REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SEGUNDO EN FUNCIONES DE JUICIO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Circuito Judicial con Competencia en DVM. Edo. Zulia. Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio. Edo. Zulia.
Maracaibo, 15 de agosto de 2016
206º y 157º
ASUNTO PRINCIPAL : VP02-S-2014-000424
ASUNTO : VJ02-N-2014-000008
Resolución No. 036-2016
JUEZA: YOLEIDA DEL VALLE SERRANO DE PARRA
SECRETARIA: ABG. LILIANA YANCEN URDANETA
IDENTIFICACIÒN DE LAS PARTES
MINISTERIO PÚBLICO: FISCALIA QUINCUAGESIMA PRIMERA ABG. LISBETHSY AGUIRRE
VICTIMA: (SE OMITE IDENTIDAD)
DEFENSA PRIVADA: ABG. EDINSON PALMAR
ACUSADO: LUIS ENRIQUE BLANCO PEREZ,……
DELITOS: AMENAZA, VIOLENCIA SEXUAL y VIOLENCIA FISICA, previstos y sancionados en el 39, 41, 42 y 43 con la agravante del segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y PRIVACION ARBITRARIA DE LIBERTAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Código Penal.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA: NEGATIVA DE DECAIMIENTO DE MEDIDA
Vista la solicitud efectuada en fecha 04 de agosto de 2016 por el profesional del derecho ALEJANDRO JOSE BARRIOS ALVAREZ, en su carácter de Defensor Público Auxiliar Segundo con competencia plena en materia de violencia contra la mujer, adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, mediante el cual solicita sea decretado el decaimiento de la Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad, este Tribunal, para decidir previamente observa:
DE LOS HECHOS
El día 23 de enero de 2014 se efectuó la Audiencia de Presentación en flagrancia del ciudadano LUIS ENRIQUE BLANCO PEREZ, por ante el Tribunal Primero de Control, Audiencias y Medidas con competencia en delitos de violencia contra la mujer de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, a quien la Fiscalía Quincuagésima Primera del Ministerio Público le imputó la presunta comisión de los delitos de AMENAZA, VIOLENCIA SEXUAL y VIOLENCIA FISICA, previstos y sancionados en el 39, 41, 42 y 43 con la agravante del segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Y PRIVACION ARBITRARIA DE LIBERTAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Código Penal, cometidos en perjuicio de la ciudadana (SE OMITE IDENTIDAD), donde se decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad en su contra.
En fecha 24 de febrero de 2014, se recibió por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos acto conclusivo de acusación interpuesto por la Fiscalía Quincuagésima Primera (51º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en contra del ciudadano: LUIS ENRIQUE BLANCO PEREZ, por la presunta comisión de los delitos de AMENAZA, VIOLENCIA SEXUAL y VIOLENCIA FISICA, previstos y sancionados en el 39, 41, 42 y 43 con la agravante del segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Y PRIVACION ARBITRARIA DE LIBERTAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Código Penal, cometidos en perjuicio de la ciudadana (SE OMITE IDENTIDAD).
En fecha 11 de agosto de 2014, se celebró audiencia preliminar ante el Tribunal Primero de Control Audiencia y Medidas con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial de Estado Zulia, donde el Juzgado entre otras cosas admitió la acusación por la presunta comisión de los delitos de AMENAZA, VIOLENCIA SEXUAL y VIOLENCIA FISICA, previstos y sancionados en el 39, 41, 42 y 43 con la agravante del segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Y PRIVACION ARBITRARIA DE LIBERTAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Código Penal, cometidos en perjuicio de la ciudadana (SE OMITE IDENTIDAD), ordenando el pase a juicio.
En fecha 08 de septiembre de 2014, fue recibido por este Tribunal Segundo de Juicio con Competencia en delitos de Violencia Contra la Mujer, quien procedió a fijar la apertura del juicio para el 02 de octubre de 2014, data en la cual fue diferido por falta de traslado para el 17-10-2014, en esta nueva oportunidad se difirió para el 04-11-2014 por falta de traslado, defensa privada y víctima, luego para el 19-11-2014 por falta de traslado, defensa privada y víctima, en esta nueva data se difirió para el 12-12-2014 por falta de traslado, defensa privada y víctima, en esta nueva oportunidad se difirió para el 14-01-2015 por falta de traslado, defensa privada y víctima, en esa nueva data se difirió para el 30-01-2015, en esta nueva oportunidad se difirió para el 30-01-2015, por falta de la defensa privada quien solicitó diferimiento, y se volvió a fijar para el 13-02-15, oportunidad en la que se refija por ser día no laborable para el 10 de marzo de 2015 donde fue diferido por ausencia de la víctima, difiriéndose para el 24 de marzo de 2015 fecha en la cual se difiere por inasistencia de la víctima para el 16 de abril de 2015 donde se difiere por falta de traslado e inasistencia de la víctima para el 07 de mayo de 2015, fecha en la cual se difiere por inasistencia de la victima para el 22 de mayo de 2015, donde se difiere por falta de traslado e inasistencia del defensor privado del acusado y de la víctima para el 08 de junio de 2015, oportunidad en la cual se difiere por falta de traslado de acusado e inasistencia de la víctima para el 29 de junio de 2015, fecha en la cual se difiere por inasistencia de la víctima para el 15 de julio de 2015, fecha donde se difiere por falta de traslado del acusado de autos e inasistencia de la víctima para el 04 de agosto de 2015, donde se apertura por primera vez y se interrumpió en fecha 03 de septiembre de 2015 por no materializarse el traslado e incomparecencia de la defensa, fijándose nueva oportunidad para su inicio en fecha 23-09-2015, data en la cual se difirió por falta de comparecencia del defensor privado y a la vez el imputado lo revocó, fijándose para el 09-10-2015 y luego para 27 de octubre de 2015 donde se difiere por falta de traslado e inasistencia de la víctima para el 12-11-2015, difiriéndose por inasistencia de la víctima para el 27-11-2015, fecha en la cual se difirió por permiso por salud del juez del tribunal para el 16-12-2015, en esta oportunidad se difirió para el 04-01-2016, difiriéndose en esta oportunidad por no haber despacho para el 20-01-2016, donde se difirió para el 03 de febrero de 2016 por falta de traslado de acusado de autos e incomparecencia de la víctima; en esta fecha se difirió para el 24-02-2016 por falta de traslado del imputado e incomparecencia de la víctima; en esta oportunidad se difirió para el 14 de marzo de 2016 por incomparecencia de la víctima; aquí fue diferida para el 30-03-2016 por incomparecencia del imputado por falta de traslado y de la víctima; en esta última fecha se difirió por incomparecencia de la víctima y por falta de traslado del imputado para el 18-04-2016, fecha en la cual también se difirió por ser día no laborable por decreto presidencial para el 16-06-2016, donde también se difirió por falta de traslado de acusado y de la víctima para el 30 de junio de 2016, fecha en la cual se difirió para el 21-07-2016 por incomparecencia de la víctima; en esta última fecha se difirió por incomparecencia de la víctima para el 11-08-2016, fecha en la cual se difirió por incomparecencia de la representante fiscal y de la víctima para el 25 de agosto de 2016.
DEL DERECHO
Nuestra Constitución de modo imperativo consagra que:”…todo ciudadano debe ser juzgado en libertad…”, así lo establece en el articulo 44 numeral 1º, este mandato está dirigido para que todos los órganos del poder público, incluidos los tribunales de justicia, hagan cumplir este principio, de lo contrario no estaríamos en presencia de un verdadero estado democrático y de derecho, tal y como lo promulga nuestra carta magna en su artículo 2º, en los siguientes términos: “…Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ètica y el pluralismo polìtico”. (negritas y cursivas de la defensa)
El mencionado derecho a ser juzgado en libertad se encuentra debidamente reglamentado en la Ley, que prevé los casos y modalidades de excepción que permiten la privación o la restricción de dicha libertad, estableciendo toda una serie de principios de obligatorio cumplimiento, que rige la actividad de los diferentes operadores de justicia, especialmente los jueces, con miras a evitar que bajo el amparo de algunas de estas figuras de excepción, se cobijen de manera subrepticia mecanismos que permitan el cumplimiento del material del mandato constitucional, aquí aludido.
Nuestro Código Orgánico Procesal Penal, es el texto legal encargado de desarrollar y reglamentar el principio de libertad citada, señalando aquellas situaciones de excepción que permiten la privación o la restricción a la libertad de un ciudadano.
Dicho Código señala toda una seria de medidas de coerción personal que afectan la libertad del ciudadano involucrado en un proceso penal; ahora bien, igualmente describe una serie de Principios que deben orientar al juzgador en la oportunidad de imponer al juzgado, alguna de esas medidas. Dentro de tales principios resaltan; el Principio de la Necesidad, el Principio de Proporcionalidad, el Principio de Excepcionalidad y de Carácter Restrictivo, el Principio de Judicialidad, Motivación, Provisionalidad y Temporalidad; a los fines de ilustrar esta solicitud valga hacer las siguientes consideraciones:
PRINCIPIO DE NECESIDAD: La medida de coerción solo podrá ser impuesta en cuanto sea necesario para los fines del proceso. Esta necesidad debe ser apreciada casuìsticamente por el Juez, pero en todo caso sólo se puede entender como necesaria la medida, si la misma es imprescindible para asegurar la persona del imputado a los fines de su comparecencia al debate o del cumplimiento de la pena; o para evitar la destrucción o alteración de pruebas o la obstaculización de su búsqueda.
Ahora bien, la sala Constitucional ha establecido en sentencia de fecha 02-03-2004, número 246, con ponencia del Dr. Antonio J. García García cual es la etimología de las medidas de coerción en los siguientes términos: “…etimológicamente, por medidas de coerción personal, debe entenderse no sólo la privación de libertad personal, sino cualquier tipo de sujeción a que es sometida cualquier persona, por lo que incluso las medidas cautelares sustitutivas, son de esa clase…”
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: Con el que se persigue que la medida de coerción aplicable a cada enjuiciado sea proporcional entre la Medida Cautelar impuesta y la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, proporcionalidad que implica para el juez la obligación de verificar en cada caso las condiciones en que ocurrió el delito, el posible daño causado y la pena que ha de imponerse, haciendo la acotación que para efectuar el análisis de este último elemento no basta con constatar el quantum de la pena, sino que además es conveniente verificarse una vez impuesta la misma, si el procesado puede ser objeto de un beneficio o medida alterna de cumplimiento de libertad, y el juez debe verificar las condiciones personales del enjuiciado, de modo que se impida la desnaturalización de la medida, al gravar necesariamente la situación del sometido al proceso penal cuando se le impone una medida que le resulte imposible de cumplir en virtud de sus características culturales, socio-económicas o personales de cualquier otra índole; fundamentación esta que se basa en lo dispuesto en el artículo 230 del Código Adjetivo Penal.
Es necesario acotar que la regulación que contiene el Código Orgánico Procesal Penal, en lo que se refiere a las medidas de coerción personal, apunta a impedir la privación innecesaria de la libertad del encausado y la imposición de medidas excesivamente gravosas para él, cuando dicha imposición no sea absolutamente indispensable a los fines del proceso; evitando así la consecuencia que dicha privación de libertad acarreaba en el pasado cuando bajo el sistema inquisitivo, la medida cautelar (fundamentalmente la detención judicial), se convertía en la imposición de una pena anticipada. La utilización de cualquier tipo de medida cautelar sustitutiva de libertad en forma tal que de todos modos se constituya en una privación de libertad del imputado, representa solo una vil manera de desaplicar los principios que orientan el sistema penal vigente, sino que además representan aberrantes y perversas modalidades de aplicar la ley, en forma por demás injusta y discriminadora, precisamente contra aquellos quienes representan un cuadro económicamente desfavorable.
En el presente caso el encausado tiene DOS (02) AÑOS Y SIETE (07) MESES, desde el 23-01-2014 bajo una Medida Judicial Privativa Preventiva de Libertad, al haberlo así decretado el Juzgado Primero en función de Control, habiendo el Ministerio Público presentado acto conclusivo de acusación en su contra, en fecha 24-02-2014, y celebrada la audiencia preliminar ante el Juzgado de Control, quien admitió la acusación por los delitos de AMENAZA, VIOLENCIA SEXUAL y VIOLENCIA FISICA, previstos y sancionados en el 39, 41, 42 y 43 con la agravante del segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Y PRIVACION ARBITRARIA DE LIBERTAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Código Penal, cometidos en perjuicio de la ciudadana (SE OMITE IDENTIDAD) y continúa o permanece el acusado bajo una medida de coerción Privativa Preventiva de Libertad sin que en su contra exista sentencia definitiva sobre la cual se hayan agotados todos los recursos, de tal modo que estamos en presencia de la previsión legal que describe el articulo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual es del tenor siguiente:
“…No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable…EN NINGUN CASO PODRÀ SOBREPASAR LA PENA MÌNIMA PREVISTA PARA CADA DELITO NI EXCEDER DEL PLAZO DE DOS AÑOS”.
Así lo ha manifestado el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en conspicua y reiterada jurisprudencia, sobre las decisiones fundamentadas en la aplicación del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal hoy artículo 230: “…comparte la Sala los argumentos que, para el momento de la sentencia 24 de mayo de 2004 esgrimió la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, al considerar que efectivamente al accionante se le vulneró su derecho constitucional al mantenérsele sometido a medida de coerción personal por un lapso que excede el límite máximo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal…
…Siendo ello así, es evidente que, en el presente caso, la medida de coerción personal impuesta al imputado sobrepasó el término establecido en el señalado artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, que es la garantía que el legislador ofrece al imputado de que no estará sometido indefinidamente a medida de coerción personal alguna, sin que en su contra pese condena firme, siempre y cuando no existan tácticas procesales dilatorias abusivas, producto del mal proceder de los imputados o sus defensores para que el proceso penal pueda tardar mas de dos años sin sentencia firme… De allí que tal como lo declaró el juez constitucional, al no cursar en el expediente prueba alguna que permita determinar a quien debe atribuirse el retardo procesal, se hace necesario ordenar al Juzgado….que verifique si la dilación procesal fue obra del imputado o su defensa, de no ser así el juez accionado debe proceder a revisar la medida cautelar sustitutiva que le fue acordada al imputado y sustituirla por otra de posible cumplimiento…” (Sentencia de fecha 28-04-05, expediente Nro. 1572, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
De igual forma esta defensa trae a colación sentencia Nro. 601, de fecha 22-04-05, expediente Nro. 1759, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se estableció que:
“…En efecto esta Sala Constitucional ha venido sosteniendo que cuando la medida de coerción personal exceda el límite máximo legal, sin que se haya solicitado su prórroga, o una vez vencida esta, el juez está obligado a declarar, de oficio o a solicitud de parte, el decaimiento de la misma, debido al mandato expreso contenido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal; pero en tal supuesto debe citar a las partes, e incluso a la víctima aunque no se haya querellado, para realizar una audiencia oral… Ahora bien, esta sala considera conveniente modificar el criterio anterior, pues en la sentencia Nro. 1737 del 25 de junio de 2003…se afirmó que el decreto judicial de un acto que no está expresamente establecido en la ley, constituye una flagrante violación de los trámites de procedimiento que infringe el debido proceso, lo cual conlleva forzosamente a declarar su nulidad… En este sentido, no solo el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal no prevé una audiencia para decidir acerca del decaimiento de la medida de coerción personal…sino que además la celebración de tal acto difiere el pronunciamiento que al respecto debe dictarse… Por lo tanto, a partir de la publicación de este fallo, queda modificado el criterio de esta Sala, de modo que cuando una medida de coerción personal…exceda del límite de dos años…el juez penal debe pronunciarse sobre el decaimiento de la medida cautelar, sin realizar previamente una audiencia oral…” (subrayado y negrilla de la defensa).
Ahora, si bien es cierto que ha transcurrido en demasía el lapso a que se contrae el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal sin que exista sentencia definitiva en contra del ciudadano LUIS ENRIQUE BLANCO PEREZ, observa esta Juzgadora que si bien no se ha logrado llevar a efecto el juicio oral, habiéndose iniciado en una oportunidad he interrumpido por falta de traslado e inasistencia de la víctima de autos, no obstante debe resaltarse que este Juzgado ha sido diligente al ordenar las veces que han sido necesarias los traslados del justiciable, no teniendo respuesta alguna en las oportunidades de la negativa a los traslados, motivo por el cual quien aquí decide, considera que al subjúdice se le sigue enjuiciamiento por un delito sumamente grave como lo es VIOLENCIA SEXUAL y otros no menos importantes como lo son AMENAZA Y VIOLENCIA FISICA, tipificados en los artículos 43 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya pena a imponer en caso de una sentencia condenatoria jamás sería menor a DIEZ (10) AÑOS, lo que va muy por encima de los DOS (02) AÑOS que prevé la norma procesal penal como mínima del delito en cuestión, por lo que en consecuencia este Tribunal declara sin lugar la solicitud impetrada por la defensa y en consecuencia se mantiene la Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad que pesa en contra del ciudadano LUIS ENRIQUE BLANCO PEREZ, al considerar que no han variado las circunstancias que conllevaron al decreto de dicha medida de coerción por el Juzgado en Función de Control Audiencias y Medidas. Y así se decide.
DISPOSITIVA
Por los razonamiento de hecho y derecho antes señalados, este JUZGADO SEGUNDO EN FUNCIÓN DE JUICIO EN MATERIA PENAL CON COMPETENCIA EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CIRCUNSCRIPCION DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: DECLARA sin lugar la solicitud de Decaimiento invocada por la Defensa del acusado LUIS ENRIQUE BLANCO PEREZ y en su lugar se mantiene la Medida Judicial de Privativa Preventiva de Libertad que pesa en contra del encausado. Notifíquese a las partes.
LA JUEZA SEGUNDA DE JUICIO
DRA. YOLEIDA DEL VALLE SERRANO DE PARRA
LA SECRETARIA
ABG. LILIANA YANCEN URDANETA