a someterse al presente proceso, aunado a que en el delito precalificado por el Ministerio Público se observa que la magnitud del daño causado es considerable, ya que la intención del sujeto activo en este tipo de delitos es poner fin a la vida de un ciudadano venezolano, habiéndose puesto en serio peligro el bien jurídico tutelado, cual es la vida, pudiendo el hoy imputado obstaculizar la investigación, influyendo en la víctima y testigos para que declaren falsamente, por lo que en consecuencia se ratifica la Medida PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD dictada en contra del ciudadano DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ, la cual será cumplida en la Comisaría de La Asunción del Instituto Autónomo de Policía del estado Nueva Esparta, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 236, numerales 1°, 2° y 3°, 237 numerales 2, 3° y 4° y artículo 238 numeral 2°, todos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, razones éstas por las que se declara SIN LUGAR la solicitud de la defensa sobre la aplicación de una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad a favor de su representado. …”

Los jueces de Instancia deben ponderar las condiciones, al momento de dictar medida privativa de libertad, puesto que por una parte, el encarcelamiento preventivo es indiscutiblemente cautelar para, en caso justificado, garantizar la comparecencia del imputado o acusado a los actos del proceso siendo igualmente las medidas privativas de libertad, providencias de carácter excepcional, que se apartan de la regla general la cual es el juicio en libertad y como corolario de ello, al efectuar el estudio del peligro de fuga o de obstaculización del proceso, deben privar sobre los límites de la pena, los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad atendiendo al principio de presunción de inocencia y las posibilidades de que el proceso se realice en presencia del justiciable.

Denota esta Alzada, la coexistencia de la circunstancia que dispone, la existencia del PELIGRO DE FUGA, en virtud de ser uno de los Principios Generales que rigen las Medidas Asegurativas Provisionales, substancialmente, las que contraen la Privación Judicial Preventiva de Libertad. Por otra parte, instituye el presupuesto sobre el Peligro de Fuga; el Legislador Patrio, consideró necesario la implementación o práctica de la medida cautelar privativa de libertad, cuando exista el supuesto procesal acerca del PELIGRO DE FUGA por parte de los imputados y pueda en consecuencia, quedar ilusorio el poder punitivo del Estado.

De igual manera, se trae a colación lo preceptuado en el artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece el Peligro de obstaculización, pues los imputados de auto podría influir en el ánimo de los testigos o expertos, a los fines de que éstos testifiquen falsamente, como también, existe una presunción razonable, que pueda inducir a otras personas a realizar los comportamientos anteriormente señalados.

Aunado a lo anteriormente explanado, se debe tener presente que la única finalidad de la detención es “asegurar que el imputado estará a disposición del Juez para ser juzgado”, esto es, que en ningún caso el fin de la detención preventiva puede ser asegurar el cumplimiento de la pena, sino el fin procesal de asegurar la comparecencia de los imputados cada vez que fuere requerido.

Ahora bien, se observa, que dicha medida, esta razonada y fundamentada, al señalar las circunstancias y justificación material que llevaron a la Jueza de Primera Instancia a dictar la medida cuestionada, cumpliendo con lo establecido en el articulo 232 del Código Orgánico Procesal Penal, no siendo procedente en criterio de este Órgano Colegiado la aplicación de Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad al imputado.

En tal sentido, la posición que adoptan diversos tratadistas patrios sobre el particular, especialmente, el Jurista Venezolano ALBERTO ARTEAGA SÁNCHEZ, en su obra “La Libertad y sus Restricciones en el Código Orgánico Procesal Penal”, cuando expresa lo siguiente:

“... tratándose de criterios que orientan la privación de libertad del imputado, los mismos deberán interpretarse restrictivamente, y en consecuencia, esa sospecha sobre las posibles acciones dirigidas a obstaculizar la averiguación de la verdad deben asentarse en circunstancias objetivas, relativas al delito que se averigua y sus implicaciones (gravedad del hecho punible y expresiones concretas de su comisión) y circunstancias subjetivas (modus operandi y comportamiento del imputado desde el inicio de la investigación)...” (p. 40).

Cabe destacar que si bien el derecho fundamental a la libertad personal es la regla general, es el caso que el propio texto constitucional permite que el mismo pueda verse limitado en ciertos supuestos excepcionales, como lo son los establecidos taxativamente en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El legislador patrio ha consagrado el principio de afirmación de libertad en el texto del artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, el hecho de que la medida de coerción personal antes mencionada posea en principio un contenido material que coincide con el de las penas privativas de libertad, no implica que ella persiga el mismo fin de tales sanciones, es decir, no puede concebirse como una pena anticipada, toda vez que la misma recae sobre ciudadanos que se ven amparados por el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 49.2 Constitucional y en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, cristalizándose así el principio indubio pro libertate.

Sin embargo en ninguno de los casos decretar una medida de coerción, significa una sanción anticipada, ya que en nuestro proceso penal, se encuentra establecido el juicio previo y la presunción de inocencia, como garantías fundamentales de todo justiciable.

En atención a lo antes señalado y de la decisión que hoy se recurre, es menester extraer parte de lo sostenido por el máximo Tribunal de la nación, en Sentencia de la Sala Penal, de fecha 09 de Agosto de 2011 y con ponencia de la Magistrada DRA. NINOSKA QUEIPO BRICEÑO, señalo:

“…La imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios…”

En revalidación a lo antes señalado, estima esta Alzada, pertinente transcribir un extracto de la decisión de fecha siete (07) de marzo del año dos mil trece (2013), dictada por la SALA DE CASACIÓN PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, CON PONENCIA DEL MAGISTRADO DR. HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, que es del tenor siguiente:

“…Es así como la medida de privación judicial preventiva de libertad crea cierta tensión entre el derecho a la libertad personal y la necesidad irrenunciable de una persecución penal efectiva, por lo que la misma debe atender a la consecución de unos fines constitucionales legítimos y congruentes con su naturaleza, como lo serían la sustracción del indiciado a la acción de la justicia, la obstrucción de la justicia penal y la reiteración delictiva. Considerándose la privación judicial preventiva de libertad como una medida que esencialmente se justifica por la necesidad de asegurar el proceso, específicamente, garantizar sus resultados y la estabilidad de su tramitación. (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 2046 del 5-11-2007)…

Sin embargo, a los fines de velar por la salvaguarda del derecho fundamental a la libertad personal, la privación judicial preventiva de libertad debe ser dictada con todas las garantías, de manera razonada y sometida al control de las cortes de apelaciones, a través del recurso de apelación, siendo que éstas deberán revisar si la medida resultó o no inadecuada o desproporcionada.
…
El Juzgado Décimo Estadal de Control, a los efectos de decretar la medida privativa preventiva de libertad solicitada por el Ministerio Público en contra de los ciudadanos JOSÉ CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SUÁREZ, JARINEY CAROLINA DÍAZ COBO, LISBETH MARGARITA PAZ ÁVILA, LUIS JESÚS ANTUNEZ PERDOMO, CARLOS JAVIER BELTRAN FERNÁNDEZ, LISBETH COROMOTO OQUENDO GERARDO y JOSÉ MARCELINO ÁVILA MARCANO, apreció los diferentes elementos de convicción presentados por los fiscales encargados de la investigación, los cuales le permitieron considerar que los imputados han participado de alguna manera en los delitos atribuidos por el Ministerio Público, encontrando, además, llenos los extremos legales exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y que no se encuentre evidentemente prescrito; la probabilidad de que los imputados puedan tratar de escapar de la acción penal de la justicia o tratar de entorpecer la investigación, para lo cual atendió a la gravedad del delito imputado, a la personalidad y antecedentes de éstos, arraigo, entre otros y analizó el peligro de fuga teniendo en cuenta la pena a imponer en un posible juicio oral y público.
…
Vale destacar que la imposición de medidas de coerción personal durante la sustanciación de la causa, no tiene la naturaleza ni la finalidad de una pena, sino que garantizan excepcionalmente los fines del proceso, evitando la fuga del imputado y posibilitando la eventual aplicación concreta del Derecho Penal, siendo su naturaleza meramente cautelar, no violentándose con ello la garantía constitucional de la presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano señalado como imputado en un proceso penal …”

En este orden de ideas, la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, no puede ser entendida como una sanción o castigo anticipado, sino más bien como una excepcional limitación a la garantía fundamental del juicio en libertad, necesaria para el aseguramiento de que se cumplan las finalidades del proceso, tal como lo preceptúa el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

“Artículo 13. “Finalidad del Proceso. El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el Juez al adoptar su decisión.”

Igualmente considera necesario esta Alzada, citar el contenido del artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual reza:

“Articulo 8. Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”.

En atención a lo preceptuado en el artículo anterior, y en relación al caso objeto de estudio, es necesario citar lo que estableció el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 399, de la Sala de Casación Penal accidental, de fecha 26/10/12, expediente: A10-296, Magistrado Ponente DRA. YANINA BEATRIZ KARABIN DE DIAZ, el cual estableció:
…Así tenemos que en nuestro país, la presunción de inocencia no impide la consagración Constitucional y legal de las medidas de privación o limitación de libertad durante el proceso penal, anteriores a una condena firme que impone una pena, sino por el contrario contribuye con que el tratamiento de las mismas sea excepcional. Vale decir, la imposición de medidas de coerción personal durante la sustanciación de la causa, no tiene la naturaleza ni la finalidad de una pena, sino que garantizan excepcionalmente los fines del proceso: evitando la fuga del imputado y posibilitando la eventual aplicación concreta del Derecho Penal, siendo su naturaleza meramente cautelar; y no con ello se violentaría la garantía Constitucional de la cual goza todo ciudadano señalado como imputado en un proceso penal…”

En tal sentido, podemos determinar que en la fase investigativa del proceso penal vigente, el Juez de Primera Instancia en funciones de Control, en uso de las atribuciones que le confiere el articulado en cuestión, puede dictar o no cualquier Medida de Coerción Personal tomando en consideración los elementos que a su juicio aporten tanto las autoridades de Policía de Investigaciones como el Ministerio Público, elementos éstos, los cuales le permitirán presumir con fundamento y de manera provisional que el imputado ha sido el participe o no del hecho calificado como delito. De igual manera, llegada la fase intermedia del proceso, éste deberá ponderar las circunstancias de oficio o a solicitud de parte, sobre el mantenimiento de la medida de aseguramiento provisional decretado con anterioridad a dicha fase procesal, siempre y cuando no hayan variado las circunstancias de modo tiempo y lugar que dieron lugar a la misma.

Es así como el decreto de la Medida DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en el articulo 236 numerales 1°, 2° y 3°, 237 numerales 2°, 3° y 4° y articulo 238 numeral 2° todos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, impuesta al ciudadano DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ, crea cierta tensión entre el derecho a la libertad personal y la necesidad irrenunciable de una persecución penal efectiva, por lo que la misma debe atender a la consecución de unos fines constitucionales legítimos y congruentes con su naturaleza, como lo serían la sustracción del indiciado a la acción de la justicia, la obstrucción de la justicia penal y la reiteración delictiva. Considerándose la privación judicial preventiva de libertad como una medida que esencialmente se justifica por la necesidad de asegurar el proceso, específicamente, garantizar sus resultados y la estabilidad de su tramitación. (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 2046 del 5-11-2007).

En fin, verifica esta Alzada que el tribunal de mérito estableció la presunta comisión del hecho que estimó acorde a la situación fáctica puesta a su conocimiento, en el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES, previsto y sancionado en el articulo 406 numeral 1° del Código Penal Venezolano; valga decir, la existencia del hecho delictivo, no prescrito, considerando los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público, es decir, fundados elementos de convicción para estimar bajo presunción razonable, la participación del ciudadano DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 24.598.589, en el hecho y la existencia del peligro de fuga o de obstaculización de la investigación, quedando acreditado lo exigido en los numerales 1, 2 y 3 del dispositivo 236, 237 numerales 2°, 3° y 4° y artículo 238 numeral 2° de la Norma Adjetiva Penal, estando la misma en cumplimiento a lo ante referido. ASI SE DECIDE.-

Así las cosas y frente a las anteriores consideraciones legales, estima esta Alzada, que lo procedente y ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la recurrente Abogada MARIA DE LOS ANGELES TOMEDES, Defensora Pública Primera Penal, adscrita a la Unidad de Defensa Pública de esta Circunscripción Judicial, en su carácter de Defensora del ciudadano DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 24.598.589, en contra de la decisión dictada en Audiencia de Presentación de Aprehendido y Calificación de Flagrancia de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil dieciséis (2016) y fundamentada en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciséis (2016) según Notoriedad Judicial bajo el Sistema de Gestión Judicial Independencia, por el TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL EN FUNCIONES DE CONTROL DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL, de conformidad con el artículo 439 numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, se CONFIRMA la decisión dictada por el TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL ESTADO BOLIVARIANO NUEVA ESPARTA, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil dieciséis (2016) y fundamentada en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciséis (2016) según Notoriedad Judicial bajo el Sistema de Gestión Judicial Independencia, mediante la cual decretó MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en el articulo 236 numerales 1°, 2° y 3°, 237 numerales 2°, 3° y 4° y articulo 238 numeral 2° todos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal en contra del referido imputado, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES, previsto y sancionado en el articulo 406 numeral 1° del Código Penal Venezolano; en cuanto a la denuncia presentada por la recurrente que fue objeto del conocimiento, análisis y decisión por parte de esta instancia Superior. ASÍ SE DECIDE.-
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la recurrente Abogada MARIA DE LOS ANGELES TOMEDES, Defensora Pública Primera Penal, adscrita a la Unidad de Defensa Pública de esta Circunscripción Judicial, en su carácter de Defensora del ciudadano DEIVIS ALEXANDER RAMOS GOMEZ, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 24.598.589, en contra de la decisión dictada en Audiencia de Presentación de Aprehendido y Calificación de Flagrancia de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil dieciséis (2016) y fundamentada en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciséis (2016) según Notoriedad Judicial bajo el Sistema de Gestión Judicial Independencia, por el TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL EN FUNCIONES DE CONTROL DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL, de conformidad con el artículo 439 numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO: se CONFIRMA la decisión dictada por el TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL EN FUNCIONES DE CONTROL DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil dieciséis (2016) y fundamentada en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciséis (2016) según Notoriedad Judicial bajo el Sistema de Gestión Judicial Independencia, mediante la cual decretó MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en el articulo236 numerales 1°, 2° y 3°, 237 numerales 2°, 3° y 4° y articulo 238 numeral 2° todos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal en contra del referido imputado; en cuanto a la denuncia presentada por la recurrente que fue objeto del conocimiento, análisis y decisión por parte de esta instancia Superior. TERCERO: Se ordena al Tribunal de la causa notificar a las partes de la presente decisión.
Publíquese, regístrese, déjese copia de la presente decisión y remítanse las presentes actuaciones al Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de esta Circunscripción Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Corte de Apelaciones Ordinaria y de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Nueva Esparta, a los quince (15) días del mes de Junio del año dos mil dieciséis (2016). Años 205º de la Independencia y 155º de la Federación.
JUECES INTEGRANTES DE LA CORTE DE APELACIONES

DR. JAIBER ALBERTO NUÑEZ
JUEZ PRESIDENTE

DRA ALEJANDRA D’EMILIO SARDI DRA. MARÍA CAROLINA ZAMBRANO
JUEZA INTEGRANTE (PONENTE) JUEZA INTEGRANTE

SECRETARIA
ABG. NUBIA LORENA GUZMAN
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo que antecede.
SECRETARIA
ABG, NUBIA LORENA GUZMAN
Asunto Nº OP04-R-2016-000131
JAN/ADES/MCZ/NLG/evmm.-