TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA.
EXP. N°. 11.870-15
I.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
PARTE ACTORA: ciudadano JIMMY ALFONSO PALOMINO CARDOZO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad N° 9.741.071, domiciliado en la Avenida Francisco Fajardo, sector Las Chiveras, Quinta San Judas Tadeo, Municipio García del estado Bolivariano de Nueva Esparta.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogado ISRAEL FERNANDO ESCOBAR MILLA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 112.446.
PARTE DEMANDADA: ciudadana JULEYKA JOSEFINA MARQUEZ GARCIA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad N° 11.995.426, domiciliada en la Avenida Antonio José de Sucre, Residencia Bellamar, piso 03, apartamento N° 33, Urbanización Jorge Coll, Municipio Maneiro del Estado Bolivariano de Nueva Esparta.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Abogada MARIA ANGÉLICA GONZALEZ MARQUEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 185.149.
Consta de las actas que conforman el presente expediente que en fecha 29.06.2015, el ciudadano JIMMY ALFONSO PALOMINO CARDOZO, debidamente asistido por el abogado ISRAEL FERNANDO ESCOBAR MILLA, presenta para su distribución por ante este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, demanda de PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 148, 149, 159 ordinal primero, 160, 165 ordinal primero, 173, 175, 168 del Código Civil en concordancia los artículos 777 y 778 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 29.06.2015 (f.28), la presente demanda fue asignada a este Juzgado, quien en fecha 01.07.2015, le dio la entrada respectiva (f.vto. 28).
Por auto de fecha 03.07.2015 (f. 29 y 30), se admitió la demanda ordenándose el emplazamiento de la parte demandada ciudadana JULEYKA JOSEFINA MARQUEZ GARCIA.
En fecha 14.07.2015 (f. 31) la parte actora con la debida asistencia jurídica consignó las copias simples del escrito libelar y auto de admisión a los efectos de la elaboración de la compulsa dirigida a la demandada.
Por diligencia de fecha 14.07.2015 (f. 32 y 33), la parte actora confirió poder apud-acta al abogado ISRAEL FERNANDO ESCOBAR MILLA, dejándose constancia por secretaría de tal circunstancia.
En fecha 17.07.2015 (f. 34) se dejó constancia por secretaria de haberse librado compulsa a los efectos de llevar a cabo la citación de la demandada.
Por diligencia de fecha 30.07.2015 (f. 35 y 36) el alguacil de este despacho consignó en un (1) folio útil, recibo de citación debidamente firmado por la demandada, ciudadana JULEYKA JOSEFINA MARQUEZ GARCIA.
En fecha 17.09.2015 (f. 37 al 41) la ciudadana JULEYKA JOSEFINA MARQUEZ GARCIA, asistida de abogado, solicitó la declinatoria por la materia al Tribunal de Protección de Niñas, Niños y Adolescente de este Estado según lo establecido en el artículo 177, literales K), I), M) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente en vista de que para el momento de la presentación del libelo de la demanda constaba la existencia de una (1) niña y una (1) adolescente producto de la unión conyugal, consignando a tal fin las copias de las partidas de nacimiento y cédulas de identidad de las menores.
Por diligencia de fecha 17.09.2015 (f. 42 y 43), la parte demandada confirió poder apud-acta a la abogada MARIA ANGÉLICA GONZALEZ MARQUEZ, dejándose constancia por secretaría de tal circunstancia.
Por auto de fecha 21.09-2015 (f. 44 al 50), se desestimó la solicitud de regulación de competencia efectuada por la demandada.
En fecha 30.09.2015 (f. 51 al 53), la apoderada judicial de la parte demandada consignó constante de tres (3) folios útiles, escrito de contestación a la demanda.
En fecha 05.10.2015 (f. 54 al 56), el apoderado actor consignó escrito constante de tres (f.03) folios útiles, a través del cual manifestó ciertos hechos relacionado con la contestación a la demanda efectuada por su contraparte.
En fecha 21.10.2015 (f. 57) se dejó constancia por secretaria que fue consignado por el apoderado judicial de la parte actora escrito de pruebas, el cual fue reservado y guardado para ser agregado a los autos en su oportunidad.
En fecha 26.10.2015 (f. 58) se dejó constancia por secretaria que fue agregado a los autos el escrito de pruebas presentado por la representación judicial de la parte actora (f. 59 y 60).
Por auto de fecha 30.10.2015 (f. 61) se admitieron las pruebas promovidas por el apoderado judicial de la parte actora.
En fecha 13.01.2016 (f. 62) se ordenó efectuar un computo por secretaria de los días de despacho transcurridos desde el 30.10.2015 exclusive hasta el 11.01.2016 inclusive; dejándose constancia de haber transcurrido treinta (30) días de despacho.
Por auto de fecha 13.01.2016 (f. 63), se aclaró a las partes que a partir del día 12.01.2016 inclusive comenzó a transcurrir el término del décimo quinto (15°) día de despacho para presentar sus respectivos informes.
En fecha 02.02.2016 (f. 64) se dictó auto a través del cual se aclaró a las partes que la presente causa se encontraba en etapa de dictar sentencia de conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil.
Siendo la oportunidad para decidir se hace bajo los siguientes términos:
I.-MOTIVACIONES PARA DECIDIR.
PUNTO PREVIO
El artículo 1º de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece:

“Esta Ley tiene por objeto garantizar a todos los niños y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su concepción.”

Específicamente, sobre el tema de la competencia para conocer de la liquidación y partición de la comunidad conyugal o derivadas de uniones estables de hecho, el artículo 177, Parágrafo Primero, literal l) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, reformada el 10 de diciembre de 2007, establece expresamente los asuntos en los cuales estos tribunales tendrán competencia por la materia, a saber:

“Competencia del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
El Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es competente en las siguientes materias:
Parágrafo Primero. Asuntos de familia de naturaleza contenciosa:
a) Filiación.
b) Privación, restitución y extinción de la Patria Potestad, así como las discrepancias que surjan en relación con su ejercicio.
c) Otorgamiento, modificación, restitución y privación del ejercicio de la Responsabilidad de Crianza o de la Custodia.
d) Fijación, ofrecimiento para la fijación y revisión de la Obligación de Manutención nacional e internacional.
e) Fijación y revisión de Régimen de Convivencia Familiar nacional e internacional.
f) Negativas o desacuerdos en autorizaciones para viajar dentro y fuera del país.
g) Negativas o desacuerdos en autorizaciones para residenciarse dentro y fuera del país.
h) Colocación familiar y colocación en entidad de atención.
i) Adopción y nulidad de adopción.
j) Divorcio, nulidad de matrimonio y separación de cuerpos, cuando haya niños, niñas o adolescentes comunes o bajo Responsabilidad de Crianza y/o Patria Potestad de alguno de los cónyuges.
k) Divorcio, nulidad de matrimonio, separación de cuerpos, liquidación y partición de la comunidad conyugal o de uniones estables de hecho cuando uno o ambos cónyuges sean adolescentes.
l) Liquidación y partición de la comunidad conyugal o de uniones estables de hecho, cuando haya niños, niñas y adolescentes comunes o bajo Responsabilidad de Crianza y/o Patria Potestad de alguno o alguna de los solicitantes.
m) Cualquier otro afín de naturaleza contenciosa que deba resolverse judicialmente en el cual los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el proceso…” (Subrayado y resaltado del Tribunal).

En este sentido, se debe señalar que el fuero atrayente de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tiene razón de ser en resguardo del interés superior del niño y del adolescente al que hace alusión el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en la medida en que los derechos y garantías de éstos sean objeto del debate judicial, pudiendo ser afectados de manera directa por la decisión que resuelva dicha controversia.

En este contexto, estima conveniente traer a colación el precedente jurisprudencial sentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual fija el criterio de la activación del fuero atrayente a favor de la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes, independientemente de la naturaleza del debate judicial, cuando en la relación procesal que sobrevenga o deliberadamente se instaure, sean llamados a intervenir en la causa de que se trate, personas en etapa de niñez o adolescencia, en tanto factor decisivo en la determinación de la competencia. En efecto, en sentencia número 1951 de fecha quince (15) de diciembre de dos mil once (2011), la Sala Constitucional sostuvo lo siguiente:

“Esta situación imprevista que obligaba a citar a estos sujetos, menores de edad, para la iniciación del juicio, hizo que surgiera un fuero atrayente, a favor de los Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, conforme a lo establecido en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a pesar del evidente carácter agrario del asunto. Ello se explica por cuanto en la confrontación entre la especialidad de la materia agraria y de niños, niñas y adolescentes, es factor determinante ésta última, de donde se sigue que el bien jurídico tutelado que debe prevalecer es la protección de éstos, en función del interés superior del niño.
Ello tiene igualmente su explicación en la circunstancia de que la mera existencia de un conflicto donde se discutan derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes, conforme a la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, obliga a que los mismos se discutan ante un juez especializado, formado en la protección integral de éstos, a los fines de garantizar la realización de un proceso acorde con los especiales intereses que se tutelan.
(…)
Ahora bien, la demanda por interdicto restitutorio fue interpuesta en fecha 11 de agosto de 2003, es decir, antes de la mencionada reforma de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente. Por ello, a juicio de la Sala, el conflicto de competencia planteado debia ser resuelto en atención al principio perpetuatio fori, consagrado, como principio general del Derecho, en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el cual ‘[l]a jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa’.
Sin embargo, dicho principio encuentra su excepción en aquellos casos en los que el sujeto pasivo en la demanda esté constituido por un niño, niña o adolescente, pues debe protegerse los interés de los mismos, aplicando las instituciones propias establecidas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, lo cual le corresponde al juez competente en esa materia su aplicación, en atención a lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prevé: “Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de pleno derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, lo cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República.”
De esta manera resulta necesario recordar que, inicialmente, mediante la sentencia N° 33 publicada en fecha 24 de octubre de 2001, (y ratificada en sentencia N° 4 publicada en fecha 21 de febrero de 2002), la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia interpretó que la norma contenida en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente ‘atribuye a los órganos de la referida jurisdicción especial [de protección del niño y del adolescente] el conocimiento y decisión de las demandas incoadas contra niños y adolescentes, lo cual, evidentemente, implica la competencia de estos órganos para conocer de los juicios en los cuales los niños y adolescentes figuren como demandados o accionados en la relación procesal…’ y que , por consiguiente, ello suponía que ‘…no forma parte de la competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente ni de la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal el conocimiento de las demandas de naturaleza patrimonial o del trabajo incoadas por niños o adolescentes’.
Este criterio interpretativo, basado en el tenor literal de las normas aplicables, habría bastado en su momento para determinar que, en la presente causa, la demanda de interdicto restitutorio debe ser conocida y sentenciada por los tribunales de protección de niños y adolescentes, ya que en este caso, los adolescentes figuraban como demandados en la relación procesal.
No obstante, debe recordarse que este criterio inicial fue posteriormente modificado para ampliar el ámbito de competencia de los mencionados tribunales de protección del niño y del adolescente. Es así como a través de la sentencia N° 44 de fecha 2 de agosto de 2006, publicada en fecha 16 de noviembre de 2006 (Caso: Sucesión Carpio de Monro Cesarina), la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia expresó lo siguiente:

′De allí que la conjugación de un sistema de interpretación gramatical, relativo al sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí, y el sistema lógico de interpretación, relativo a la intención del legislador, lleva a esta Sala a concluir que los asuntos de carácter patrimonial en los que figuren niños y adolescente, independientemente de que sean demandados o demandantes, deben ser competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente; más aún si se piensa que estos Tribunales cuentan con especialistas en las distintas materias y servicios propios para una especial, integral y cabal protección de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional(…)′.
De esta manera, incluso antes de la reforma de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, quedó claramente establecido que el ámbito material de competencia de los órganos de la jurisdicción especial de protección de niños y adolescentes debe extenderse a todos los asuntos de carácter patrimonial en los que se encuentren involucrados niños, niñas o adolescentes, independientemente del carácter con que éstos intervengan en el proceso, criterio éste contenido en la disposición actual del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes.
De tal manera que, no cabe duda de que la competencia para el conocimiento del asunto corresponde a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Así se establece.”

Este avanzado criterio jurisprudencial, no sólo ha sido aplicado por la Sala Plena en función de la resolución de los asuntos que le ha correspondido conocer en el ejercicio de sus potestades jurisdiccionales, sino que progresivamente lo ha desarrollado en la perspectiva de garantizar una óptima administración de justicia, a propósito de la resolución de los conflictos competenciales que se suscitan entre órganos judiciales con ocasión al conocimiento de asuntos en que están involucrados derecho e intereses de niños, niñas y adolescentes.
Más recientemente, la Sala Plena en sentencia número 21 de fecha treinta (30) de enero de dos mil trece (2013), divulgada en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia , estableció que al encontrarse involucrados en una causa los “…intereses de la infancia y de la adolescencia, su superioridad en relación con otras consideraciones jurídicas, obliga a que…” dicho asunto sea conocido por la jurisdicción de protección de niños, niñas y adolescentes, prescindiendo de la jurisprudencia normativa que estuviera vigente para el momento de la interposición de la acción, si ésta atribuye la competencia a una jurisdicción distinta a la preseñalada, toda vez que tal cuestión se constituye en un asunto preeminentemente de justicia. Concretamente, sostuvo la Sala Plena lo siguiente:

“La Sala observa que el nuevo criterio es posterior a la situación de hecho planteada en la demanda de partición de comunidad concubinaria, interpuesta en El Tigre, Estado Anzoátegui, el 15 de noviembre de 2007. Se evidencia en los autos que el Juez Civil al que correspondió conocer declinó ante el de protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y que este a su vez se declaró incompetente basándose en el criterio que para entonces sostenía esta Sala Plena. Por tales razones declinó su competencia y solicitó regulación de competencia a la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, la cual a su vez declinó ante esta Sala Plena.
Advierte esta Sala Plena que la protección a la familia, el interés superior del niño, la progresividad de los derechos, la aplicación de la norma más provechosa a los intereses superiores de la infancia tienen rango constitucional, todo lo cual redunda en la necesidad de aplicar la jurisprudencia reciente por encima de la jurisprudencia normativa vigente para el momento del acto procesal de incoar la demanda en sede civil (15 de noviembre de 2007), pues era esa sede tanto por la norma civil como por la jurisprudencia pacífica de aquel momento, la aplicable a este caso concreto.
Por eso el reciente cambio jurisprudencial que norma la situación de hecho planteada en este caso, es el aplicable aun cuando en su momento de ocurrencia la jurisprudencia normativa era diferente. En asuntos como este en el que se involucran -aunque indirectamente- intereses de la infancia y de la adolescencia, su superioridad en relación con otras consideraciones jurídicas, obliga a que el criterio nuevo se imponga sobre el criterio superado, pese a que este (el criterio anterior) fuese el jurídicamente aplicable. Pero como está involucrado en la relación concubinaria el interés superior de una niña, constituyéndose en un asunto preeminente de justicia, la Sala considera que debe prevalecer esta, la justicia.
En virtud de estas consideraciones acerca de los criterios que se oponen en razón del tiempo procesal, como quiera que en este caso la solicitante alegó que de esa unión ‘nació una niña en el año 1998 (…)’ y así consta en el expediente según acta de nacimiento (folio 9), la competencia para conocer y decidir el caso de autos corresponde al Juzgado de Primera Instancia de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, máxime cuando dicha niña es actualmente adolescente. Se ordena remitir el expediente al referido juzgado. Así se determina.”
A juicio de esta Sala Plena, es evidente que la orientación de la jurisprudencia patria en lo tocante al tutelaje de los derechos e intereses de la niñez y adolescencia, se dirige a desarrollar y fortalecer la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes, lo que entre otras cuestiones supone la ampliación de su competencia a partir de una progresiva interpretación del ordenamiento jurídico nacional, con miras a garantizar que los asuntos judiciales en que estén involucrado los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes, sean conocidos y decididos por tribunales especializados en la materia.

Resulta claro según los extractos de las sentencias transcritas, que en aquellos casos en que la acción civil sea dirigida contra niños y adolescentes, la competencia le corresponde a la jurisdicción especial, pero también, contrario a lo sostenido por la Sala Plena y Sala Social, la Sala Civil, basada en la sentencia emanada de la Sala Constitucional de fecha 04 de mayo de 2000, la cual conforme al artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es de carácter vinculante, considera que la competencia en cuanto a la materia para conocer de una acción civil donde aparezca como demandante o demandado un niño o adolescente le corresponde no al tribunal civil, sino a los de Protección del Niño y del Adolescente, conforme al artículo 28 del Código de Procedimiento Civil que determina la competencia por la materia según la naturaleza de la cuestión que se discute.
En este caso particular, se observa que en la presente demanda se ventila la PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL incoada por el ciudadano JIMMY ALFONSO PALOMINO CARDOZO en contra de la ciudadana JULEYKA JOSEFINA MARQUEZ GARCIA, en relación al bien inmueble constituido por un apartamento distinguido con el N° 33, ubicado en el piso 3, de la Residencia Bellamar, y asimismo resulta imperativo para este Tribunal dejar expresa constancia que en el escrito de demanda el actor omitió mencionar la existencia de dos hijas de 12 y 15 años, suya y de la parte demandada, que al decir de ésta última habita en el inmueble cuya partición se pretende.
Ahora bien al estar comprobado la existencia de las dos menores de edad, es preciso indicar que la reforma a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.859, de fecha 10 de diciembre de 2007, introdujo la disposición contenida en el artículo 4-A, relativo al principio de corresponsabilidad al establecer:

"El Estado, las familias y la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta, su protección integral, para lo cual tomarán en cuenta su interés superior, en las decisiones y acciones que les conciernan".

En aplicación de las normas citadas debe necesariamente concluirse que siempre que puedan resultar afectados, directa o indirectamente, los derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes, surge para todos los jueces la obligación de impedir que puedan sufrir un menoscabo cualquiera de los derechos que le reconocen la Constitución y la Ley, ello en virtud del interés Superior del Niño y del Adolescente especialmente tutelados por nuestra Carta Magna y en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, los cuales son de orden público, irrenunciables e intransigibles, de conformidad con lo previsto en la referida ley. (Resaltado y subrayado del Tribunal).
Ahora bien, es de destacar esta sentenciadora, que ante el exceso de trabajo que a diario enfrenta este despacho, en fecha 21.09.2015, se desestimó la solicitud de declinatoria de competencia efectuada por la demandada, en franca contravención a la norma en comento, por consiguiente este órgano jurisdiccional, procede de oficio, en aplicación a las normas procesales las cuales son de eminente orden público, como lo dispone claramente el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, que autoriza a los administradores de justicia a actuar de oficio en resguardo del orden público, e igualmente en aplicación a la sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18 de agosto de 2003, con ponencia del Magistrado Dr. ANTONIO J. GARCIA GARCIA, a través de la cual se acoge el criterio en el sentido que si el propio Juez advierte que ha incurrido en violaciones a principios de orden constitucional, está autorizado y obligado a revocar la actuación lesiva aun cuando se trate de decisiones definitivas o interlocutorias sujetas a apelación que en principio no pueden modificarse ni revocarse por el Tribunal que las haya pronunciado, establecido en los siguientes términos:

"[...] Observa la Sala, al respecto, que aun cuando las decisiones definitivas o interlocutorias sujetas a apelación no pueden modificarse ni revocarse por el Tribunal que las haya pronunciado e, igualmente, la revocatoria por contrario imperio sólo es procedente contra aquellas actuaciones o providencias de mera sustanciación o mero trámite cuando atentan contra principios de orden constitucional, aunque no estén sometidas a apelación, si el propio juez advierte que ha incurrido en este tipo de violaciones está autorizado y obligado a revocar la actuación lesiva. Por otra parte, el artículo 212 eiusdem establece (...)”

De manera que, esta jurisdiscente en resguardo del derecho a la defensa y el debido proceso de las partes, derechos de rango constitucional (Artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) que pudieran ser vulnerados en esta causa –al estar involucradas dos menores de edad y con la resulta del juicio estas sufrir un menoscabo a cualquiera de los derechos que le reconocen nuestro texto fundamental y la Ley- como directora activa del proceso con el propósito de mantener a las partes (incluyendo a las dos menores) en igualdad de condiciones procesales, revoca el auto dictado en fecha 21.09.2015. Y ASI SE DECIDE.
En razón de los hechos antes expuestos quien decide, siendo que en cualquier estado y grado del proceso puede declararse la incompetencia por la materia, y en virtud que consta de los autos que el inmueble objeto del presente juicio de partición pertenece a los ciudadanos YULEIKA JOSEFINA GARCIA y JIMMY ALFONSO PALOMINO CARDOZO, partes demandada y actora respectivamente, quienes son padres de dos menores de edad que en la actualidad cuentan con 12 y 15 años, necesariamente se debe concluir que la competencia material para conocer de este asunto corresponde al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, y en consecuencia en resguardo del orden público y en aras de garantizar la debida protección al interés superior del niño, niña o adolescente, debe necesariamente declararse incompetente por la materia para conocer de la presente causa, y declina su competencia en el Juzgado de Protección de Niño, Niña y Adolescente, a quien le corresponderá decidir el fondo de la presente controversia.
Se deja expresa constancia de que a partir de la publicación de la presente decisión, las partes tienen un plazo de cinco (05) días de despacho para solicitar la Regulación de Competencia, vencido el cual, sin que hayan solicitado dicha regulación, la presente decisión quedará firme y se remitirá el expediente al juzgado que ha sido declarado competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la referida Ley adjetiva.
De igual forma se deja constancia, que de solicitarse la regulación de la competencia, este Tribunal procederá conforme a lo previsto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia, ordenará remitir las copias certificadas de la solicitud a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, y por ende se abstendrá de decidir sobre el fondo de la causa hasta tanto conste en autos el fallo que regule la competencia.
PUBLÍQUESE INCLUSIVE EN LA PÁGINA WEB DEL TRIBUNAL, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, sellada y firmada en la Sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta. La Asunción, a los veinticinco (25) días del mes de febrero del Dos Mil Dieciséis (2016). Años: 205º y 157º.
LA JUEZA TEMPORAL,

Dra. MARÍA A. MARCANO RODRÍGUEZ

LA SECRETARIA,

Abg. ENMYC ESTEVES PAREJO.

NOTA: En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión previa las formalidades de ley. Conste,

LA SECRETARIA

Abg. ENMYC ESTEVES PAREJO

MAM/EEP/
Exp. Nº 11.870-15