Exp. 48.564/BY REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA I INTRODUCCIÓN Conoció por distribución éste Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de la demanda por DIVORCIO ORDINARIO, incoara por el ciudadano AGUSTÍN JOSÉ RODRÍGUEZ CASTELLANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.-9.736.618, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, representada judicialmente por la abogada en ejercicio ALBA GONZÁLEZ CORREA, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 106.530, en contra del la ciudadana ENEIDA JOSEFINA MARTÍNEZ BOSCAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. V.- 16.065.774, domiciliada en el Municipio Jesús Enrique Lossada, Estado Zulia. II ANTECEDENTES La presente demanda se le dio por admitida por esta Juzgadora en fecha veinte (20) de mayo de 2014, a través del mismo auto se ordenó la citación personal a la parte demandada y a la notificación al Fiscal del Ministerio Público. Por diligencia, en fecha cuatro (04) de junio de 2014, la parte actora, asistida por su representante judicial, consignó los emolumentos necesarios para notificar al Fiscal del Ministerio Público y consignó poder Apud Acta a la abogada en ejercicio ALBA GONZÁLEZ CORREA, ya antes identificada, y en fecha siete (07) de julio de 2014 el alguacil de este tribunal expuso que fue notificado dicho fiscal. En fecha diecisiete (17) e julio de 2014, el representante judicial consignó los emolumentos necesarios para la citación personal a la parte demandada, y en fecha cuatro (04) de agosto de 2014, el Alguacil de este tribunal expuso que fue atendido por otra ciudadana y que esta manifestó que la parte demandada no vivía ahí desde hace varios años.. Por diligencia, en fecha siete (07) de octubre de 2014 el representante judicial de la parte actora, solicitó se oficiera al SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) a los fines de verificar la información del domicilio de la demandada. En fecha dos (02) de febrero de 2015, se agrego a las actas la información otorgada por el ente antes identificado. Por diligencia, en fecha veinticuatro (24) de febrero de 2015 el representante judicial de la parte actora solicita los recaudos de citación personal de la parte actora en el domicilio proveído por el ente antes identificado. En fecha ocho (08) de octubre de 2015, el Alguacil expuso ante este que se traslado al lugar y expuso no haber localizado la demandada en la dirección suministrada por el ente antes identificado. III DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA La caducidad o Perención de la Instancia, es una de las modalidades de extinción procesal, que no comporta la solución autónoma o heterónoma del conflicto subyacente al Proceso, en tanto se manifiesta como una auténtica sanción, a la inactividad de las partes, aunada al transcurso del tiempo previsto ex lege, en obsequio a la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídico sustanciales. Similares términos son usados por el Procesalista Argentino MARIO ALBERTO FORNACIARI, para quien la institución sub examine: “... es la extinción de un proceso (principal o incidental) o de alguna de sus instancias, producida por la ausencia de actividad impulsora idónea para su desarrollo, durante los términos que establece la Ley” De igual modo, para JAIME GUASP, la caducidad de la instancia: “...es, pues, la extinción del proceso que se produce por su paralización durante cierto tiempo en que no se realizan actos procesales de parte” Idéntico cometido le reconoce a la Institución FORNACIARI, en su obra ut supra citada: “...La caducidad de la instancia encuentra fundamento en diversos componentes que se equilibran en la confluencia de lo público con lo privado. Es cierto que cada una de las partes enfrentadas en el proceso tiene la expectativa de beneficiarse con el error o la inacción del adversario. La inactividad no hace presumir su desinterés. Pero también es cierto que por razones de seguridad jurídica hacen prevalecer el interés comunitario de restablecer el orden jurídico. En la rápida y correcta terminación de los procesos está comprometido el orden público Ese equilibrio que tiene su fundamento en el superior interés de la comunidad, determina que si bien el juez está facultado a dictar medidas tendientes a evitar la paralización de los procesos...no enerva con esa posibilidad la de decretar de oficio la caducidad de la instancia...”. En referencia a la génesis de la instancia, la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en fallo del 05 de marzo de 1992, afirmó: “...Con la presentación del libelo de demanda, se genera la <> en sus sentidos antes explicados, y por ello es a partir de ese momento cuando debe computarse el lapso de Perención. Lo dicho anteriormente queda evidenciado, al tomar en consideración el señalamiento que formula el Dr. Luis Loreto en su citada obra monográfica, en el sentido de que , lo que entonces significa que sí existe instancia en su sentido técnico procesal, aun antes de que se trabe la litis, bien sea que se adopte el criterio de que ello ocurre por la contestación de la demanda, bien sea que se asuma la posición de quienes consideran que ello acontece por virtud de la citación, con independencia de que se haya conformado o no plenamente la relación procesal, porque ella ya existe, en su manifestación entre el demandante y el órgano jurisdiccional ante quien se propone la demanda...” Ahora bien, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla”. Ahora bien, explicadas como han sido las diversas modalidades de la Perención, puede observarse de las actas procesales que desde el día ocho (08) de diciembre de 2015 hasta el día de hoy que ha transcurrido más de un (01) año sin que la parte actora realizara algún acto procesal en la presente causa, razón por la cual este Órgano de Justicia, considera consumada la extinción del proceso. ASÍ SE DECIDE. IV DECISIÓN Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar PERIMIDA LA INSTANCIA en la presente demanda por DIVORCIO ORDINARIO fue incoada por el ciudadano AGUSTÍN JOSÉ RODRÍGUEZ CASTELLANO, contra la ciudadana ENEIDA JOSEFINA MARTÍNEZ BOSCAN, antes identificados en la parte introductoria del presente fallo. No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los siete (07) días del mes de diciembre de 2016. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE. LA JUEZA Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO EL SECRETARIO TEMPORAL. Abog. JARDENSON RODRIGUEZ. En la misma fecha se publicó la anterior sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva bajo el número 364-16. EL SECRETARIO TEMPORAL. Abog. JARDENSON RODRIGUEZ.