TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre:

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Cabimas
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio
Sentencia No.: 015-16.
Asunto No.: VP21-V-2015-000459.
Motivo: Divorcio ordinario.
Parte demandante: ciudadana Daniela Chiquinquirá Quiva Arellano, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No. V-21.043.137, domiciliada en el municipio Cabimas del estado Zulia.
Abogada asistente: Avis Chirinos, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 95.940.
Parte demandada: ciudadano Luis Gerardo Caldera Silva, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. V- 18.978.965, domiciliado en el municipio Cabimas del estado Zulia.
Niño: (nombre omitido, artículo 65 LOPNNA), de cuatro (4) años de edad. Nacido en fecha 31 de mayo de 2011.
PARTE NARRATIVA
I
El presente juicio se inició ante este Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, sede Cabimas, mediante un escrito contentivo de la demanda por Divorcio ordinario, interpuesto por la ciudadana Daniela Chiquinquirá Quiva Arellano, antes identificada, en contra del ciudadano Luis Gerardo Caldera Silva, antes identificada, con fundamento en la causal segunda (2ª) del artículo 185 del Código Civil, referida al abandono voluntario.
Por auto dictado en fecha 5 de mayo de 2015, el tribunal admitió la demanda y ordenó lo conducente al caso.
En fecha 2 de junio de 2015, la Coordinadora de secretaría de este Circuito Judicial certificó la boleta donde consta la notificación de la fiscal trigésima sexta (36ª) del Ministerio Público.
En fecha 17 de junio de 2015, la Coordinadora de secretaría de este Circuito Judicial certificó la boleta donde consta la notificación del demandado de autos.
Una vez sustanciada la audiencia preliminar, se recibió el presente asunto en este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio, y por auto de fecha 21 de enero de 2016, actuando de conformidad con lo previsto en el artículo 483 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante LOPNNA), fijó día y hora para llevar a efecto la audiencia de juicio el día 4 de febrero de 2016.
En la oportunidad fijada, comparecieron a la audiencia oral y pública de juicio la parte demandante, junto con su abogada asistente. No compareció la parte demandada ni personalmente ni por medio de apoderado judicial. Seguidamente, se procedió conforme a lo establecido en el artículo 484 de la LOPNNA y –finalmente– el juez dictó oralmente el dispositivo del presente fallo.
Ahora, se pasa a la publicación en extenso de la sentencia dentro del lapso correspondiente.
II
LÍMITES DE LA CONTROVERSIA
De esta forma, los límites de la controversia se circunscriben a determinar si los hechos alegados por la parte demandante constituyen motivo de divorcio con fundamento en la causal segunda (2ª) del artículo 185 del Código Civil, referida al abandono voluntario, y si los medios de prueba promovidos y evacuados así logran demostrarlo, y así se hace saber.
III
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS
PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE
1. DOCUMENTALES:
• Copia certificada del acta de matrimonio No. 7 de fecha 28 de enero de 2011, correspondiente a los ciudadanos Luís Gerardo Caldera Silva y Daniela Chiquinquirá Quiva Arellano, expedida por el Registro Civil de la parroquia Ambrosio del municipio Cabimas del estado Zulia. A este documento público este sentenciador le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil, en concordancia con el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo (en adelante LOPTRA), en consecuencia queda probado el matrimonio civil contraído por los prenombrados ciudadanos, los cuales se encuentran legalmente casados.Folio 3.
• Copia certificada del acta de nacimiento signada bajo el No. 211, de fecha 23 de junio de 2011, expedida por el Registro Civil de la parroquia Germán Ríos Linares del municipio Cabimas del estado Zulia, correspondiente al niño (nombre omitido, artículo 65 LOPNNA). A este documento público este sentenciador le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil, en concordancia con el artículo 77 de la LOPTRA, en consecuencia queda probada la filiación existente entre los ciudadanos Luís Gerardo Caldera Silva y Daniela Chiquinquirá Quiva Arellano y el mencionado niño. Folio 4.
2. TESTIMONIALES:
Promovió la testimonial jurada de las ciudadanas Yeritza del Valle Estrada de Medina, Reiny Soregnny Rivero Sánchez y Vicky Magdiolis Piña Peña, venezolanas, portadoras de la cédula de identidad Nos. V-14.084.470, V-17.006.156 y V-20.255.685, respectivamente, las cuales se encuentran presentes.
Ahora bien, será infra en la parte motiva cuando se valore este medio de prueba.
PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA
No promovió prueba alguna a valorar dentro del lapso legal correspondiente.
IV
GARANTÍA DEL DERECHO A OPINAR Y SER OÍDO
En cuanto al ejercicio del derecho a opinar y ser oído consagrado en el artículo 80 de la LOPNNA, el niño (nombre omitido, artículo 65 LOPNNA), de cuatro (4) años de edad, compareció ante este despacho en fecha 4 de febrero de 2016 y ejerció el derecho a opinar y ser oído.
Sobre este derecho ha señalado la doctrina patria que se trata de un derecho tridimensional o que debe ser entendido desde tres puntos de vista: por una parte el derecho a opinar, otra el derecho a ser oído y por último, que si bien las opiniones no son vinculantes a menos que la ley así lo establezca, existe el deber de tomar en cuenta esas opiniones. Por tratarse no sólo de un derecho humano fundamental consagrado a favor de los niños, niñas y adolescentes, sino de una garantía procesal, puede ser ejercido en todo estado y grado del proceso cuantas veces lo deseen y el órgano judicial o administrativo, en el presente caso el Tribunal, debe garantizar dicho ejercicio, so pena de la procedencia y aplicación de la sanción pecuniaria (multa) y procesal (declaratoria de la nulidad del proceso) establecidas en el artículo 221 de la LOPNNA; y expresamente se garantiza el ejercicio personal y directo de este derecho “sin más limites que los derivados de su interés superior”, por lo que mal pudiera limitarse el ejercicio de este derecho a que el Tribunal dicte un auto para ordenar su práctica o que sean las partes quienes lo soliciten.
Por los motivos expuestos, aun cuando tal manifestación no constituye medio de prueba, la opinión rendida por el niño de autos, deben ser apreciadas por este Juzgador como otro elemento de convicción que le permita acercarse a la realidad de los hechos para una justa decisión, en consecuencia, será tomada en cuenta y valorada conforme a las reglas de la sana crítica, las máximas de experiencia y los criterios de valoración establecidos en las orientaciones dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a las que se hizo referencia.
PARTE MOTIVA
I
La parte actora fundamenta la demanda de divorcio en la causal segunda (2ª) del artículo 185 del Código Civil, referida al abandono voluntario.
Según el autor patrio Francisco López Herrera (2006) “El divorcio es la disolución legal del matrimonio en vida de ambos cónyuges, como consecuencia de un pronunciamiento judicial dirigido precisamente a ese fin”.
El abandono voluntario se refiere al incumplimiento grave e intencional de los deberes que artículo 137 del Código Civil, impone a los cónyuges: “Con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente…”, aunque la fidelidad debe exceptuarse por constituir una causal independiente de divorcio.
Al respecto, la doctrina y jurisprudencia patria ha sido contestes en señalar que este abandono debe ser - grave: cuando es el resultado de una actitud definitiva, no momentánea, adoptada por uno de los esposos; - intencional: pues debe haber la voluntad consiente de querer abandonar, por lo que si el cónyuge demandado demuestra que el abandono no fue voluntario, que no tuvo la intención y voluntad precisas y determinantes de infringir sus obligaciones, la acción no debe prosperar; e - injustificado: el cónyuge señalado como culpable no puede tener justificación para su proceder, en caso contrario, no se infringen las obligaciones matrimoniales.
El abandono no implica necesariamente la separación o abandono físico del hogar que funge como domicilio conyugal, por tanto, puede haber abandono voluntario sin necesidad de que el cónyuge incumplidor haya salido del hogar, pero no se cumplen los deberes derivados del matrimonio, lo que implica que el abandono puede apreciarse tanto físico, como moralmente.
En relación con los hechos alegados como constitutivos de la causal de divorcio alegada, debe este sentenciador realizar una valoración cuidadosa y detenida de los medios de pruebas aportados por la parte actora en el proceso, para determinar si hubo el abandono que se le imputa a la cónyuge demandada.
En el libelo de la demanda y de forma oral en la audiencia de juicio alegó la demandante que en fecha 28 de enero de 2011, contrajo matrimonio con el ciudadano Luis Gerardo Caldera Silva, de cuya unión procrearon un hijo de nombre (nombre omitido, artículo 65 LOPNNA). Que después de contraído el matrimonio fijaron su último domicilio conyugal en el sector Amparito, calle Padre Olivares, No. 46, parroquia Ambrosio del municipio Cabimas del estado Zulia. Que durante los primeros años todo transcurría en forma feliz y armoniosa pero con el tiempo comenzaron a suceder graves problemas que se convirtieron en situaciones intolerables y imposibilidad de vivir en armonía bajo el mismo techo, dando lugar a una relación tormentosa, con maltrato verbal y psicológico por parte de su esposo hacía su persona, dando como consecuencia el incumplimiento de los deberes conyugales y morales por parte de su cónyuge, quien se tornó imponente y autoritario. Que esa situación llego a su punto máximo cuando el 14 de febrero de 2014 decidieron separarse viéndose su cónyuge en la necesidad de abandonar el domicilio conyugal, situación que persiste en los actuales momentos.
Entretanto, la parte demandada no contestó la demanda.
Ahora bien, el artículo 72 de la LOPTRA dispone que: “…la carga de la prueba le corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos”; por lo que, tratándose de un juicio de divorcio, en los términos en los cuales se planteó la controversia, de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 522 de la LOPNNA, se estima contradicha la demanda en todas sus partes y le corresponde a la parte demandante demostrar la existencia de la causal de divorcio que ha alegado, por lo que se pasa a la valoración adminiculada de las pruebas evacuadas en la audiencia de juicio.
Con la copia certificada del acta de matrimonio supra valorada quedó probado que los ciudadanos Luís Gerardo Caldera Silva y Daniela Chiquinquirá Quiva Arellano contrajeron matrimonio civil, cuya disolución se pretende con la acción de divorcio propuesta.
Asimismo, con la copia certificada del acta de nacimiento supra valorada quedó demostrado que procrearon un (1) hijo, de nombre (nombre omitido, artículo 65 LOPNNA), cuya minoría de edad arrastra la competencia para conocer de la demanda propuesta a esta jurisdicción especializada, de conformidad con lo establecido en el literal “j” del parágrafo primero del artículo 177 de la LOPNNA.
En cuanto a la prueba testimonial de los ciudadanos Yeritza del Valle Estrada de Medina, Reiny Soregnny Rivero Sánchez y Vicky Magdiolis Piña Peña, se observa que a la primera se le preguntó:
1.- ¿Diga la testigo si conoce de vista, trato y comunicación a los ciudadanos Luís Caldera y Daniela Quiva? Respondió: Si los conozco, somos vecinos. 2.- ¿Diga la testigo si conoce cuál fue el domicilio conyugal de los esposos Caldera Quiva? Respondió: Si, vivían en la casa de la mamá de Daniela, en el Sector Amparito, Calle Olivares. 3.- ¿Diga la testigo qué tipo de relación tiene con los esposos Caldera Quiva? Respondió: Amigos y vecinos. 4.- ¿Diga la testigo si tuvo conocimiento de los problemas de los esposos Caldera Quiva? Respondió: Yo a veces escuchaba discusiones, pero no preguntaba nada. 5.- ¿Diga el testigo si tiene conocimiento del domicilio del ciudadano Luís Caldera? Respondió: El señor habita en el Sector 19 de Abril, Calle Sucre en casa de su mamá. 6.- ¿Diga la testigo, quién cubre los gastos del niño y si cumple con sus deberes conyugales. Respondió: Los gastos del niño los cubre Daniela, ella trabaja para mantener al niño; y a él más nunca lo he visto por ahí. Luego, el juez le pregunto: 1.- ¿Diga la testigo si conoce el domicilio actual de la ciudadana Daniela Quiva? Respondió: Ella vive en el Sector Amparito, Calle Padre Olivares, al lado de mi casa.
Asimismo, en relación con la testigo Reiny Soregnny Rivero Sánchez, se observa que se le preguntó:

1.- ¿Diga la testigo si conoce de vista, trato y comunicación a los ciudadanos Luís Caldera y Daniela Quiva? Respondió: Si los conozco, fui vecina y amiga. 2.- ¿Diga la testigo si conoce cuál fue el domicilio conyugal de los esposos Caldera Quiva? Respondió: Si, vivían en el Sector Amparito, Calle Olivares, éramos vecinos. 3.- ¿Diga la testigo si tuvo conocimiento de los problemas de los esposos Caldera Quiva? Respondió: si éramos amigos y tenía conocimiento de los conflictos que ellos venían presentando y veía los maltratos y esas cosas. 4.- ¿Diga el testigo si visitó el domicilio conyugal de los esposos Caldera Quiva y qué observó? Respondió: Si los visitaba, estuve en presencia de varias discusiones, era una actitud hostil de él hacia ella, por eso dejé de visitarlos. 5.- ¿Diga la testigo si tiene conocimiento del domicilio actual del ciudadano Luís Caldera? Respondió: El señor habita en el Sector 19 de Abril, por el Seguro en casa de su mamá. 6.- ¿Diga la testigo qué relación tiene con los esposos Caldera Quiva? Respondió: Es amiga y vecina, pero actualmente no tiene trato con el señor Luís. 7.- ¿Diga la testigo si el ciudadano Luís Caldera cumple con los deberes conyugales? Respondió: El señor no cumple con los deberes conyugales, ni con el niño porque no trabaja ni nunca ha trabajado; era ella quien mantenía el hogar. Luego, el juez le pregunto: 1.-¿Diga la testigo si conoce el domicilio actual de la ciudadana Daniela Quiva? Respondió: Ella vive en el Sector Amparito, Calle Padre Olivares, Ambrosio, no recuerdo el número de la casa.
Por otra parte, en relación con la testigo Vicky Magdiolis Piña Peña, se observa que se le preguntó:
1.- ¿Diga la testigo si conoce de vista, trato y comunicación a los ciudadanos Luís Caldera y Daniela Quiva? Respondió: Si los conozco, son amigos. 2.- ¿Diga la testigo si conoce cuál fue el domicilio conyugal de los esposos Caldera Quiva? Respondió: Si, vivían en el Sector Amparito, Calle Olivares, eran vecinos. 3.- ¿Diga la testigo si tuvo conocimiento de los problemas de los esposos Caldera Quiva? Respondió: Si conocía de sus problemas porque el señor no quería trabajar y era ella quien sufragaba los gastos. Ella era mi amiga y yo la aconsejaba. 4.- ¿Diga la testigo si tiene conocimiento del domicilio actual del ciudadano Luís Caldera? Respondió: El señor vive con su mamá en el Sector 19 de Abril, Calle Sucre. 5.- ¿Diga la testigo si el ciudadano Luís Caldera cumple con los deberes conyugales y de padre? Respondió: El señor no cumple con sus obligaciones de cónyuge ni de padre, él nunca ha trabajado y se desentendió de sus obligaciones. 6.- ¿Diga la testigo si sabe la fecha en que se separaron los esposos Caldera Quiva? Respondió: Ellos se separaron el día 14 de marzo de 2014, cuando el señor recogió sus cosas y se fue de la casa y me consta porque ese día estaba con la señora en su casa. Luego, el juez le pregunto: 1.- ¿Diga la testigo cuál era el domicilio de la ciudadana Daniela Quiva? Respondió: Ella vive en el Sector Amparito, Calle Padre Olivares.
Para ser analizadas las declaraciones rendidas por los testigos, considera este sentenciador que es menester para los testigos al momento de intentar probar la causal alegada que deben declarar en forma precisa y específica, concordando los hechos, circunstancias y motivos que en resumen permitan la valoración integral de tales declaraciones en cuanto a la causal de divorcio invocada y los hechos narrados por la parte actora en el libelo de demanda.
En ese sentido, examinadas las declaraciones rendidas por las testigos Yeritza del Valle Estrada de Medina, Reiny Sorenny Rivero Sánchez y Vicky Magdiolis Piña Peña, promovidos por la parte actora, se constata que se encuentran contestes entre sí con respecto al conocimiento que tienen de las partes intervinientes en el presente juicio, de donde era el domicilio conyugal, sobre los hechos alegados en el libelo de la demanda, especialmente las peleas y discusiones que mantenían los cónyuges a raíz de la conducta tomada por el demandado, lo cual desencadeno según lo alegado por la última de las testigos en el abandono del hogar conyugal en fecha 14 de marzo de 2014 por parte del demandado, del actual domicilio de la demandante, del actual domicilio del demandado, quedando evidenciado que ya no viven juntos y por último que la demandante sufragada los gastos del hogar por cuanto el progenitor no trabajaba; por lo que se denota el incumplimiento de las obligaciones o deberes que la institución matrimonial impone y se constata el abandono.
Por esos motivos, valorada la prueba testimonial promovida por la parte demandante conforme a los criterios de la libre convicción razonada y el principio de libertad probatoria (Vid. arts. 480 y 450, literal “k”), considera este sentenciador que las testigos evacuadas hacen prueba a favor de la promovente en relación con los hechos que pretende probar como constitutivos de la causal de divorcio alegada y le permiten llegar a la convicción de que en el presente caso efectivamente existe abandono e incumplimiento de los deberes que la institución del matrimonio impone, y así se aprecia.
Así las cosas, valoradas como han sido las pruebas promovidas y evacuadas, concluye este sentenciador que la parte actora logró probar los hechos alegados como constitutivos de la causal segunda (2ª) del artículo 185 del Código Civil referida al abandono voluntario, motivo por el cual la acción de divorcio ordinario ha prosperado en derecho con fundamento en esa causal y la demanda debe ser declarada con lugar, y así debe decidirse.
II
DE LAS INSTITUCIONES FAMILIARES
Este juzgador, una vez apreciados los medios de prueba promovidos y evacuados y considerando que existen elementos de convicción suficientes para declarar el divorcio entre los ciudadanos Luís Gerardo Caldera Silva y Daniela Chiquinquirá Quiva Arellano, considera necesario destacar que la competencia que atrae este tipo de procedimientos a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, más allá de pronunciarse sobre la disolución del vínculo matrimonial es el deber de establecer las instituciones familiares del niño (nombre omitido, artículo 65 LOPNNA), de cuatro (4) años de edad, a los fines de garantizar sus derechos una vez disuelto el vínculo conyugal.
En este orden de ideas, la Patria Potestad y la Responsabilidad de Crianza serán ejercidas por ambos padres de forma conjunta de conformidad con la Ley.
Con respecto al ejercicio de la custodia del niño (nombre omitido, artículo 65 LOPNNA), se atribuye el ejercicio de la custodia a la progenitora, ciudadana Daniela Chiquinquirá Quiva Arellano, por ser quien la ha venido ejerciendo de hecho.
En relación con la Obligación de Manutención, por cuanto se evidencia que el progenitor no labora bajo relación de dependencia debido a que la parte demandante nada alegó ni probó en cuanto a su capacidad económica. En consecuencia, este tribunal fija como obligación de manutención mensual el treinta y tres puntos treinta y tres por ciento (33.33%) del salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional. Adicional, para el mes de agosto, se fija un (1) salario mínimo a los fines de cubrir los gastos relativos al inicio del nuevo año escolar y vacaciones escolares. Adicional, para el mes de diciembre, se fija la cantidad equivalente a dos (2) salarios mínimos del fijado por el Ejecutivo Nacional, a los fines de cubrir los gastos típicos de la época decembrina. Los gastos referentes a la salud (médicos y medicinas), serán cubiertos por ambos progenitores, en razón del cincuenta por ciento (50%) cada uno, a los fines de garantizarle el derecho a la salud y asistencia médica al niño de autos. Las cantidades fijadas anteriormente deberán ser canceladas directamente por el progenitor a la progenitora por mensualidades anticipadas los primeros cinco (5) días de cada mes. De igual forma, las cantidades antes fijadas serán ajustadas automáticamente y en forma proporcional cada vez que el Ejecutivo Nacional aumente el salario mínimo. Por último, insta al progenitor a que no se limite a entregar únicamente las cantidades aquí fijadas, por cuanto estas pueden ser aumentadas de manera voluntaria si su capacidad económica así se lo permite.
Por otra parte, a criterio de este sentenciador no emerge de las actas elementos que permitan presumir que la convivencia familiar del niño de autos con su progenitor es contraria al interés superior del niño, cual es el único límite para el ejercicio del derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con el padre y la madre y del derecho a la convivencia familiar, consagrados en beneficio de ambos en los artículos 27 y 385 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Entonces, en relación al Régimen de Convivencia Familiar, se fija de la siguiente manera:
• Entre semana: el niño podrá compartir con su padre los días martes y jueves de cada semana, por lo que podrá retirarlo del hogar materno en el horario comprendido entre las tres de la tarde (3:00 p.m.) a las siete de la noche (7:00 p.m.).
• Los fines de semana: Los fines de semana: el niño lo compartirá con sus progenitores de forma alternada; es decir, un fin de semana con el padre y otro con la madre, debiendo buscarlo el padre en la oportunidad que le corresponda en el hogar materno el día sábado a las diez (10:00 a.m.) y retornarlo a las siete de la noche (7:00 p.m.), de igual manera el día domingo.
• El día de cumpleaños del hijo: compartirá con ambos padres.
• El día del padre: el niño compartirá con su progenitor aun cuando ese fin de semana le corresponda compartir con la madre, al igual que el día del cumpleaños del padre.
• El día de la madre: el niño compartirá con su progenitora aun cuando ese fin de semana le corresponda compartir con el padre, al igual que el día del cumpleaños de la madre.
• En la época decembrina: el niño compartirá los días 24 de diciembre y 1 de enero con su progenitor y los días 25 y 31 de diciembre con su progenitora, de este año, alternándose las fechas los años siguientes.
• Los periodos vacacionales de carnaval y semana santa, serán compartidos por ambos progenitores de forma alternada, comenzando el primer año la progenitora en el periodo de semana santa y el progenitor en el periodo de carnaval, alternándose en lo sucesivo.
• Las vacaciones escolares: el hijo las compartirá con ambos progenitores por periodos semanales, es decir, serán fraccionadas por semanas debiendo acordar ambos progenitores previo análisis de sus planes vacacionales la forma en que disfrutaran dichos periodos.
• Ambos progenitores deberán garantizar durante el tiempo que no le corresponda compartir con su hijo los deberes y derechos establecidos en el artículo 386 de la LOPNNA, el cual establece que: “La convivencia familiar puede comprender no sólo el acceso a la residencia del niño, niña o adolescente, sino también la posibilidad de conducirlo a un lugar distinto al de su residencia, si se autorizare especialmente para ello al interesado o interesada en la convivencia familiar, tales como: comunicaciones telefónicas, telegráficas, epistolares y computarizadas”. Así se decide.
PARTE DISPOSITIVA
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, sede Cabimas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1. CON LUGAR la demanda de divorcio ordinario intentada por la ciudadana Daniela Chiquinquirá Quiva Arellano, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No. V- 21.043.137, en contra del ciudadano Luis Gerardo Caldera Silva, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. V- 18.978.965; en consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial que contrajeron ante el Registro Civil de la parroquia Ambrosio del municipio Cabimas del estado Zulia, en fecha 28 de enero de 2011, con fundamento en la causal segunda (2ª) del artículo 185 del Código Civil.
2. En relación con las INSTITUCIONES FAMILIARES para el niño (nombre omitido, artículo 65 LOPNNA), de cuatro (4) años de edad, se resuelve lo establecido en la parte motiva del presente fallo, en el capítulo II titulado “De las Instituciones Familiares”, cuyo contenido aquí se da por reproducido.
3. CONDENA en costas a la parte demandada por haber sido vencida totalmente en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, aplicable de forma supletoria por remisión del artículo 452 de la LOPNNA.
Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada para el archivo de este tribunal.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, sede Cabimas, a los diez (10) días del mes de febrero de 2016. Año 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
EL JUEZ PRIMERO DE JUICIO (T),
JOSE DAVID JIMENEZ KAMEL
LA SECRETARIA,
MARIELA VELASQUEZ RODRIGUEZ
En la misma fecha, a las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 p.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de ley, se dictó y publicó la anterior sentencia definitiva, registrada bajo el No. 015-16 en la carpeta de control de sentencias definitivas. La secretaria,
Asunto No.: VP21-V-2015-000459.
JDJK/MVR