TSJ Regiones - Decisión

Solicitud Nº 1383
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE
MEDIDAS DEL MUNICIPIO CABIMAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Cabimas, cuatro (4) de Abril del 2.016
205º Y 157º

Recibida la anterior solicitud de la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos, Cabimas Estado Zulia, signada con el N° BV-MC-2428-2016, junto con sus anexos, todo constante de once (11) folios útiles, se le da entrada. Fórmese solicitud y numérese.
Vista la solicitud presentada por la ciudadana RAIZA JOSEFINA ALBORNOZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-10.088.830, domiciliada en el Municipio Cabimas, estado Zulia, debidamente asistida por la Profesional del Derecho, Ciudadana YOMAIRA ANDREINA MARIN URRIBARRI, titular de la cédula de identidad número V-15.239.714 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matricula 242.189, éste Tribunal observa:
En el caso de autos, se trata de una solicitud de jurisdicción voluntaria, regulada en el artículo 1.429 del Código Civil, en armonía con el artículo 938 del Código de Procedimiento Civil, que establecen:
“Artículo 1.429: En los casos en que pudiera sobrevenir perjuicio por retardo, los interesados podrían promover la inspección ocular antes del juicio, para hacer constar el estado o circunstancia que puedan desaparecer y modificarse con el transcurso del tiempo”.

“Artículo 938: Si la diligencia que hubiere de practicarse tuviere por objeto poner constancia del estado de las cosas antes de que desaparezcan señales o marcas que pudieran interesar a las partes, la inspección ocular que se acuerde se efectuara con asistencia de prácticos; pero no se extenderá a opiniones sobre las causas del estrago o sobre puntos que requieran conocimiento periciales”.

En ese orden de ideas, en fallo Nº 399, de fecha 30 de noviembre de 2000, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, dejó establecido con respecto a la procedencia de la Inspección Judicial extra litem lo siguiente:
“Al respecto, nuestra doctrina y la ley han señalado que la inspección judicial preconstituida es procedente, cuando se pretenda hacer constar el estado o circunstancias que puedan desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo. Es cierto que la causa que motiva o pone en movimiento este medio probatorio, en su carácter de prueba preconstituida, es la urgencia o perjuicio por retardo que pueda ocasionar su no evacuación inmediata, para dejar constancia de aquellos hechos, estados o circunstancias que puedan desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo. Esta condición de procedencia debe ser alegada al juez ante quien se promueve, para que éste, previo análisis breve de las circunstancias, así lo acuerde.”

Ahora bien, analizada la solicitud presentada por la ciudadana RAIZA JOSEFINA ALBORNOZ, ya antes identificada, requiere a éste Tribunal que:
“De conformidad con lo establecido en ordinal quinto del artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito se sirva practicar las siguientes diligencias de investigación:
1. Practique la inspección técnica al vehículo con la Siguiente característica CLASE: AUTOMOVIL; TIPO: SEDAN; MARCA: FORD; MODELO: GRANADA; COLOR: DORADO; AÑO: 1984; SERIAL DE MOTOR: 6 CILINDROS; SERIAL DE CARROCERIA: AJ26EM12740; USO: PARTICULAR; PLACA: 04AC3FV, el cual me pertenece según Certificado de Registro de vehículo N° AJ26EM12740-2-2, de fecha 22 de Enero del 2009.
2. Solicito que se practique nuevamente la inspección técnica de serialización y demás condiciones del vehículo, internas y externas, por otro organismo competente diferente al INTTT, quien la realizo en fecha 22 de Marzo de 2009, para la actualización del mismo…”

Sin embargo del estudio minucioso de las actas del libelo de solicitud, observa ésta Juzgadora, que existe contradicción en la naturaleza de la misma, por cuanto la parte solicitante no expresa en forma clara que es una Inspección Judicial lo que solicita, pues no hace ese requerimiento basado en ninguna disposición legal respectiva, pero en base al principio iuris novit curia donde el Juez conoce el derecho, de un apretado análisis de la solicitud, lo que se pretende en el desarrollo de los particulares a evacuar recae sobre una experticia, lo cual es incompatible, aunado al hecho que desvirtúa la naturaleza jurídica.
La experticia o prueba pericial consiste en la aportación al Juez de la opinión de personas expertas sobre la materia controvertida; esta regulada en el Código de Procedimiento Civil mediante su Artículo 451, el cual establece: “… La experticia no se efectuará sino sobre puntos de hecho cuando lo determine el Tribunal de oficio, en los casos permitidos por la ley o a petición de parte. En este ultimo caso de promoverá por escrito, o por diligencias, indicándose con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe versar…”. Su razón de ser está en la evidencia de que el Juez no puede poseer todos los conocimientos científicos que requiere la apreciación de las diversas cuestiones que se plantean en los litigios. Para suplir esto se recurre a los expertos en la materia, quienes ilustran al Juez sobre el particular. Este asesoramiento constituye la experticia o prueba pericial.
De lo expuesto se infiere que el objeto de la inspección judicial es la verificación de los hechos materiales, perceptibles sensorialmente, de cualquier clase, que el juez pueda examinar y reconocer, sin embargo, según el artículo in examine, los hechos que quieran verificarse por medio de una inspección judicial deben existir para el momento de la evacuación de la misma, es decir, están fuera del alcance del medio probatorio bajo estudio los hechos pasados transitorios; Siendo así las cosas, y observando que la parte recurrente solicita se deje constancia de circunstancias pasadas al solicitar que se practique nuevamente la inspección técnica de serializacion demás condiciones del vehículo, internas y externas, por otro organismo competente diferente al INTTT, quien la realizo en fecha 22 de Marzo de 2.009, mal podría ésta Juzgadora admitir la presente solicitud, en virtud que su naturaleza se encuentra desvirtuada; por cuanto no es éste Tribunal el órgano competente para realizarla y mucho menos corregir, verificar o actualizar otra actuación practicada por un órgano de la Administración Pública donde todos debemos coadyuvar para una administración de justicia, donde reine la tutela judicial efectiva.
Dentro de este orden de ideas, si bien es cierto que la experticia y la inspección judicial coinciden en la prueba del hecho, resulta conveniente diferenciarlas, por cuanto la última es la constatación directa y personal que hace el operador de justicia por si mismo, de la existencia de los hechos que se debaten, mientras que en la experticia no hay esa captación directa, por lo que se requiere subjetivamente de expertos, los cuales determinan las causas y efectos de los hechos y las razones de orden técnico que pueden pasar desapercibidas a primera vista.
A respecto, se dispone en los artículos 54 y 55 de la Ley de Transporte Terrestre, establece los procedimientos de la revisión.
“Artículo 54.- El Instituto Nacional de transporte terrestre, establecerá los procedimientos específicos de la revisión técnica, mecánica y física de vehículos, así como las medidas aplicables en los casos de vehículos que no aprueben la revisión…”.
Artículo 55.- Toda persona, a fin de verificar las condiciones legales de cualquier unidad, puede consultar el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras; si existiere interés legitimo, podrá solicitarla realización de la experticia de verificación de seriales y características por ante los funcionarios especializados o funcionarias especializadas del Cuerpo Técnico de Vigilancia del transporte terrestre. A estos fines, tanto el Instituto, como el Cuerpo Técnico de Vigilancia del transporte terrestre, mantendrán los sistemas de información y de verificación correspondientes. La forma de acceder a tales sistemas se establecerá en el Reglamento de esta Ley…”.

Aunado a ello, los artículos 21, 135 y 137 del Reglamentote la Ley de Transporte Terrestre, establece:
“Artículo 21.- Ningún vehiculo podrá ser modificado en sus características originales salvo autorización expresa del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Para efectuar cualquier transformación, modificación o cambio que altere la estructura, función o aspecto de un vehículo, pero en ningún caso afecte la seguridad del tránsito terrestre, se expedirá autorización por medio del órgano competente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones…”.
Artículo 135.- La revisión técnica de vehículos comprende las siguientes modalidades:
1) Revisión periódica para todo tipo de vehículos automotores.
2) Revisiones extraordinarias.
3) Avalúos de siniestro de tránsito.
4) Revisión previa al registro del vehículo.
Artículo 137.- La revisión técnica de vehículos deberá realizarse en una Estación fija o móvil correspondiente a la red de Estaciones de Revisión Técnica de Vehículos. (Resaltado del Tribunal).

Por lo tanto, acordar el contenido de los mismos, a través de una inspección; se estaría desvirtuando la esencia de la Inspección Judicial Extralitem, conforme a lo establecido en el artículos 1.429 del Código Civil, en armonía con el artículo 938 del Código de Procedimiento Civil. Así como también, se estaría usurpando funciones administrativas: cuando una autoridad perteneciente a una de las ramas del Poder Público usurpa funciones correspondientes a otra rama del mismo Poder Público, y a discernimiento de esta operadora de justicia, no nos corresponde porque carecemos de esa competencia, así como también del funcionario especializado en la materia e igualmente de una Estación de revisión fija o móvil que tenga el material o herramientas requeridos para la revisión técnica correspondiente, y como se ha manifestando anteriormente, existe otra Institución Pública, a quien el Estado le otorgó esa competencia administrativa. Así se establece.-
DISPOSITIVO:
En virtud de lo antes expuesto, éste TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CABIMAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: NIEGA LA INSPECCIÓN EXTRALITEM SOLICITADA, por la Ciudadana RAIZA JOSEFINA ALBORNOZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-10.088.830, domiciliada en el Municipio Cabimas, estado Zulia.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, en virtud de la naturaleza de la decisión.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, sellada y firmada en la sala del Despacho del TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CABIMAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Cabimas, a los cuatro (4) días del mes de Abril del año dos mil dieciséis (2.016). Años: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.-
LA JUEZA TEMPORAL,

Dra. ZULAY RAQUEL BARROSO OLLARVES.
LA SECRETARIA TEMPORAL,

Dra. MARLYN CAROLINA GODOY DELGADO.
En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por la Alguacil de éste Tribunal a las puertas del despacho, y siendo la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m), se dictó y publicó el fallo que antecede, quedando anotado bajo el Nº 73-2.016.
LA SECRETARIA TEMPORAL,

Dra. MARLYN CAROLINA GODOY DELGADO.
ZRBO/mcgd.-