TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Expediente No. 45.859

En el presente proceso que por NULIDAD DE VENTA, instauró la ciudadana GINETTE MERCEDES MOTA URDANETA, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad Nro. V- 20.688.266, con domicilio en la ciudad de Caracas y de tránsito por este Municipio Maracaibo del Estado Zulia, debidamente representada judicialmente por los profesionales del derecho ciudadanos VICTOR ECHENIQUE RODRÍGUEZ, JULIO CESAR MOLINA ROJAS y DUILIA GARCÍA, abogados en ejercicio, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 53.528, 13.566 y 14.938, respectivamente, con domicilio en la ciudad y municipio Maracaibo, contra los ciudadanos ERICK RUBEN POLANCO CHOURIO y NELMAR VANESSA GAMBOA DIAZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nro. V- 13.298.965 y 16.729.635, respectivamente, y domiciliados en el Barrio Limpia Norte, también conocido como Limpia Sur; en jurisdicción de la parroquia San Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia.
Este Tribunal observa que la demanda fue admitida, el día 19 de Junio de 2015, acordándose en el referido auto, la citación de la parte demandada, ciudadanos ERICK RUBEN POLANCO CHOURIO y NELMAR VANESSA GAMBOA DIAZ, antes identificados, a fin de que comparezcan ante este Órgano Jurisdiccional dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la citación del último de cualquiera de ellos, para dar contestación a la presente demanda, se ordenó librar los recaudos de la citación a la parte demandada.
Ahora bien, desde que se admitió la demanda la parte actora no ha impulsado la citación de la parte demandada, antes de entrar a resolver el presente caso, este Órgano Jurisdiccional hace las siguientes consideraciones:
Desde la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde, se consagra la gratuidad, como principio rector de la justicia, la doctrina ha considerado, que no hay lugar a la perención breve, por incumplimiento de las obligaciones (cargas pecuniarias) que impone la Ley al demandante para la citación
del demandado, en el lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha de admisión de la demanda o de su reforma, establecido en el ordinal 1° del artículo 267 del Código Adjetivo.
Sin embargo, en sentencia de fecha seis (6) de julio del año 2004, de la Sala de
Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo ponente fue el Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, modificó el criterio con respecto a la desaplicación del ordinal 1° de la citada norma, expresando lo siguiente:
“Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley, a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. (…)”
Con miras a mantener la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, este Órgano Jurisdiccional se adhiere al criterio Jurisprudencial señalado; observando que el presente caso, la demanda fue admitida, el diecinueve (19) de junio de 2015, es decir, luego de publicada la sentencia que parcialmente se transcribió con anterioridad, por lo que de una simple revisión procesal de las actas que conforman el
presente caso, se observa, que la parte actora no cumplió con sus cargas de orden económico, más no tributarias, dentro del lapso perentorio de los treinta (30) días continuos siguientes a la admisión de la demanda, que eran; consignar mediante diligencia las copias fotostáticas para la elaboración de la citación de la parte demandada, además indicar la dirección de la parte demandada y entregar los medios y recursos necesarios al alguacil para que practicara la citación; ya que es indispensable la secuencia orgánica de los actos procesales, que la ley le impone a la parte actora, como carga de ir sucesivamente cumpliendo con todos y cada uno de ellos, ante la amenaza sancionatoria, de que si no realiza un acto exigido para la continuidad del proceso, operaría la perención, verificándose entonces, que desde la admisión de la demanda, y hasta la presente fecha, no ha existido por parte del actor, la intención de disminuir los efectos jurídicos de la perención por vía de la activación del procedimiento, realizando algún acto que lleve implícito la intención de impulsar el proceso.
En consecuencia, se ha producido el efecto previsto en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como es la extinción de la instancia, por haber transcurrido los treinta (30) días continuos, a contar desde la admisión de la demanda, sin impulso de la parte demandante para practicar la citación en el juicio.
La perención de la instancia se verifica ope legis al vencerse los treinta (30) días continuos siguientes a la admisión de la demanda o el año de inactividad procesal, atribuible a las partes. Cuando el Juez la declara, se entiende que los efectos de la perención van ha operar desde que se cumplió la paralización, esto es, se retrotrae, al momento en que el plazo de la perención quedó cumplido, los efectos de los actos procesales realizados por las partes, después de cumplido los treinta (30) días continuos siguientes a la admisión o el año, tiempo que dispone la ley, de ninguna manera van a significar convalidación o subsanación de la perención.
La norma contempla que el Juez puede declarar de oficio la perención, ello quiere decir, que es una facultad que la ley le otorga al Juzgador, quien puede o no hacer uso de ella.
Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente proceso que por NULIDAD DE VENTA instauró la ciudadana GINETTE MERCEDES MOTA URDANETA contra los ciudadanos ERICK RUBEN POLANCO CHOURIO y NELMAR VANESSA GAMBOA DIAZ, todos ya identificados, en la parte narrativa de este fallo. Así se declara.

No hay condenatoria en costas por tratarse de la Perención de la Instancia, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Se declara terminada la causa y se ordena su remisión al Archivo Judicial.
Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuestos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, sellada y firmada, en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los Cinco ( 05 ) días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
La Jueza (fdo)

Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temporal (fdo)

Abg. Milagros Casanova
En la misma fecha, siendo las 10:00 a.m., se dictó y publicó el fallo que antecede, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, quedando anotada bajo el No. 166 del Libro de Sentencias. La Secretaria, (fdo)

Abg. Milagros Casanova

MEQ/mcm