TSJ Regiones - Decisión

Se inicia el presente juicio de COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACION, seguido por la ciudadana AURYS DIAZ GUERRERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-.784.078, domiciliada en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asistida por la abogada MARLENE SANTIAGO VERDI, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-7.606.483, e inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 83.257 y de igual domicilio; contra la ciudadana SUSANA BEATRIZ PRIETO NAVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-18.260.218, y de igual domicilio.
-I-
RELACIÓN DE LAS ACTAS PROCESALES

En fecha tres (03) de Diciembre de 2008, fue recibida la demanda de la oficina de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, signada con el No. 11062-2008, este Tribunal admitió la misma en fecha 05 de Diciembre de 2008, ordenando formar expediente y numerarlo, ordenando la intimación de la ciudadana SUSANA BEATRIZ PRIETO NAVAS, antes identificada, para que le pague a la demandante dentro de los diez días de despacho, siguientes a la constancia en actas de haber sido intimada, apercibida de ejecución la cantidad de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 27.662,00), por concepto de capital adeudado, las costas procesales, calculadas prudencialmente por el tribunal en el 5% por ciento sobre el capital de la demanda esto es la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLIVARES CON 10/100 (Bs.1.383,10); la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS BOLIVARES CON 15/100 (Bs.1436,15), por concepto de intereses de mora, mas lo que se sigan generando hasta la totalidad del pago; la cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ BOLIVARES CON 33/100 (Bs.4610,33), por concepto de derecho de comisión; la cantidad de SIETE MIL DIECIOCHO BOLIVARES CON 31/100 (Bs.7.018,31), por concepto de honorarios profesionales calculados al 20% sobre el valor de la demanda, alcanzando la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE BOLIVARES CON 89/100 (Bs.42.109,89).

En fecha 28 de Enero de la ciudadana AURYS DIAZ GUERRERO, confirió poder apud acta a los abogados en ejercicio, MARLENE SANTIAGO VERDI, ANTONIO PERNALETE LOPEZ y NORIS PEÑA SALAS, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 83.257, 46.408 y 40.790.

En fecha 29 de Enero de 2009, el alguacil expuso haber recibido los mecanismos necesarios para practicar la citación. Y en fecha 02 de Marzo de 2009, expuso no haber logrado citar al demandado al no responder el llamado en su domicilio.

En fecha 18 de Marzo de 2009, la apoderada judicial de la parte demandante solicito la citación por vía cartelaria, y en fecha 19 de Marzo del mismo año, el Tribunal ordeno librar los respectivos carteles.

Seguidamente en fecha 02 de Junio de 2009, la apoderada judicial de la parte actora consigno los ejemplares de los diarios publicados a los fines de su desglose, siendo agregados a las actas mediante auto de la misma fecha.

En fecha 05 de Octubre de 2009 la Secretaria del Tribunal dejo constancia que han sido cumplidas con todas las formalidades establecidas en el articulo 650 del Código de Procedimiento Civil.

El día, 04 de Noviembre de 2009, la apoderada judicial de la parte actora, solicito se designe defensor ad-litem a la ciudadana SUSANA PRIETO.

En fecha 10 de Noviembre de 2009, el Tribunal designo al abogado en ejercicio CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ, como defensor ad-litem, ordenando la notificación mediante boleta; y en fecha 22 de Marzo de 2010, el alguacil expuso haber notificado al defensor ad-litem.

Asimismo en fecha 25 de Marzo de 2010, el abogado CARLOS ORDOÑEZ, realizo juramento de ley y en fecha 11 de Octubre de 2010, fue intimado por el alguacil de este Tribunal.

En fecha 01 de Noviembre de 2010, el defensor ad litem designado, realizo contestación de la demanda incoada.

En fechas 04 y 19 de Noviembre de 2010, la secretaria titular del Tribunal dejo constancia que la parte actora y el defensor ad-litem, consignaron escritos de prueba, siendo agregados a las actas mediante auto de fecha 25 de Noviembre de 2010, luego admitidos y providenciados en fecha 02 de Diciembre de 2010, ordenando librar las comisiones y oficios respectivos.

En fecha 12 de Enero de 2011, se libro despacho de pruebas con oficio y agregadas las resultas proveniente del Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de esta Circunscripción en fecha 01 de Febrero de 2011.

En fecha 17 de Marzo de 2011, la apoderada judicial de la parte actora solicito se sirva fijar día para la entrega de informes, siendo proveído por el tribunal en fecha 15 de Abril de 2011, finado le décimo quinto (15°), día de despacho, para la entrega de informes.

Ahora bien, transcurrido el lapso concedido sin que las partes comparecieran para exponer lo conducente, este Juzgador pasa a pronunciarse sobre el decaimiento de la acción; en tal sentido, hace previas las siguientes consideraciones:

-II-
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, se pronuncia al consagrar en su artículo 26 lo siguiente:
“Artículo 26.- Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebida, sin formalismos o reposiciones inútiles.”

Asimismo, el más alto órgano jurisdiccional de esta República en Sala Constitucional ha manifestado mediante Sentencia Nº 72, proferida en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil uno (2001), lo siguiente:
"Al respecto, reitera esta Sala que, ciertamente todas las personas llamadas a un proceso, o que de alguna u otra manera intervengan en el mismo en la condición de partes, gozan del derecho y garantía constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, en el sentido de tener igual acceso a la jurisdicción para su defensa, a que se respete el debido proceso, a que la controversia sea resuelta en un plazo razonable y a que, una vez dictada sentencia motivada, la misma se ejecute a los fines que se verifique la efectividad de sus pronunciamientos.”

Por otra parte, es atribución inherente al ejercicio de las funciones que desempeña este Juzgador, ser el director del proceso y dirimir los conflictos que sean sometidos a su conocimiento, por cuanto así lo establece la normativa contenida en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil.
En cuanto al interés procesal que deben demostrar las partes para la conclusión del juicio, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha doce (12) de julio del año dos mil diez (2010) asentó:
“(…) la figura del ‘interés procesal’ ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la ‘pérdida del interés procesal’ se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe.
En tal sentido, la Sala Constitucional ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “visto” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia. Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que la Sala Constitucional señaló lo siguiente: “(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal , que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin (…)
(…) A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal , entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor(…)
(…) Considera menester esta Sala hacer un breve paréntesis en este punto y señalar que la acción, en cuanto derecho subjetivo y de carácter universal que posee toda persona de acudir ante un órgano jurisdiccional para hacer valer su pretensión (derecho material), no puede extinguirse o decaer, toda vez que se trata de un derecho fundamental consagrado en nuestra constitución (artículo 26) que no está sujeto a ningún condicionante, al extremo de que una persona puede ejercer su derecho de acción aún cuando su petición sea infundada e improcedente; en lo sucesivo, en la presente sentencia nos referiremos al decaimiento del interés, habida cuenta que a nuestro entender eso fue lo que quiso señalar la Sala Constitucional, pues se insiste, la acción no puede decaer ni extinguirse, en todo caso lo que decae es el interés y con él se extingue el derecho material reclamado, no el derecho de accionar (…)”

En el mismo orden de ideas, observa la decisión emanada de la referida Sala, de fecha veintiocho (28) de octubre de 2003, en la que se estableció lo siguiente:
(...) De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción. …Omisis”

Aplicadas las sentencias casacionales al caso bajo estudio, se establece que es deber del actor impulsar los procesos para que no se paralicen; deber que se encuentra expresado, entre otras disposiciones, en el artículo 173 del Código Procesal Civil cuando establece lo siguiente: “El apoderado o el sustituto estarán obligados a seguir el juicio en todas las instancias...” y que se corresponde con el propósito del artículo 10 ejusdem, que dispone: "La justicia se administrará lo más brevemente posible...”, se evidencia que desde la fecha introdujeron la demanda siendo esta el 15 de Abril de 2011, tanto la solicitante como su apoderado no realizaron actuación alguna tras el anuncio del Juzgado y visto el tiempo transcurrido hasta la fecha se observa que han pasado cuatro (04) años a partir del aceptación de la demanda, tiempo suficiente para que se presuma la falta de interés procesal por la demandante, hecho notorio que prevalece la intención de que sea administrada justicia por esta instancia y que se le reconozca el derecho subjetivo que alegaba; por consecuente, este Juzgador falla declarando la decadencia de la pretensión y en consecuencia la extinción del proceso. ASÍ SE DECLARA.

De igual manera, el Tribunal en virtud de la declaración de perención realizada y el tiempo trascurrido, ordena realizar la notificación de la demandante a través de boleta que se fijará en la cartelera del Tribunal, dejando transcurrir diez (10) días de despacho y una vez transcurridos dicho lapso se tendrá por terminado el proceso y se archivará el expediente. ASI SE DECLARA.-
Por los fundamentos expuestos este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, declara:
A) EXTINGUIDO, el juicio de COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACION, seguido por la ciudadana AURYS DIAZ GUERRERO, antes identificada, contra la ciudadana SUSANA BEATRIZ PRIETO NAVAS, antes identificada.
B) NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, por lo especial del fallo.
Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría de la presente decisión a los fines legales previstos en el artículo 72 ordinales 3° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y 1384 del Código Civil.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los . VEINTICINCO (25) Días del mes de Septiembre del año dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
El Juez,
(Fdo.)
Abog. Adan Vivas Santaella. La Secretaria,
(Fdo.)
Abog. Zulay Virginia Guerrero