TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 11 de agosto de 2016
205° y 156°

INTERLOCUTORIA DECRETANDO SIN LUGAR SUSTITUCION DE MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

CAUSA 8J-880-14. DECISION No. 141-16

Visto el escrito presentado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de documentos del departamento de alguacilazgo, por la ABOG. DAISY TRONCOTE DE RATIÑO, Defensor Público 13° penal, actuando en su carácter de Defensor del acusado JOSE JAVIER MUÑOZ PICON actualmente privado de su libertad, quien solicita LA REVISION DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y SUSTITUCION POR UNA MENOS GRAVOSA, de las establecidas en el articulo 242 del Código orgánico Procesal Penal, este tribunal antes de emitir opinión procede al análisis de los siguientes elementos:

I
DE LA SOLICITUD INTERPUESTA

Con fundamento en el Artículo 250 y 242 del Código Orgánico Procesal Penal, alega la ABOG. DAISY TRONCOTE DE RATIÑO, Defensor Público 13° penal, actuando en su carácter de Defensor del acusado JOSE JAVIER MUÑOZ PICON, quien solicita LA REVISION DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y SUSTITUCION POR UNA MENOS GRAVOSA, de las establecidas en el articulo 242 del Código orgánico Procesal Penal, argumentando lo siguiente:

Manifiesta, la solicitante que conforme a lo dispuesto en el articulo 9 del Código Orgánico Procesal Penal que establece el estado de libertad como un principio ordenador del Código, y que debe ser considerado como norte al momento de dictar una medida cautelar que restrinja la libertad, solicitando se proceda a revisar la medida cautelar impuesta en contra de su defendido, tomando en consideración que habiendo decretado el Ministerio Público un acto conclusivo dándole termino a la investigación ya no existe razones para pensar que su defendido obstaculice la investigación en su contra.

Continua señalando la defensa que basado en la posición del máximo tribunal de Justicia, se ha establecido que la entidad del daño causado y la eventual pena a imponer no debe ser motivo para proceder a negar una medida cautelar, pues si esta es la razón para mantenerlo privado de libertad, el principio de presunción de inocencia previsto en el articulo 8 del Copp se quebrantaría violándose un derecho constitucional que resulta el piso de la justicia.

De igual forma solicita se haga efectivo ese derecho a la libertad previsto en el artículo 44 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, asi como los previstos en el artículo 243 ejusdem.

Finalmente, solicita al Tribunal, que de conformidad con el articulo 44 Constitucional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 08, 09 y 13 del Código orgánico procesal Penal, así como el articulo 45 de la declaración Americana de Derechos Humanos, el articulo 9.1 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en concordancia con el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, solicita la aplicación de una medida cautelar sustitutiva a la privación Judicial Preventiva de Libertad, de las establecidas en el articulo 242 del Código Orgánico Procesal Penal examine la medida dictada en su contra y le sea acordada una menos gravosa sustitutiva a la privativa de libertad del articulo 242 del Código Orgánico Procesal Penal.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Observa este Tribunal que el aspecto medular del presente escrito, se encuentra en la solicitud REVISIÓN DE MEDIDA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Al respecto, este Tribunal para decidir observa:

El artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal establece el Examen y Revisión de las Medidas Cautelares de manera regular, incluso de oficio cada tres meses, aun en los casos de Privación Judicial Preventiva de Libertad, donde el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de la misma y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas, pero también es cierto, que para acordar esa sustitución es necesario que las circunstancias que determinaron la imposición de la misma deben haber variado a favor del imputado o acusado, según sea el caso, o existir nuevas circunstancias que así lo ameriten.

Del examen y revisión de las actas que conforman la presente causa que se le sigue ante este tribunal, se observa que el acusado JOSE JAVIER MUÑOZ PICON le fue decretada en fecha 14 de octubre del año 2013, la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con lo establecido en los Artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, (hoy 236) como COOPERADOR INMEDIATO en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVO FUTIL, previsto en el articulo 406.1 del Código Penal, en concordancia con el articulo 83 ejusdem, cometido en perjuicio de JOSE GREGORIO LABARCA LABARCA (OCCISO), al atribuirle responsabilidad en el delito antes señalado y siendo que la pena que eventualmente pudiera imponérsele sobrepasa el limite de los Cinco (05) años, y al estimar razonablemente alta la pena a imponer, así como el peligro de obstaculización, razones apreciadas por el Tribunal de control en su oportunidad para imponer la medida privativa de libertad, conjuntamente con los elementos de convicción ofrecidos en el acto de Presentación.

Tales consideraciones, sobre el peligro de obstaculización, en la búsqueda de la verdad, en opinión de este juzgador tiene plena vigencia cuando el Juez de Control admitió la acusación y ordeno la apertura a juicio, pues tal decisión deviene de estimar que existe fundamento serio con pronóstico de condena, vistas las pruebas ofrecidas y admitidas, para abrir juicio oral y público y determinar la responsabilidad del acusado.

Dada la magnitud de la pena establecida para el delito, el cual excede de diez años de prisión en su límite superior, con lo cual se patentiza la “presunción iuris de peligro de fuga” definido por el Parágrafo Primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal; y como quiera que el delito imputado lesiona, la integridad física , este jurisdicente considera que se mantiene la grave sospecha de que el acusado influirá en testigos y victimas para que informen falsamente, se comporten de manera desleal o reticente, poniendo en peligro la verdad y la realización de la justicia, conforme a los dispuesto en el articulo 238 del Código Orgánico Procesal Penal, no evidenciándose de las actas que hayan variado las circunstancias inicialmente atendidas para decretar la medida extrema de coerción personal y al estar en conflicto un derecho e interés individual como lo es la pretensión del acusado de ser juzgados en libertad ante los peligros que corren su vida e integridad física al permanecer en reclusión, frente al derecho del Estado de ejercer el ius puniendo, y el de la sociedad para que se le garantice la seguridad personal, y el de la víctima quien demanda el sometimiento de los justiciables al proceso penal, tal conflicto debe resolverse en favor de los intereses colectivos, haciendo procedente el mantenimiento de la medida de privación de libertad. Y ASI SE DECIDE.

Observa igualmente este juzgador que no se trata el presente caso de un procedimiento abreviado, y ya el Tribunal emitió pronunciamiento conforme al artículo Artículos 250 y 251 hoy 236 del vigente Código Orgánico Procesal Penal, cuya decisión de reproche determino el mantenimiento de la privación de libertad, resulta improcedente en derecho la pretensión de la defensa publica, ya que no han variado las circunstancias consideradas inicialmente para el decreto de la medida de privación de libertad del acusado JOSE JAVIER MUÑOZ PICON; Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA
Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR LA APLICACIÓN DE UNA MEDIDA MENOS GRAVOSA, de las establecidas en el articulo 242 del Código orgánico Procesal Penal, interpuesta por la ABOG. DAISY TRONCOTE DE RATIÑO, Defensor Público 13° penal actuando en su carácter de Defensor del acusado JOSE JAVIER MUÑOZ PICON, a quien se les siguen causas como COOPERADOR INMEDIATO en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVO FUTIL, previsto en el articulo 406.1 del Código Penal, en concordancia con el articulo 83 ejusdem, cometido en perjuicio de JOSE GREGORIO LABARCA LABARCA (OCCISO), acusación esta que fuera admitida por el Juzgado 01 de control en audiencia oral celebrada en fecha 04 DE ABRIL DEL AÑO 2014, que le fuera impuesta en fecha 14 de octubre del año 2013, la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con lo establecido en los Artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, (hoy 236), por el Tribunal Sexto de Control, al considerar que no han variado las circunstancias que determinaron su imposición.

Regístrese, publíquese, Notifíquese.

Dada, firmada y sellada en Juzgado Octavo de Juicio a los once (11) días del mes de agosto de 2016. Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
LA JUEZ DE JUICIO

ABOG. INGRID MILAGRO GERALDINO PORTILLO
LA SECRETARIA

ABOG. DANEICI PEREZ GONZALEZ
En esta misma fecha se registra la presente decisión quedando anotada bajo el No. 141-15 del libro respectivo, se libraron BOLETAS DE NOTIFICACION a las partes con oficio al Departamento de alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, a los fines de que se proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 163 del Código Orgánico Procesal penal y consignar las resultas de estas a este Juzgado de Juicio.-

LA SECRETARIA

ABOG. DANEICI PEREZ GONZALEZ