TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO
MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

EXPEDIENTE: 2564-15.-
SENTENCIA: 2759-
CAUSA: OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN.
DEMANDANTE(S): DESIREE MARIA HUERTA CHAVEZ.
DEMANDADO(S): JONATHAN JOSE LARREAL HUERTA

Consta en los autos juicio de OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN seguido por la ciudadana DESIREE MARIA HUERTA CHAVEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-17.544.299, domiciliada en la avenida Valmore Rodríguez, frente a la Universidad Nacional Experimental Rafael Maria Baralt, Municipio Miranda del Estado Zulia, asistida por el abogado en ejercicio EXEARIO ANTONIO DELGADO SANDREA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 195.911, en relación con el niño de autos, en contra del ciudadano JUVENAL JOSE LARREAL QUINTERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-15.727.078, domiciliado en Sabaneta de Palmas, sector La Cruz, casa de la Sra. Mabelis Quintero, Parroquia San José, Municipio Miranda del Estado Zulia.
En fecha 25 de Septiembre de 2015, se admitió la presente solicitud de Obligación de Manutención y en la misma fecha se ordenó abrir pieza de medida otorgando la misma numeración de la pieza principal.
La parte actora acompañó las pruebas documentales siguientes: Copia Certificada del acta de nacimiento del niño de autos y Copia de las cedula de identidad.
Asimismo solicitó a este tribunal se decrete medida de embargo preventivo sobre:
a) EL CUARENTA POR CIENTO (40%) sobre el salario, primas, bonos sobre sueldos, gratificaciones, comisiones y cualquier otro concepto que devengue el demandado en la empresa PDVSA, ubicada en el Boulevar Francia, diagonal al Hospital Dr. Jose Maria Vargas, en la Población de la concepción, en Jurisdicción de la Parroquia La Concepción, Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia.
b) EL CUARENTA POR CIENTO (40%) de las cantidades de dinero por conceptos de cualquier retroactivo, que pueda corresponderle al demandado por sus servicios prestados en referida empresa. Sobre las prestaciones que le corresponde a el demandado por sus servicios prestados en la empresa PDVSA
C) EL CUARENTA POR CIENTO (40%) de la cantidad que posea el demandado en la caja de ahorro que existe para los empleados de la dicha empresa.
d) EL CUARENTA POR CIENTO (40%) de las prestaciones sociales o cualquier otro concepto que le puedan corresponder al demandado en caso de renuncia, retiro, despido, jubilación, incapacidad o muerte cualquier otra forma de terminación de esta relación laboral.
e) EL CUARENTA POR CIENTO (40%) de la cantidad o cantidades que tuviese el demandado constituido en fideicomiso así como sobre los intereses de fideicomiso e interés sobre prestaciones sociales que le puedan corresponder por su relación laboral con la referida empresa.
f) EL CUARENTA POR CIENTO (40%) de las vacaciones, bono vacacional, comisiones, bono de transferencia, bono de alimentación (cesta ticket), utilidades o aguinaldos, intereses sobre prestaciones, liquidas u otras cantidades de dinero que por indemnización o cualquier otro concepto puedan corresponderle al demandado como trabajador de la mencionada institución.
g) EL CIEN POR CIENTO (100%) de las primas por hijos, juguetes y útiles escolares y cualquier otro beneficio que se le otorgue al demandado con ocasión a su hijo.

Asimismo solicito a este Tribunal ejecute la medida de embargo en contra del ciudadano JUVENAL JOSE LARREAL QUINTERO.
El Tribunal para decidir observa:
Examinadas las actas procesales, observa esta Juzgadora que en el presente juicio de Obligación de Manutención, la parte demandante ha solicitado Medidas Preventivas de Embargo sobre el sueldo y demás conceptos antes expresados del demandado, para satisfacer las necesidades alimentarias de la niña.
Las Medidas Preventivas son disposiciones de precaución adoptadas por el Juez a instancia de parte, a fin de asegurar los bienes litigiosos y evitar la insolvencia del obligado o demandado antes de la sentencia, estando establecidas en el artículo 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, correspondiendo estas medidas al tipo de procedimientos cautelares, siendo sus características la jurisdiccionalidad, provisoriedad, sumariedad, instrumentalidad, tramitándose y decidiéndose en cuaderno separado, y constituyendo una incidencia dentro del proceso.
A este respecto se ha pronunciado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de Marzo de 2000, donde se estableció el siguiente criterio:
“Las sentencias sobre medidas preventivas son decisiones interlocutorias que tienen claramente fuerza de sentencias definitivas en cuanto al fundamento que resuelven, como lo evidencia la circunstancia que las incidencias deben ser tramitadas en cuadernos separados y con cierta autonomía, pues las decisiones que allí se dictan no influyen en la cuestión de fondo y la definitiva no está en capacidad de reparar el gravamen causado en estas incidencias; por tanto es procedente la admisibilidad inmediata del recurso de casación para las sentencias que decidan en forma definitiva las medidas preventivas, acordándolas, revocándolas o suspendiéndolas y pongan fin a la incidencia cautelar.”
Siguiendo el criterio de Couture, las decisiones judiciales de medidas preventivas no producen cosa juzgada material, sino formal, todo como consecuencia de su mutabilidad o provisionalidad.
A este respecto, establece el artículo 466 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente:
“Las medidas cautelares podrán decretarse a solicitud de parte y su plazo será establecido por el Juzgador en la resolución que las decrete. La parte que solicite una medida cautelar debe señalar el derecho reclamado y la legitimación del sujeto que la solicita…”
Así mismo, el artículo 381 de la misma Ley, establece:
“El Juez puede acordar cualquier medida cautelar destinada a asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria, cuando exista riesgo manifiesto de que el obligado deje de pagar las cantidades que por tal concepto, correspondan a un niño o adolescente. Se considera probado el riesgo cuando habiéndose impuesto judicialmente el cumplimiento de la obligación alimentaria, exista atraso injustificado en el pago correspondiente a dos cuotas consecutivas.”
En este caso, al tratarse de un proceso de Reclamación Alimentaria, el artículo 512 de la mencionada Ley, establece:
“El Juez, al admitir la solicitud correspondiente, puede disponer las medidas provisionales que juzgue más convenientes al interés del niño o del adolescente, previa apreciación de la gravedad y urgencia de la situación. Puede asimismo decretar medida de prohibición de salida del país, la cual se suspenderá cuando el afectado presente caución o fianza que, a juicio del Juez, sea suficiente para garantizar el cumplimiento de la respectiva obligación.”
A este mismo efecto, dispone el artículo 521 ejusdem:
“El Juez, para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria, podrá tomar, entre otras las medidas siguientes:
a) Ordenar al deudor de sueldos, salarios, pensiones, remuneraciones, rentas, intereses o dividendos del demandado, que retenga la cantidad fijada y la entregue a la persona que se indique;
b) Dictar las medidas cautelares que considere convenientes sobre el patrimonio del obligado, someterlo a administración especial y fiscalizar el cumplimiento de tales medidas;
c) Adoptar las medidas preventivas que juzgue convenientes, a su prudente arbitrio, sobre el patrimonio del obligado, por una suma equivalente a treinta y seis mensualidades adelantadas o más, a criterio del Juez. También puede dictar las medidas ejecutivas aprobadas para garantizar el pago de las cantidades adeudadas para la fecha de la decisión.”

Es por todo lo cual esta Jueza de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, del examen de los instrumentos probatorios indicados y que forman parte de las actas de este expediente, considera procedente la medida preventiva de embargo solicitada, en consecuencia, se decreta la retención de las siguientes cantidades y conceptos: a) EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) sobre el salario, primas, bonos sobre sueldos, gratificaciones y comisiones que devengue el demandado en la empresa PDVSA, ubicada en el Boulevar Francia, diagonal al Hospital Dr. Jose Maria Vargas, en la Población de la concepción, en Jurisdicción de la Parroquia La Concepción, Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia. b) EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las cantidades de dinero por conceptos de cualquier retroactivo sobre las prestaciones que le corresponde a el demandado por sus servicios prestados en la empresa PDVSA. C) EL VENTICINCO POR CIENTO (25%) de la cantidad que posea el demandado en la caja de ahorro que existe para los empleados de la dicha empresa. d) EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las prestaciones sociales que le puedan corresponder al demandado en caso de renuncia, retiro, despido, jubilación, incapacidad o muerte cualquier otra forma de terminación de esta relación laboral. e) EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la cantidad o cantidades que tuviese el demandado constituido en fideicomiso así como sobre los intereses de fideicomiso e interés sobre prestaciones sociales que le puedan corresponder por su relación laboral con la referida empresa. f) EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las vacaciones, bono vacacional, comisiones, bono de transferencia, utilidades o aguinaldos, intereses sobre prestaciones, liquidas u otras cantidades de dinero que por indemnización sobre los conceptos antes señalados que puedan corresponderle al demandado como trabajador de la mencionada institución.
g) EL CIEN POR CIENTO (100%) de las primas por hijos, juguetes y útiles escolares y cualquier otro beneficio que se le otorgue al demandado con ocasión a su hijo.

Asimismo, este Tribunal ordena ejecutar la medida de embargo decretada, considerando este Tribunal el porcentaje establecido, suficiente para asegurar y cubrir las necesidades del niño antes mencionados, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. Así se decide.
DECISIÓN

Por los fundamentos antes expuestos este Tribunal de Municipio Ordinario Y Ejecutor De Medidas Del Municipio Miranda De La Circunscripción Judicial Del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA:
PRIMERO: Se decreta medida de Embargo Provisional sobre:
a) EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) sobre el salario, primas, bonos sobre sueldos, gratificaciones y comisiones que devengue el demandado en la empresa PDVSA, ubicada en el Boulevar Francia, diagonal al Hospital Dr. Jose Maria Vargas, en la Población de la concepción, en Jurisdicción de la Parroquia La Concepción, Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia.
b) EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las cantidades de dinero por conceptos de cualquier retroactivo, sobre las prestaciones que le corresponde a el demandado por sus servicios prestados en la empresa PDVSA
C) EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la cantidad que posea el demandado en la caja de ahorro que existe para los empleados de la dicha empresa.
d) EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las prestaciones sociales que le puedan corresponder al demandado en caso de renuncia, retiro, despido, jubilación, incapacidad o muerte cualquier otra forma de terminación de esta relación laboral.
e) EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la cantidad o cantidades que tuviese el demandado constituido en fideicomiso así como sobre los intereses de fideicomiso e interés sobre prestaciones sociales que le puedan corresponder por su relación laboral con la referida empresa.
f) EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las vacaciones, bono vacacional, comisiones, bono de transferencia, utilidades o aguinaldos, intereses sobre prestaciones, liquidas u otras cantidades de dinero que por indemnización sobre los conceptos antes señalados que puedan corresponderle al demandado como trabajador de la mencionada institución
g) EL CIEN POR CIENTO (100%) de las primas por hijos, juguetes y útiles escolares y cualquier otro beneficio que se le otorgue al demandado con ocasión a su hijo.
Las cantidades a retener establecidas en los literales “a, f y g” podrán ser entregadas directamente a la reclamante de autos, pudiendo el patrono aperturar una cuenta de ahorro a nombre de ésta para tal fin, o ser remitidas a este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
En relación a las cantidades establecidas en el literal “b, c, d y e” estas deben ser siempre remitidas a este tribunal en cheque de gerencia a nombre del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de medida del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En todo caso, el patrono deberá informar a este tribunal por escrito la modalidad implementada para el cumplimiento de dicha medida.
SEGUNDO: Para la ejecución de la medida decretada en esta sentencia conforme a lo previsto en el artículo 527 del Código de Procedimiento Civil, se insta a la solicitante a indicar el Tribunal comisionado al cual se va exhortar para tales fines.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, sellada y firmada en la Sala del Despacho del Tribunal de Municipio Ordinario Y Ejecutor de Medidas del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los veintiocho (28) días del mes de Septiembre de dos mil quince.- AÑOS: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
Juez Provisional,

Dr. Jesús E. Peralta R.
La Secretaria Temporal,

Abog. Vicky Rodriguez.

En la misma fecha siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) se dictó y publicó el fallo que antecede bajo el Nº 2759.-
La Secretaria Temporal,

,

JEPR/vr/sp.-