LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: EL JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA -I- DE LAS PARTES PARTE SOLICITANTE: JAIRO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ y OMAIRA COROMOTO PÉREZ DE GONZÁLEZ, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad números V-17.007.753 y V-7.836.951, respectivamente, domiciliados en el Municipio Cabimas del estado Zulia. ABOGADO DE LA PARTE SOLICITANTE: JUSTINIANO NAVARRO, venezolano, mayor de edad, identificado con la cedula de identidad número V-7.844.056, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 40.692, domiciliado en el Municipio Cabimas del estado Zulia. -II- ANTECEDENTES Se inicia el presente procedimiento por solicitud de TÍTULO SUPLETORIO, presentado por el abogado en ejercicio JUSTINIANO NAVARRO, actuando como apoderado judicial de los ciudadanos JAIRO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ y OMAIRA COROMOTO PÉREZ DE GONZÁLEZ, plenamente identificados en actas; a la cual este juzgado le dio entrada y curso de ley en fecha veintiuno (21) de junio del presente año, considerando necesario practicar Inspección Judicial sobre el fundo agropecuario denominado “ÁNGEL DE DIOSCH”, a los fines de constatar las mejoras, bienhechurías y mejoras que alegan los solicitantes han sido edificadas sobre el mismo. En fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), el abogado JUSTINIANO NAVARRO, actuando con el carácter indicado, presento diligencia mediante el cual solicito ante este juzgado se fijara la fecha y hora para llevar acabo la Inspección Judicial sobre el lote de terreno, constituido por una hacienda denominada “ÁNGEL DE DIOSCH”, ubicado en el Sector Piedra Blanca, parroquia San Antonio, municipio Miranda del estado Zulia, el cual posee una superficie aproximada de CUATROCIENTAS DOCE HECTÁREAS CON CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (412 Has CON 5687 MTS²), cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Terreno ocupado por Dervis Palencia; SUR: Terreno ocupados por Jorge Nava; ESTE: Vía de penetración El Mecocal; y, OESTE: Terreno ocupados por Fernando Rojas. En fecha treinta (30) de junio del año dos mil dieciséis (2016), se procedió a fijar la referida actuación, estableciendo como oportunidad para llevarla a efecto el día siete (07) de julio de dos mil dieciséis (2016), a partil de las dos de la tarde (02: 00 p.m.). En la fecha y hora previamente fijadas, este juzgado se trasladó y constituyó sobre el fundo agropecuario objeto de la presente solicitud, a los fines de realizar INSPECCIÓN JUDICIAL para constatar las mejoras, edificaciones y bienhechurías edificadas sobre el mismo, la cual se practicó efectivamente, tal como consta del acta que fue levantada al efecto. En fecha catorce (14) de julio del año dos mil dieciséis (2016), el abogado en ejercicio JUSTINIANO NAVARRO, actuando con el carácter de autos, presentó diligencia mediante la cual solicitó “…En vista de que ya se realizo (Sic) ciudadano juez la inspección judicial, solicito se fije fecha y hora para la evacuación de testigo...”; lo cual fue proveído por auto de fecha dieciocho (18) de julio del dos mil dieciséis (2016), fijándose como oportunidad para evacuar las referidas testimoniales el día diecinueve (19) de julio del año en curso. En la fecha y hora previamente fijadas, se llevó a cabo la evacuación de los testigos promovidos por la parte solicitante, vale decir, de los ciudadanos RUTH CAROLINA VARGAS MONTERO y ALBENIS GREGORIO PULGAR, venezolanos, mayores de edad, identificados con la cédula de identidad número V-10.603.683 y V-7.968.357, tal como consta de las Actas levantadas al efecto. -III- MOTIVACIÓN Siendo la oportunidad para dictar sentencia en la presente solicitud de título supletorio, este juzgado agrario procede a hacerlo, previa las siguientes consideraciones: Establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Artículo 26.- Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. Consagra la transcrita disposición constitucional, la garantía que tiene todo habitante de la República, de acceder a los órganos de administración justicia, los cuales deben garantizar la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses, a través de un sistema de administración de justicia gratuito, accesible, imparcial, idóneo, transparente, autónomo, independiente, responsable, equitativo, expedito, sin dilaciones indebidas, sin formalismos ni reposiciones inútiles. En ejercicio de esa garantía de acceso a los órganos de administración de justicia, los justiciables pueden interponer los Justificativos para Perpetua Memoria, los cuales tienen como finalidad solicitar del Juez competente instruir las diligencias destinadas a la comprobación de algún hecho o derecho propio del interesado, tal como lo dispone el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil. Estos justificativos son una pretensión de jurisdicción voluntaria, por lo que no existe contención o controversia alguna entre particulares; máxime, si la justificación solicitada tuviere como efecto asegurar la posesión o algún derecho del solicitante, en todo caso, quedarían a salvo los derechos de terceros, tal como expresamente lo dispone el artículo 937 del mismo Código. En tal sentido, disponen los artículos 936 y 937 del Código Civil lo siguiente: Artículo 936.- Cualquier Juez Civil es competente para instruir las justificaciones y diligencias dirigidas a la comprobación de algún hecho o algún derecho propio del interesado en ellas. El procedimiento se reducirá a acordar, el mismo día en que se promuevan, lo necesario para practicarlas; concluidas, se entregaran al solicitante sin decreto alguno. Artículo 937.- Si se pidiere que tales justificaciones o diligencias se declaren bastantes para asegurar la posesión o algún derecho, mientras no haya oposición, el Juez decretará lo que juzgue conforme a la ley, antes de entregarlas al solicitante, o dentro del tercer día, si esta petición se hubiere hecho posteriormente a la primera diligencia; quedando en todo caso a salvo los derechos de terceros. El competente para hacer la declaratoria de que habla este artículo es el Juez de Primera Instancia del lugar donde se encuentran los bienes que se trate.” Señala el autor Emilio Calvo Baca en su obra “Código de Procedimiento Civil de Venezuela” (Ediciones Libra 2004. Pág: 761 y 762), que “Para el legislador venezolano, esta justificaciones son las que tiene por objeto comprobar algún hecho o algún derecho propio del interesado que las promueve…” siendo que “De conformidad con nuestra legislación procesal, el objeto de estas justificaciones es amplísimo, porque no tienen restricción en cuanto tiendan a demostrar hechos o derecho propios del solicitante…”. Agregando el citado autor que “EL título supletorio es también denominado justificativo para perpetua memoria, consiste en unas simples declaraciones de testigos con las cuales un ciudadano cualquiera busca obtener un título suficiente de propiedad sobre una casa o edificio que ha construido a sus expensas.”, señalando que “Las bienhechurías son aquellas plusvalías o mejoras en las plantaciones o instalaciones de fincas rusticas...” Por otra parte, señala el artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario: “Artículo 197.- Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos: (…) 3. Acciones relativas al uso, aprovechamiento, constitución de servidumbres y demás derechos reales, para fines agrarios. (…) 15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria.” Precisado todo lo anterior, resulta necesario establecer la competencia de los Juzgados de Primera Instancia Agraria para conocer y proveer en sede de jurisdicción voluntaria, de las solicitudes de Títulos Supletorios en base a las bienhechurías o mejoras que posea un fundo, teniendo en cuenta que la intención de este título es justificar ante terceros el derecho de carácter real de quien posee en forma pacífica y sin oposición estos bienes, sin tener un verdadero título de propiedad sobre la tierra. En tal sentido, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 200, de fecha catorce (14) de agosto de dos mil siete (2007), caso Aníbal Jesús Núñez Beauperthuy vs. Agropecuaria La Gloria, C.A., señaló: “Conforme a lo antes expuesto, todos los inmuebles susceptibles de explotación agropecuaria gozan de la protección especial que consagra la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, independientemente de que los mismos estén ubicados en poligonales urbanas o rurales. Por otro lado, ha señalado la Sala Constitucional que del análisis de los artículos 197 y 208 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, antes citados, se desprende que el legislador ha establecido ‘en primer lugar un foro atrayente con respecto a la jurisdicción agraria (artículo 197 eiusdem) para ventilar conflictos que se produzcan entre particulares con motivo de dicha actividad; y en segundo lugar, atribuyen competencia para conocer y decidir de determinadas acciones (como las del caso de marras, esto es, acciones derivadas de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria) a los Juzgados de Primera Instancia Agrarios, dejando en su último ordinal una cláusula abierta para que estos Juzgados conozcan de ‘(…) todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria’ (artículo 208 eiusdem)’ (subrayado añadido) (sentencia número 5047 del 15 de diciembre de 2005, caso Humberto Lobo Carrizo). Por tal razón, considera esta Sala Plena que cuando el artículo 208, numeral 15 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario atribuye competencia a los juzgados de primera instancia agraria para conocer de ‘todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria’, debe entenderse como una cláusula abierta que comprende cualquier controversia en la que pueda verse afectada la producción agroalimentaria. Ello en virtud de que el juez agrario ‘debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental’ (artículo 207 eiusdem)”. Igualmente, el Magistrado Francisco Carrasqueño López, en el voto salvado emitido en la sentencia N° 01 de fecha quince (15) de enero de dos mil nueve (2009), de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, señaló lo siguiente: “…En tal sentido, el artículo 271 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ya interpretado por este Máximo Tribunal, establece la prevalencia de las disposiciones de dicho complejo normativo, sobre el resto de las normas sustantivas y adjetivas de rango legal y, en tal sentido, el artículo 208.15 eiusdem, dispone, que corresponde a los tribunales de primera instancia agraria, el conocimiento general de todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria, desarrollando así el principio de exclusividad agraria a tenor del cual, los órganos jurisdiccionales con competencia en la materia, tienen un fuero especial atrayente que en virtud de criterios subjetivos y atendiendo a la naturaleza agraria de los asuntos, extraen de la jurisdicción ordinaria (civil-mercantil) el conocimiento de los litigios con incidencia o afectación sobre la actividad agrícola para otorgársela a los tribunales especializados en la materia. Sobre el mencionado principio de exclusividad agraria y fuero especial atrayente, ya se pronunció esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 24, firmada el 12 de diciembre de 2007, y publicada el 16 de abril de 2008, la cual expresamente asentó el criterio que a continuación se transcribe: “… En el presente caso, el procedimiento donde se interpuso la demanda de tercería, es un juicio de intimación incoado a los fines de cobrar una letra de cambio, que como acto objetivo de comercio, le confiere a la cuestión controvertida un cariz mercantil, que de acuerdo a lo expuesto, atribuye el conocimiento del asunto en primera instancia a los tribunales ordinarios civiles mercantiles y en alzada a los juzgados superiores competentes por la materia y el territorio. No obstante ello, el artículo 271 de de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece la prevalencia de las disposiciones de dicho complejo normativo, sobre el resto de las normas sustantivas y adjetivas de rango legal y en tal sentido, el artículo 208.15 eiusdem, dispone, que corresponde a los tribunales de primera instancia agraria, el conocimiento general de todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria, desarrollando así el principio de exclusividad agraria a tenor del cual, los órganos jurisdiccionales con competencia en la materia, tienen un fuero especial atrayente que en virtud de criterios subjetivos y atendiendo a la naturaleza agraria de los asuntos, extraen de la jurisdicción ordinaria (civil-mercantil) el conocimiento de los litigios con incidencia o afectación sobre la actividad agrícola para otorgársela a los tribunales especializados en la materia. …Con el referido criterio, la Sala evidenció que, el legislador viene a reforzar la protección jurídico-constitucional de los particulares a través de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitución, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo para el presente caso, la vigencia y efectividad del derecho a la seguridad agroalimentaria en pro del interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Todo en el contexto de la actuación eficaz del Poder Público, donde los órganos y entes del Estado gestionan efectivamente sus competencias, fomentando la consolidación del principio de paz social, el bien común y la convivencia, en un medio ambiente armónico. En concordancia con lo anteriormente expuesto, el Único Aparte del artículo 269 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece la competencia funcional de los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, para conocer de las siguientes cuestiones: En primer lugar, de las apelaciones planteadas en los litigios surgidos entre particulares (criterio subjetivo) cuya competencia sustancial (naturaleza del asunto), sea la actividad agraria, lo cual ocurre, cuando la cuestión litigiosa verse sobre un inmueble susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza y que la acción que se ejercite, sea con ocasión de esta actividad, lo cual debe verificarse de forma concomitante para que proceda la competencia del Tribunal Agrario (..omissis…). …De lo expuesto se colige, que el antes referido principio de exclusividad agraria reafirma y expande el espectro funcional de los tribunales con competencia en la materia, toda vez que somete a dicha jurisdicción (competencia), el conocimiento en primera y segunda instancia de los asuntos litigiosos agrarios entre particulares y al mismo tiempo, entre particulares y el Estado, a través del contencioso agrario. En este contexto se observa, que en el caso planteado se está en presencia de una apelación planteada en un juicio entre particulares, donde la cuestión litigiosa son unos semovientes (inmuebles por destinación) y unas bienhechurías realizadas en un predio rustico o rural, de acuerdo al documento de adjudicación suscrito por el entonces Presidente del Instituto Agrario Nacional, que cursa al folio 43 y siguiente del legajo, donde se desprende que el inmueble objeto de la presente querella se encuentra ubicado fuera de la poligonal urbana, específicamente en un asiento campesino. Asimismo, la demanda que dio lugar a la decisión apelada, tuvo como ratio impedir la afectación de la actividad agraria en el fundo donde se encuentran los semovientes y las bienhechurías afectadas por una demanda principal, en la cual se acordaron unas medidas preventivas que de manera indubitable inciden en la explotación agropecuaria que desarrolla la ciudadana FRANCISCA DEL CARMEN MALDONADO DE MATERANO”. Entonces, el criterio precedentemente trascrito precisa que la jurisdicción (competencia) agraria constituye un mecanismo de heterocomposición de los conflictos intersubjetivos que pudieran atentar contra el principio de seguridad agroalimentaria, planteando así que, aquellos litigios surgidos entre particulares (criterio subjetivo) cuya competencia sustancial (naturaleza del asunto), sea la actividad agraria, son asuntos del conocimiento exclusivo del tribunal agrario, lo cual ocurre también cuando la cuestión litigiosa verse sobre un inmueble susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza, incluyendo aquellos casos que se susciten en sede de jurisdicción voluntaria, como son los casos de solicitudes de títulos supletorios sobre terrenos agrícolas.”. Queda claro entonces que, la competencia de los Juzgados Agrarios en nuestra República, está determinada por el objeto sobre el cual recaen las distintas pretensiones que se presenten para su conocimiento, lo que obliga al juzgador a efectuar un análisis del objeto de la pretensión interpuesta, pues el tipo de pretensiones que pueden plantearse en la jurisdicción especial agraria son similares a las que pueden ventilarse en la jurisdicción civil ordinaria, a saber, pretensiones declarativas, reivindicatorias, posesorias, servidumbres, deslindes, sucesorales, contractuales, de créditos, entre otros, pero las que se presenten ante esta jurisdicción deben tener como particularidad, el hecho que las mismas deben versar siempre sobre la actividad agroproductiva y por ende repercutir en la seguridad agroalimentaria de la Nación y/o en la protección de la biodiversidad y/o de los recursos naturales renovables. Al respecto, es criterio pacífico y reiterado del máximo tribunal de justicia en su Sala Constitucional que: “…la competencia de los tribunales de la Jurisdicción agraria viene determinada por el objeto sobre el cual versan las pretensiones deducidas, siendo que dicho objeto debe estar directamente vinculado con la actividad agrario… aún cuando los Justificativos de perpetua memoria se encuentra consagrado en el Código de Procedimiento Civil (artículos 936 y siguientes), ello no implica que en todos los casos la competencia esté asignada a la Jurisdicción civil…” mucho más cuando el artículo 197 numeral 15 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone lo antes transcrito. En conclusión, son criterios en los que resulta coincidente la posición de afirmar por distintas razones de orden constitucional, legal, e inclusive orden público agrario, la competencia de los juzgados agrarios para tramitar y proveer en sede de jurisdicción voluntaria, solicitudes de título supletorio sobre mejoras y bienhechurías, cuando éstas sean de naturaleza agraria, vale decir que guardan relación con actividades agropecuarias. En el caso de autos, se solicitó la expedición de un Título Supletorio de propiedad sobre las mejoras y bienhechurías fomentadas sobre el fundo agropecuario denominado “ÁNGEL DE DIOSCH”, antes identificado, descrita así. “…Una vivienda rural conformada por cinco (05) cuartos de habitaciones, comedor, y cocina, dos (02) salas de baño externas, una (01) vaquera con dos (02) corrales individuales con dos (02) anillos o bebederos para ganados, Dos (02) tanques aéreos de concretos para el almacenamiento de agua potable, un (01) deposito de materiales, ocho (08) jagüeyes artesanales, así mismo recientemente se han realizado algunas mejora tales como, un (01) corral de tubos al lado de la vaquera, se realizo la becerra de la vaquera , un (01) de 25 metros de largo por 12 metros de ancho para guarda de alimentos, un (01) baño sanitario para los trabajadores, la extensión de terreno que conforma la hacienda se encuentra dividida en potrero con cercas perimetrales de estantillos de púa…” Por lo que, cualquier decisión en este caso puede incidir sobre la continuidad o interrupción de la actividad agraria que pueda realizarse en dicho predio, así pues, a juicio de quien suscribe, el caso bajo examen se enmarca dentro de las competencias atribuidas a los tribunales agrarios. Así se establece. Establecido lo anterior, se pasa a valorar las pruebas promovidas por el solicitante, y en tal sentido observa que se promovieron los siguientes medios probatorios: 1. Original de documento autenticado ante la Notaría Pública Segunda de Ciudad Ojeda, en fecha once (11) de septiembre de dos mil trece (2013), inserto bajo el N° 49, Tomo 152 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría. La anterior documental se compone del original de un documento privado debidamente autenticado, el cual debe ser valorado de conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1363 del Código Civil; del mismo se desprende la declaración realizada por los propios solicitantes en relación a las mejoras y bienhechurías edificadas por ellos mismos sobre el fundo objeto de la presente solicitud, ahora bien, por cuanto dicha documental vulnera el principio de que nadie puede fabricarse su propia prueba, el mismo es desechado del proceso. Así se establece. 2. Copia fotostática simple de la cédula de identidad del ciudadano JAIRO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ, venezolano mayor de edad, identificado con cedula de identidad número V-17.007.753. (Folio 10). La anterior documental se componen de la copia simple de un documento público, la cual debe ser valorada de conformidad con las previsiones del artículo 1357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 3 de la Ley Orgánica de Identificación, gozando de pleno valor probatorio hasta tanto no sean impugnada; la misma constituye un medio de identificación de uno de los solicitantes en la presente causa. Así se establece. 3. Copia fotostática simple del Registro de Información Fiscal (RIF) del ciudadano JAIRO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ, (Folio 11). La anterior documental se compone de la copia simple de un documento público administrativo, el cual en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, goza de presunción de certeza, veracidad y legalidad hasta tanto no sea impugnado, de conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; de la misma se desprende los datos de inscripción ante el Registro Único de Información Fiscal (RIF) de uno de los solicitante en la presente causa. Así se establece. 4. Copia fotostática simple de la cédula de identidad de la ciudadana OMAIRA COROMOTO PÉREZ DE GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, identificada con cedula de identidad número V-7.836.951, (Folio 12). La anterior documental se componen de la copia simple de un documento público, la cual debe ser valorada de conformidad con las previsiones del artículo 1357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 3 de la Ley Orgánica de Identificación, gozando de pleno valor probatorio hasta tanto no sean impugnada; la misma constituye un medio de identificación de uno de los solicitantes en la presente causa. 5. Copia fotostática del Registro de Información Fiscal (RIF), de la ciudadana OMAIRA COROMOTO PÉREZ DE GONZÁLEZ. (Folio 13). La anterior documental se compone de la copia simple de un documento público administrativo, el cual en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, goza de presunción de certeza, veracidad y legalidad hasta tanto no sea impugnado, de conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; de la misma se desprende los datos de inscripción ante el Registro Único de Información Fiscal (RIF) de uno de los solicitante en la presente causa. Así se establece. 6. Original de titulo de adjudicación de Tierras Socialista Agrario, expedido por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), a favor los ciudadanos JAIRO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ y OMAIRA COROMOTO PÉREZ DE GONZÁLEZ, de fecha veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015), anotado bajo el número 60, Folio 122 y 123, Tomo 3611, de los libros de autenticaciones llevados por la Unidad de memoria documental del Instituto Nacional de Tierras. (Folio 14 y 15). La anterior documental se encuentra prevista en el artículo 66 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como un documento emanado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), a través de un acto administrativo, mediante el cual se transfiere la posesión legítima de la tierra productiva ocupada y trabajada por el o los adjudicatarios, el cual goza de presunción de legalidad, veracidad y certeza en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, hasta tanto no exista prueba en contrario; del mismo se desprende la posesión reconocida por el referido ente administrativo, a favor de los ciudadanos JAIRO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ y OMAIRA COROMOTO PÉREZ DE GONZÁLEZ, sobre el fundo agropecuario denominado “ÁNGEL DE DIOSCH”. Así se establece. 7. Original de Registro Predial número 0070, expedida en fecha veintinueve (29) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), a nombre de los ciudadanos JAIRO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ y OMAIRA COROMOTO PÉREZ DE GONZÁLEZ, sobre un lote de terreno denominado “ÁNGEL DIOSCH”. (Folio 16). La anterior documental se compone de un documento público administrativo, el cual en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, goza de presunción de certeza hasta tanto no exista en su contra prueba en contrario; del mismo se desprende el Registro Predial realizado por los ciudadanos JAIRO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ y OMAIRA COROMOTO PÉREZ DE GONZÁLEZ, del lote de tierra denominado “ÁNGEL DIOSCH”. Así se establece. 8. Copia simple de la Nota de Inscripción del Registro Único Nacional Obligatorio y Permanente de Productores y Productoras Agrícolas del ciudadano JAIRO GONZÁLEZ, en fecha catorce (14) de julio del dos mil quince (2015). (Folio. 17). La anterior documental se compone de la copia simple de un documento público administrativo, la cual en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, goza de presunción de certeza, veracidad y legalidad hasta tanto no sea impugnada de conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; de las mismas se desprende la inscripción en el Registro Único Nacional Obligatorio y Permanente de Productores y Productoras Agrícolas del ciudadano JAIRO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ . Así se establece. 9. Original del Plano Topográfico del Fundo denominado “ÁNGEL DE DIOSCH” emitido por la Oficina Regional de Tierras (ORT) Zulia Norte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, en fecha 17 de noviembre de dos mil catorce (2014). (Folio 18). La anterior documental se compone del original de un documento público administrativo, el cual en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, goza de presunción de certeza, veracidad y legalidad hasta tanto no exista en su contra prueba en contrario; de la misma se desprende la ubicación exacta y linderos del fundo agropecuario denominado “ÁNGEL DE DIOSCH”, según el levantamiento efectuado por la Oficina Regional de Tierras Zulia - Norte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), a través de los sistemas de Coordenadas UTM, DATUM y Regven. Así se establece. 10. Original de Constancia de Residencia tramitada por la comisión de Registro Civil y Electoral del estado Zulia, al ciudadano JAIRO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ, venezolano, mayor de edad, identificado con la cedula de identidad número V-17.007.753, quien bajo juramento declara que desde enero del año dos mil (2000), habita de forma permanente en la siguiente dirección: estado Zulia, Municipio Cabimas, Parroquia Ambrosio sector Delicias Nuevas Calles la flores casa número 54. (Folio 19). La anterior documental se compone del original de un documento público administrativo, el cual en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, goza de presunción de certeza, veracidad y legalidad hasta tanto no exista en su contra prueba en contrario; de la misma se desprende los datos de residencia de uno de los solicitantes en la presente causa. Así se establece. 11. Original de Constancia de Residencia tramitada por la comisión de Registro Civil y Electoral del estado Zulia, a la ciudadana OMAIRA COROMOTO PÉREZ DE GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, identificada con cedula de identidad número 7.836.951, quien bajo juramento declara que desde enero del año dos mil (2000), habita de forma permanente en la siguiente dirección: estado Zulia, Municipio Cabimas, Parroquia Ambrosio sector Delicias Nuevas Calles la flores casa número 54. (Folio 20). La anterior documental se compone del original de un documento público administrativo, el cual en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, goza de presunción de certeza, veracidad y legalidad hasta tanto no exista en su contra prueba en contrario; de la misma se desprende los datos de residencia de uno de los solicitantes en la presente causa. Así se establece. 12. Original del Registro de Hierro, inserto ante la Oficina de Registro Público de los Municipios Santa Rita, Cabimas, simón Bolívar del estado Zulia, de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil once (2011), bajo el Nº 19, Protocoló 1º, Tomo 5º. . (Folios 21, 22, 23, 24 y 25). La anterior documental se compone de en un documento público, el cual debe ser valorado de conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1357 del Código Civil; del mismo se desprende el hierro que posee, para fines comerciales lícitos de ganado, el ciudadano JAIRO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ. Así se establece. 13. Copia Fotostática de las cédulas de identidad de los testigos promovidos, ciudadanos RUTH CAROLINA VARGAS MONTERO y ALBENIS GREGORIO PULGAR, venezolanos, mayores de edad, identificado con adula de identidad números V- 10.603.683 y V-7.968.357. (Folio 26). Las anteriores documentales se componen de las copias simples de un documento público, las cuales debe ser valoradas de conformidad con las previsiones del artículo 1357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 3 de la Ley Orgánica de Identificación, gozando de pleno valor probatorio hasta tanto no sean impugnadas; las misma constituyen un medio de identificación de los testigos promovidos en la presente causa. Así mismo, consta en actas que en fecha siete (07) de julio de dos mil dieciséis (2016), se practicó inspección judicial sobre el fundo agropecuario denominado “ÁNGEL DIOSCH”, cuyos datos de ubicación, medidas y linderos constan en el cuerpo de la presente sentencia, oportunidad en la cual se observó la existencia de las siguientes mejoras, bienhechurías e instalaciones: “…Se deja constancia sobre el lote de terreno, constituido por una hacienda denominada “ÁNGEL DE DIOSCH” ubicado en el Sector Piedra Blanca, parroquia San Antonio, municipio Miranda del estado Zulia, el cual posee una superficie aproximada de CUATROCIENTAS DOCE HECTÁREAS CON CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (412 Has CON 5687 MTS²), cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Terreno ocupado por Dervis Palencia; SUR: Terreno ocupados por Jorge Nava; ESTE: Vía de penetración El Mecocal; y OESTE: Terreno ocupados por Fernando Rojas; SEGUNDO: se accede por un portón de hierro color azul, ubicado al pie de carretera Mecocal al consejo, en el patio principal del fundo se encuentran las siguientes bienhechurías:1) Una (01) vivienda rural, edificada con paredes de bloques frisados y pintados, ventanas de hierro y de bloque de ventilación romanilla, puertas de hierro, techo de zinc sobre estructura de madera, piso de cemento pulido, la cual esta compuesta por cinco (05) cuarto de habitación, comedor y cocina, dos (02) salas de baño, una interna y otra externa, con piso de cemento, con una enramada en su lado izquierdo, de piso de arena;2) una (01) vaquera, con dos corrales individuales, con bebederos y comederos para ganados, manga con su embarcadero, en parte con pisos de cemento y otra parte con arena, parte techada con acerolit sobre estructura de hierro, cercado con cinco cintas de madera;3) dos (02) tanques aéreos de concreto, para el almacenamiento de agua potable, con una capacidad aproximada de veinte mil litro (20.000 Lts);4) un (01) deposito para almacenamiento de materiales y alimentos, construido con paredes de bloques y techos de acerolit sobre estructura de hierro, piso de cemento rustico; 5)ocho (08) jagüeyes artesanales, recorriendo las callejuelas internas del fundo se encuentra (01) en construcción edificada con paredes de bloques, pisos de cemento, techada con acerolit sobre estructura de hierro; se deja constancia que el fundo agropecuario se encuentra cercado por todo sus linderos y divisiones internas, con estantillos de madera y alambres de púas de cinco (05) pelos;6) el fundo se encuentra dotado de electricidad trifásica suministrada por Corpoelec…” Respecto a este medio probatorio, el autor Emilio Calvo Baca, en su obra “Código Civil Venezolano Comentado y Concordado” (Ediciones Libra 2004: Pág. 855), señala que el “…medio probatorio por el que el Juez constata personalmente, a través de todos los sentidos, los hechos materiales que fundamentan la controversia.”, el cual debe ser valorado de conformidad con las previsiones los artículos 472 y 507 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1428 del Código Civil venezolano, constituyendo plena prueba de los hechos que el juez aprecie por todos sus sentidos; desprendiéndose de dicho medio probatorio las mejoras, bienhechurías e instalaciones que posee la solicitante, edificadas sobre el fundo agropecuario denominado “ÁNGEL DE DIOSCH” En este mismo sentido, fueron evacuadas las testimoniales de los ciudadanos RUTH CAROLINA VARGAS MONTEROS y ALBENIS GREGORIO PULGAR, venezolanos, mayores de edad, identificados con cedulas de identidad números V-10.603.683 y V-7.968.357, cuyas declaraciones reposan en actas, quien suscribe, en ejercicio del principio de inmediación, y en atención a las facultades referidas en los artículos 190 y 191 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, estima que las testigos fueron contestes, al detallar el modo, lugar y tiempo en que ocurrieron los hechos sobre los cuales versan sus respuestas, que en el caso que nos ocupa, recayó sobre las mejoras y bienhechurías que conforman el fundo agropecuario denominado “ÁNGEL DE DIOSCH”. Finalmente, antes de proceder a dictar el dispositivo en la presente causa, considera importante quien suscribe, traer a colación el primer aparte del artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: “Artículo 11… En los asuntos no contenciosos, en los cuales se pida alguna resolución, los Jueces obrarán con conocimiento de causa, y, al efecto, podrán exigir que se amplíe la prueba sobre los puntos en que la encontraren deficiente, y aún requerir otras pruebas que juzgaren indispensables; todo sin necesidad de las formalidades del juicio. La resolución que dictaren dejará siempre a salvo los derechos de terceros y se mantendrá en vigencia mientras no cambien las circunstancias que la originaron y no sea solicitada su modificación o revocatoria por el interesado, caso en el cual, el Juez obrará también con conocimiento de causa”. En virtud del cual, la sentencia que se dicte en el presente caso, dejará expresa constancia que se dejarán a salvo los derechos que terceros pudieran tener sobre las referidas mejoras y bienhechurías. Por todo lo anteriormente expuesto, este juzgado considera suficientes las pruebas previamente indicadas, para declarar JUSTO TÍTULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD a favor de los ciudadanos JAIRO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ y OMAIRA COROMOTO PÉREZ DE GONZÁLEZ, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad números V-17.007.753 y V-7.836.951, respectivamente, domiciliados en el Municipio Cabimas del estado Zulia, sobre las mejoras y bienhechurías descritas en la inspección judicial practicada sobre el fundo agropecuario denominado “ÁNGEL DE DIOSCH” y así lo hará constar en el dispositivo de la presente decisión. Así se decide. -IV- DISPOSITIVO Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1°) ÚNICO: JUSTO TÍTULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD a favor de los ciudadanos JAIRO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ y OMAIRA COROMOTO PÉREZ DE GONZÁLEZ, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad números V-17.007.753 y V-7.836.951, sobre las mejoras y bienhechurías descritas en la inspección judicial practicada sobre el fundo agropecuario denominado “ÁNGEL DE DIOSCH” ubicado en el Sector Piedra Blanca, parroquia San Antonio, municipio Miranda del estado Zulia, el cual posee una superficie aproximada de CUATROCIENTAS DOCE HECTÁREAS CON CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (412 Has CON 5687 MTS²), cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Terreno ocupado por Dervis Palencia; SUR: Terreno ocupados por Jorge Nava; ESTE: Vía de penetración El Mecocal; y OESTE: Terreno ocupados por Fernando Rojas. Descritas así: “...se accede por un portón de hierro color azul, ubicado al pie de carretera Mecocal al consejo, en el patio principal del fundo se encuentran las siguientes bienhechurías:1) Una (01) vivienda rural, edificada con paredes de bloques frisados y pintados, ventanas de hierro y de bloque de ventilación romanilla, puertas de hierro, techo de zinc sobre estructura de madera, piso de cemento pulido, la cual esta compuesta por cinco (05) cuarto de habitación, comedor y cocina, dos (02) salas de baño, una interna y otra externa, con piso de cemento, con una enramada en su lado izquierdo, de piso de arena;2) una (01) vaquera, con dos corrales individuales, con bebederos y comederos para ganados, manga con su embarcadero, en parte con pisos de cemento y otra parte con arena, parte techada con acerolit sobre estructura de hierro, cercado con cinco cintas de madera;3) dos (02) tanques aéreos de concreto, para el almacenamiento de agua potable, con una capacidad aproximada de veinte mil litro (20.000 Lts);4) un (01) deposito para almacenamiento de materiales y alimentos, construido con paredes de bloques y techos de acerolit sobre estructura de hierro, piso de cemento rustico; 5)ocho (08) jagüeyes artesanales, recorriendo las callejuelas internas del fundo se encuentra (01) en construcción edificada con paredes de bloques, pisos de cemento, techada con acerolit sobre estructura de hierro; se deja constancia que el fundo agropecuario se encuentra cercado por todo sus linderos y divisiones internas, con estantillos de madera y alambres de púas de cinco (05) pelos;6) el fundo se encuentra dotado de electricidad trifásica suministrada por Corpoelec...” Esto de conformidad con los artículos 11 y 937 del Código de Procedimiento Civil, dejándose a salvo los derechos que terceros puedan tener sobre las mismas, instándose al beneficiario a acogerse a los mecanismos de participación y regularización establecidos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Devuélvanse los originales con sus resultas a la parte interesada, previa certificación por secretaría. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada por secretaria del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en Maracaibo a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil dieciséis (2016).- Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. EL JUEZ PROVISORIO, ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO. EL SECRETARIO, ABOG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN. En la misma fecha, siendo la una y treinta minutos de la tarde (01:30 p.m.), se dictó y publicó el presente fallo bajo el Nº 064-2016, se expidió la copia certificada ordenada y se archivó en el copiador de sentencias de este Juzgado. EL SECRETARIO, ABOG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.