REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ESTADO ZULIA.
EXPEDIENTE: No. 13.042.
DEMANDANTE: YOLANDA MARGARITA CAÑIZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 2.271.388, domiciliada en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia
DEMANDADO: BELKIS DEL CARMEN UZCATEGUI COLINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.505.533, domiciliada en esta ciudad y municipio Maracaibo del Estado Zulia.
JUICIO: Desalojo y cobro de bolívares.
MOTIVO: Inhibición.
SENTENCIA: Interlocutoria.
FECHA DE ENTRADA: 18 de julio de 2016.
Producto de la distribución de Ley, correspondió conocer a este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA de la INHIBICIÓN planteada por la abog. AURIVETH MELÉNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 13.575.438, y domiciliada en la ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, en su condición de Jueza del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, quien conocía del juicio que por DESALOJO Y COBRO DE BOLÍVARES sigue la ciudadana YOLANDA MARGARITA CAÑIZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 2.271.388, domiciliada en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, contra la ciudadana BELKIS DEL CARMEN UZCATEGUI COLINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.505.533, domiciliada en esta ciudad y municipio Maracaibo del Estado Zulia.
Recibidas las actuaciones correspondientes, pasa esta Superioridad a decidir sobre la inhibición propuesta, en los términos siguientes:
PRIMERO
DE LA COMPETENCIA
Este Tribunal JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, resulta competente para conocer de la decisión de la presente inhibición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concordancia con el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, por ser éste el Tribunal de Alzada competente al Tribunal Undécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, ello en concordancia con lo establecido en la Resolución Nº 2009-0006 proferida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.152, de fecha 2 de abril de 2009, y decisión emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 10 de marzo de 2010, bajo ponencia de la Magistrada Dra. Yris Armenia Peña Espinoza, expediente Nº 09000676. Y ASÍ SE DECLARA.
SEGUNDO
DE LA INHIBICIÓN
Del análisis de todas las actuaciones que conforman la presente incidencia, se evidencia que, mediante acta levantada en fecha 11 de julio de 2016, la Juez del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Abog. AURIVETH MELÉNDEZ, planteó inhibición con expresión de los hechos y fundamentos de derecho que le impiden seguir conociendo de la presente causa, en los siguientes términos:
(…Omissis…)
“En el día de despacho de hoy, lunes once (11) de julio de 2016, presente en la sala de este Tribunal la abogada AURIVETH MELÉNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 13.575.438, y domiciliada en la ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, en su condición de Jueza del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, manifesto lo siguiente: “ En este acto procedo a Inhibirme formalmente de conocer la presente causa de DESALOJO propuesta por la ciudadana YOLANDA MARGARITA CAÑIZALEZ, en contra de la ciudadana BELKIS DEL CARMEN UZCATEGUI COLINA. Tal inhibición la fundamento en los elementos desprendidos de actitudes y comentarios ocurridos con motivo de la ejecución de la sentencia definitivamente firme dictada en el presente juicio, por parte del abogado en ejercicio LARRY RAFAEL ROMERO RUIZ, inscrito en el Impreabogado bajo el No. 46.639, quien asiste a la ciudadana BELKIS DEL CARMEN UZCATEGUI COLINA, parte demandada , quien en varias ocasiones ha tenido contacto con mi persona en el despacho del Tribunal que regento, utilizando un tono de voz alto y discorde, mostrando una actitud altiva hacia mi persona, con la cual no solo irrespeta la majestad del Tribunal, y de mi persona como jueza, si no además como mujer, hechos los cuales pueden ser certificados por la Secretaria del Tribunal, abogada Margie Pirela, ya que debido al tono de voz usado hacia mi persona, trajo como consecuencia, que la referida funcionaria pudo escucharlo que me expresó el referido abogado, observando además la actitud altiva e irrespetuosa asumida frente a mi persona. Asimismo, el referido abogado con dichas actitudes ha intentado afectar la psiquis de esta Jueza a través de amenazas con la remoción de mi cargo, afirmando que si ejecuto la sentencia definitivamente firme dictada en esta causa, él a través de sus contactos en la Gobernación del Estado Zulia, hará que se me apliquen las sanciones disciplinarias, trayendo a colación para ello lo ocurrido al Abog. Iván Pérez padilla, quien era el Juez Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, alegando que estamos en presencia del mismo caso y situación, por tratarse de un colegio. Dichos alegatos no solo han sido señalados a esta Jueza de forma verbal y de manera recurrente, sino que los mismo fueron también indicados de forma somera pero en el fondo son los mismos señalamientos, en la audiencia de conciliación celebrada el día seis (6) de julio de dos mil dieciséis (2016), en presencia de la abogada NORA BRACHO MONZANT, inscrita en el Impreabogado bajo el No. 26.643, en su condición de apoderada judicial de la ciudadana YOLANDA MARGARITA CAÑIZALEZ, y de los abogados TUBALCAN GREGORIO VILLAOBOS BRACHO Y Yasmina Urdaneta de PEROZO, así como de la parte quien asiste, ciudadana BELKIS DEL CARMEN UZCATEGUI COLINA, firmando todos el acta, inclusive el mismo abogado LARRY RAFAEL ROMERO RUIZ, en señal de conformidad a lo que se dejó constancia en el acta, luego de haber sido leída. (…)
Ahora bien, siendo que ante todo, no solamente soy una funcionaria activa, sino además una dama, esto es, una mujer, a quien nuestro Ordenamiento Jurídico Positivo le brinda una protección especial debido a mi género, y visto que a través de las actitudes y señalamientos efectuados por el referido abogado, este no solo ha afectado la psiquis de mi persona como funcionaria sino también como mujer, tales hechos comprometen seriamente mi futuro y mi imparcialidad para decidir cualquier incidencia que se pueda suscitar con ocasión a la ejecución de la sentencia definitivamente firme dictada en esta causa, pudiendo llevar a dar lugar a incorrectas y erróneas interpretaciones subjetivas e mis labores propia del cargo antes señalado y de mis actuaciones en el proceso, es por ello, que en obsequio a una recta, sana y transparente administración de justicia a lo que todos tienen derecho, motivan a la inhibición que hoy presento a la situación de no seguir conociendo de la presente causa, que si bien no se encuentran enmarcadas dentro de causal alguna de las establecidas en el articulo 82 de Código de Procedimiento Civil, la decisión número 2140 dictada por la Sala Constitucional en fecha 7 de agosto de 2003, con ponencia del magistrado José Manuel Delgado Ocando, ratificando la decisión número 144 del 24 de marzo de 2003. (…)
Por los argumentos anteriormente expuestos, sustento la presente inhibición en los hechos expuestos, y ratifico mi ánimo de desprenderme del conocimiento de la presente causa, fundamentada en los elementos antes señalados y que reposan e el cuerpo de esta acta. La presente inhibición obra en contra de la parte demandada, ciudadana BELKIS DEL CAREMEN UZCATEGUI COLINA, y el abogado LARRY RAFAEL ROMERO RUIZ, (….)
(…omissis…)
TERCERO
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Esta Sentenciadora Superior pasa a resolver definitivamente la presente incidencia de inhibición y en tal sentido, a los fines de inteligenciar con precisión metodológica la decisión a ser proferida en esta instancia, es menester esbozar los siguientes fundamentos y consideraciones:
De manera determinante el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil señala que:
“El Funcionario Judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse, a fin de que las partes, dentro de los dos días siguientes manifiesten su allanamiento o contradicción a que siga actuando el impedido…”
Parafraseando al ilustre procesalista patrio ARMINIO BORJAS, “la justicia ha de ser siempre obra de un criterio imparcial. Cuando el funcionario encargado de administrarla en un negocio dado, se hace sospechoso de parcialidad por concurrir en su persona algún motivo capaz de inclinar su voluntad a favor o en contra de alguna de las partes, pierde el atributo esencial de los dispensadores de justicia, sufre de incompetencia personal y es inhábil para conocer del negocio o para intervenir en él. Es natural que por motu propio declare el motivo de su inhabilidad y se separe de toda intervención en el asunto”.
Por su parte, el procesalista ARÍSTIDES RENGEL ROMBERG, expresa: “Para que la jurisdicción pueda cumplir la finalidad jurídica y social de la justa composición de la Litis, es indispensable no solamente sacar la controversia del ámbito privado de las partes interesadas, para entregarle a un ente público (Tribunal) que la solucione, sino también asegurarse de que este órgano, extraño a la controversia, sea además imparcial, por no estar interesado en ella, pues así como las partes, por el interés recíproco que hacen valer, no pueden ser los jueces de su propia causa…del mismo modo, el ejercicio de la jurisdicción del Juez, en un caso concreto, debe quedar excluido cuando su imparcialidad se vea comprometida por las especiales relaciones en que se encuentre el Juez con las partes o con el objeto de la controversia concreta que le corresponde decidir…” (…omissis…). (Subrayado del Tribunal) (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, según el nuevo Código de 1.987, Tomo I, Teoría General del Proceso. Organización Gráficas Carriles, C.A. Caracas, Págs.: 407 y 408).
Es criterio de esta Jurisdicente Superior, que no obstante que para algunos doctrinarios del Derecho las causales establecidas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil fueron expresadas por el legislador de forma taxativa, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que postula en su artículo 26 que el Estado garantizará una justicia IMPARCIAL e IDÓNEA, el Juez que de manera consciente sospeche que su competencia subjetiva estaría comprometida o inclinada a favor o en contra de una o cualesquiera de las partes litigantes en el asunto sometido a su decisión, tiene el deber insoslayable de apartarse en forma inmediata del conocimiento del asunto, y de no hacerlo estaría siendo un operador de justicia parcial, lo que lo colocaría al margen de la Constitución, pues la competencia subjetiva que debe tener todo Juzgador se origina y se perpetúa por la ausencia de toda vinculación suya con los sujetos o con el objeto de dicha causa, en íntima correlación con el dispositivo normativo previamente señalado y la opinión doctrinaria antes expuesta.
Para fundamento in extenso de la naturaleza jurídica de la posibilidad procesal del operador de justicia en el proceder de su inhibición, se afirma que para CUENCA, “la inhibición es una abstención voluntaria”, en tanto que FEO, “la concibe como un deber; la doctrina extranjera, por su parte, la define como una “facultad - deber”. Sobre este aspecto, sostiene el Dr. ARÍSTIDES RENGEL ROMBERG que la inhibición “es el acto de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista por la Ley como causa de recusación.” (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, según el nuevo Código de 1.987, Tomo I, Teoría General del Proceso. Organización Gráficas Carriles, C.A. Caracas, 2001).
Dicho lo anterior, esta Sentenciadora de Alzada, participa del criterio doctrinal, que la inhibición se constituye en una facultad, deber que tiene todo juzgador de apartarse en forma voluntaria del conocimiento de una causa, por encontrarse incapacitado legalmente para desempeñarse en la función de conocer y decidir un caso concreto, de allí que el ilustre procesalista EDUARDO COUTURE, “afirma que la inhibición es el género y la recusación es la especie”.
Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 7 de agosto de 2003, Exp. 02-2403, con ponencia del Magistrado Dr. José Manuel Delgado Ocando, establece:
(...Omissis...)
“…visto que la recusación es una institución destinada a garantizar la imparcialidad del juzgador, cuyas causales, aunque en principio taxativas para evitar el abuso en las recusaciones, no abarcan todas aquellas conductas del juez que lo hagan sospechoso de parcialidad… La Sala considera que el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del C.P.C…”.
(...Omissis...)
Asimismo, ratificada en Sentencia No. RC-00005, de fecha 4 de Marzo de 2008, por la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal, la cual señalo lo siguiente:
(...Omissis...)
La Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, en decisión número 2140 de fecha 7 de agosto de 2003 (Exp. 02-2403), ratificó el criterio establecido en la sentencia N° 144 del 24 de marzo de 2000, según el cual “... en aras de preservar el derecho a ser juzgado por un juez natural, lo cual implica un juez predeterminado por la ley, independiente, idóneo e imparcial, la Sala considera que el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique, en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial.”, lo que indica que el juez puede inhibirse o ser recusado por causas distintas a las establecidas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.
(...Omissis...) (Negrillas de este Tribunal Superior)
En este mismo orden de ideas, es menester para esta operadora de justicia declarar que aunque el motivo por el cual se presentó la inhibición in commento, no se encuentra de forma taxativa dentro de las causales establecidas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, según el criterio establecido en la decisión ut supra de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual establece que el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el mencionado artículo como ocurrió en el caso de marras.
En tal sentido, se constata de las actas que conforman el presente expediente, que en el acto conciliatorio realizado en fecha 6 de julio de 2016, el abogado en ejercicio LARRY RAFAEL ROMERO RUIZ, quien asistió a la ciudadana BELKIS DEL CARMEN UZCATEGUI COLINA, parte actora, en presencia de las personas que se encontraban presentes en el referido acto, señaló que “ (…) que el desalojo no procedía, por cuanto lo colectivo debe prevalecer a lo individual, asimismo apuntó que la Asamblea Nacional ya estaba en conocimiento sobre este caso, pues le había informado al Dr, Calixto Ortega, que también el Gobernador del Estado Zulia, al igual que el procurador estaban al tanto, señalando que el gobernador le manifestó que no iba el desalojo, que va a acudir a los medios de comunicación para exponer el caso, que ya el consejo comunal y la junta de representantes están en conocimiento del mismo, y que en caso de que se lleve el desalojo ya hay un precedente con el Juez del Tribunal Octavo de los Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la circunscripción Judicial del Estado Zulia, y que cada funcionario deberá correr con sus consecuencias y sanciones(…)” de lo cual se dejó constancia en el acta levantada al efecto.
Ahora bien, de las actas se desprende que en el presente caso, la Juez inhibida manifestó en su escrito inhibitorio, que el abogado en ejercicio LARRY RAFAEL ROMERO RUIZ ha presentado en varias ocasiones actitudes lesivas e irrespetuosas – lo cual puede observarse del acta levantada con ocasión al acto conciliatorio ut supra citada –, aunado a las amenazas realizadas por el mismo lo cual afecta tanto a la integridad de la referida Juzgadora así como a su imparcialidad para decidir lo cual puede llevar a lugar incorrectas y erróneas interpretaciones subjetivas en sus labores, es por lo que con las mencionadas actuaciones, se ha comprometido su competencia subjetiva para el conocimiento de la respectiva causa, por tal eventualidad podría poner en duda su imparcialidad; es por ello, que se aparta del conocimiento de la presente causa, con aras de cumplir su deber jurisdiccional, derivado de lo cual considera esta Jurisdicente Superior que la Jueza en cuestión actuó de la manera correcta ya que, al reconocer que su parcialidad se encontraba comprometida por lo cual si debe desprenderse del conocimiento de la presente causa. Y ASÍ SE ESTABLECE.
En consecuencia, se determina de manera expresa que las actuaciones ya singularizadas, se subsumen en el supuesto del hecho previsto y sancionado en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, la Jueza del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en virtud de que la Abog. AURIVETH MELÉNDEZ, al manifestar su voluntad de inhibirse para el conocimiento de la causa relativa al juicio que por DESALOJO Y COBRO DE BOLIVARES, sigue la ciudadana YOLANDA MARGARITA CAÑIZALEZ contra la ciudadana BELKIS DEL CARMEN UZCATEGUI COLINA, actuó de manera correcta, lo cual responde a una idónea correlación entre los dictados intangibles de su consciencia y la normativa legal que regula la materia, y de conformidad con la doctrina y la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 07 de agosto de 2003, debe declararse CON LUGAR, la inhibición in examine lo cual se determinará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del fallo. Y ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVO
Por los fundamentos expuestos este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en el juicio que por DESALOJO Y COBRO DE BOLÍVARES sigue la ciudadana YOLANDA MARGARITA CAÑIZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 2.271.388, domiciliada en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, contra la ciudadana BELKIS DEL CARMEN UZCATEGUI COLINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.505.533, domiciliada en esta ciudad y municipio Maracaibo del Estado Zulia, se declara: CON LUGAR la Inhibición para conocer del mismo, planteada por la abog. AURIVETH MELÉNDEZ ut supra identificada.
PUBLÍQUESE la presente sentencia y a los fines previstos por el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, expídase por Secretaría copia certificada y déjese en este Tribunal.
NOTIFÍQUESE por oficio de esta decisión la Juez Inhibida, en acatamiento de la sentencia Nº 1175 de fecha 23 de noviembre de 2010, proferida con carácter vinculante por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, expediente Nº 08-1497.
Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los veinte (20) días del mes de julio de dos mil dieciséis (2016). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR,
DRA. GLORIMAR SOTO ROMERO.
LA SECRETARIA TEMPORAL
ABOG. MARÍA ALEJANDRA CÁRDENAS.
En la misma fecha, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), hora de despacho, se publicó el presente fallo, se expidió la copia certificada ordenada y se archivó en el copiador de sentencias, bajo el No. S2-076-16.
LA SECRETARIA TEMPORAL,
Abog. MARIA ALEJANDRA CÁRDENAS
GS/mac/s4
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