REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Expediente No. 46.063.
Motivo: Solicitud de medidas preventivas innominadas.
Vista la solicitud de medidas, presentada por el abogado en ejercicio FERNANDO ATENCIO MARTÍNEZ, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 89.798, en su condición de apoderado judicial del ciudadano FELIPE JAVIER LIZIO PAVAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 18.394.472, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia, parte actora en el juicio que por INTERDICCIÓN, sigue en contra del ciudadano RICHARD MICHAEL LIZIO MARIANI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 5.055.565, de igual domicilio, se le da entrada y el curso de ley. Fórmese pieza de medida y Numérese.
El Tribunal para resolver observa:
Solicitó la parte actora a este Tribunal, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, se sirva decretar las siguientes medidas innominadas:
1.- Medida cautelar innominada de prohibición de salida del país en contra del demandado, ciudadano Richard Lizio Mariano, con la finalidad de evitar que se sustraiga de su obligación legal de rendir declaración ante este Tribunal, y además evitar desacertada administración y disposición de sus bienes, para lo cual solicita se oficie al SAIME.
2.- Medida cautelar innominada de prohibición de circulación del vehículo marca JEEP, modelo GRAND CHEROKEE, año 2006, color BLANCO, serial de carrocería No. 8Y4HX58N661108426, serial de motor 8 cilindros, clase SPORT WAGON, uso PARTICULAR, placas BB093M, según certificado de registro de vehículo No. 24514581, de fecha 25 de octubre de 2006, propiedad del demandado, con la finalidad de evitar que cause daños a la vida y/o patrimonio de terceros, para lo cual solicita se oficie a los organismos competentes en materia de seguridad y orden público.
3.- Medida cautelar innominada de prohibición de apertura y movilización de las cuentas bancarias personales del demandado, con la finalidad de evitar que siga la equívoca y desacertada administración y disposición de sus bienes, para lo cual solicita se oficie a las Superintendencia de las instituciones bancarias.
4.- Medida cautelar innominada de suspensión del cargo de Presidente que ostenta el demandado, en la sociedad mercantil INVERSIONES LIZIO PAVAN, C.A., debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 11 de febrero de 2005, anotada bajo el No. 74, tomo 9, a los fines de garantizar el normal desenvolvimiento de la sociedad según sus estatutos sociales, así como la integridad de su patrimonio, para lo cual solicita se oficie al Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, y a la aludida sociedad mercantil.
5.- Medida cautelar innominada de suspensión del cargo de Presidente que ostenta el demandado, en la sociedad mercantil VENEZOLANA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A., debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 21 de octubre de 1983, anotada con el No. 67, Tomo 43-A, a los fines de garantizar el normal desenvolvimiento de la sociedad según sus estatutos sociales, así como la integridad de su patrimonio, para lo cual solicita se oficie al Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, y a la aludida sociedad mercantil.
6.- Medida cautelar innominada de suspensión del cargo de Presidente que ostenta el demandado, en la sociedad mercantil CANTERA LA SIERRA, C.A., debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 19 de noviembre de 2002, anotada con el No. 62, tomo 49-A, a los fines de garantizar el normal desenvolvimiento de la sociedad según sus estatutos sociales, así como la integridad de su patrimonio, para lo cual solicita se oficie al Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, y a la aludida sociedad mercantil.
7.- Medida cautelar innominada de suspensión del cargo de Presidente que ostenta el demandado, en la sociedad mercantil OBRAS MARÍTIMAS Y CIVILES, C.A., originalmente inscrita ante el Registro de Comercio llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Primer Circuito de la Décima Séptima Circunscripción Judicial, en fecha 18 de junio de 1954, anotada con el No. 2, páginas 17-20, actualmente inserta ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, a los fines de garantizar el normal desenvolvimiento de la sociedad según sus estatutos sociales, así como la integridad de su patrimonio, para lo cual solicita se oficie al Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, y a la aludida sociedad mercantil.
8.- Medida cautelar innominada de suspensión del cargo de Presidente que ostenta el demandado, en la sociedad mercantil AGROPECUARIA LA SIERRA, C.A., debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, , a los fines de garantizar el normal desenvolvimiento de la sociedad según sus estatutos sociales, así como la integridad de su patrimonio, para lo cual solicita se oficie al Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, y a la aludida sociedad mercantil.
En torno al decreto de medidas cautelares el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” (Énfasis del Tribunal)
En el mismo orden de ideas, el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil dispone:
“En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1° El embargo de bienes muebles;
2° El secuestro de bienes determinados;
3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.
Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión. (Énfasis del Tribunal).
Asimismo, en torno al decreto de medidas innominadas la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 295, de fecha seis (06) de junio de 2013, con ponencia de la Magistrada Yris Armenia Peña Espinoza, expone:
“Para decidir, la Sala observa: (…omississ…)
Ahora bien, las medidas innominadas son “…medidas preventivas…” de naturaleza cautelar, cuya finalidad primordial es prevenir y evitar un daño, siendo requisito propio y especifico de estas, el periculum in damni.
Así pues, el juez para acordar una medida innominada debe apreciar “además” del periculum in mora (riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del fallo) y fumus boni iuris (medio de prueba que constituya presunción grave del la circunstancia y derecho que se reclama), el requisito esencial exigido en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, periculum in damni (fundado temor de daño inminente e inmediato).
En relación al decreto de medidas innominadas y su motivación, esta Sala en sentencia de fecha 10 de octubre de 2006, caso: Corporación Alondana, C.A., contra Corporación Migaboss, C.A. y otra, expresó lo siguiente:
“…En toda sentencia el juez realiza una operación lógica de vinculación de la norma general (artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil) con el caso concreto; esa operación lógica consiste en un razonamiento jurídico que el juez tiene que explanar en la sentencia, y al hacerlo cumple con su deber de explicación y justificación de la decisión del problema jurídico que le ha sido planteado. Es decir, el deber de motivar la sentencia consiste en la explicación por parte del juez del razonamiento lógico que justifica la decisión que tomó respecto al caso concreto, dentro de las reglas de derecho con fundamentos jurídicos. Por lo demás, la explicación y justificación debe ser clara para que pueda ser comprensible tanto para las partes involucradas como para la comunidad.
Sobre este particular, es oportuno reiterar el criterio sentado por esta Sala de Casación Civil, entre otras, en la decisión N° 224, de fecha 19 de mayo de 2003, en el caso (La Notte, C.A. contra Hoteles Cumberland de Oriente, C.A. y Otras), expediente N° 02-024, en la cual dejó sentado:
“…En materia de medidas preventivas, el requisito de motivación del fallo se reduce al examen de los supuestos de procedibilidad a que se refiere el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, el fumus boni iuris y el periculum in mora; y, en caso de tratarse de la llamada por un sector de la doctrina: medida preventiva innominada, la sentencia del tribunal ha de referirse también al periculum in damni (Art. 588 Parágrafo Primero, eiusdem)…
(…Omissis…)
Por tanto, la sentencia debe reflejar el proceso que justifique los dispositivos que ella contiene, y que obliga al Juez a dar una explicación del porqué (sic) del rechazo o admisión de un hecho y su apreciación.
(…Omissis…)
“De la aplicación de ambas disposiciones legales, se observa la existencia de tres requisitos de procedencia de las medidas preventivas establecidas en el parágrafo primero del artículo 585 (sic), a saber”.
“1º) La existencia de un fundado temor de que una de las partes, en el curso del proceso, pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra”;
“2º) Presunción grave del derecho que se reclama -fumus boni iuris-“.
“3º) Presunción grave del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo -periculum in mora-“.
“Estos son los tres aspectos que debe examinar el juez para decidir sobre la procedencia de la medida cautelar que la doctrina ha denominado ‘medida innominada’, por ser diferente a las medidas preventivas típicas de embargo, secuestro de bienes determinados y prohibición de enajenar y gravar”
(…Omissis…)”
Realizados los señalamientos anteriores, corresponde a esta Juzgadora analizar la solicitud de medida y los medios probatorios aportados, a fin de determinar si se encuentran llenos los extremos señalados por la legislación y la jurisprudencia para el decreto de medidas cautelares innominadas, siendo éstos a saber: 1.- el fumus boni iuris; 2.- el periculum in mora; y 3.- el periculum in damni.
En cuanto al primer requisito, el fumus boni iuris, el mismo no se encuentra lleno por cuanto del análisis del expediente no se desprende tan siquiera el dictamen de una interdicción provisoria, así como tampoco la evaluación de un médico especialista en el área, es decir, un psiquiatra, que permita crear en esta Juzgadora la convicción de que efectivamente el demandado sufre problemas mentales.
En relación a la segunda exigencia de las medidas innominadas o atípicas, el denominado peligro en la mora, no se encuentra satisfecho por no desprenderse de las actas procesales indicios de que el demandado esté dilapidando o malversando sus bienes.
Y, finalmente, en relación al tercer requisito, el periculum in damni, la parte solicitante no señaló en que forma se encontraba cubierto este requisito.
Por los fundamentos antes expuestos este Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, NIEGA las medidas preventivas innominadas solicitadas.
Publíquese, y Regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil, y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los siete (07) días del mes de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-
La Jueza Provisoria, (fdo)
Dra. Martha Elena Quivera. La Secretaria, (fdo)
Abg. Milagros Casanova.
En la misma fecha, previas las formalidades de Ley, y siendo las 02:00 p.m., se dictó y publicó la resolución que antecede, quedando anotada bajo el No. 330.
La Secretaria, (fdo)
Abg. Milagros Casanova.
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