LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO SUPERIOR CUARTO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Maracaibo, Miércoles veinte (20) de Julio de 2016
206º y 157º
ASUNTO: VP01-R-2016-000147
PARTE DEMANDANTE: CARLOS LUÍS TOYO COLINA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-13.742.363, domiciliado en el Municipio Maracaibo, Estado Zulia.
APODERADOS JUDICIALES DE LA
PARTE DEMANDANTE: ALFREDO GARCIA, JORGE RODRIGUEZ, GLENNYS URDANETA, GENESIS FUENMAYOR y JUSMELY REYES, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Números: 145.702; 142.952; 98.646; 171.823 y 145.068, respectivamente, de este domicilio.
PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL ORGANIZACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL C.A., (ONSEINCA), inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 30/11/1998, bajo el No. 27 Tomo 60-A, domiciliada en el Municipio San Francisco del Estado Zulia.
APODERADOS JUDICIALES DE LA
PARTE DEMANDADA: GREGORIO ANTONIO GOMEZ y LORENY GOTOPO, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números: 112.235 y 198.774, respectivamente, de este domicilio.
PARTE RECURRENTE EN
APELACIÓN: PARTE ACTORA (ya identificada).
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.
SENTENCIA DEFINITIVA:
Subieron los autos ante este Juzgado Superior, en virtud del Recurso de Apelación interpuesto por el profesional del derecho ALFREDO GARCIA, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandante, en contra de la decisión dictada en fecha 31 de mayo de 2016, por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el juicio que sigue el ciudadano CARLOS LUIS COLINA TOYO en contra de la Sociedad Mercantil ORGANIZACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL C.A. (ONSEINCA); Juzgado que mediante sentencia definitiva declaró: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA.
Contra dicho fallo, la parte actora ejerció Recurso Ordinario de Apelación, cuyo conocimiento correspondió a esta Alzada por los efectos administrativos de la distribución de asuntos.
Celebrada la audiencia de apelación, oral y pública, se dejó constancia de la comparecencia a ese acto de la representación judicial de la parte actora recurrente, quien adujo que el Tribunal a quo aplicó y cálculo erróneamente los salarios correspondientes para determinar los conceptos demandados en relación a la prestación de antigüedad, que si bien es cierto el cálculo más favorable es el establecido en el literal “A”, del artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores (LOTTT), el Tribunal no tomó los salarios que se especifican en la tabla de acreditaciones consignada anexa con el libelo de la demanda, sino que tomó los salarios mínimos decretados por el Ejecutivo Nacional, cuando lo cierto es que el actor en vista de que era un vigilante y trabajaba doce horas consecutivas, siempre devengó un salario mucho mayor que el salario mínimo, lo cual estaba conformado por el redoble, horas extras y bono nocturno. Por otro lado, el Tribunal a quo para el cálculo de la alícuota de utilidades, lo calculó en base a 30 días que es el mínimo establecido por la ley, cuando lo correcto debió haber sido a 60 días, según consta en actas procesales en el folio (35) recibo de utilidades, que fue promovido para demostrar que la demandada paga a sus trabajadores 60 días de utilidades, en consecuencia, solicita sea recalculado nuevamente con los salarios correspondientes que se mencionan en la tabla de acreditaciones, tomando en cuenta que la demandada no contestó la demanda, no promovió pruebas y compareció a la celebración de la audiencia de juicio. Como segundo punto, en relación a las vacaciones y al bono vacacional, del período comprendido del 20 de mayo al 19 de mayo que fue el primer año cumplido y las fraccionadas del 20 de mayo de 2015 al 30 de septiembre de 2015, pero que el Tribunal a quo tomó el último salario mínimo para calcular esos conceptos y debió haberlo hecho tomando en cuenta el salario variable de los últimos tres meses, lo hizo en base a un salario básico mínimo de Bs. 294, 48, cuando debió hacerlo bien sea en base al salario variable devengado en los últimos tres meses, es decir, Bs. 373,06, o en su defecto como nunca le fueron canceladas sus vacaciones y nunca las disfrutó, a último salario. Como siguiente punto estableció lo relacionado a las utilidades fraccionadas las cuales fueron canceladas en base a 30 días y la empresa paga 60 días. Por último, expresó que la sentencia posee un error en la interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa en la ley, ya que está reclamando la indemnización derivada del seguro del paro forzoso porque el trabajador nunca fue inscrito en el Seguro Social y el Tribunal a quo en sus consideraciones para decidir interpretó de forma errónea el contenido y alcance de la ley del Régimen Prestacional, cuando confunde los requisitos para poder optar por esa prestación dineraria, basándose en que la empresa nunca hizo el aporte de esas cotizaciones al Fondo de Prestaciones. Por lo que solicita sea declarado con lugar el recurso de apelación y con lugar la demanda.
Oídos los alegatos de la parte recurrente en la audiencia de apelación, oral y pública celebrada, y habiendo dictado su fallo en forma oral, esta Alzada pasa a reproducirlo por escrito previo a las siguientes consideraciones:
ALEGATOS FORMULADOS POR LA PARTE DEMANDANTE:
En su libelo de demanda, el ciudadano actor CARLOS LUIS TOYO COLINA, alegó haber comenzado a prestar sus servicios personales, directos y subordinados para la demandada en fecha 20/05/2014, ejerciendo el cargo de Oficial de Seguridad para la vigilancia privada de casa-habitación, oficinas públicas y privadas, farmacias, centro comerciales, supermercados, universidades, instituciones universitarias entre otros, devengando un salario mensual variable que dependía de días laborados; guardias nocturnas; redobles; horas extras nocturnas, días feriados regionales y nacionales, días de descanso, y demás extras de carácter salarial, con un último salario promedio normal mensual de Bs. 10.452,30, con un salario promedio diario normal de Bs. 348,41, sin añadirle la alícuota de utilidades y la alícuota de bono vacacional para poder determinar el salario integral. Que antes de dar inicio a la prestación de servicio fue entrevistado individualmente y contratado posteriormente de manera verbal por la Gerencia de Recursos Humanos de la demandada, cumpliendo todas las ordenes impartidas por el jefe inmediato; que laboraba cinco (5) días a la semana en una jornada de 12 horas seguidas y consecutivas de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. con 1 hora de descanso y 2 días de descanso semanal, que siempre laboró horas extras nocturnas, sábados, domingos y feriados. Que fue despedido el 30/09/2015 por el Jefe de Operaciones ciudadano José Reyes sin haberle entregado nada por escrito, y que posteriormente le cancelarían las prestaciones sociales pero que no fue así, que desde que culminó la relación laboral le ha exigido en varias oportunidades de manera amistosa le realice el pago de sus prestaciones sociales. Que por todas las razones antes descritas es por lo que reclama los siguientes conceptos: Prestación por Antigüedad la suma de Bs. 28.910,60; intereses por prestaciones sociales Bs. 2.951,75; Indemnización doble por terminación de la relación de trabajo, Bs. 28.910,60; vacaciones y bono vacacional del período 20/04/2014 al 20/05/2015, Bs. 11.191,89; vacaciones y bono vacacional fraccionadas del período 20/05/2014 al 30/09/2015, Bs. 3.730,60; utilidades fraccionadas del 20/05/2014 al 31/12/2014, Bs. 2.432,75; utilidades fraccionadas del 01/01/2015 al 30/09/2015, Bs. 14.382,oo; beneficio de alimentación, Bs. 2.475,oo; indemnización por paro forzoso, Bs. 26.860,32. Todos los conceptos arrojan la cantidad de Bs. 121.845,51, suma ésta que reclama a la demandada, así como los intereses y la indexación de la corrección monetaria. Solicitando se declare con lugar la demanda.
FUNDAMENTOS DE DEFENSA DE LA PARTE DEMANDADA.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:
LA PARTE DEMANDADA NO DIO CONTESTACION A LA DEMANDA. En tal sentido, incurre con su falta de contestación en una confesión ficta absoluta, pudiendo enervar los efectos de esa confesión con las pruebas promovidas en su debida oportunidad. Este criterio ha sido sustentado y ratificado por las Salas Constitucional y de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia; y una de ellas es la Sentencia Nº 810 de la Sala Constitucional de fecha 18 de abril de 2.006, con ponencia del Magistrado Pedro Rondón Haaz, donde en su contenido se dejó sentado:
“(…) se alegó la nulidad parcial del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, norma que establece:
Artículo 151. En el día y la hora fijados para la realización de la audiencia de juicio, deberán concurrir las partes o sus apoderados, quienes expondrán oralmente los alegatos contenidos en la demanda y en su contestación, y no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos. Si no compareciere la parte demandante se entenderá que desiste de la acción; en este caso, el juez de juicio dictará un auto en forma oral, reduciéndolo a un acta que se agregará al expediente. Contra esta decisión podrá el demandante apelar en ambos efectos por ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
Si fuere el demandado quien no compareciere a la audiencia de juicio, se tendrá por confeso con relación a los hechos planteados por la parte demandante, en cuanto sea procedente en derecho la petición del demandante, sentenciando la causa en forma oral con base a dicha confesión; sentencia que será reducida en forma escrita, en la misma audiencia de juicio. El demandado podrá apelar la decisión en ambos efectos, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del fallo.
En las situaciones anteriormente referidas serán consideradas como causas justificativas de la incomparecencia de las partes el caso fortuito o fuerza mayor, comprobable a criterio del tribunal.
En los casos de apelación, el Tribunal Superior del Trabajo respectivo decidirá sobre la misma, en forma oral e inmediata, previa audiencia de parte, en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a partir del recibo del expediente. Siempre será admisible recurso de casación contra dichas decisiones, si la cuantía excediere del monto establecido en el artículo 167 de esta Ley.
Si ninguna de las partes compareciere a la audiencia, el proceso se extinguirá y así lo hará constar el juez, en acta que inmediatamente levantará al efecto. “
(Omissis)
En criterio de la parte actora en este proceso, viola el derecho a la defensa el hecho de que “el juez, aun posiblemente teniendo en el expediente elementos de juicio suficientes que le permitan concluir que las peticiones del demandante pudieran estar desvirtuadas, deberá darle la razón a dicho demandante pues la norma le ordena sentenciar ‘...con base a dicha confesión...’, sin que pueda analizar el resto de los elementos probatorios que constan en el expediente”. En otras palabras, interpretan los hoy demandantes que, ante la confesión ficta del demandado a causa de su incomparecencia a la audiencia de juicio, el tribunal deberá dar la razón al demandante porque deberá decidir “con base en dicha confesión (rectius: ficta)” y porque no podrá apreciar los elementos probatorios que constaren ya en autos.
Ahora bien, no considera la Sala que exista violación al derecho a la defensa y al debido proceso, al menos en los términos en que lo alegó la parte actora, pues no comparte la interpretación que la misma hace del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Así, en primer lugar, no es cierto que si opera la confesión ficta del demandado en la audiencia de juicio haya que dar la razón al demandante porque habrá de decidirse la causa con base en dicha confesión. En efecto, teniendo en cuenta la confesión ficta del demandado quiere decir que no se ignore que a esa audiencia de juicio, la cual es ciertamente el “elemento central del proceso laboral” –tal como expresa la Exposición de Motivos de la Ley- y en la que se recogen oralmente los argumentos de las partes y se evacuan las pruebas a que haya lugar, no compareció la parte demandada, quien, por tanto, no evacuó prueba alguna ni se opuso a las que hubiera evacuado la contraparte. Esa ausencia de pruebas equivale, en la mayoría de los casos, a la admisión tácita de los hechos, pues recuérdese que, de conformidad con los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la ausencia de rechazo expreso y motivado de los argumentos de la demanda, así como la ausencia de pruebas de los hechos que se contradicen, equivalen a la admisión de los mismos.
Por tanto, la decisión de la causa teniendo en cuenta la contumacia del demandado que no compareció a la audiencia de juicio implica, en definitiva, que el juez falle, sin más, conforme a lo que se alegó y probó en el proceso hasta ese momento y en consideración a las consecuencias jurídicas de la falta de pruebas en perjuicio de quien soporta la carga probatoria.
A ello ha de agregarse que la propia norma (artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo) dispone que el Tribunal de Juicio decidirá de inmediato teniendo en cuenta la confesión ficta “en cuanto sea procedente en derecho la petición del demandante”, esto es, siempre que a la pretensión objeto de la demanda la Ley efectivamente otorgue las consecuencias jurídicas que la parte actora solicita sean declaradas por el Juez y siempre que, además, los hechos alegados se hayan comprobado como verdaderos, bien mediante las pruebas que hubieran sido aportadas por la demandante, bien como consecuencia de la ausencia de pruebas de la demandada, según a quien corresponda la carga probatoria. De manera que la decisión según la procedencia en derecho de la petición de la actora impide que, ante la contumacia del demandado haya que estimar, de pleno derecho, la demanda; antes por el contrario, si dicha pretensión no es conforme a derecho, no podrá estimarse con independencia de que haya operado o no la confesión ficta. En consecuencia, mal puede interpretarse la norma en el sentido de que sentenciar teniendo en consideración la confesión ficta del demandado en la audiencia de juicio equivale a que se juzgue a favor de la parte demandante, quien en modo alguno queda relevada de su carga de adecuada alegación y prueba. (…)”
Asimismo, la Sala de Casación Social del Máximo Tribunal de la República, en sentencia Nº 629 del 8 de mayo de 2008 (caso: Daniel Alfonso Pulido Cantor contra Transportes Especiales A.R.G. de Venezuela C.A.), sostuvo:
“(…) la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece sanciones a la parte demandada ya sea la por (sic) incomparecencia de ésta a la audiencia preliminar o a la audiencia de juicio, así como por la contumacia al no dar contestación a la demandada; según sea el caso, lo sanciona con la admisión de los hechos, o con la confesión en relación a los hechos demandados en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante.
Ahora bien, cuando el supuesto contenido en el último párrafo del artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se verifique en un determinado caso y se proceda, como lo ordena dicha norma, a la remisión del expediente al tribunal de juicio competente para que decida la causa, debe entenderse, que se fijará el día y la hora para la celebración de la audiencia oral y pública de juicio, para que las partes puedan controlar las pruebas aportadas por la contraria, pues es esta la única oportunidad para dicho control dándose así de esta manera fiel cumplimiento a lo establecido por la Sala de Casación Social en sentencia de fecha 15 de octubre del año 2004 (caso Ricardo Alí Pinto Gil contra Coca-Cola Femsa de Venezuela, S.A.).
(Omissis)
Consecuente con los criterios jurisprudenciales precedentemente expuestos, se estima que, si en la audiencia preliminar se consignan elementos probatorios respecto de los hechos que fundamentan la demanda, los mismos deben valorarse al momento de la decisión de juicio, con independencia de que hubiere operado la confesión ficta por falta de contestación a la demanda, pues el control de dichas pruebas debe realizarse, siendo la única oportunidad la audiencia oral y pública de juicio, previo pronunciamiento sobre la admisión de las pruebas, de lo contrario, implicaría obviar la oportunidad procesal para la admisión y evacuación de las pruebas.”(Subrayado es del Tribunal).
De lo anterior se llega a la conclusión que la conducta asumida por la parte demandada del presente procedimiento, encuadra dentro del supuesto establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y a la jurisprudencia antes analizada, pues no compareció a la audiencia de juicio, por lo tanto le acarrea una consecuencia jurídica que la Ley establece frente a la carga procesal de comparecencia del demandado a la audiencia de juicio en el proceso laboral, consecuencia jurídica que resulta ciertamente severa; razones que llevan a esta Juzgadora a declarar la Confesión Ficta Absoluta de la parte demandada, aunado a su falta de contestación a la demanda. ASÍ SE DECIDE.
En base a la jurisprudencia verificada ut supra, ante la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia de juicio, oral y pública, se declara la CONFESION FICTA ABSOLUTA, pasando de seguidas esta Juzgadora a analizar el material probatorio aportado por las partes en la Audiencia Preliminar, recordemos que en virtud de la confesión ficta aquí declarada, quedaron admitidos los hechos alegados por el actor en su libelo, pudiendo ser éstos desvirtuados en la fase probatoria. Así tenemos:
PRUEBAS PROMOVIDAS Y EVACUADAS POR LA PARTE DEMANDANTE:
1.- PRUEBAS DOCUMENTALES:
- Consignó junto con el escrito de promoción de pruebas, recibos de pago otorgados por la demandada, insertos en los folios del (24) al (33). Observa esta Alzada que la parte demandada no compareció a la celebración de la Audiencia de Juicio, Oral y Pública, por lo que se les otorga valor probatorio a estas documentales, quedando demostrado de ellos el salario devengado por el actor, así como la fecha de ingreso y los conceptos cancelados. ASÍ SE DECIDE.
- Consignó junto con el escrito de promoción de pruebas, constancia de trabajo. Se aplica el análisis ut supra. ASÍ SE DECIDE.
- Consignó junto con el escrito de promoción de pruebas, recibo de pago de utilidades correspondiente al período enero 2014 a diciembre 2014. Queda reconocida esta documental en virtud de la confesión ficta en la que incurrió la parte demandada al no dar contestación a la demanda ni comparecer a la audiencia de juicio, oral y pública. ASÍ SE DECIDE.
2.- PRUEBA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS:
- Solicitó de la demandada la exhibición de los originales de los comprobantes de pagos; de utilidades; y de bonificación especial año 2014 correspondiente al ciudadano CARLOS COLINA. En virtud de la incomparecencia de la demandada a la audiencia de juicio, oral y pública, se tienen como ciertos los datos aportados por el actor en relación con estas documentales. ASÍ SE DECIDE.
- Solicitó de la demandada la exhibición de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta. Se desecha del proceso por no aportar elementos suficientes tendentes a dirimir esta controversia. ASÍ SE DECIDE.
PRUEBAS PROMOVIDAS Y EVACUADAS POR LA PARTE DEMANDADA: NO PROMOVIÓ PRUEBAS.
CONCLUSIONES:
Pues bien, oídos los alegatos de la parte recurrente en la audiencia de apelación, oral y pública celebrada, y analizadas las pruebas promovidas y evacuadas, sólo resta a este Superior Tribunal determinar si resultan procedentes los motivos de apelación interpuestos por la parte actora en el presente asunto; pasando de seguidas esta sentenciadora, tomando en cuenta la confesión ficta absoluta en la que incurrió la parte demandada con su falta de contestación a la demanda, su incomparecencia a la audiencia de juicio, y su falta de pruebas, a estampar las siguientes CONCLUSIONES:
PRIMERO: El primer punto de apelación en el presente asunto se basa en analizar y verificar el salario base utilizado por el Tribunal aquo a los fines de calcular la prestación de antigüedad, ya que el recurrente alega que no tomó los salarios que se especifican en la tabla de acreditaciones consignada anexa con el libelo de la demanda, sino que tomó los salarios mínimos decretados por el Ejecutivo Nacional, cuándo lo cierto es que el actor en vista de que era un vigilante y trabajaba doce horas consecutivas, siempre devengó un salario mucho mayor que el salario mínimo, lo cual estaba conformado por redoble, horas extras y bono nocturno.
Así pues, se observa del material probatorio evacuado en las actas procesales, específicamente de la constancia de trabajo y los recibos de pago, que el trabajador ganaba salario mínimo, no siendo la tabla de acreditaciones tomada en cuenta en virtud de que los recibos y la constancia de trabajo constituyen una prueba fehaciente de ello, es por ello que el Tribunal a quo realizó el cálculo basado en los recibos de pago, los cuales son el verdadero elemento probatorio para el cálculo de la prestación de antigüedad. En consecuencia se declara IMPROCEDENTE la denuncia formulada por el recurrente en cuanto al salario base para el cálculo de la prestación de antigüedad. ASÍ SE DECIDE.
SEGUNDO: Alegó el recurrente que el Tribunal a quo para el cálculo de la alícuota de utilidades, lo efectuó en base a 30 días que es el mínimo establecido por la ley, cuándo lo correcto era a 60 días, porque consta en actas procesales en el folio (35) contentivo del recibo de utilidades que fue promovido para demostrar que la demandada paga a sus trabajadores 60 días de utilidades.
A los fines de resolver este punto de apelación, verifica esta alzada del recibo consignado por concepto de utilidades y bonificación del año 2014, que le fueron cancelados al trabajador 25 días más una bonificación especial, lo cual no demuestra que la demandada cancelaba a sus trabajadores 60 días de utilidades, sino el equivalente al salario de 30 días tal y como lo establece la ley y como fue condenado por el Tribunal de Primera Instancia; y siendo que ya en el primer punto fue confirmado el salario base para el cálculo, se hace inoficioso realizar el recálculo de los mismos. En consecuencia se declara IMPROCEDENTE la denuncia formulada por el recurrente. ASÍ SE DECIDE.
TERCERO: Plantea el recurrente en relación a las vacaciones y al bono vacacional, del período comprendido del 20 de mayo al 19 de mayo, que fue el primer año cumplido y las fraccionadas del 20 de mayo de 2015 al 30 de septiembre de 2015, que el Juzgado de la causa tomó el último salario mínimo para calcular esos conceptos, cuando debió hacerlo tomando en cuenta el salario variable de los últimos tres meses, ya que lo hizo en base a un salario básico mínimo de Bs. 294, 48, cuando debió calcular en base al salario variable devengado en los últimos tres meses, es decir, Bs. 373,06, o en su defecto como nunca le fueron canceladas sus vacaciones y nunca las disfrutó a último salario establecido en la tabla de acreditaciones.
En tal sentido, siendo que ya en el primer punto de apelación fue confirmado que el actor devengaba salario mínimo, esto de conformidad con las pruebas promovidas por él mismo y tomando en cuenta la confesión de la demandada, no puede entonces realizarse dicho cálculo en base a la tabla de acreditaciones, sino en base al salario mínimo que se establece en los recibos; por lo que se declara IMPROCEDENTE, este punto de apelación. ASÍ SE DECIDE.
CUARTO: Señaló el recurrente que la sentencia de primera instancia posee un error en la interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa en la ley, ya que está reclamando la indemnización derivada del seguro del paro forzoso porque el trabajador nunca fue inscrito en el seguro social y el Tribunal en sus consideraciones, interpretó la ley del Régimen Prestacional, cuando confunde los requisitos para poder optar por esa prestación dineraria.
Así pues, verifica esta alzada analizando la totalidad de los recibos consignados, que en todos y cada uno de ellos se establece un renglón de Retenciones del cual se deducen el Seguro Social y Paro Forzoso, y siendo que el artículo 39 de la Ley de Régimen Prestacional de Empleo, expresa de manera restrictiva que el empleador que no se afilió, o no afilió o su trabajador o trabajadora al Régimen Prestacional de Empleo, queda obligado a pagar al trabajador o trabajadora cesante todas las prestaciones y beneficios que establezca dicha ley, siempre y cuando se compruebe la concurrencia de tres requisitos: que no se haya afiliado el empleador, que no se haya afiliado al trabajador o que no se consigne oportunamente hasta un tercio de las cotizaciones debidas; por lo que constata esta Alzada que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en el vicio de errónea interpretación en cuanto al alcance y contenido de la norma, por lo que se declara IMPROCEDENTE este punto de apelación. ASÍ SE DECIDE.
Analizados y resueltos los motivos por los cuales la parte demandada recurrió ante este Juzgado Superior, en protección al Principio de la Reformatio in peius, que implica estudiar en qué extensión y profundidad puede el Juez Superior conocer de la causa, es decir, determinar cuáles son los poderes respecto al juicio en estado de apelación, procede este Juzgado Superior, a mencionar los hechos que quedaron firmes con relación a la sentencia del Tribunal A-quo, en tal sentido:
- PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD: De conformidad con lo establecido en el artículo 142, literal a) de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, la cual entró en vigencia en fecha siete (07) de mayo de 2012, y por cuanto quedó establecido que la relación de trabajo culminó en fecha 30/09/2015, la antigüedad se calculará según la disposición del artículo 142 ejusdem, de la siguiente manera:
Período Salario Básico Mensual Descanso Semanal Descanso Feriado Trabajado Horas extras y Descanso Bono Nocturno Salario mensual variable Salario Diario Normal Alícuota de Utilidades Alícuota de Bono Vacacional Salario Integral Antigüedad Antigüedad Acumulada Total Acumulado
Jun-14 4251,78 4251,78 141,73 11,81 5,91 159,44 15 2391,63 2391,63
Jul-14 4251,78 4251,78 141,73 11,81 5,91 159,44 0 0,00 2391,63
Ago-14 4251,78 4251,78 141,73 11,81 5,91 159,44 0 0,00 2391,63
Sep-14 4251,78 4251,78 141,73 11,81 5,91 159,44 15 2391,63 4783,25
Oct-14 4251,78 4251,78 141,73 11,81 5,91 159,44 0 0,00 4783,25
Nov-14 4251,78 1360,75 701,53 411,41 263,16 6988,63 232,95 19,41 9,71 262,07 0 0,00 4783,25
Dic-14 4889,11 652,00 978,00 557,50 293,40 7370,01 245,67 20,47 10,24 276,38 15 4145,63 8928,88
Ene-15 4889,11 4889,11 162,97 13,58 6,79 183,34 0 0,00 8928,88
Feb-15 5622,48 5622,48 187,42 15,62 7,81 210,84 0 0,00 8928,88
Mar-15 5622,48 750,00 562,50 575,00 450,00 7959,98 265,33 22,11 11,06 298,50 15 4477,49 13406,37
Abr-15 5622,48 1875,00 843,75 771,88 450,00 9563,11 318,77 26,56 13,28 358,62 0 0,00 13406,37
May-15 6746,98 1800,00 1925,00 1552,50 270,00 12294,48 409,82 34,15 18,21 462,18 0 0,00 13406,37
Jun-15 6746,98 1125,00 675,00 337,50 8884,48 296,15 24,68 13,16 333,99 15 5009,86 18416,23
Jul-15 7421,66 7421,66 247,39 20,62 11,00 279,00 0 0,00 18416,23
Ago-15 7421,66 7421,66 247,39 20,62 11,00 279,00 0 0,00 18416,23
Sep-15 7421,66 7421,66 247,39 20,62 11,00 279,00 15 4184,99 22601,22
Asimismo de conformidad con lo establecido en el literal c), cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa se calcularán las prestaciones sociales con base a treinta (30) días por cada año de servicio o fracción superior a los seis meses calculados al último salario integral; así entonces, visto que el trabajador laboró del 20/05/204 al 30/09/2015, le corresponden treinta (30) días por el año año, (4) meses y diez (10) días efectivamente laborados, a razón de un último salario integral de Bs. 332,11, lo cual arroja la cantidad de Bs. 9.963,36.
Así entonces, visto que del cálculo realizado como lo establece el artículo 142, literal d), el trabajador o trabajadora recibirá por concepto de prestaciones sociales, el monto que resulte mayor entre el total de la garantía depositada de acuerdo a lo establecido en los literales a) y b), y el cálculo efectuado al final de la relación laboral de acuerdo al literal c). Siendo así, al evidenciarse que de conformidad con el artículo 142 literal a), el trabajador al momento de la terminación de la relación de trabajo había acumulado unas prestaciones sociales por la cantidad de Bs. 22.601,22, resultando este monto mayor al cálculo establecido por el artículo 142, literal c), que arrojó un monto de Bs. 9.963,36; es por lo que se condena a la demandada a pagar al ciudadano demandante CARLOS LUIS COLINA TOYO la suma de Bs. 22.601,22, por el concepto de Antigüedad. ASÍ SE DECIDE.
- En relación al concepto de INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO, previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y en virtud de la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia de juicio (25/04/2016) y la no contestación a la demanda, no logró desvirtuar los alegatos de la parte actora; por lo que se condena a la demandada a pagar la suma de Bs. 22.601,22, por este concepto. ASÍ SE ESTABLECE.
- VACACIONES, BONO VACACIONAL Y VACACIONES FRACCIONADAS Y BONO VACACIONAL FRACCIONADO, calculado según lo establecido en el artículo 196 ejusdem, y en virtud de la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia de juicio así como a la falta de contestación a la demanda, le corresponde a la parte demandante por el período 20/05/2014 al 30/09/2015, 24,67 días a un salario normal variable en vista que el demandante de los recibos consignados demostró que devengaba salario variables, totalizando Bs. 294,48, dando como resultado Bs. 12.760,80, por lo que se condena a la demandada al pago de dicha cantidad al ciudadano actor CARLOS LUIS COLINA TOYO. ASÍ SE ESTABLECE.
Período Días de vacaciones Bono Vacacional Salario Diario Promedio Acumulado
20/05/2014 19/05/2015 15 15 294,48 8834,40
20/05/2015 30/09/2015 6,67 6,67 294,48 3926,40
Total: 12.760,80
- UTILIDADES FRACCIONADAS, calculado según lo establecido en el artículo 131|, ejusdem, y en virtud de la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia de juicio, así como la no contestación a la demanda, le corresponde a la parte demandante por el período 20/05/2014 al 31/12/2014 y del 01/01/2015 al 30/09/2015; 40 días a un salario normal devengado en dichos periodos, dando como resultado la cantidad de Bs. 9.865,50. Ahora bien, de las pruebas consignadas por la parte actora se observa recibo (folio 35, pieza principal), el pago realizado al demandante por dicho concepto en año 2014 por la suma de Bs. 4.278,75, suma que se le deduce; adeudándole la demandada al ciudadano actor Bs. 5.586,75. ASÍ SE ESTABLECE.
Período Días de Utilidades Salario Diario Promedio Total por Utilidades Pagado por la demandada Total a Pagar
20/05/2014 31/12/2014 17,50 245,67 4299,23 4278,75 20,47
01/01/2015 30/09/2015 22,50 247,39 5566,28 5566,28
40,00 9.865,50 5.586,75
- BENEFICIO DE ALIMENTACION: Reclama el actor el pago correspondiente al mes de septiembre de 2015. En tal sentido, establece el Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, Decreto Nº 4.448 de fecha 25 de abril de 2006, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.426 del 28 de abril de 2006, en su artículo 19:
“Artículo 19
Obligatoriedad del cumplimiento. Cuando el beneficio sea otorgado mediante la provisión o entrega al trabajador o trabajadora de cupones, ticket o tarjetas electrónicas de alimentación, la no prestación del servicio por causas no imputables al trabajador o trabajadora, no será motivo para la suspensión del otorgamiento del beneficio correspondiente a esa jornada.”
El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cesta Ticket Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras, (Gaceta Oficial Nº 40.773 del 23 de octubre de 2015), Decreto Nº 2.066, en su artículo 7 y 8, señala:
Monto mínimo de la cesta ticket socialista:
Artículo 7º. Cuando el beneficio a que se refiere este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se cumpla mediante la entrega de cupones, tickets, tarjetas electrónicas de alimentación o en dinero en efectivo o su equivalente conforme a las excepciones previstas en el artículo 5º, el trabajador o trabajadora percibirá mensualmente, como mínimo, el equivalente a una Unidad Tributaria y media (1,5 U.T.) por día, a razón de treinta (30) días por mes, pudiendo percibir hasta un máximo del equivalente a cuarenta y cinco Unidades Tributarias (45 U.T.) al mes, salvo que resulte procedente el descuento en los términos del artículo siguiente.
Cuando medien razones de interés social que así lo ameriten, el Ejecutivo Nacional podrá Decretar variaciones en cuanto a las modalidades, términos y monto aplicables al cumplimento del beneficio.
Descuento por inasistencia
Artículo 8º. “Cuando el trabajador o trabajadora incumpla con su jornada de trabajo por motivos que le sean imputables, la entidad de trabajo podrá descontar, por cada jornada incumplida, la porción del beneficio de alimentación que correspondiere. Dicha porción será el cociente de dividir el monto total que le correspondería percibir al trabajador o trabajadora por concepto de beneficio de cestaticket socialista en el respectivo mes, entre treinta (30).
Este descuento no será aplicable si la ausencia del trabajador o trabajadora resulta de causas imputables a la voluntad de la entidad de trabajo, o como consecuencia de una situación de riesgo, emergencia, catástrofe o calamidad pública derivada de hechos de la naturaleza que afecten directa y personalmente al trabajador o trabajadora, pero no a la entidad de trabajo, impidiéndole cumplir con la prestación del servicio, así como en los supuestos de vacaciones, incapacidad por enfermedad o accidente que no exceda de doce (12) meses, descanso pre y post natal y permiso o licencia de paternidad”. (Subrayado del Tribunal).
En cuanto a la cuantificación de este concepto reclamado, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, Decreto Nº 4.448 de fecha 25 de abril de 2006, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.426 del 28 de abril de 2006, en su artículo 36, reza:
“Artículo 36.
Cumplimiento retroactivo. Si durante la relación de trabajo el empleador o empleadora no hubiere cumplido con el beneficio de alimentación, estará obligado a otorgarlo retroactivamente al trabajador o trabajadora desde el momento en que haya nacido la obligación a través de la entrega de cupones, tickets o tarjetas electrónicas de alimentación, independientemente de la modalidad elegida.
En caso de terminación de la relación de trabajo por cualquier causa, sin que el empleador o empleadora haya cumplido con el beneficio de Alimentación, deberá pagarle al trabajador o trabajadora, a título indemnizatorio lo que le adeude por este concepto en dinero efectivo.
En ambos casos el cumplimiento retroactivo será con base en el valor de la unidad tributaria vigente al momento en que se verifique el cumplimiento. (Subrayado del Tribunal)”
En consecuencia, de conformidad con el artículo precitado, y la Gaceta Oficial Nº 40.852 del 19 de febrero de 2016), Decreto Nº 2.244; y al no haber la demandada cumplido con esta obligación del pago del bono de alimentación, le corresponde al trabajador CARLOS LUIS COLINA TOYO el pago del mes de septiembre de 2015; y teniendo como parámetros lo señalado en el Gaceta Oficial Nº 40.852 del 19 de febrero de 2016), Decreto Nº 2.244, que establece que: Monto mínimo del cesta ticket socialista: “…Se ajusta el pago del Cesta ticket Socialista para los Trabajadores y las Trabajadoras que presten servicios en los sectores públicos y privados a dos y media Unidades Tributarias (2.5 U.T.), por día a razón de treinta (30) días por mes, pudiendo percibir hasta un máximo del equivalente a setenta y cinco (75 U.T.) al mes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cesta ticket socialista para los Trabajadores y Trabajadoras. Este concepto deberá ser calculado a razón del 2,5 del valor actual de la Unidad Tributaria, el cual es un monto de Bs. 177,oo; de acuerdo a la Gaceta Oficial No. 40.846 de fecha 11/02/2016, lo que arroja un monto par su cálculo de Bs. 619,50, que multiplicado por los 30 días que corresponde al mes de septiembre de 2015 da como resultado las suma de Bs. 18.585,oo monto éste que se condena a pagar al actor CARLOS LUIS COLINA TOYO. ASÍ SE DECIDE.
Estas cantidades sumadas dan como resultado un monto total de OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 82.134,99), monto éste que deberá la parte demandada pagar al ciudadano CARLOS LUIS COLINA TOYO, por prestaciones sociales y otros conceptos laborales. ASÍ SE ESTABLECE.
- INDEMNIZACIÓN POR SEGURO DEL PARO FORZOSO: Alega el incumplimiento de la obligación de hacer, y en virtud de fue despedido injustificadamente; y por no entregarle los requisitos necesarios para solicitar el beneficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Régimen Prestacional de empleo, reclama Bs. 26.860,32. En relación a este concepto se cita el articulo el artículo 5, numeral 3 de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo, que establece el derecho del trabajador de recibir de su patrono la documentación necesaria para realizar los trámites correspondientes; y señala que:
“Los trabajadores y trabajadoras en relación con el Régimen Prestacional de Empleo tienen derecho a: (Omissis).
3. Recibir del empleador o empleadora a la terminación de la relación de trabajo, todos los documentos necesarios para tramitar las prestaciones del Régimen Prestacional de Empleo, de conformidad con lo establecido en esta Ley y su Reglamento…”
El artículo 39 ejusdem prevé cuándo, de forma excepcional, será el patrono quien deba asumir, total o parcialmente, las prestaciones y beneficios que correspondan al trabajador en caso de cesantía:
“El empleador o empleadora que no se afilió, o no afilió a su trabajador o trabajadora al Régimen Prestacional de Empleo, queda obligado a pagar al trabajador o trabajadora cesante todas las prestaciones y beneficios que le correspondan en virtud de esta Ley en caso de cesantía, más los intereses de mora correspondientes.
Si el empleador o empleadora no enterare oportunamente hasta un tercio (1/3) de las cotizaciones debidas, estará obligado al pago de las prestaciones y beneficios que correspondan al trabajador o trabajadora cesante en proporción al defecto de cotización y el tiempo efectivo de servicio, más los intereses de mora correspondientes…”
Como corolario se cita sentencia emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 12 de mayo de 2015, con Ponencia del Magistrado DANILO MOJICA, (caso: KAROLYN COROMOTO RANGEL DE GUTIÉRREZ y HENRY ROBLES YÚNEZ, contra la Sociedad Mercantil HOTEL TAMANACO, C.A.):
“…Se demanda el pago de una cantidad de dinero por concepto de “seguro de paro forzoso”, por cuanto –según se afirma en el escrito libelar– no fue posible tramitar la prestación dineraria prevista en la Ley del Régimen Prestacional de Empleo en virtud del incumplimiento de la empleadora, de entregar a la trabajadora los documentos necesarios para ello.
En cuanto al pedimento planteado, se observa que en sentencia Nº 313 del 23 de mayo de 2013 (caso: Efrén Francisco Sánchez Núñez contra Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal), esta Sala de Casación Social sostuvo:
(…) el 30 de diciembre de 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, que vino a regular la protección de las personas frente a contingencias sociales y laborales. Es decir que con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, vino a regular el llamado sistema de paro forzoso, que amparaba al trabajador ante cesantías y le facilitaba los mecanismos necesarios para la reinserción en el mercado de trabajo, [el cual] vino a ser sustituido por el Régimen Prestacional de Empleo, cuyo objeto es la protección del trabajador ante las contingencias de pérdidas involuntarias del empleo y de desempleo.
En efecto, el artículo 31 de la Ley de Régimen Prestacional de Empleo, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.281 del 27 de septiembre de 2005, establece las prestaciones que otorgará el Régimen Prestacional de Empleo al trabajador cesante, una de las cuales –la prevista en el numeral 1 de dicha disposición–, consiste en una obligación de dar: Una “[p]restación dineraria mensual hasta por cinco meses, equivalente al sesenta por ciento (60%) del monto resultante de promediar el salario mensual utilizado para calcular las cotizaciones durante los últimos doce meses de trabajo anteriores a la cesantía”. Igualmente, la citada disposición preceptúa, en su último aparte, que “[e]stas prestaciones dinerarias serán canceladas por la Tesorería de Seguridad Social con cargo al Fondo Contributivo del Régimen Prestacional de Empleo (…)”.
Conteste con lo dispuesto en el encabezado del artículo 36 eiusdem, el trabajador cesante podrá solicitar su calificación como beneficiario de la prestación dineraria, a través de los procedimientos que establezca el Instituto Nacional de Empleo, dentro de los sesenta días continuos siguientes a la terminación de la relación de trabajo o pérdida involuntaria de la fuente de ingreso.
A tal efecto, el artículo 35 de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo establece, en su encabezado, el deber por parte del empleador de informar a la Tesorería de Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo, la terminación de la relación laboral, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra tal hecho, y entregar al trabajador cesante beneficiario una planilla de cesantía según formato producido por el Instituto Nacional de Empleo, sellada y firmada por el patrono.
Asimismo, el artículo 5, numeral 3 eiusdem consagra el derecho del trabajador de recibir de su patrono la documentación necesaria para realizar los trámites correspondientes; en este sentido, se preceptúa:
Derechos de los trabajadores y trabajadoras
Artículo 5. Los trabajadores y trabajadoras en relación con el Régimen Prestacional de Empleo tienen derecho a: (Omissis).
3. Recibir del empleador o empleadora a la terminación de la relación de trabajo, todos los documentos necesarios para tramitar las prestaciones del Régimen Prestacional de Empleo, de conformidad con lo establecido en esta Ley y su Reglamento.
(Omissis)
Sin embargo, la falta de notificación por parte del patrono a la Administración acerca del término de la relación de trabajo, así como la consignación de la planilla de cesantía al trabajador, constituyen supuestos que dan lugar a la imposición de multas, de conformidad con lo contemplado en el Título X de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo; concretamente, el artículo 57 dispone:
Infracciones muy graves
Artículo 57. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, se sancionará con multas de setenta y seis unidades tributarias (76 U.T.) a cien unidades tributarias (100 U.T.), por cada trabajador o trabajadora afectado por el empleador o empleadora que: (Omissis).
4. No comunique a la Tesorería de Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo, la terminación de la relación laboral o del contrato de trabajo dentro de los tres días hábiles siguientes.
5. Nunca comunique a la Tesorería de Seguridad Social la terminación de la relación laboral o del contrato de trabajo.
6. No haga entrega de la planilla de cesantía al trabajador o la trabajadora.
(Omissis)
En los casos previstos en este artículo, y según la gravedad de la infracción, podrá acordarse, en lugar de la aplicación de las multas, el cierre de la empresa, establecimiento, explotación o faena, hasta por setenta y dos horas (…).
Si bien en la disposición parcialmente transcrita se señala “sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales”, es preciso resaltar que el artículo 39 de la Ley in comento prevé cuándo, de forma excepcional, será el patrono quien deba asumir, total o parcialmente, las prestaciones y beneficios que correspondan al trabajador en caso de cesantía:
Responsabilidad del empleador o empleadora
Artículo 39. El empleador o empleadora que no se afilió, o no afilió a su trabajador o trabajadora al Régimen Prestacional de Empleo, queda obligado a pagar al trabajador o trabajadora cesante todas las prestaciones y beneficios que le correspondan en virtud de esta Ley en caso de cesantía, más los intereses de mora correspondientes.
Si el empleador o empleadora no enterare oportunamente hasta un tercio (1/3) de las cotizaciones debidas, estará obligado al pago de las prestaciones y beneficios que correspondan al trabajador o trabajadora cesante en proporción al defecto de cotización y el tiempo efectivo de servicio, más los intereses de mora correspondientes.
Si la mora excediere ese porcentaje, el empleador o empleadora, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, estará obligado al pago íntegro de las prestaciones previstas en esta Ley, más los intereses de mora correspondientes.
Los intereses de mora a los que refiere este artículo se calcularán según la variación habida en el Índice de Precios al Consumidor de la ciudad de Caracas entre la fecha del pago de las prestaciones y su reintegro, sin perjuicio de los daños y perjuicios a que hubiere lugar.
La acción del trabajador o trabajadora para reclamar al empleador o empleadora el valor de las prestaciones y beneficios que le correspondan en virtud de esta Ley, prescribe a los dos años, contados a partir de la fecha en que concluyó la prestación del servicio.
Como se observa, la disposición citada contiene una norma de excepción –de interpretación restrictiva–, porque la regla general es que el Régimen Prestacional de Empleo otorgue al trabajador los beneficios previstos en la Ley especial, y el empleador únicamente debe asumirlos cuando se compruebe la ocurrencia de alguno de los tres supuestos allí establecidos, a saber, que no se haya afiliado, que no haya afiliado al trabajador o que no consigne oportunamente hasta un tercio de las cotizaciones debidas.
En el caso bajo estudio, no se verificó ninguno de los tres supuestos aludidos –observándose al respecto que en el recibo de pago de la semana comprendida entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre de 2008, se incluye una deducción por concepto de “Reg. Prestac. De Empleo” (folio 146)–; más aun, aquellos ni siquiera fueron alegados por la parte actora, quien sustentó su pedimento en la supuesta falta de entrega de la documentación, por parte del patrono.
En consecuencia, esta Sala concluye que es improcedente el pedimento de la codemandante Karolyn Coromoto Rangel de Gutiérrez referido al “seguro de paro forzoso”, al no constatarse alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 39 de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo, en los cuales el patrono queda obligado a pagar las prestaciones y beneficios que correspondan al trabajador, total o parcialmente. En este orden de ideas, cabe destacar que tales prestaciones y beneficios “deben ser requeridos por el demandante ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.)” (vid. sentencia de la Sala Especial Segunda de la Sala de Casación Social, Nº 1.407 del 6 de octubre de 2014, caso: Hipólito Antonio Rodríguez Auyoa contra Agropecuaria Las Guaruras, C.A. y otros). Así se declara.
Por consiguiente, se concluye que el patrono debe asumir el Régimen Prestacional de Empleo, únicamente debe asumirlos cuando se compruebe la ocurrencia de alguno de los tres supuestos establecidos en el artículo 39 de la mencionada Ley, como son: que no se haya afiliado, que no haya afiliado al trabajador o que no consigne oportunamente hasta un tercio de las cotizaciones debidas; en tal sentido al verificarse de los recibos de pago consignados por el actor, la demandada de autos, renglón “aporte empleado Seguro Social Obligatorio”; “Aporte empleado Régimen Prestacional de empleo”; no se constatan ninguno de los tres supuestos señalados en el 39 de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo. Por lo que declara forzosamente Improcedente la reclamación de este concepto. ASÍ SE DECIDE.
En atención a la Sentencia antes mencionada, tales prestaciones y beneficios “deben ser requeridos por el demandante ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.)” (vid. sentencia de la Sala Especial Segunda de la Sala de Casación Social, Nº 1.407 del 6 de octubre de 2014, caso: Hipólito Antonio Rodríguez Auyoa contra Agropecuaria Las Guaruras, C.A. y otros). ASÍ SE DECIDE.
- INTERESES SOBRE PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD: Se ordena el pago de los mismos durante el tiempo que duró la relación laboral, sobre la tasa promedio para el cálculo de intereses de prestaciones sociales establecida en el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores. En caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Igualmente, se ordena el pago de los intereses de mora sobre los conceptos acordados desde la fecha de la terminación de la relación laboral que data del 30 de septiembre de 2015, calculados con base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, conforme a lo previsto en el artículo 128 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras, los cuales serán determinados mediante experticia complementaria del fallo por un solo experto designado al efecto.
En lo que respecta al período a indexar de los conceptos derivados de la relación laboral, con excepción de la incidencia de la prestación de antiguedad; su inicio será la fecha de notificación de la demandada, que data del 30 de noviembre de 2015, hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales.
En caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Los cálculos ordenados mediante experticia complementaria del fallo, serán determinados por un solo experto designado por el Juzgado, de conformidad con el artículo 159 de la Ley Adjetiva Laboral. ASÍ SE ESTABLECE.
En virtud de las anteriores consideraciones, en el dispositivo del presente fallo se declarará SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora y se confirmará el fallo dictado en primera instancia. QUE QUEDE ASI ENTENDIDO.
DISPOSITIVO:
Por los fundamentos expuestos, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, este Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el ejercicio de sus facultades legales, Administrando Justicia y por autoridad de la Ley, declara:
1) SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el profesional del derecho ALFREDO GARCIA, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandante, en contra de la decisión dictada en fecha 31 de mayo de 2016, por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
2) SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por cobro de Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales, intentó el ciudadano CARLOS LUIS TOYO COLINA, en contra de la Sociedad Mercantil ORGANIZACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL C.A. (ONSEINCA).
3) SE CONDENA a la Sociedad Mercantil ORGANIZACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL C.A (ONSEINCA) a cancelar al ciudadano actor CARLOS LUIS COLINA TOYO, la cantidad de Bs. 82.134,99.
4) SE CONFIRMA el Fallo Apelado.
5) NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS PROCESALES en el presente procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. DÉJESE COPIA CERTIFICADA POR SECRETARÍA DEL PRESENTE FALLO.
Dada, firmada y sellada en la sala de AUDIENCIAS del JUZGADO SUPERIOR CUARTO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los veinte (20) días del mes de julio de dos mil dieciséis (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
LA JUEZ,
MONICA PARRA DE SOTO.
LA SECRETARIA,
LISSETH PEREZ
En la misma fecha, se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las once de la mañana (11:00 a.m).
LA SECRETARIA,
LISSETH PEREZ
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