TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Violencia contra la Mujer en función de Control Audiencia y Medidas de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas
Maturín, 29 de Agosto de 2016
206º y 157º

ASUNTO PRINCIPAL : NP01-S-2016-001275
ASUNTO : NP01-S-2016-001275

AUTO DE FUNDAMENTACIÓN DE PRIVACIÓN JUDICIAL
PREVENTIVA DE LA LIBERTAD.

Corresponde a este Juzgado Segundo en Función de Control, Audiencias y Medidas con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, fundamentar, conforme lo previsto en el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal en consecuencia de la aprehensión en flagrancia que se le practicara al ciudadano: ADOLFO RAFAEL RODRIGUEZ de nacionalidad Venezolana, natural de las bocas de rió chiquito de Aragua de Maturín, Estado Monagas, de 49 años de edad, de profesión u oficio: Agricultor, fecha de Nacimiento 19/07/1967, de estado civil soltero, residenciado en la dirección antes mencionada titular de la cédula de identidad número V-11.447.305, hijo de la ciudadana rosa Maria Rodríguez (F) y de padre Victoriano Rodríguez (V),TELÉFONO: 0424-9102370, pertenece al ciudadano Jesús Rodríguez; Yerno del imputado de autos, 0426-6867076, pertenece a mi hija Maria Eugenia Rodríguez, por la presunta comisión del delito de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el Articulo 44 (encabezamiento ordinales 1 y 4) de la LEY ORGANICA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, en concordancia, artículos 217 y 218 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, en perjuicio de una adolescente de Quince (15) años de edad, de quien se omite su identificación de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente; luego de verificar los siguientes elementos:

Cursa al folio Ocho (08) DENUNCIA, de fecha 26/10/2015, realizada por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, sub.-Delegación Maturín, Estado Monagas, por el ciudadano LUIS ALBERTO GONZALEZ, de 34 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.877.922, residenciado en la Calle Principal, Casa Sin Numero, Sector Brisas del Rió, Población de Río Chiquito, Municipio Piar, estado Monagas, y en consecuencia expone: “Vengo a denunciar al ciudadano CESAR ANTONIO GONZALEZ, ya que mi hija de nombre SE OMITE, de 15 años de edad, me contó que esta persona había abusado sexualmente de ella hace varios meses, donde fui a un médico y le mande hacer un Ecosonográma a mi hija y salio que tiene entre 18 y 19 semanas de embarazo, es todo, SEGUIDAMENTE EL FUNCIONARIO RECEPTOR INTERROGA AL DENUNCIANTE DE LA MANERA SIGUIENTE: PRIMERA PREGUNTA: Diga usted, tiene conocimiento del lugar, hora y fecha del hecho antes narrado? CONTESTO: Por lo que me comento mi hija fue en mi residencia ubicada en la dirección antes mencionada entre el mes de junio y julio del presente año, SEGUNDA PREGUNTA: Diga usted, si es la primera vez que le ocurre un hecho de esta naturaleza a su hija de nombre SE OMITE? CONTESTO: Si, es primera vez, TERCERA PREGUNTA: Diga usted, donde puede ser ubicado al ciudadano CESAR ANTONIO GONZALEZ? CONTESTO: El vive en una casa de barro la cual esta pintada de azul, sector Río Chiquito, Municipio Piar Estado Monagas, CUARTA PREGUNTA: Diga usted, conoce de vista, trato y comunicación al ciudadano CESAR ANTONIO GONZALEZ? CONTESTO: Si, ya que el es sobrino de mi esposa,... DECIMA PRIMERA PREGUNTA: Diga usted, desea agregar algo mas a la presente denuncia? CONTESTO: Si, que mi hija padece de ataques epilépticos y tiene retraso mental,...”

SEGUNDO: Cursa al folio Nueve (09) ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 27/10/2015, suscrita por el funcionario DETECTIVE LUIS ALBERTO RODRIGUEZ, adscrito a la Brigada de Investigaciones de la sub.-Delegación Tipo “B” Caripe Estado Monagas,... y en consecuencia expone: “Hoy en horas de la tarde, continuando la averiguación penal signada con la nomenclatura I-719.919, instruida por esta sub.-Delegación por uno de los delitos Contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Violencia Sexual), me constituí en compañía del funcionario oficial jefe José López, en la unidad 3-C00245, plenamente identificada a este prestigioso cuerpo detectivesco, hacia la Calle Principal, casa Sin Numero del Sector Brisas del Río de la Población Río Chiquito del Municipio Piar del Estado Monagas, con la finalidad de realizar Inspección Técnica al lugar de los hechos y ubicar e identificar al ciudadano CESAR ANTONIO GONZALEZ APODADO (PERATO) quien funge como investigado en las presentes actas procesales, una vez en la referida dirección fuimos recibidos por el ciudadano LUIS ALBERTO GONZALEZ, quien es el denunciante en la presente causa, y la adolescente SE OMITE quien es victima en el mismo caso, a quienes luego de identificarnos como funcionarios activos de este cuerpo de investigación, nos permitieron el acceso a su vivienda, indicándonos el sitio exacto donde ocurrieron los hechos, procediendo el funcionario oficial jefe José López, a efectuar la respectiva inspección técnica de ley en el lugar, asimismo la adolescente victima del presente caso nos manifestó que otro ciudadano de nombre JESUS MATEUS conocido en el Sector como (EL POLICIA), también abuso sexualmente de ella, quienes le ofrecían dinero a cambio de tener relaciones sexuales con ella, indicándonos su progenitor que ambos ciudadanos CESAR ANTONIO GONZALES, y JESUS MATEUS, podían ser ubicados en la Vía Principal de la Población de Río Chiquito de dicha localidad, seguidamente nos trasladamos a la dirección antes mencionada, a fin de ubicar e identificar a los prenombrados ciudadanos, una vez en dicho lugar avistamos a dos ciudadanos portando la siguiente vestimenta el primero portaba una chemi color negra y un jean color azul con calzado tipo bota de color marrón y el segundo una chemi color naranja con jean color rojo y calzado deportivos, a quienes abordamos previa identificación como funcionarios de este organismo policial y explicándoles el motivo de nuestra presencia en el lugar, manifestaron ser las personas requeridas por la comisión, solicitándoles su documentación personal, obteniendo respuesta negativa de su parte, acto seguido se les notifico que debían acompañarnos a nuestra sede, para su identificación plena, los mismos se negaron rotundamente a acompañarnos, tornándose violentos y agresivos, evitando de manera física que los abordáramos a nuestra unidad, vociferándole palabras obscenas y lanzadote manotazos, por lo que se tuvo que recurrir a la imperiosa necesidad de hacer uso progresivo y diferenciado de la fuerza física, a fin de neutralizarlos, notificándole a su vez que quedarían detenido por incurrir en unos de los delitos Contra la Cosa Pública (Resistencia a la Autoridad), por tal motivo siendo las 04:00 horas de la tarde, ambos ciudadanos quedaron bajo custodia policial, imponiéndole de sus derechos constitucionales tipificados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 127 del Código Orgánico Procesal Penal, procediendo el funcionario Oficial Jefe José López, a realizar la Inspección Técnica del lugar, asimismo se le indico que si tenían adheridos a su cuerpo algún arma blanca, arma de fuego o evidencia de nuestro interés criminalistico que lo mostraran, informando que los mismos que no tenían nada, por lo que se le notifico que serian objeto de una revisión corporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 191 del código Orgánico Procesal Penal, procediendo el funcionario Oficial Jefe José López a realizar la respectiva inspección corporal, no localizándole evidencia alguna de interés criminalistico. Una vez culminadas las diligencias antes expuestas, nos retiramos del lugar y retornamos a esta sede en compañía de ambos ciudadanos, donde una vez presentes procedí a identificarlos plenamente como lo establece el artículo 128 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando identificados de la siguiente manera 01.- CESAR ANTONIO GONZALEZ GUEVARA (APODADO EL PERATO), de nacionalidad venezolana, natural de Caripe Estado Monagas, de 30 años de edad, nacido en fecha 03/03/83, estado civil soltero, profesión u oficio Obrero, residenciado en la Calle Principal, casa sin numero, Sector Brisas del Rio Chiquito, Municipio Piar Estado Monagas, titular de la cédula de identidad Nº V-19.037.353, 02.- JESUS BAUTISTA MATUTE (APODADO EL POLICIA) de nacionalidad venezolana, natural de Caripe Estado Monagas, de 38 años de edad, nacido en fecha 18/07/76, estado civil soltero, profesión u oficio obrero, residenciado en las bocas de rio chiquito, Calle Principal, Casa Sin Numero, Municipio Piar, Estado Monagas, titular de la cédula de identidad Nº V-14.232.303, luego de ser identificados, me dirigí al Área de Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL) a fin de verificar si los datos les correspondían, luego de introducir los mismos al sistema computarizado arrojo como resultado que si registra por el sistema SAIME y NO presenta registros ni solicitudes alguna por ante este sistema, de este modo se procedió a darle inicio a las actas procesales Nº I-791.923, por uno de los delitos Contra la Cosa Pública (Resistencia a la Autoridad), posterior a esto se realizo llamada telefónica al Abg. LUIS BONILLO, Fiscal Tercero del Ministerio Público del Estado Monagas, a quien se le notifico el procediendo efectuado, manifestando que les fueran enviadas las actuaciones en el tiempo correspondiente, asimismo se participó a la Abg. DIANA TCHELEBI, Fiscal Novena del Ministerio Público del Estado Monagas en referencia al expediente I-791.919 para el conocimiento de la misma, para finiquitar se le informo a la Superioridad al respecto, se consigna mediante la presente acta de inspección técnica policial, derecho del imputado. Es todo.

TERCERO: Cursa al folio Once (11) INSPECCION TECNICA Nº 467, de fecha 27/10/2015, suscrita por los funcionarios (OFICIAL JEFE) JOSE LOPEZ (TECNICO), (DETECTIVE) LUIS RODRIGUEZ (INVESTIGADOR), adscritos a esta sub.-Delegación Tipo “B” Caripe Estado Monagas, al Área Técnica Policial e Investigaciones, en la siguiente dirección: VIA PRINCIPAL DEL SECTOR LAS BOCAS DE RIO CHIQUITO MUNICIPIO PIAR ESTADO MONAGAS, lugar en el cual se acordó efectuar Inspección técnica,... dejándose constancia de lo siguiente: “El lugar a inspeccionar corresponde por sus características a un sitio de suceso ABIERTO, Trátese de un sitio ABIERTO, correspondiente a un tramo de la carretera provista de asfalto, constituida por un canal de circulación para ambos sentidos, ubicada en la dirección arriba mencionada, orientando el fluido vehicular en sentido Este Oeste y Viceversa, donde se visualizan varios huecos en el pavimento, hacia ambos laterales de dicha carretera, existe alumbrado eléctrico y el tráfico de vehículos en horas diurnas y nocturnas debido a que constituye una vía principal o carretera nacional, se hace evidente para el momento de practicarse la presente inspección técnica, temperatura ambiente fresca, buena iluminación natural.

CUARTO: Cursa al folio Catorce (14) EVALUACION MEDICO FORENSE Nº 356-1638-011216-15, de fecha 28/10/2015, suscrito por el DR. CARLOS LEOPARDI WEKY, Experto Profesional, Jefe del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses Región Monagas, practicado a la adolescente de quince (15) años de edad, cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente, INTERROGATORIO: Refiere que hace como cinco meses su primo CESAR abuso de ella sexualmente. La madre dice que la niña sufre de convulsiones y que actualmente no consigue el tratamiento, EXAMEN CORPORAL: Presenta respuestas lentas al interrogatorio orientada parcialmente en tiempo espacio y persona. ABDOMEN PRESENTA ALTURA UTERINA DE UNOS 20 CENTIMETROS DE ALTURA, EXAMEN GINECOLOGICO: INTROITO GENITAL PRESENTA MEMBRANA HYMENEAL CON BORDES DESGARRADOS A LAS 08 EN SENTIDO HORARIO BARDES PERFECTAMENTE CICATRIZADOS, IDX: EMBARAZO DE APROXIMADAMENTE 20 SEMANAS. DESFLORACION HYMENEAL DE VIEJA DATA.

QUINTO: Cursa al folio Dieciséis (16) OFICIO MEMORANDUM Nº 9700-186-224, de fecha 27/10/2015, suscrito por DETECTIVE LEONARDO MARQUEZ, Detective, adscrito al Área Técnica policial, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas, sub.-Delegación “B” Caripe Estado Monagas,... relacionado con la solicitud de posibles REGISTROS POLICIALES, que pudiera tener por ante este despacho, a los ciudadanos JESUS BAUTISTA MATUTE, titular de la cédula de identidad Nº V-14.232.303 y CESAR ANTONIO GONZALEZ GUEVARA, titular de la cédula de identidad Nº V-19.037.353, quienes son investigados en la causa Nº I-791.303, y CESAR ANTONIO GONZALEZ GUEVARA, titular de la cédula de identidad Nº V-19.037.353, quienes son investigados en la causa Nº I-791.923, que se apertura por ante este despacho, por uno de los Delitos Contra la Cosa Pública, informándole lo siguiente: Los ciudadanos antes mencionados NO PRESENTAN REGISTROS POLICIALES NI SOLICITUD ALGUNA y en los archivos alfabéticos fonéticos, llevados por el Área Técnica de esta sub.-Delegación,...”

SEXTO: Cursa al folio Diecinueve (19) ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 28/10/2015, suscrita por el funcionario DETECTIVE LUIS ALBERTO RODRIGUEZ, adscrito a la Brigada de Investigaciones, de esta sub.-Delegación “B” Caripe Estado Monagas,... deja constancia de la siguiente diligencia policial, efectuada en la presente averiguación y en consecuencia expone: “Hoy siendo las 07:40 horas de la mañana, encontrándome en las instalaciones de esta sub.-Delegación se presentó de manera espontánea el ciudadano GONZALEZ LUIS ALBERTO, en compañía de su hija la adolescente de quince (15) años de edad, cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente, quien es victima en la actas procesales I-791.919, por uno de los delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Violencia Sexual), donde me manifestó en presencia de su progenitor de manera textual lo siguiente: “Adolfo me dio real y jobo, me toco y me hizo un niñito en la barriga, también mi primo Cesar también me toco y me hizo un niñito en la barriga, es todo. Seguidamente el ciudadano GONZALEZ LUIS ALBERTO, plenamente identificado en dicha causa como denunciante, me hizo entrega de copia fotostática de la partida de nacimiento, cédula de identidad y Ecosonográma obstétrico de su hija SE OMITE la cual se consigna en la presente Acta de Investigación Penal.

SEPTIMO: Cursa al folio Veinte (20) Copia de Cédula de Identidad, pertenecientes a la adolescente de quince (15) años de edad, cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente, victima en la presente causa.

OCTAVO: Cursa al folio Veintiuno (21) Copia Fotostática de Ecosonográma Obstétrico, de fecha 20/10/2015, suscrito por la Dra. Maria Villarroel, realizado a la adolescente de quince (15) años de edad, cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente, victima en la presente causa.

NOVENO: Cursa al folio Veintidós (22) Copia Fotostática de partida de nacimiento, perteneciente a la adolescente de quince (15) años de edad, cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente, victima en la presente causa.

DECIMO: Cursa al folio Veintitrés (23) ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 28/10/2015, suscrita por el funcionario Detective Jefe TSU LEONARDO FERNANDEZ, adscrito al Área de Investigaciones,... y en consecuencia expone: “En esta misma fecha, siendo las 10:00 horas de la mañana, encontrándome en oficialia de guardia de esta sede, se presento de manera espontánea una ciudadana quien se identificó de la siguiente manera SE OMITE, venezolana, natural de las Bocas del río Chiquito, Municipio Piar, Estado Monagas, de 48 años de edad, nacida en fecha 13/04/1987, de estado civil soltera, de profesión u oficio del hogar, residenciada en la población de Río Chiquito, Caserío Brisas del Río, cédula de identidad Nº V-11.197.510, en compañía de su menor hijo de 08 años de edad, cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente, por cuanto su hijo tiene conocimiento de los hechos ocurridos en las actas procesales Nº I-791.919, aperturadas por ante este despacho por uno de los delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Violencia Sexual) manifestando el prenombrado niño en presencia de su progenitora “Yo estaba con mi hermana EMELY en el río y llegó mi tío ADOLFO y le dio real a mi hermana, la toco en su totona y le hizo groserías y culeo con ella, mi tío ADOLFO me dijo que me fuera porque sino me iba a joder mas nada, es todo.

DECIMO PRIMERO: Cursa al folio Veinticuatro (24) ACTA DE INVESTIGACION, de fecha 29/10/2015, suscrito por el Detective LUIS ALBERTO RODRIGUEZ, adscrito al Departamento de Investigaciones de este cuerpo policial,.. me traslade en compañía del funcionario Oficial José López, a bordo de la Unidad P-30264, hacia la Vía Principal de Río Chiquito, Casa Sin Numero, Municipio Piar, estado Monagas, a fin de ubicar, identificar y Citar al ciudadano RODRIGUEZ ALDOLFO, quien figura como investigado en la presente causa penal, una vez presentes en el referido sector guiados por moradores del lugar, a quienes luego de identificarnos como funcionarios activo de este prestigioso cuerpo policial y manifestarle el motivo de nuestra presencia nos señalaron la residencia del ciudadano ADOLFO RODRIGUEZ, una vez allí realizamos varios llamados a la puerta principal, y fuimos atendidos por un ciudadano a quien luego de identificarnos como funcionarios activo de esta institución y manifestarle el motivo de nuestra presencia, no tuvo impedimento alguno de aportarnos su datos filiatorios quedando identificada de la siguiente manera: ADOLFO RAFAEL RODRIGUEZ, de nacionalidad venezolana, natural de la población de Río Chiquito Estado Monagas, nacido en fecha 19/05/67, de 49 años de edad, soltero, profesión u oficio Agricultor, residenciado en la vía Principal, de Río Chiquito, casa S/N, Municipio Piar Estado Monagas, titular de la cédula de identidad Nº V-11.447.305, quien manifestó ser el ciudadano requerido por la comisión, seguidamente se le emano boleta de citación para que compareciera a nuestras oficinas el día 30/10/2015 en horas de la mañana con el fin de rendir declaración en el presente caso. Acto seguido optamos por retornar al despacho y estando ubicado se le informo a la superioridad al respecto de la diligencia realizada, asimismo nos dirigimos hacia el área del sistema integrado de información policial (SIIPOL), con la finalidad de verificar el estatus social de la persona antes mencionada, donde luego de introducir los datos al sistema computarizado arrojo como resultado que NO presenta registros policiales ni solicitud alguna. Es todo,...”

DECIMO SEGUNDO: Cursa al folio Veintisiete (27) ENTREVISTA, de fecha 16/12/2015, realizada por ante la Fiscalia Novena del Estado Monagas, al ciudadano LUIS ALBERTO GONZALEZ, de 34 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.877.922, quien manifestó lo siguiente: “Ratifico mi denuncia interpuesta en el cicpc.

DECIMO TERCERO: Cursa al folio Veintinueve (29) ENTREVISTA, de fecha 07/01/2016, a la adolescente de quince (15) años de edad, cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente, y en consecuencia expone: “Bueno PERACO Y EL ZURDO me hicieron maldad, y ahora estoy embarazada, ellos cuando yo iba para el rio me hacían eso y me decían que no le dijera nada a mi mama ni a mi papa, y fue cuando yo me sentí mal que yo le conté a ellos, eso paso varias veces,... PRIMERA PREGUNTA: Diga usted, lugar, fecha y hora de los hechos que narra? CONTESTO: En el río chiquito, eso pasaba de día, pero no recuerdo el día, SEGUNDA PREGUNTA: Diga usted, alguien la ha amenazado? CONTESTO: Si ellos me decían que no dijera nada que si yo decía a mi mamá o a mi papá me iban a matar,...”

DECIMO CUARTO: Cursa al folio Cuarenta y Cinco (45) ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/04/2014, suscrito por el Detective Andervis Villarroel, adscrito al Bloque de Búsqueda y Aprehensión de personas solicitadas,... deja constancia de la siguiente diligencia policial efectuada y en consecuencia expone: “En horas de la tarde, encontrándome en comisión con el funcionario Inspector Jefe Mary Chacón, Detectives Arnaldo Figueroa, José Garcia, Oficial Jefe Maikel Calzadilla y Oficiales José Rondón y Oscar Salazar, por varios sectores de esta localidad, en el marco del “PLAN PATRIA SEGURA” mediante resolución Ministerial 290, de fecha 05/08/13, del año 2013, con el fin de minimizar el alto indice delictivo con el bloque de búsqueda, momentos en que nos trasladamos hasta la residencia del ciudadano CESAR ANTONIO GONZALEZ GUEVARA, titular de la cédula de identidad V-19.037.353, la cual habita en el Sector Brisas de Rio Chiquito, Casa S/N, Municipio Piar, Estado Monagas, el cual se encuentra requerido por el Juzgado Segundo de Violencia Contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, según expediente NP01-S-2016-000358, oficio 2CV-676-2016, de fecha 19/02/2016, por el delito de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, una vez en la mencionada dirección y ubicados realizamos varios llamados a la puerta principal y luego de una breve espera sostuvimos entrevista con un ciudadano quien luego de una breve espera sostuvimos entrevista con un ciudadano quien luego de identificarnos como funcionarios al Servicio de esta institución en imponerle el motivo de nuestra presencia manifestó ser la persona requerida, quedando identificada como lo establece el artículo 128 del Código Orgánico Procesal Penal como CESAR ANTONIO GONZALEZ GUEVARA, de nacionalidad venezolana, natural de Caripe Estado Monagas, de 33 años de edad, fecha de nacimiento 03/03/83, soltero, de profesión u oficio obrero, residenciado en el Sector Brisas del Río Chiquito, Casa S/N, Municipio Piar Estado Monagas, cédula de identidad V-19.037.353, manifestándole que quedaría detenido por estar solicitado por el Tribunal y expediente antes mencionado por lo que siendo la 01:00 horas de la tarde se le impusieron de sus derechos contemplados en el Artículo 49 de la Constitución Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 127 del COPP, trasladándonos hasta esta oficina, donde se le informo a la superioridad al respecto, posteriormente me traslade hasta el Área de SIIPOL, de esta oficina con el fin de verificar al prenombrado ciudadano, luego de una breve espera constate que el mismo no presenta registro policial, asimismo efectué llamada telefónica a la ciudadana Abogada Ana Mercedes Fermin Tillero, Juez Titular del referido tribunal quien luego de estar al conocimiento de mi llamada manifestó que realizaran actuaciones y le fueran remitidas en el lapso correspondiente, es todo,...”
DECIMO QUINTO: Cursa al folio Setenta y Tres (73) INFORME DE EVALUACION PSICOLOGICA, de fecha 25/01/2016, suscrito por la Psicóloga II MARIANGELA ROMERO RUIZ, adscrita a la Unidad de Atención a la Victima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, practicado a la adolescente de quince (15) años de edad, cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y Adolescente, MOTIVO DE LA CONSULTA: Porque abusaron de mi y estoy embarazada. EXAMEN MENTAL: Se trata de adolescente femenina de 15 años de edad, tez blanca, contextura delgada y estatura promedio, vestida acorde a edad, sexo y clima. Para el momento de la entrevista presentó desorientación alepopsíquica y autopsíquica, pensamiento concreto e inhibido, aprosexia, memoria de evocación fijación y retención alterada, lenguaje de tono medio inhibido, concreto y con pararespuestas, sensopercepción y psicomotricidad sin alteraciones e introspección negativa. SITUACIÓN ACTUAL: SE OMITE SU IDENTIDAD, refiere haber sido victima de Abuso Sexual por parte de un tío paterno y un primo materno. Producto de esta situación actualmente presenta 8 meses de gestación y desconoce quien es el progenitor del feto. VP”... ellos me agarraron y me violaron....”. Por otro lado presenta antecedentes desde los 03 años de edad convulsiones, siendo medicada con con fenobarbital y sin control neurológico. Su progenitora refiere, que a raíz del embarazo las convulsiones han sido más frecuente, al igual que los desmayos. RESULTADOS: SE OMITE, adolescente femenina de 15 años de edad, para el momento de la evaluación presento anormalidad psicológica, inteligencia por debajo del promedio, edad mental de 06 años, en comparación con su grupo etario, indicadores de organicidad, psicoinfantilismo, egocentrismo y agresividad manifiesta. Por otro lado, se evidenció, hiperreactividad, baja tolerancia a la frustración, ansiedad, depresión, hostilidad reprimida, conflictos y carencias emocionales, inseguridad, impulsividad, sentimientos de culpa y confusión de limites, juicio moral inadecuado, dificultades para iniciar y mantener relaciones interpersonales, búsqueda constante de aprecio, estimulo, atención, aceptación y aprobación y sin conciencia de enfermedad. IMPRESION DIAGNOSTICA SEGÚN CIE-10: - F06 Trastorno mental debido a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática? - F12 Retardo Mental Grave, - Z61.4 Problemas relacionados con presunto abuso sexual por parte de persona perteneciente al grupo primario de apoyo, - Z63.7 Otros acontecimientos vitales estresantes que afectan la familia y el hogar, - Z64.0 Problema relacionado con embarazo no deseado, RECOMENDACIONES: - Asistir a consulta psiquiátrica y neurológica, - Psicoterapia individual y familiar.

DECIMO SEXTO: ACTA DE INVESTIGACION, de fecha 03/08/2016, En esta misma fecha, siendo las 03:00 horas de la madrugada, compareció por ante este Despacho, el funcionario OFICIAL JEFE KENER ALOZO, adscrito al Departamento de Investigaciones, de esta Sub Delegación y de conformidad con lo previsto en los artículos 114, 115, 153 y 285 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 50, numeral 01 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, El Cuerpo De Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forense, deja constancia de la siguiente diligencia policial efectuada en la presente averiguación: “En esta misma fecha, siendo las 12:30 hora de la madrugada, en momentos en que me encontraba en este despacho, recibí llamada telefónica de la Fiscal Auxiliar Noveno del Ministerio Público del Estado Monagas, Carmen Millán, mediante la cual informó que se liberó boleta de aprehensión emanado por el Tribunal Segundo de Control del Estado Monagas, de fecha 03/08/16, según expediente NP01-S-2016-001275, por uno de los delitos Contemplados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (Acto Carnal con Victima Especialmente Vulnerable), a nombre del ciudadano ADOLFO RAFAEL RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad número V-11.447.305, el puede ser ubicado en el Sector Rio Chiquito, Casa S/N, Específicamente en el Puente Boca De Rio, Municipio Piar, Estado Monagas, seguidamente me traslade en compañía del Detective Jefe Luis Castellini, a bordo de la unidad P-3C00245, hacia La dirección antes mencionada, a fin de darle captura al ciudadano antes mencionado, una vez en el referido sector, nos entrevistamos con moradores que se encontraban en la zona para el momento, quienes nos aportaron sus datos filiatorios por temor a represalia, asimismo indicaron la residencia de la persona requerida por la comisión, donde procedimos realizar varios llamados a la puerta principal de morada, siendo atendidos por un ciudadano quien dijo ser llamarse: ADOLFO RAFAEL RODRIGUEZ , de nacionalidad Venezolana, natural de las bocas de Aragua de Maturín, Estado Monagas, de 49 años de edad, Obrero, nacido en fecha 19/07/67, de estado civil soltero, residenciado en la dirección antes mencionada, titular de la cédula de identidad número V-11.447.305, quien manifestó ser la persona requerida por la comisión, de igual manera le manifestamos que quedaría detenido por cuanto se encontraba requerido por el tribunal antes mencionado, siendo las 01:40 horas de la madrugada, fue impuesto de sus derechos constitucionales de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal. Acto seguido nos trasladamos hacia nuestro despacho, seguidamente realice llamada telefónica a la Fiscal Auxiliar Interina Novena Del Ministerio Publico Abg. Carmen Millán, a quien se le informó sobre la aprehensión de dicho ciudadano y a su vez me notificó que las actuaciones fueran remitidas y que el mismo a partir de la presente fecha, quedará en calidad de resguardo y custodia en la sede de este Despacho a la disposición de esa representación Fiscal. Posteriormente se le informó a la Superioridad al respecto, se consigna mediante la presente Derechos del Imputado, acta de investigación Penal. Es todo.”

DEL DERECHO

En virtud de los hechos narrados este Tribunal, procede a analizar por lo concordantes y verosímiles que resultan los elementos de convicción anteriormente expuestos, las siguientes consideraciones: a.-) En primer lugar conviene citar a la autora de la obra: Magali Perretti de Parada en su obra Violencia de género, I Edición, año 2010, página 61, como define la violencia sexual, la cual incluye.- Tratar de que la víctima realice actos sexuales en contra de su voluntad. Página 87; La que se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas con la intención de obtener una relación sexual no deseada, utilizando la coacción o la intimidación y produciendo en la víctima un estado de indefensión que la neutraliza, esto es, una situación en la que no se permite defenderse. De las Actas de Denuncias, se evidencia claramente que se perpetró un delito de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el Articulo 44 (encabezamiento ordinales 1 y 4) de la LEY ORGANICA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, en concordancia, artículos 217 y 218 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, en perjuicio de una adolescente de Quince (15) años de edad, de quien se omite su identificación de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente
Ahora bien el delito de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, se define: Incurre en el delito previsto en el artículo anterior y será sancionado con pena de Quince a Veinte años de prisión, quien ejecute el acto carnal, aún sin violencias o amenazas, en los siguientes supuestos: 1.- En perjuicio de mujer vulnerable, en razón de su edad o en todo caso con edad inferior a trece años… En el mismo sentido, dispone el artículo 15 de la Ley Orgánica Especial en su numeral 6 la definición de violencia sexual de la siguiente manera: “Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo ésta no solo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, tales como actos lascivos, actos lascivos violentos, acceso carnal violento o la violación propiamente dicha”.
En relación a este tipo penal en el caso de la Violencia Sexual se trata de la Libertad Sexual, en el entendido de que la violencia sexual tiende a proteger el derecho de las mujeres a autodeterminarse en su sexualidad como un componente esencial de derecho de disposición de su propio cuerpo, en relación a la consideración que los delitos sexuales en las mujeres ha sido una de las formas en que se violenta su dignidad humana, en virtud de que dichos actos las someten física y psicológicamente ocasionándoles daños in cuantificables, que a largo plazo pudieran constituir limitaciones en el desenvolvimiento de su personalidad, y que ha sido una forma de mantener el dominio del hombre sobre la mujer en una posición de dominio y sometimiento mediante vejámenes sexuales, basado en una visión machista, una cosmovisión androcéntrica.
Establece el artículo 1 de la ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo siguiente:
“ La presente Ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa, democrática, participativa, paritaria y protagónica.”.

Por su parte, el numeral 4 del artículo 3 de la ley supra mencionada, señala:
“ … Artículo 3: Esta Ley abarca la protección de los siguientes derechos:
(…)
4. La protección de las mujeres particularmente vulnerables a la violencia basada en género…”.

El artículo 14 eiusdem, señala:

“La violencia contra las mujeres a que se refiere la presente Ley, comprende todo acto sexista o conducta inadecuada que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado”.

Asimismo El ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, está definida en el numeral sexto (6º) del artículo 15 de la Ley Orgánica Especial que regula la materia: “Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo ésta no solo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, tales como actos lascivos, actos lascivos violentos, acceso carnal violento o la violación propiamente dicha. 2.- Elementos de Convicción que rielan a las presentes actuaciones y de los hechos narrados por la victima, que existen fundados elementos de convicción para estimar que el Imputado de Auto ha sido el autor de la comisión del hecho punible; Considerando la Denuncia realizada por la Víctima, quien encontrándose conteste Jurídicamente y Orientada en Tiempo, Espacio y Persona, estando así capacitada, para reconocer a su Agresor, y las Lesiones de la cual fue objeto, asimismo la fecha y sitio donde ocurrieron las agresiones.

En relación a este tipo penal en el caso del Acto Carnal con víctima especialmente vulnerable, Abuso Sexual o de la Violencia Sexual se trata de la Libertad Sexual, en el entendido de que la violencia sexual tiende a proteger el derecho de las mujeres a autodeterminarse en su sexualidad como un componente esencial de derecho de disposición de su propio cuerpo, en relación a la consideración que los delitos sexuales en las mujeres ha sido una de las formas en que se violenta su dignidad humana, en virtud de que dichos actos las someten física y psicológicamente ocasionándoles daños in cuantificables, que a largo plazo pudieran constituir limitaciones en el desenvolvimiento de su personalidad, y que ha sido una forma de mantener el dominio del hombre sobre la mujer en una posición de dominio y sometimiento mediante vejámenes sexuales, basado en una visión machista, una cosmovisión androcéntrica.
Ahora bien, por tratarse de un delito Sexual, el cual no se llevó a cabo públicamente, entendiéndose que la víctima es la única observadora del delito; es por lo que se procede a concatenar el testimonio de la victima con otros indicios, que conforman los elementos de convicción, este Tribunal, precisa, que de las actas emergen fundadas sospechas de que el ciudadano imputado ENDRIK RAMON RIVERO FLORES de 46 años, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 10.839.824, aprehendido en flagrancia es el autor del los hechos imputados por la Fiscalía Novena del Ministerio público. En razón de lo antes señalado considera este Tribunal que estamos en presencia de un delito de violencia sexual, y es evidentemente que a la fecha en que se denuncian tales hechos se determina que no está prescrito.
2.- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de este hecho punible; este Tribunal, precisa, que de las actas emergen fundadas sospechas de que el ciudadano imputado ADOLFO RAFAEL RODRIGUEZ de nacionalidad Venezolana, natural de las bocas de rió chiquito de Aragua de Maturín, Estado Monagas, de 49 años de edad, de profesión u oficio: Agricultor, fecha de Nacimiento 19/07/1967, de estado civil soltero, residenciado en la dirección antes mencionada titular de la cédula de identidad número V-11.447.305, hijo de la ciudadana rosa Maria Rodríguez (F) y de padre Victoriano Rodríguez (V),TELÉFONO: 0424-9102370, pertenece al ciudadano Jesús Rodríguez; Yerno del imputado de autos, 0426-6867076, pertenece a mi hija SE OMITE, aprehendido en virtud de una Orden de Aprehensión Urgente y Necesaria, es el autor del los hechos imputados por la Fiscalía Novena del Ministerio público. Tal presunción se desprende de los Elementos de interés criminal ante señalados que rielan en ambas investigaciones realizadas. Actas de Entrevistas, Exámen Médico Forense, Actas Policiales, lo hace que indefectiblemente se verifique que la misma fue constreñida a tener un contacto sexual no deseado en una Adolescente apenas de Quince (51) años de edad, vulnerable, que se encontraba en situación de debilidad manifiesta , siendo sujeto de pleno derecho y protegida por la legislación órganos y tribunales especializados, establecidos en nuestra Carta Magna en sus Artículos 21,26 y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuyas instituciones debe prevalecer la supremacía del principio del Interés Superior del niño niñas y Adolescentes, violentando su Derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar contenidos en los Artículos 8 y 65 de la Ley Orgánica de Protección de Niños Niñas y Adolescentes

ARTICULO 21 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA:
“Todas las personas son iguales ante la Ley, en consecuencia: 1.- No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultados anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 2.- La Ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la Ley sea real y efectiva, adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables, protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o abusos que contra ellas se cometan. 3. Solo se dará al trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas. 4. No se reconocen títulos nobiliarios, ni distinciones hereditarias”.

ARTICULO 26 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA:
“Toda persona tiene Derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El estado garantizará una Justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

ARTICULO 78 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA:
“Los niños niñas y adolescentes son sujetos de plenos derecho y estarán protegidos por la Legislación órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán garantizarán y desarrollaran los contenidos de esta Constitución, la convención sobre los derechos del niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su Interés Superior en las decisiones y acciones que le conciernan. EL Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes”.

ARTICULO 8 DE LA LEY ORGANICA DE PROTECCION DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES:
“El interés Superior del Niño, Niñas y Adolescentes. El interés Superior del Niño, Niñas y Adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. PARÁGRAFO PRIMERO Para determinar el interés Superior de niños, niñas y adolescentes en una situación concreta se debe apreciar: a) La opinión de los Niños Niñas y Adolescentes; b) La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes. C) La necesidad del equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos garantías de los niños, niñas y adolescentes D) La necesidad de equilibrio entre los Derechos de las demás personas y los derechos y garantías del niño, niñas y adolescentes. E) La condición específica de de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. PARAGRAFO SEGUNDO: En aplicación del interés Superior de de los niños, niñas y adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos prevalecerán los primeros”.

ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANICA DE PROTECCION DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES.
“Derecho al Honor, reputación, propia imagen. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al honor, reputación propia imagen, vida privada e intimidad familiar. Así mismo tienen derecho a la vida privada e intimidad de la vida familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales. PARÁGRAFO PRIMERO: Se prohíbe exponer o divulgar, a través de cualquier medio, la imagen de los niños niñas y adolescentes contra su voluntad o la de su padre, madre, representantes o responsables. Así mismo se prohíbe exponer o divulgar datos, imágenes o informaciones a través de cualquier medio, que lesionen el honor o la reputación de los niños niñas y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. PARAGRAFO SEGUNDO. Está prohibido exponer o divulgar, por cualquier medio, datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos de hechos punibles, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad u orden público”.

Esta Juzgadora cita también la siguiente Definición: El comportamiento de quien “sin la finalidad de lograr acceso sexual, ejecute actos libidinosos no consentidos en perjuicio de otra persona.” Se prevén como agravantes el hecho que mediara violencia o intimidación, si el hecho fuera cometido por un pariente cercano, ministro de culto, educador, tutor o persona que estuviera a cargo de la víctima, por cualquier título, de su guarda, crianza o cuidado temporal y que cuando, aun mediando consentimiento, la víctima no hubiera cumplido catorce años o sea incapaz de resistir el acto. . Es un acto físico que no llega a la cópula de ninguna especie, el cual por cierto, no es comprobable a través de experticia médico legal vaginal, anal u oral, pero sí de la vestimenta de la víctima, y más comúnmente, mediante testigos “presénciales”, no está de más decir en su sentido más general y etimológico, concupiscencia es el deseo que el alma siente por lo que le produce satisfacción, "deseo desmedido" no en el sentido del bien moral, sino en el de lo que produce la satisfacción carnal…. Sentencia de Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal nº 1484/2005, de 01 Diciembre 2005 coito vestibular.
Esta juzgadora se permite traer a colación la siguiente Jurisprudencia que por la Analogía del derechos pudiere aplicarse en el presente caso Recurso: Casación nº 10348/2007 P. Ponente: Sr. Ramos Gancedo. Sentencia: nº 1018/2007 de fecha 05/12/2007. «Relata el "factum" cómo desde que Sabela contaba con seis o siete años el acusado la sometió a tocamientos en el pecho y genitales de la niña y a que ésta tocara también los de él; estas conductas fueron reiteradas en el tiempo con gran frecuencia, y, continuaron cuando la menor cumplió los diez años (septiembre de 1999), si bien ahora el acusado llegó a hacer que Sabela le practicada felaciones y a realizar sexo oral con la misma. Y, en su escalada delictiva, cuando Sabela tenía ya doce años, el procesado "intentó penetrarla vaginalmente, no lográndolo ante los gritos y el llanto de la menor por el dolor y miedo que sentía ....", si bien accedía a los lúbricos deseos del procesado. Toda esta actuación del ahora recurrente se desarrolló sin solución de continuidad desde 1996 hasta marzo de 2004 y, desde luego debe calificarse como una continuidad delictiva, puesto que la definición que establece el art. 74 C.P. no debe entenderse como una suma de delitos, sino de acciones u omisiones, o también infracciones contra bienes jurídicamente protegidos. Por eso, la moderna doctrina establece que el delito continuado no es una simple ficción jurídica destinada a resolver en beneficio del reo los problemas de aplicación de las penas que plantea el concurso de delitos, sino una auténtica realidad jurídica que permite construir un proceso unitario sobre una pluralidad de acciones que presentan una unidad objetiva y subjetiva. En este ámbito, y cuando se trata de delitos de abusos sexuales, deberá aplicarse la continuidad delictiva porque cuando del relato fáctico de la sentencia surgen una homogeneidad de actos ilícitos y punibles, que atacan el mismo bien jurídico protegido, que responden a un único plan de autor, difícilmente aislables unos de otros, que son expresión de un dolo unitario no renovado en cada acto, cuyo fin se trata de conseguir a través de esa sucesión de actos, se está construyendo la unidad objetiva y subjetiva que jurídicamente se realiza a través de la continuidad delictiva. En el caso presente, todos los abusos sexuales sufridos por la menor se inscriben en este marco del delito continuado, en el que se integran en un "continuum" criminal la totalidad de las acciones, todas las cuales se proyectan sobre la misma víctima y atacan el mismo bien tutelado por la ley cual es la indemnidad sexual de una menor de 12 años. Por eso no cabe hacer distinciones entre los actos abusivos sin penetración que los que contienen en este elemento agravatorio, pues unos y otros responden al mismo propósito del autor y al mismo dolo unitario de éste en lo que se ha denominado progresión en el delito, que infringen en el desarrollo del "iter criminis" preceptos penales menos graves y posteriormente más graves, pero que son "de igual o semejante naturaleza", tal y como establece el art. 74 C.P. En consecuencia, la continuidad delictiva alcanza a los abusos sexuales sin penetración, que se integran en el "continuum" criminal ejecutado por el acusado y que debe ser sancionado con la pena establecida para el delito más grave en su mitad superior (los abusos sexuales tipificados en el art. 182.1º y 2º C.P.) por lo que debe eliminarse del fallo de la sentencia impugnada la condena impuesta por el delito de abusos sexuales del art. 181.1º y 2º C.P., que se integra en la de diez años de prisión impuesta por los abusos sexuales con penetración». (F. J. 3º)

Esta Juzgadora no podía apartarse de la precalificación indilgada por la Fiscalía Novena del Ministerio Público y pretender caer en una Aberración Jurídica a toda costa y violatoria de los Derechos Constitucionales y garantías de su integridad como Adolescente, establecida en la Ley especial que rige la materia, darle la espalda al Derecho Especial que protege a las mujeres Víctima de violencia en contra de su género por discriminación sexual, racial, económica más aún UNA ADOLESCENTE DE QUINCE (15) AÑOS DE EDAD, entre otras por parte del hombre, dejándola así doblemente vulnerable ante éste sujeto y siendo ahora victima por parte del Estado Venezolano a través del sistema Judicial quien con tal decisión se encuentra en franco divorcio con lo pautado en el Artículo 30 Constitucional. Donde es una obligación para todos los operadores de justicia atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas las manifestaciones, como medida positiva que ha tomado el Estado Venezolano a través de sus instituciones en base a los Convenios antes mencionados, por lo que también se desea invocar la Jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional del máximo Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Dr. Arcadio Delgado de fecha 24 de mayo de 2010, Sentencia No. 486, cuyo extracto jurisprudencial me permito suscribir:"... Ahora bien, en la sentencia objeto de revisión, se observa que con la desaplicación de la norma especial, el Juez erosionó la confianza colectiva en el sistema jurídico como instrumento de resolución y regulación de conflictos sociales, disipando, además, la obligación de protección que el Estado debe brindar a la mujer-víctima, en los términos que alude el artículo 21.2 constitucional, pues no se detuvo a realizar un análisis real y consciente -al que estaba obligado- al momento de confrontar constitucionalmente la norma, obviando las consecuencias que tal desaplicación produciría en la realidad social, además de que materializó la profunda y arraigada convicción social e histórica del sistema patriarcal, que ha colocado a las mujeres en una posición de desigualdad en múltiples aspectos de la vida social, y que desde el punto de vista cultural las hace objeto de subordinación, anulando, obstaculizando o ¡imitando el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos constitucionales. La Sala advierte, que el Juez de instancia actuando como juez constitucional del Estado Social de Derecho no es un mero técnico jurídico, ya que sus decisiones deben ajustarse a las exigencias éticas, morales y sociales, equilibrando las desventajas a través de medidas compensadoras desde una perspectiva colectiva, que puedan representar, en el plano individual, tratamientos formalmente desiguales, en el sentido de favorecer, por vía de compensación, a las mujeres frente a los hombres, lo que es necesario para alcanzar el ideal de la justicia social. Se insiste en que los jueces y operadores jurídicos en general, en materia de género, deben abandonar los tradicionales esquemas del sistema social patriarcal y androcéntrico imperante, de las creencias, comportamientos, roles, expectativas y atribuciones que sustentan a dicho sistema así como la discriminación y violencia contra las mujeres en general, y adoptar fielmente el régimen especial de protección en favor de las mujeres, en pro de la justicia social, pues de lo contrario se estaría vulnerando la integridad física y moral de quien demanda esa protección especial. Aunado a lo anterior, esta Sala hace énfasis en que en los delitos de género -delitos en los que sus víctimas son esencial y especialmente las mujeres- el operador de justicia debe tomar en consideración las circunstancias que los caracterizan: (1) los múltiples mecanismos de producción, bien sea por acción o por omisión, cuyas consecuencias pueden compararse en algunos casos con las torturas; (2) la conducta usual de la víctima sobre el delito, que pretende comprender, justificar o minimizar la acción del agresor; (3) la vergüenza, el miedo a la que se encuentra sometida la víctima por parte de su agresor y hasta a exponer su honor y su derecho a la intimidad personal al momento de presentar la denuncia, y rendir declaraciones tanto ante las autoridades policiales como ante los órganos jurisdiccionales de los hechos que constituyeron la denuncia, causándole sufrimiento y humillación. De allí pues, que resulta un error que el operador judicial juzgue la agresión contra la mujer como una forma más de la violencia común, ya que con ello se estaría justificando el uso de la violencia como algo lógico y normal y exculpando a quien la ejerce con el velo de la normalidad, permitiendo que se sancione con penas menos severas una serie de conductas que atenían contra las mujeres en su integridad física y moral, y muy especialmente contra la familia, concebida como célula fundamental de la sociedad...".
El debido proceso según palabras de nuestro máximo tribunal debe entenderse en el sentido que "...El proceso se presenta en consecuencia como una garantía para todos los sujetos procesales y no tan sólo para el imputado, sino también para todos aquellos que intervienen en el conflicto penal planteado como consecuencia del hecho punible; en el cual pueden intervenir el imputado, la víctima, la sociedad y el mismo Estado representado a través de cualquiera de sus órganos procesales...". Sentencia Nº 003 de Sala de Casación Penal, Expediente N" 01-0578 de fecha 11/01/2002; de esta manera debe entenderse que cualquier irregularidad o trasgresión a los procedimientos legalmente establecidos como una violación al debido proceso.

Al respecto esta Juzgadora considera oportuno, traer a colación Sentencia Nº 272 de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta Merchán, de fecha 15-02-2007, que contiene la siguiente doctrina: “…la particular naturaleza de los delitos de género, y vista la flagrancia como un estado probatorio, la prueba de la flagrancia de los delitos de género debe ser exigida en la forma y en el grado que al delito corresponde; ya que, si se requiriera siempre de pruebas directas para el arresto preventivo de los ilícitos penales, los delitos y en especial los delitos de género (por realizarse por lo usual en la intimidad) correrían el riesgo de quedar impunes, pues los delincuentes escaparían siempre de la ley. Por tanto, la exigencia de la prueba evidente en los delitos de género no se puede exigir más de lo que la propia prueba puede evidenciar…”.

Además de ello, explica Sentencia Nº 179 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C04-0239 de fecha 10/05/2005, que: “…El testimonio de la víctima o sujeto pasivo del delito tiene pleno valor probatorio, considerándosele un testigo hábil. Al no existir en nuestro proceso penal el sistema legal o tasado en la valoración de la prueba, no se produce la exclusión del testimonio único, aun procediendo de la víctima, ello en tanto no aparezcan razones objetivas que lleven a invalidar las afirmaciones de ésta o susciten en el Tribunal una duda que le impida formar su convicción al respecto…” Negrilla y subrayado mío

DE LA MEDIDA DE PROTECCION Y SEGURIDAD.
Ahora bien, tomando en consideración que las circunstancias narradas a las actas considera esta juzgadora que tales hechos comportan situaciones que constituyen amenaza, vulnerabilidad para la integridad de la mujer, es virtud de ello lo procedente en la aplicación de medidas de naturaleza preventiva, que permita salvaguardar la integridad física y psicológica de la Adolescente y su entorno familiar, en forma expedita y efectiva, en consecuencia, se impone Medida de Protección y Seguridad a favor de la victima se le prohíbe al presunto agresor por si mismo o por terceras personas, no realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la adolescente agredida o algún integrante de la su familia, todo de conformidad con lo establecido en el 90 ordinal 6º.-prohibición al ciudadano por él o terceras personas propicie actos de persecución e intimidación a la ésta víctima o algún integrante de su núcleo familiar,

DE LA MEDIDA DE COERCION PERSONAL
PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD

Este Tribunal a los fines de imponer la medida de coerción correspondiente solicitada por la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Monagas observa: Una vez determinada la procedencia del supuesto del artículo 236. 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales a saber son: 1º. Uno hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; 2º. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de unos hecho punibles; se procede a verificar si aunado a ello esta acreditado el ordinal 3º del referido artículo el cual exige “una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación”
En este particular, se puede verificar que el artículo 237 de la Ley Adjetiva Penal, en lo atinente al peligro de fuga, señala que se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3. La magnitud del daño causado;
4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;
5. La conducta predelictual del imputado.
PAR. 1º—Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años. (Subrayado del Tribunal).
Este Tribunal actuando de conformidad con lo que establece el artículo 5 de la ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que trata la Obligación del Estado venezolano de adoptar cualquier medida incluyendo la judicial para garantizar los derechos humanos de la féminas víctima de violencia, considera la aquí Juzga que le asiste la razón al Ministerio público y decreta como medida coerción personal al Ciudadano imputado da autos PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo que estable el artículo 236 numerales 1º, 2º, y 3º y 237, numerales 2º, 3º , y parágrafo primero, así como el artículo 238, Observándose que indefectiblemente se genera una obstaculización ya que el ciudadano privado de libertad es un vecino conocido del sector donde vive la víctima y conoce perfectamente el entorno familiar y social de la misma, lo cual puede incidir en la obtención de la búsqueda de la verdad de los hechos, y bien puede llegar afectar la finalidad del proceso.

Es relevante citar la Sentencia S/N de fecha 22 de Marzo del año 2010, expediente Nº.- 2009-0018663, Del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de delitos de Violencia Contra La Mujer del Circuito Judicial Penal del Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Pag. 110. La Jurisdicción Especial en el área de Violencia de Género. Caracas Venezuela 2010, Magistrada YOLANDA JAIME GUERRERO.
“ (…) con delitos de esta naturaleza se lesionan los derechos a la integridad personal, que comprenden integridad Física, síquica y moral el derecho a una salud sexual, y reproductiva, el derecho a ser informado y educados, de acuerdo a su desarrollo , en salud sexual y reproductiva para una conducta sexual, y una maternidad y paternidad responsable, voluntaria y sin riesgo, así como el derecho al honor, Reputación propia imagen, Vida Privada e intimidad familiar y ante esta situación el legislador impone a los Operadores y Operadoras de Justicia, encontrándonos en condición de garantes de la legalidad y de justicia dentro de un Estado Social de Derecho sancionar estas conductas por resultar reprochables e inaceptables (…).

En este sentido, una vez verificado que se encuentra acreditado los supuestos del articulo 236, numerales 1º, 2º y 3º del Código Orgánico Procesal Penal, y verificado que en el presente caso se acreditó la presunción del peligro de fuga, en virtud de la pena que podría llegarse y la magnitud del daño causa, de conformidad con lo previsto en el articulo 237 ordinal 2º, 3º estos últimos referidos a la conducta predelictual que presenta el ciudadano y el comportamiento en otros procesos, y parágrafo primero, en verificable que el Código Orgánico Procesal Penal, prevé estas circunstancia en consecuencia, el Tribunal las estima concretada a los fines de decretar la MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, toda vez que del análisis del presente caso, las Medidas de Protección y la Medidas Cautelares Sustitutiva de la Libertad, son insuficientes a los fines de garantizar la finalidad del proceso. Al respecto, observa este Tribunal que la Constitución de la República, en su artículo 44, consagra y garantiza el Derecho a la Libertad durante el proceso; a saber:
El artículo 44. La Libertad personal es inviolable; en consecuencia: “… Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”.

Este precepto Constitucional es desarrollado dentro del proceso penal por el articulo 229 del Código Orgánico Procesal Penal, cuya literalidad indica: “El artículo 229: “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código. En consecuencia No es menos cierto; que La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.

De la exégesis concatenadas de las disposiciones transcritas, se desprende que las medidas privativas de libertad, son posible de aplicación solo cuando sea absolutamente necesaria para asegurar las resultas del proceso, vale decir, lograr un justo equilibrio en el proceso que permita asegurar que en los lapsos de Ley se procederá a emitir la correspondiente sentencia, debiendo con ello quedar en el entendido que la PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL IMPUTADO Y HACER TRATADO COMO INOCENTE MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA DE MANERA PLENA SU CULPABILIDAD, sin embargo; ello tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar, los objetivos del proceso, esto es su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas, cuyo interés no es solo de la víctima, sino de todo el colectivo en que las finalidades del proceso penal sean cumplidas.

En esta misma línea de fundamentación el doctrinario Carmelo Borrego (2001), ha asentado que:“El debido proceso nace y encuentra su mejor ambiente en el principio de legalidad procesal nula poena sine indicio, es decir tiene que ver con la legalidad de las formas de aquellas que se declaran esenciales para que exista un verdadero, auténtico y eficaz contradictorio y que a la persona condenada se le haya brindado la oportunidad de ejercer apropiadamente la defensa”... (La Constitución y el Proceso Penal. Página. 332).Por lo demás, conviene, en este punto, citar la Jurisprudencia emanada en fecha seis (06) de Febrero de dos mil siete (2007), Sala Constitucional, con Ponencia del Magistrado PEDRO RAFAEL RONDÓN HAZZ, del Tribunal Supremo de Justicia, en que se hace referencia sobre el punto controvertido: “…Las medidas de coerción personal que sean decretadas dentro del proceso penal, antes de la sentencia, son, como su denominación inequívocamente lo indica, cautelares, esto es, dirigidas a “prevenir”, adoptar precauciones…lo cual significa que dichas medidas no constituyen un pronunciamiento extemporáneo; por anticipado, de su culpabilidad. Las mismas constituyen legítimas excepciones al postulado del juicio en libertad y están meramente dirigidas al aseguramiento de la comparecencia del imputado a los actos de su proceso y, con ello, a que se haga efectiva la garantía fundamental de un juicio dentro de un plazo razonables, sin dilaciones indebidas…”.
Por otra parte y para finalizar, comparte esta Juzgadora, el criterio sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, en cuanto a la motivación y análisis de las pruebas por parte de las Cortes de Apelaciones, el cual indica en su sentencia No. A-026, de fecha 31-01-08, con ponencia de ciudadano Magistrado Doctor HECTOR MANUEL CORONADO FLORES al señalar lo siguiente:
“…Como es sabido, la motivación de las resoluciones judiciales cumple una doble función. Por una parte, permite conocer los argumentos que justifican el fallo y, por otra, facilita el control de la correcta aplicación del derecho. De ahí que, la finalidad o la esencia de la motivación no se reduce a una mera o simple declaración de conocimiento sino que ha de ser la conclusión de una argumentación que ajustada al thema decidendum, permita tanto a las partes como a los órganos judiciales superiores y demás ciudadanos conocer las razones que condujeron al dispositivo del fallo, de manera tal que pueda comprobarse que la solución dada al caso es consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento que escapa de lo arbitrario.
El derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 26 constitucional, comprende la obligación, por parte de los jueces, de justificar racionalmente las decisiones judiciales, permitiendo tal y como lo afirma Fernando Díaz Cantón: “…el control de la corrección sustancial y de la legalidad formal del juicio previo, para asegurar el respeto a los derechos individuales y a las garantías de igualdad ante la ley e inviolabilidad de la defensa en juicio, así como el mantenimiento del orden jurídico penal por una más uniforme aplicación de la ley sustantiva” (Los recursos en el procedimiento penal, segunda edición actualizada, Argentina, 2004, p.164). Ahora, cabe destacar que si bien es cierto la motivación de las decisiones judiciales es una condición necesaria para impedir sentencias arbitrarias y para la concreción del principio de presunción de inocencia como garantía del debido proceso penal, reconocido constitucionalmente en el artículo 49, numeral 1, no es menos cierto que no se podrá hablar de la positiva obtención de una tutela judicial efectiva, hasta tanto se ejerza un control real de la motivación conforme al recurso propuesto...OMISSIS…”

Por lo que este Tribunal, oída la opinión y solicitud del Ministerio Público y visto que existe evidencia de la presunta comisión de unos hechos punibles y de los elementos de convicción suficientes, antes descritos, que generan la responsabilidad penal del imputado hasta este momento procesal para esta Juzgadora, antes identificado y su vinculación con los hechos que se investigan, del peligro de fuga, en los términos, antes establecidos y a los fines de garantizar las finalidades del proceso, el cual no es otro que la búsqueda de la verdad;, que lo más procedente y ajustado a derecho es decretar la privación preventiva de libertad del ciudadano: ADOLFO RAFAEL RODRIGUEZ,
En relación al procedimiento que debe regir la presente causa, este Juzgado, luego de ser analizadas las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se produjeron los hechos, se considera que lo procedente conforme a derecho es acordar la aplicación del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, todo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 97 en relación con el articulo 82 parágrafo único de la Ley Orgánica Sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y ASI SE DECIDE.

En virtud de ello debe destacar esta Juzgadora que la violencia contra la mujer constituye una VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES que impiden a la mujer, a las adolescentes y a las niñas gozar de dichos derechos, y corresponde al Estado ser garante de esos derechos humanos y promover un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.

Por mandato constitucional La Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a Una Vida Libre de Violencia garantizar el goce y el ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, por ello el Estado está obligado a brindar protección frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la mujer, la adolescente o la niña, sus propiedades y para el disfrute de sus derechos.

Siendo así del análisis de los elementos esgrimidos por el Ministerio Público los Jueces y Juezas de la República debemos adoptar nuestras decisiones con la finalidad de que el proceso establezca la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho.

Todo de conformidad con antes citado artículo 5 de la ley Orgánica Sobre los Derechos de la Mujer a una vida Libre de Violencia, que dispone:
El Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar el cumplimiento de esta Ley y garantizar los derechos Humanos de las mujeres víctimas de violencia.

Por mandato constitucional La Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a Una Vida Libre de Violencia garantiza el goce y el ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, por ello el Estado está obligado a brindar protección frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la mujer, la adolescente o la niña, sus propiedades y para el disfrute de sus derechos.
Siendo así del análisis de los elementos esgrimidos por el Ministerio Público los Jueces y Juezas de la República debemos adoptar nuestras decisiones con la finalidad de que el proceso establezca la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho.

En fecha 17 de octubre 2012, circuló a nivel nacional en medios de prensa un artículo reflexionado por la MAGISTRADA YOLANDA JAIME GUERRERO, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Tribunal Supremo de Justicia. DELITO SIN PERDON. Periódico extra. Maturín Monagas. Pag. 9 17-10-12.”… entre los 17 tipos de delitos establecidos en la ley Orgánica Sobre Los Derechos de las Mujeres a una vida Libre de violencia, está el de la Violencia Sexual (Art. 43), cuya sanción es prisión de 10 a 15 años. La Investigadora SANDRINE TERINER ha señalado que: “ La Violación es sin ningún género de duda, la forma más evidente de dominación ejercida, de manera violenta, por los hombres contra las mujeres… se basa en la desigualdad entre los dos sexos plasmados en una relación de poder de índole claramente física…Es una figura delictiva en el cual no se produce el perdón del ofendido, de la víctima, cuando ésta contrae matrimonio con aquel…como lo indica en el título de los delitos contra las buenas costumbres, porque la violencia sexual que la Ley referida señala es un tipo penal especial, de acción pública, ya que el Estado tiene particular interés en sancionarlo, sin que este propósito pueda por alguna razón ser relajado, pues está comprometido con la salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres…Se trata de un delito que causa sufrimiento y humillación a la mujer, y de ahí el especial tratamiento que le da la ley Orgánica, así como la consideración especial del Estado para que estas conductas sean investigadas y sancionadas con rigor… como ha sentenciado el MAGISTRADO PAUL APONTE RUEDA: “ Lo relevante en este tipo especial, es proteger a las mujeres de situaciones tan abominables como el abuso físico, sexual, que por su entidad demanda la persecución y el castigo del autor. …Son razones que han obligado el enfrentamiento de mujeres en todos los tiempos, para derrotar esa conducta criminal con valentía, dignidad y firmeza”.
Es importante resaltar para esta Operadora de Justicia que en la Materia Violencia Contra la Mujer se ha identificado que violentar a una mujer cualquiera que sea su edad, credo, religión, entre otros, constituye una violación sistemática de los derechos humanos en las mujeres víctimas, las cuales son “blanco” de ataques, siendo más lamentable la realidad en muchos países del mundo, no escapando Venezuela a esta gran problemática de Estado, que esto se venía concibiendo como “normal”, y lo que realmente es una injusta trasgresión al orden natural, justificándose tales conductas agresivas en patrones socioculturales, heredados como una “maldición ancestral del patriarcado”.

De sentencia Nº.- 065-26210-2010, de fecha 02 de octubre del año 2012, de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrada Doctora MIRIAN MORANDY MIJARES, se extrae lo que se lee textualmente:
“…En el caso particular de la declaración de la víctima, resulta de gran importancia observar que nuestro sistema de valoración de pruebas se rige por el principio de la sana crítica, según el cual el juez debe apreciar las pruebas siguiendo los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, por ello como ha siso analizado el testimonio de la agraviada en el presente proceso, quien es testigo presencial y directa de los hechos objeto en el presente proceso, es necesario indicar el porqué se le da la valoración a la totalidad del testimonio de la víctima en la presente causa, porque ante la ausencia de suficiente doctrina y jurisprudencia en relación a la valoración de la declaración de la víctima en delitos de esta naturaleza, acudimos al derecho comparado específicamente al sistema Español cuyo sistema de valoración de las pruebas, es el de la sana crítica, y en tal sentido analizamos lo sostenido al respecto por el Tribunal Supremo Español, el cual admite que: la declaración de la víctima constituye un elemento probatorio adecuado o idóneo para formar la convicción del Juzgador y apto, por tanto, para poder destruir la presunción iuris tantun de inocencia, incluso en aquellos supuestos en que sea la única prueba existente; atribuyéndole el valor o la condición de mínima actividad probatoria de cargo de legítima. Su admisión como cargo de prueba tienen lugar, fundamentalmente, en relación a los delitos contra la libertad sexual, en base, entre otras consideraciones, al marco de clandestinidad en que suelen consumarse tales delitos que hacen que el testimonio de la víctima tenga carácter fundamental al ser, en la mayoría de las ocasiones, el único medio para probar la realidad de la infracción penal…” Negrilla y subrayado Del Tribunal.
DE LA PRUEBA ANTICIPADA
:
Vista la solicitud planteada por la ciudadana Fiscal Auxiliar Novena del Ministerio Público cuando expone recoger de manera anticipada la declaración del niño de Ocho (08) años de edad en calidad de testigo( de quien se omite su identificación de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica de Protección de Niños Niñas y Adolescentes), a los fines de emitir pronunciamiento esta Juzgadora observa:
El Artículo 84 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que los Juzgado de Violencia Contra la Mujer en funciones de Control, Audiencias y Medidas son los competentes para autorizar pruebas anticipadas, acordar medidas de coerción personal, resolver incidencias, excepciones y peticiones de las partes durante la fase preparatoria del proceso.

En virtud de ello debe destacar esta Juzgadora que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales que impiden a la mujer, a las adolescentes y a las niñas gozar de dichos derechos, y corresponde al Estado ser garante de esos derechos humanos y promover un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Por mandato constitucional La Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a Una Vida Libre de Violencia garantiza el goce y el ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, por ello el Estado está obligado a brindar protección frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la mujer, la adolescente o la niña, sus propiedades y para el disfrute de sus derechos.
Asimismo es necesario acotar que la prueba anticipada es aquella que debiendo tener lugar normalmente en el juicio oral, se realiza en la fase preparatoria, por razones de urgencia y necesidad de aseguramiento de sus resultados por lo cual debe ser apreciada como si se hubiese practicado en el juicio, por lo que constituye una excepción al principio de inmediación de la prueba en el proceso penal acusatorio.
Siendo así del análisis de los fundamentos esgrimidos los Jueces y Juezas de la República debemos adoptar nuestras decisiones con la finalidad de que el proceso establezca la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, razones por la cuales este Tribunal considera procedente la solicitud Fiscal en virtud de que nos encontramos frente a un caso de alta complejidad y gravedad, ya que por la naturaleza del delito que se presume fue cometido por el imputado de autos se hace necesario confirmar lo reconocido y testimoniado por la Víctima de manera anticipada, y de esa manera no correr el riesgo de que la víctima se sienta posteriormente atemorizada o trate de olvidar los hechos denunciados por los daños psicológicos que indefectiblemente pueden generarse en la misma, y que este hecho aborrecible en su contra pudieran causarle, declarando en consecuencia esta Juzgadora CON LUGAR LA SOLICITUD de la Vindicta Pública, en consecuencia, se desestima la petición de la Defensa Privada referente a la Práctica de la Prueba Anticipada, según lo manifestado en sala y que se dejó constancia en el acta de presentación de imputado, “ …este tipo de Prueba son solicitada en caso de que exista un delito en contra de una niña o adolescente y esta señalado en reiteradas jurisprudencia en competencia de violencia contra la mujer, a razón de todo lo señalado.
Esta juzgadora, quien aquí decide, invoca el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal establece: “ Cuando sea Necesario practicar un reconocimiento, inspección o experticia, que por su naturaleza y características deban ser consideradas como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerse durante el juicio, el ministerio público o cualquiera de las partes podrá requerir al Juez o Jueza de control que lo realice. Si el obstáculo no existiera para la fecha del debate, la persona deberá concurrir a prestar su declaración.
El juez o jueza practicará el acto, si lo considera admisible, citando a todas las partes, incluyendo a la víctima aunque no se hubiere querellado, quienes tendrán derecho de asistir con las facultades y obligaciones previstas en este Código.
En caso de no haber sido individualizado el imputado, se citará para que concurra a la práctica de la prueba anticipada a un defensor o defensora pública”.
Se desestima la petición de la Defensa Privada referente a la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD solicitada.

DISPOSITIVA

Oída las exposiciones que anteceden y valuadas en su integridad el contenido de las actuaciones que conforman el presente asunto, este Tribunal observa que, se encuentra acreditada la existencia de un hecho punible, de reciente data, perseguible de oficio y cuya acción penal no se halla evidentemente prescrita, determinado por la comisión del delito ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el Articulo 44 (encabezamiento ordinales 1 y 4) de la LEY ORGANICA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, en concordancia, artículos 217 y 218 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, en perjuicio de una adolescente de Quince (15) años de edad, de quien se omite su identificación de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, según se constata de los fundados elementos de convicción que surgen del texto de las actuaciones y que se detallaran por auto separado en la decisión que fundamente el Tribunal a tal efecto. Por todos los argumentos y en virtud de los concordantes y creíbles que resultan los elementos de convicción anteriormente expuestos, este Tribunal SEGUNDO de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial Penal del estado Monagas; Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: Se mantiene la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada en contra el ciudadano ADOLFO RAFAEL RODRIGUEZ, por la presunta comisión del delito ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el Articulo 44 (encabezamiento ordinales 1 y 4) de la LEY ORGANICA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, en concordancia, artículos 217 y 218 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, en perjuicio de una adolescente de Quince (15) años de edad, de quien se omite su identificación de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, por encontrarse llenos los extremos de los artículos 236. 1, 2 y 3, 237. 2, 3,4 y parágrafo primero, del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose como centro de Reclusión el Internado Judicial de este Estado. Para cual líbrese la respectiva boleta de traslado. Conforme a la solicitud de la Defensa Privada en cuanto a garantizarle al imputado de marras el derecho a la salud de conformidad con el articulo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Tribunal, por no ser contrario a derecho y en aras de garantizar el derecho a la vida y a la salud contemplado en los articulo 43, 83 Constitucionales, asimismo apegado a una tutela Judicial efectiva y garantizar el debido proceso conforme a lo establecido en los artículos 21, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, RESUELVE: remitir al imputado de marras de Urgente a la sala de emergencia del Hospital Manuel Núñez Tovar, del Municipio Maturín del Estado a los fines de que sea HOSPITALIZADO en dicho nocosomio, y se sirva practicarle una evaluación integral, tratarlo, suminístrale médicamente si es necesario y controlarlo, asimismo se sirva trasladar al Medico Forense de Guardia hasta la sala de emergencia de dicho hospital a los fines de practicarle evaluación Medico Legal con carácter de Urgencia y de igual modo remitir hasta este Órgano Jurisdiccional las resultas correspondiente A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, para lo cual se comisiona al Cuerpo de Investigación Científica Penales y Criminalísticas sub. – Delegación Caripe - Estado Monagas, asimismo se garantice a este Tribunal la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada en contra el ciudadano ADOLFO RAFAEL RODRIGUEZ, así como los derechos tutela del ciudadano imputado, SEGUNDO: Se ordena proseguir la presente causa por las Reglas que orientan el PROCEDIMIENTO ESPECIAL, reglado en el artículo 97 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. TERCERO: Se acuerda las Medidas de protección y seguridad contemplada en el artículo 90 numerales 5° y 6° de la ley especial que rige la materia, CUARTO: Se acuerda la Audiencia de Prueba Anticipada para recoger la declaración al testigo al NIÑO DE 08 AÑOS, identidad omitida por razones de ley, para el día MIERCOLES 24 DE AGOSTO DE 2016 A LAS 09:15 HORAS DE LA MAÑANA, y líbrese boleta de citación a el testigo a los fines de que este presente en la Audiencia Especial, quedando los presente debidamente notificados y convocados. QUINTO: Se desestima la solicitud hecha por la Defensa Privada en cuanto a la Libertad inmediata de su representado. SEXTO: Se acuerda expedir las copias solicitadas por ambas partes. Oficiar al director Internado Judicial de Estado Monagas a los fines del resguardo y cuido del imputado. Ofíciese lo conducente. Cúmplase. ASÍ SE DECIDE. Terminó, se leyó y Conformes firman.
La Jueza Segunda De Control, Audiencia Y Medidas (Guardia)

ABGA. ANA MERCEDES FERMIN TILLERO

LA SECRETARIA

ABGA. ROSELIN MENDOZA