TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA.
EXP. N°. 11.920-15
I.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
PARTE ACTORA: ciudadana ROXANA DEL VALLE NORIEGA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.902.836 y de este domicilio.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: abogadas JEANNE MARIE BOURGEÓN RODRÍGUEZ y NAIFFER DEL VALLE AGUILAR ROJAS, inscritas en el inpreabogado bajo los Nros. 92.828 y 185.136 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: ciudadano CARLOS ISIDRO ALVAREZ ARENAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.892.675 y de este domicilio. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: No acreditó a los autos.
Consta de las actas que conforman el presente expediente que en fecha 22.10.2015, la ciudadana ROXANA DEL VALLE NORIEGA, debidamente asistida por los abogados JEANNE MARIE BOURGEÓN RODRÍGUEZ y NAIFFER DEL VALLE AGUILAR ROJAS, presentaron para su distribución por ante este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito del estado Bolivariano de Nueva Esparta, demanda de PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 156 y 173 del Código Civil en concordancia con el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 22.10.2015 (f. 40), la presente demanda fue asignada a este Juzgado, quien en fecha 23.10.2015, le dio la entrada respectiva (f. vto. 40).
Por auto de fecha 27.10.2015 (f. 41), se exhortó a la parte actora para que indicara el equivalente a su estimación en unidades tributarias en cumplimiento a la Resolución N° 2009-0006 emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18.03.09 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.152.09.
En fecha 17.11.2015 (f. 42), compareció la ciudadana ROXANA DEL VALLE NORIEGA, asistida de abogado, y mediante diligencia dio cumplimiento al auto emitido por este Juzgado en fecha 27.10.15.
Por auto de fecha 23.11.2015 (f. 43 y 44), se admitió la demanda ordenándose el emplazamiento de la parte demandada ciudadano CARLOS ISIDRO ALVAREZ ARENAS, y se ordenó aperturar el cuaderno de medidas respectivo, a los fines de proveer en relación a la medida solicitada. Dejándose constancia de haberse aperturado el cuaderno de medidas en esa misma fecha.
En fecha 14.12.2015 (f. 45) compareció la ciudadana ROXANA DEL VALLE NORIEGA, asistida de abogado, y mediante diligencia consignó las copias simples del escrito libelar y auto de admisión a los efectos de la elaboración de la compulsa dirigida al demandado.
Por diligencia de fecha 14.12.2015 (f. 46 y 47), la parte actora confirió poder apud-acta a las abogadas los abogados JEANNE MARIE BOURGEÓN RODRÍGUEZ y NAIFFER DEL VALLE AGUILAR ROJAS, inscritas en el inpreabogado bajo los Nros. 92.828 y 185.136 respectivamente, dejándose constancia por secretaría de tal circunstancia.
En fecha 16.12.2015 (f. 48) se dejó constancia por secretaria de haberse librado compulsa a los efectos de llevar a cabo la citación del demandado.
Por diligencia de fecha 28.03.2016 (f. 49 al 59) el alguacil de este Despacho consignó en diez (10) folios útiles, las copias y compulsa de citación librada al ciudadano CARLOS ISIDRO ALVAREZ ARENAS, el cual no pudo localizar en la dirección que le fue suministrada.
En fecha 31.03.2016 (f. 60), compareció la abogada NAIFFER DEL VALLE AGUILAR ROJAS, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora y mediante diligencia solicitó la citación del demandado mediante cartel conforme al artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Siendo acordado por auto de esa misma fecha (f. 61 y 62); dejándose constancia de haberse librado el cartel en esa misma fecha (f. 63).
En fecha 11.04.2016 (f. 64), compareció la abogada NAIFFER DEL VALLE AGUILAR ROJAS, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora y mediante diligencia manifestó recibir el cartel de citación respectivo, a los fines de su publicación.
En fecha 25.04.2016 (f. 65 al 68), compareció la abogada JEANNE MARIE BOURGEÓN RODRÍGUEZ, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora y mediante diligencias consignó las publicaciones del cartel en los diarios La Hora y Sol de Margarita, a los efectos legales consiguientes. Siendo agregados a los autos en fecha 25.04.2016 (f. 69).
En fecha 17.05.2016 (f. 70), la secretaria de este Despacho dejó constancia que le fue entregada la copia simple del cartel de citación para ser fijado en el domicilio de la parte demandada y dar cumplimiento al artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 30.05.2016 (f. 71), la secretaria de este Juzgado dejó constancia que el día 24.05.16, fijó el cartel de citación en el domicilio del demandado, dando así cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal en el auto de fecha 04.04.16, conforme al lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 26.07.2016 (f. 72), comparecieron las abogadas JEANNE MARIE BOURGEÓN RODRÍGUEZ y NAIFFER DEL VALLE AGUILAR ROJAS, en su carácter de apoderadas judiciales de la parte actora y mediante diligencia solicitaron a los fines de la continuidad del presente juicio, la designación del defensor judicial al demandado. Siendo designado por auto de fecha 28.07.16 (f. 74), el abogado RAINIERI ALBERTO RODRÍGUEZ MOYA, como defensor judicial del demandado, ciudadano CARLOS ISIDRO ALVAREZ ARENAS.
En fecha 04.08.2016 (f. 75 al 78), compareció el ciudadano CARLOS ISIDRO ALVAREZ ARENAS, debidamente asistido de abogado y mediante diligencia, solicitó la declinatoria de competencia por la materia al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescente de este Estado según lo establecido en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, en vista de que para el momento de la presentación del libelo de la demanda constaba la existencia de una adolescente producto de la unión conyugal, consignando a tal fin la copia de la partida de nacimiento de la menor.
CUADERNO DE MEDIDAS.
En fecha 23.11.2015 (f. 1 al 3), se aperturó el cuaderno de medidas y se ordenó a la parte actora con fundamento en el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil ampliar la prueba en relación a la medida solicitada.
Siendo la oportunidad para decidir se hace bajo los siguientes términos:
I.-MOTIVACIONES PARA DECIDIR.
PUNTO PREVIO.
El artículo 1º de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece:

“Esta Ley tiene por objeto garantizar a todos los niños y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su concepción.”

Específicamente, sobre el tema de la competencia para conocer de la liquidación y partición de la comunidad conyugal o derivadas de uniones estables de hecho, el artículo 177, Parágrafo Primero, literal l) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, reformada el 10 de diciembre de 2007, establece expresamente los asuntos en los cuales estos Tribunales tendrán competencia por la materia, a saber:

“Competencia del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
El Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es competente en las siguientes materias:
Parágrafo Primero. Asuntos de familia de naturaleza contenciosa:
a) Filiación.
b) Privación, restitución y extinción de la Patria Potestad, así como las discrepancias que surjan en relación con su ejercicio.
c) Otorgamiento, modificación, restitución y privación del ejercicio de la Responsabilidad de Crianza o de la Custodia.
d) Fijación, ofrecimiento para la fijación y revisión de la Obligación de Manutención nacional e internacional.
e) Fijación y revisión de Régimen de Convivencia Familiar nacional e internacional.
f) Negativas o desacuerdos en autorizaciones para viajar dentro y fuera del país.
g) Negativas o desacuerdos en autorizaciones para residenciarse dentro y fuera del país.
h) Colocación familiar y colocación en entidad de atención.
i) Adopción y nulidad de adopción.
j) Divorcio, nulidad de matrimonio y separación de cuerpos, cuando haya niños, niñas o adolescentes comunes o bajo Responsabilidad de Crianza y/o Patria Potestad de alguno de los cónyuges.
k) Divorcio, nulidad de matrimonio, separación de cuerpos, liquidación y partición de la comunidad conyugal o de uniones estables de hecho cuando uno o ambos cónyuges sean adolescentes.
l) Liquidación y partición de la comunidad conyugal o de uniones estables de hecho, cuando haya niños, niñas y adolescentes comunes o bajo Responsabilidad de Crianza y/o Patria Potestad de alguno o alguna de los solicitantes.
m) Cualquier otro afín de naturaleza contenciosa que deba resolverse judicialmente en el cual los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el proceso…” (Subrayado y resaltado del Tribunal).

En este sentido, se debe señalar que el fuero atrayente de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tiene razón de ser en resguardo del interés superior del niño y del adolescente al que hace alusión el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en la medida en que los derechos y garantías de éstos sean objeto del debate judicial, pudiendo ser afectados de manera directa por la decisión que resuelva dicha controversia.

En este contexto, estima conveniente traer a colación el precedente jurisprudencial sentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual fija el criterio de la activación del fuero atrayente a favor de la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes, independientemente de la naturaleza del debate judicial, cuando en la relación procesal que sobrevenga o deliberadamente se instaure, sean llamados a intervenir en la causa de que se trate, personas en etapa de niñez o adolescencia, en tanto factor decisivo en la determinación de la competencia. En efecto, en sentencia número 1951 de fecha quince (15) de diciembre de dos mil once (2011), la Sala Constitucional sostuvo lo siguiente:

“Esta situación imprevista que obligaba a citar a estos sujetos, menores de edad, para la iniciación del juicio, hizo que surgiera un fuero atrayente, a favor de los Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, conforme a lo establecido en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a pesar del evidente carácter agrario del asunto. Ello se explica por cuanto en la confrontación entre la especialidad de la materia agraria y de niños, niñas y adolescentes, es factor determinante ésta última, de donde se sigue que el bien jurídico tutelado que debe prevalecer es la protección de éstos, en función del interés superior del niño.
Ello tiene igualmente su explicación en la circunstancia de que la mera existencia de un conflicto donde se discutan derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes, conforme a la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, obliga a que los mismos se discutan ante un juez especializado, formado en la protección integral de éstos, a los fines de garantizar la realización de un proceso acorde con los especiales intereses que se tutelan.
(…)
Ahora bien, la demanda por interdicto restitutorio fue interpuesta en fecha 11 de agosto de 2003, es decir, antes de la mencionada reforma de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente. Por ello, a juicio de la Sala, el conflicto de competencia planteado debia ser resuelto en atención al principio perpetuatio fori, consagrado, como principio general del Derecho, en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el cual ‘[l]a jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa’.
Sin embargo, dicho principio encuentra su excepción en aquellos casos en los que el sujeto pasivo en la demanda esté constituido por un niño, niña o adolescente, pues debe protegerse los interés de los mismos, aplicando las instituciones propias establecidas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, lo cual le corresponde al juez competente en esa materia su aplicación, en atención a lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prevé: “Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de pleno derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, lo cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República.”
De esta manera resulta necesario recordar que, inicialmente, mediante la sentencia N° 33 publicada en fecha 24 de octubre de 2001, (y ratificada en sentencia N° 4 publicada en fecha 21 de febrero de 2002), la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia interpretó que la norma contenida en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente ‘atribuye a los órganos de la referida jurisdicción especial [de protección del niño y del adolescente] el conocimiento y decisión de las demandas incoadas contra niños y adolescentes, lo cual, evidentemente, implica la competencia de estos órganos para conocer de los juicios en los cuales los niños y adolescentes figuren como demandados o accionados en la relación procesal…’ y que , por consiguiente, ello suponía que ‘…no forma parte de la competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente ni de la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal el conocimiento de las demandas de naturaleza patrimonial o del trabajo incoadas por niños o adolescentes’.
Este criterio interpretativo, basado en el tenor literal de las normas aplicables, habría bastado en su momento para determinar que, en la presente causa, la demanda de interdicto restitutorio debe ser conocida y sentenciada por los tribunales de protección de niños y adolescentes, ya que en este caso, los adolescentes figuraban como demandados en la relación procesal.
No obstante, debe recordarse que este criterio inicial fue posteriormente modificado para ampliar el ámbito de competencia de los mencionados tribunales de protección del niño y del adolescente. Es así como a través de la sentencia N° 44 de fecha 2 de agosto de 2006, publicada en fecha 16 de noviembre de 2006 (Caso: Sucesión Carpio de Monro Cesarina), la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia expresó lo siguiente:

′De allí que la conjugación de un sistema de interpretación gramatical, relativo al sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí, y el sistema lógico de interpretación, relativo a la intención del legislador, lleva a esta Sala a concluir que los asuntos de carácter patrimonial en los que figuren niños y adolescente, independientemente de que sean demandados o demandantes, deben ser competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente; más aún si se piensa que estos Tribunales cuentan con especialistas en las distintas materias y servicios propios para una especial, integral y cabal protección de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional(…)′.
De esta manera, incluso antes de la reforma de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, quedó claramente establecido que el ámbito material de competencia de los órganos de la jurisdicción especial de protección de niños y adolescentes debe extenderse a todos los asuntos de carácter patrimonial en los que se encuentren involucrados niños, niñas o adolescentes, independientemente del carácter con que éstos intervengan en el proceso, criterio éste contenido en la disposición actual del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes.
De tal manera que, no cabe duda de que la competencia para el conocimiento del asunto corresponde a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Así se establece.”

Este avanzado criterio jurisprudencial, no sólo ha sido aplicado por la Sala Plena en función de la resolución de los asuntos que le ha correspondido conocer en el ejercicio de sus potestades jurisdiccionales, sino que progresivamente lo ha desarrollado en la perspectiva de garantizar una óptima administración de justicia, a propósito de la resolución de los conflictos competenciales que se suscitan entre órganos judiciales con ocasión al conocimiento de asuntos en que están involucrados derecho e intereses de niños, niñas y adolescentes.
Más recientemente, la Sala Plena en sentencia número 21 de fecha treinta (30) de enero de dos mil trece (2013), divulgada en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia, estableció que al encontrarse involucrados en una causa los “…intereses de la infancia y de la adolescencia, su superioridad en relación con otras consideraciones jurídicas, obliga a que…” dicho asunto sea conocido por la jurisdicción de protección de niños, niñas y adolescentes, prescindiendo de la jurisprudencia normativa que estuviera vigente para el momento de la interposición de la acción, si ésta atribuye la competencia a una jurisdicción distinta a la preseñalada, toda vez que tal cuestión se constituye en un asunto preeminentemente de justicia. Concretamente, sostuvo la Sala Plena lo siguiente:

“La Sala observa que el nuevo criterio es posterior a la situación de hecho planteada en la demanda de partición de comunidad concubinaria, interpuesta en El Tigre, Estado Anzoátegui, el 15 de noviembre de 2007. Se evidencia en los autos que el Juez Civil al que correspondió conocer declinó ante el de protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y que este a su vez se declaró incompetente basándose en el criterio que para entonces sostenía esta Sala Plena. Por tales razones declinó su competencia y solicitó regulación de competencia a la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, la cual a su vez declinó ante esta Sala Plena.
Advierte esta Sala Plena que la protección a la familia, el interés superior del niño, la progresividad de los derechos, la aplicación de la norma más provechosa a los intereses superiores de la infancia tienen rango constitucional, todo lo cual redunda en la necesidad de aplicar la jurisprudencia reciente por encima de la jurisprudencia normativa vigente para el momento del acto procesal de incoar la demanda en sede civil (15 de noviembre de 2007), pues era esa sede tanto por la norma civil como por la jurisprudencia pacífica de aquel momento, la aplicable a este caso concreto.
Por eso el reciente cambio jurisprudencial que norma la situación de hecho planteada en este caso, es el aplicable aun cuando en su momento de ocurrencia la jurisprudencia normativa era diferente. En asuntos como este en el que se involucran -aunque indirectamente- intereses de la infancia y de la adolescencia, su superioridad en relación con otras consideraciones jurídicas, obliga a que el criterio nuevo se imponga sobre el criterio superado, pese a que este (el criterio anterior) fuese el jurídicamente aplicable. Pero como está involucrado en la relación concubinaria el interés superior de una niña, constituyéndose en un asunto preeminente de justicia, la Sala considera que debe prevalecer esta, la justicia.
En virtud de estas consideraciones acerca de los criterios que se oponen en razón del tiempo procesal, como quiera que en este caso la solicitante alegó que de esa unión ‘nació una niña en el año 1998 (…)’ y así consta en el expediente según acta de nacimiento (folio 9), la competencia para conocer y decidir el caso de autos corresponde al Juzgado de Primera Instancia de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, máxime cuando dicha niña es actualmente adolescente. Se ordena remitir el expediente al referido juzgado. Así se determina.”
A juicio de esta Sala Plena, es evidente que la orientación de la jurisprudencia patria en lo tocante al tutelaje de los derechos e intereses de la niñez y adolescencia, se dirige a desarrollar y fortalecer la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes, lo que entre otras cuestiones supone la ampliación de su competencia a partir de una progresiva interpretación del ordenamiento jurídico nacional, con miras a garantizar que los asuntos judiciales en que estén involucrado los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes, sean conocidos y decididos por tribunales especializados en la materia.

Resulta claro según los extractos de las sentencias transcritas, que en aquellos casos en que la acción civil sea dirigida contra niños y adolescentes, la competencia le corresponde a la jurisdicción especial, pero también, contrario a lo sostenido por la Sala Plena y Sala Social, la Sala Civil, basada en la sentencia emanada de la Sala Constitucional de fecha 04 de mayo de 2000, la cual conforme al artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es de carácter vinculante, considera que la competencia en cuanto a la materia para conocer de una acción civil donde aparezca como demandante o demandado un niño o adolescente le corresponde no al Tribunal Civil, sino a los de Protección del Niño y del Adolescente, conforme al artículo 28 del Código de Procedimiento Civil que determina la competencia por la materia según la naturaleza de la cuestión que se discute.
En este caso particular, se observa que en la presente demanda se ventila la PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL incoada por la ciudadana ROXANA DEL VALLE NORIEGA en contra del ciudadano CARLOS ISIDRO ALVAREZ ARENAS, en relación a los bienes pertenecientes a la comunidad conyugal que existió entre ellos, y asimismo resulta imperativo para este Tribunal dejar expresa constancia que en el escrito de demanda la actora omitió mencionar la existencia de la hija de 15 años, suya y del demandado.
Ahora bien, al estar comprobado la existencia de la menor de edad, es preciso indicar que la reforma a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.859, de fecha 10 de diciembre de 2007, introdujo la disposición contenida en el artículo 4-A, relativo al principio de corresponsabilidad al establecer:

"El Estado, las familias y la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta, su protección integral, para lo cual tomarán en cuenta su interés superior, en las decisiones y acciones que les conciernan".

En aplicación de las normas citadas debe necesariamente concluirse que siempre que puedan resultar afectados, directa o indirectamente, los derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes, surge para todos los jueces la obligación de impedir que puedan sufrir un menoscabo cualquiera de los derechos que le reconocen la Constitución y la Ley, ello en virtud del interés Superior del Niño y del Adolescente especialmente tutelados por nuestra Carta Magna y en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, los cuales son de orden público, irrenunciables e intransigibles, de conformidad con lo previsto en la referida ley. (Resaltado y subrayado del Tribunal).
En razón de los hechos antes expuestos quien decide, siendo que en cualquier estado y grado del proceso puede declararse la incompetencia por la materia, y en virtud que consta de los autos que los bienes objeto del presente juicio de partición pertenecen a los ciudadanos ROXANA DEL VALLE NORIEGA y CARLOS ISIDRO ALVAREZ ARENAS, partes actora y demandada respectivamente, quienes son padres de la menor de edad que en la actualidad cuenta con 15 años, necesariamente se debe concluir que la competencia material para conocer de este asunto corresponde al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, y en consecuencia en resguardo del orden público y en aras de garantizar la debida protección al interés superior del niño, niña o adolescente, debe necesariamente declararse incompetente por la materia para conocer de la presente causa, y declina su competencia en el Juzgado de Protección de Niños, Niñas y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, a quien le corresponderá decidir el fondo de la presente controversia.
Se deja expresa constancia de que a partir de la publicación de la presente decisión, las partes tienen un plazo de cinco (05) días de despacho para solicitar la Regulación de Competencia, vencido el mismo, sin que hayan solicitado dicha regulación, la presente decisión quedará firme y se remitirá el expediente al juzgado que ha sido declarado competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la referida Ley adjetiva.
De igual forma se deja constancia, que de solicitarse la regulación de la competencia, este Tribunal procederá conforme a lo previsto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia, ordenará remitir las copias certificadas de la solicitud a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, y por ende se abstendrá de decidir sobre el fondo de la causa hasta tanto conste en autos el fallo que regule la competencia.
PUBLÍQUESE INCLUSIVE EN LA PÁGINA WEB DEL TRIBUNAL, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, sellada y firmada en la Sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta. La Asunción, a los ocho (08) días del mes de agosto del año dos mil dieciséis (2016). Años: 206º y 157º.
LA JUEZA TEMPORAL,

Dra. MARÍA A. MARCANO RODRÍGUEZ.

LA SECRETARIA,

Abg. ENMYC ESTEVES PAREJO.

NOTA: En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión previa las formalidades de ley. Conste,

LA SECRETARIA,

Abg. ENMYC ESTEVES PAREJO.

MAM/EEP/nv.-
Exp. Nº 11.920-15.