TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia

Maracaibo, Miércoles Quince (15) de Junio de Dos Mil Dieciséis.

205º y 156º

SENTENCIA DEFINITIVA

ASUNTO: VP01-L-2016- 000445

PARTE ACTORA: MAYRA ISABEL LAGOS CASTILLO Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 9.461.375, domiciliada en el Municipio Autónomo Maracaibo, del Estado Zulia.

APODERADO JUDICIALE: ABOGADO CARLOS GUSTAVO RIOS VILLAMIZAR Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 12.515.029; e Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 81.616; domiciliado en esta Ciudad de Maracaibo, Estado Zulia.

PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL FARMA PUEBLO INTERNACIONAL. Ubicada en el Sector Tierra Negra, calle 76, entre avenidas 12 y 13 casa N° 12-7 Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

APODERADO JUDICIAL: SIN REPRESENTACIÓN JUDICIAL.

MOTIVO: DIFERNCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

NARRACIÓN DE LOS HECHOS.

ANTECEDENTES PROCESALES

Se dio inicio a la presente reclamación mediante libelo de demandada acompañada de instrumento poder, incoada por la Ciudadana MAYRA ISABEL LAGOS CASTILLO con la asistencia de su APODERADO JUDICIAL ABOGADO CARLOS GUSTAVO RIOS VALLAMIZAR en fecha Once (11) de Abril de Dos Mil Dieciséis; ambos debidamente identificados en actas; alega la referida Ciudadana, con la asistencia dicha que fue contratada en fecha Díez (10) Febrero de Dos Mil Once para prestar su servicios como REGENTE para la empresa mercantil FARMA PUEBLO INTERNACIONAL, C.A.; realizando labores de responsabilidad de la legitimidad, pureza y conservación de productos farmacológicos; control de libros obligatorios de Sustancias Estupefacientes, Psicotrópicos y recetarios; entre otras funciones, todo; en un horario de trabajo comprendido de 8:00am a 3:00pm, de Lunes a Viernes en forma exclusiva y bajo dependencia y subordinación de los Ciudadanos ILEANA PÍRELA DE PAZ Y LUIS RUBIO FEREIRA quienes fungen como representantes del patrono de la referida empresa mercantil; devengando como último salario básico mensual la cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLIVARES (Bs. 9.649); y diario la cantidad de TRESCIENTOS VEINTIÚN BOLIVARES CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs.321,63CTS), y como salario integral diario la cantidad CUATROSCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLIVARES CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (Bs.434,19CTS); hasta el día Tres (3) de Diciembre de Dos Mil Quince (2.015) fecha en la que se dio por finalizada la relación de trabajo por RENUNCIA VOLUNTARIA; es decir, que laboró por espacio de Cuatro (4) años Nueve (9) meses y Veinticuatro (24) días; todo en un horario normal; es decir que trabajaba Ocho (8) hora diarias consecutiva, siempre a disposición de su patrono, y que a cambio de dichas labores percibió como último salario diario básico como se dijo antes la cantidad de TRESCIENTOS VEINTIÚN BOLIVARES CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs.321,63CTS); y como salario diario integral diario la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLIVARES CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (Bs.434,19CTS) de acuerdo a lo pactado por ambas partes; mas todos los beneficios económicos y sociales derivados de la ley del trabajo; y como no le han cancelado la diferencia de sus prestaciones sociales que por derecho le corresponde a consecuencia de la terminación de la relación de trabajo, acudió a esta Jurisdicción para que conmine a la referida demandada al pago de las cantidades de dinero que por diferencia de conceptos laborales se hizo acreedor a través del pronunciamiento judicial materializado en la sentencia.
Recibida como fue mediante auto, la demanda de prestaciones sociales incoada por dicha Ciudadana, la misma fue previamente revisada y ante el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el Ciudadano Juez encargado de la sustanciación de la causa considero la procedencia de ADMITIR la demanda propuesta tal como se hizo mediante, ordenándose las notificaciones debida a manera de informar a la accionada de la reclamación en su contra y darle cumplimiento de esa forma al derecho a la defensa, a fin de evitar reposiciones inútiles.

Cumplidos y verificados como han sido todos los actos de sustanciación y la debida notificación, se procedió a dar inicio al acto de la Audiencia preliminar con la asistencia de la parte actora y su apoderada judicial; más no así la parte demandada, procediéndose mediante acta de fecha Lunes Seis (6) de Junio del presente mes y año a dejar constancia de su incomparecencia ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno; al acto de instalación de la audiencia preliminar que se encontraba fijada para esa fecha en hora de las Díez y Treinta minutos de la mañana (10:30am), dejándose Constancia de lo actuado a través de la correspondiente acta, y en ese estado, este Tribunal de Instancia en Fase de Mediación, vista las múltiples audiencia que tenia fijada para ese día, de conformidad con el artículo 159 de La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en acatamiento a los criterios jurisprudenciales preestablecidos, se acogió al lapso de cinco (05) días hábiles siguientes, para la publicación definitiva del fallo, tal y como se procede en este acto con la revisión de todos, y cada uno de los actos procesales de sustanciación, el cual en criterio y apreciación de quien sentencia, se cumplieron conforme a los requerimientos de ley. En consecuencia de ello, y en tiempo oportuno para el pronunciamiento de dicho dispositivo, este Tribunal, una vez verificada la legalidad de la acción y los conceptos laborales que reclama la parte actora, de acuerdo al ordenamiento jurídico legal declara con lugar la acción intentada, y con ello la aplicación de los efectos absolutos de la CONFESIÓN FICTA de acuerdo al artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que para la procedencia de cada uno de ellos, este Juzgador con base al principio iura novit curia analiza con absoluta independencia los hechos narrados por el actor en el libelo de demanda, pudiéndose apartar de los mismos y adaptarlos a la verdadera interpretación de la norma aplicada

MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Se desprende de las actas procesales que conforman la presente causa, el hecho fáctico de la incomparecencia de la demandada, a la oportunidad fijada para la celebración de la correspondiente Audiencia Preliminar; por lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), se presumirá la Admisión de los Hechos alegados por la demandante en su libelo de demanda, que a su vez contiene su pretensión, es decir lo que reclama, en cuanto no sea contraria a derecho la petición de la actora, en cuyo caso, y tal como lo ha dejado establecido la Sala de Casación Social de nuestro máximo Tribunal de la República (TSJ), en sentencia No. 115, de fecha 11 de febrero de 2004, (Caso Arnoldo Salazar Otamendi, contra Publicidad Vepaco C.A.,), si la incomparecencia del demandado surge en el llamado primigenio para la audiencia preliminar, la Admisión de los Hechos por efecto de dicha incomparecencia, revestirá carácter absoluto, por lo tanto no desvirtuable por prueba en contrario (presunción juris et de jure), es decir, la potestad del contumaz, no representará la posibilidad de desvirtuar la confesión de admisión por prueba en contrario, si no la de enervar la acción por no estar amparada por la ley o la de enervar la pretensión del actor bajo la afirmación de que esta es contraria a derecho; de manera que, una vez examinado el libelo de demanda, encontrando que la pretensión deducida es procedente, habiéndose acogido este Juzgado al término de cinco (05) días hábiles, previstos en el artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y encontrándonos dentro de dicho término, procede este Tribunal, a pronunciar el fallo completo, en los siguientes términos:

Así las cosas, encontramos en actas, como se manifestó con anterioridad, el hecho fáctico de constar, que en la oportunidad respectiva de celebrarse la Audiencia Preliminar, el Tribunal dejó expresa constancia de la incomparecencia de la parte demandada al llamado primigenio para la mencionada celebración de la Audiencia Preliminar consecuente, fijada para las Díez y Treinta minutos de la mañana (10:30 (a.m).

Conforme a lo expuesto, en estricta aplicación del precepto legal contenido en el mencionado artículo 131 de la Ley Adjetiva Laboral, dada la incomparecencia de la parte demandada, al llamado primigenio para la celebración de la tan referida Audiencia Preliminar, han quedado en consecuencia admitidos los hechos, relativos a la existencia de la relación de trabajo, su fecha de inicio y finalización de la prestación del servicio personal, directo y subordinado, el monto del último salario básico e integrar que devengó el demandante, así como también el despido de que fue objeto situación esta, que aprecio este Juzgador, al momento de la comparecencia del accionante, a la instalación de la Audiencia Preliminar, siendo evidenciadas las consecuencias de la incomparecencia, de acuerdo a los hechos afirmados en el libelo de demanda interpuesta ante el Órgano Jurisdiccional, como mecanismo de activación de la función jurisdiccional, de administrar justicia.

Ahora bien, estima este Juzgador pertinente también señalar, que en relación a la Audiencia Preliminar, el artículo 129 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), regula prima facie, el deber del demandado de asistir a la misma, so pena de incurrir, conforme a lo dispuesto en el artículo 131 eiusdem, en Admisión de los Hechos antes planteada. En ese sentido, el mandato inserto en tal pauta normativa, ilustra a este Órgano Jurisdiccional, para evaluar la presunción de admisión allí contenida con un carácter absoluto y, por tanto, no desvirtuable por prueba en contrario como precedentemente quedo establecido. De allí que el propio sistema procesal confine la prueba en contrario a los fines de desvirtuar la confesión de admisión de los hechos, toda vez que el demandado, con su contumacia, vulnera el principio preclusivo de los actos procesales, ello al no presentar tempestivamente los medios probatorios pertinentes para acreditar sus respectivas afirmaciones de hecho (apertura de la Audiencia Preliminar, artículo 73 de la LOPT) o en todo caso, para ofrecer la contraprueba de los hechos alegados por el actor. De tal manera se observa que el artículo 120 de la señalada Ley Adjetiva del Trabajo, prescribe ex lege, cuando una conclusión se presume con carácter relativo, no enmarcándose el citado artículo 131 eiusdem en la esfera de tales presunciones.

Sin embargo, aún cuando se pueda afirmar que la presunción de admisión de los hechos tan comentada reviste carácter absoluto, tal admisión opera esencialmente sobre los hechos ponderados por el demandante en su demanda y no con relación a la legalidad de la acción o del petitum (rectuis: pretensión); por lo que la jurisprudencia patria ha sostenido que en los casos de admisión de los hechos, el juez, en aplicación del principio iura novit curia, debe decidir, con absoluta independencia de los hechos libelados.

Ciertamente la ilegalidad de la acción supone que la misma se encuentra prohibida por la ley, no tutelada por el ordenamiento jurídico, mientras que la segunda proposición (contrariedad de la acción con el derecho), se orienta a la desestimación de la demanda por no atribuir la ley a los hechos alegados, la consecuencia jurídica peticionada, todo con prescindencia a la virtualidad de los mismos, bien sea por haber sido formalmente probados o por refutarse como admitidos por ley (presunción), lo que no exime el deber del juez de verificar el carácter tuitivo del derecho reclamado, indemnizaciones producto de la relación de trabajo, con el objeto de aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos respecto al petitum y así atribuir a los hechos admitidos la correspondiente consecuencia jurídica.
Por tal razón, del estudio de las actas procesales se constata, y así queda plenamente establecido, en virtud de la Admisión de los Hechos con efectos absolutos, que se procede en consecuencia a condenar a la demandada de auto en el presente juicio, a cancelarle a la Ciudadana MAYRA ISABEL LAGOS CASTILLO quien es Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.461.375, al pago de las cantidades de dinero que resulten en razón de los conceptos reclamados a causa de las DIFERENCIAS DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS que se le quedó a deber, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que analizados como han sido conforme a la verdadera interpretación de dicha norma y en base al tiempo de trabajo prestado, los mismos se encuentra ajustado a derecho y en consecuencia su procedencia en cuanto a los días reclamados, de la siguiente forma: PRIMERO: La cantidad de DOSMIL CIEN BOLIVARES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs.2.100,96CTS) por concepto de diferencia de ANTIGUEDAD, conforme al artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y Trabajadoras correspondiente al período laborado desde el 10-2 - 2.011 al 03-11-2.015; cantidad esta que se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora. Así se decide. SEGUNDO: La cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES BOLIVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs.10.633, 50CTS) por concepto de diferencia de UTILIDADES, conforme al artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y Trabajadoras correspondiente al período laborado desde el 10-2 - 2.011 al 03-11-2.015; cantidad esta que se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora. Así se decide. TERCERO: La cantidad de CUATRO MIL VEINTE BOLIVARES CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs.4.020,37CTS) por concepto de diferencia de UTILIDADES FRACCIONADAS, conforme al artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y Trabajadoras correspondiente al período laborado desde el 10-2 - 2.011 al 03-11-2.015; cantidad esta que se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora. Así se decide CUARTO: MIL DOSCIENTOS DOCE (1.212) días posconcepto de BONO DE ALIMENTACIÓN conforma a la Ley que regula el Bono de Alimentación o Cesta ticket, a razón del UNO COMA CINCO por ciento de la unidad tributaria actual, que multiplicados hacen un total de TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLIVARES (Bs.321.786), cantidad esta que se condena la parte demandada a pagar a la parte actora. Así se decide. Todos los conceptos antes indicados y condenados, totalizan la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA BOLIVARES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 338.540,33CTS), cantidad esta que se condena a la parte demandada Sociedad Mercantil FARMAPUEBLO INTERNACIONAL, C.A. antes identificada, a pagar a la parte actora Ciudadana MAYRA ISABEL LAGOS CASTILLO, igualmente identificada; así mismo, se ordena la corrección monetaria de las cantidades condenadas a pagar la cual deberá practicarse teniendo como base los índices inflacionarios acaecidos en el país, desde de la fecha de ejecución forzosa de la sentencia, en el caso de que no se diere el cumplimiento voluntario, tal y como lo establece el artículo 180 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, todo lo cual deberá determinarse mediante experticia complementaría del fallo, la cual se ordena realizar a través de un experto contable, tomando en cuenta para la determinación de los intereses moratorios lo dispuesto en el literal “b” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo; igualmente se condena a la parte demandada por haber sido declarado totalmente con lugar el presente fallo. PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISIÓN. DEJESE COPIA CERTIFICADA POR SECRETARIA.
DISPOSITIVO
En fuerza a los argumentos de hecho y de derecho anteriormente fundamentados en la parte motiva de la presente decisión, este JUZGADO DECIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR, la demanda POR DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES que incoará la Ciudadana MAYRA ISABEL LAGOS CASTILLO con la asistencia de dicha, en contra de la Sociedad Mercantil FARMAPUEBLO INTERNACIONAL, C.A. ambas partes suficientemente identificadas en actas.

SEGUNDO: Se condena a la parte demandada Sociedad Mercantil FARMAPUEBLO INTERNACIONAL a pagar a la parte demandante, la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA BOLIVARES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 338.540,33CTS).

TERCERO: Se acuerda la corrección monetaria, según lo establecido en la parte motiva del presente fallo.

CUARTO: Se condena en costas, dado el carácter total de la demanda, tal y como quedo establecido en la parte motiva de la presente decisión. PUBLIQUESE Y REGISTRESE.

Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De la misma forma se ordena la publicación de la presente sentencia en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Regiones Zulia htt://zulia.tsj.gov.ve/. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL NUEVO REGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los Quince (15) días del mes de Junio del año Dos Mil Dieciséis (2.016).- Año: 205 ° de la Independencia y 156° de la Federación.-
EL JUEZ

ABOG. ALFREDO GARCÍA LÓPEZ
LA SECRETARIA.

ABOGA. ANA MIREYA PÉREZ

En la misma fecha siendo la Una y Treinta minutos de la tarde (1:30pm) se publico el anterior fallo.
LA SECRETARIA,

ABOGA. ANA MIREYA PÉREZ