TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, BANCARIO Y DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS.

205° y 156°

A los fines de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se establece que en el presente juicio intervienen como partes y apoderados las siguientes personas:

PARTE DEMANDANTE: ASOCIACION COOPERATIVA SERVICIO OPTIMO R.L., debidamente inscrita por ante la oficina de Registro Publico del Municipio Autónomo Fernando Peñalver en Puerto Píritu, Estado Anzoátegui, en fecha 28 del mes de Agosto de 2.003, la cual quedo registrada bajo el N° 25, Tomo 2, Protocolo 1er, Folios 122 al 123, siendo su ultima modificación registrada por ante la Oficina del Registro Publico del Primer Circuito del Municipio Maturín, Estado Monagas en fecha 24 de Noviembre del año 2008, bajo el N° 41, Tomo 16, Protocolo 1ero de los libros respectivos.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: abogados JOSE RAFAEL SALAZAR ROJAS y RAMON ANTONIO MELENDEZ, inscritos en los Inpreabogados bajo los Nros. 52.299 y 93.199, respectivamente, como consta en el poder inserto al folio siete (07) al diez (10) de la primera pieza.-

PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES (SUSEINCA), debidamente registrada por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Zulia, en fecha 13 de Abril del año 1.987, bajo el N° 39, Tomo 19, siendo su última modificación debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui bajo el N° 24, Tomo A-59, en fecha 30 de Noviembre de 1.990.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Abogado RUSBER JOSE HERNAY RODRIGUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 119.774, como consta en el poder inserto al folio cuarenta y siete (47) de la primera pieza.-

MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (VÍA INTIMACIÓN).-

EXP: N° 009698-

Conoce este Tribunal con motivo de la apelación ejercida, por el abogado JOSE SALAZAR, en contra de la decisión de fecha 02 de mayo de 2.012, proferida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, actualmente determinado Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, donde se declaro Sin Lugar la demanda por Cobros de Bolívares (V.I) inserta del folio treinta (30) al folio cuarenta y tres (43) de la quinta pieza del presente expediente.-
ÚNICO

1. En fecha 11 de junio de 2012, este Tribunal le dio entrada al presente expediente y se fijo el lapso de 20 días para que las partes presentaran sus conclusiones (Folios 51 de la quinta pieza).-

2. En fecha 13 de junio de 2012, la parte demandada presento escrito de promoción pruebas. (Folio 52 al 62 de la quinta pieza).-

3. En fecha 11 de julio de 2012, la parte demandada presento escrito de informes. (Folio 63 al 68 de la quinta pieza).-

4. En fecha 11 de julio de 2012, la parte demandante presento escrito de informes. (Folio 69 al 71 de la quinta pieza).-

5. En fecha 11 de julio de 2012, el Tribunal dicto auto y a acordó abrir el lapso de ocho (8) días de despacho para que formularan sus observaciones escritas (Folio 72 de la quinta pieza).-

6. En fecha 30 de julio de 2012, el Tribunal fijo el lapso de sesenta (60) días para decidir. (Folio 73 de la quinta pieza).-

7. Posteriormente, en fecha 30 de octubre de 2.012, se inhibió de seguir conociendo de la presente causa el Juez JOSE TOMAS BARRIOS MEDINA (Folio 77 de la quinta pieza).-

8. En fecha 05 de noviembre de 2.012, se ordeno oficiar a la Jueza Rectora a los fines de que designara Juez Accidental para que conozca de la presente causa. (Folio 78 y 79 de la quinta pieza).-

9. En fecha 21 de Septiembre de 2.015, ME ABOQUE al conocimiento de la presente causa por cuanto fui designado como Juez Provisorio de este Juzgado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, mediante oficio Nº CJ-15-1794, de fecha 03 de Junio de 2.015, emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, siendo debidamente juramentado en fecha 08 de Julio del año en curso por ante la Sala Plena del Máximo Tribunal de la República, tomando posesión del mismo en fecha 10 de Julio del año que discurre, tal como se evidencia al folio ochenta (80) de la quinta pieza.-

Ahora bien, efectuado el correspondiente recorrido procesal quien decide denota que desde el 11 de julio de 2.012, fecha en que ambas partes presentaron sus escrito de conclusiones hasta el presente día han transcurrido aproximadamente tres (03) años, sin que las partes hayan impulsado el proceso, de lo cual se desprende una total falta de interés procesal que se evidencia por la injustificada paralización en que se ha mantenido esta causa y la falta del debido impulso, conducta que debe ser sancionada conforme al criterio sostenido por la Sala Constitucional de nuestro más Alto Tribunal, en sentencia Nº 956, de fecha 01 de Junio de 2.001 con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, referida al Decaimiento de la Acción, que de seguidas se copia en extracto:

“(…) Es cierto, que es un deber del Estado, que se desarrolla por medio del órgano jurisdiccional, sentenciar en los lapsos establecidos en la ley, que son los garantes de la justicia expedita y oportuna a que se refiere el artículo 26 constitucional. Es cierto que incumplir tal deber y obligación es una falta grave, que no debe perjudicar a las víctimas del incumplimiento; pero cuando tal deber se incumple existen como correctivos, que los interesados soliciten se condene a los jueces por el delito tipificado en el artículo 207 del Código Penal, o acusar la denegación de justicia que funda una sanción disciplinaria, o la indemnización por parte del juez o del Estado de daños y perjuicios (artículos 838 del Código de Procedimiento Civil y 49 Constitucional); y en lo que al juez respecta, además de hacerse acreedor de todas esas sanciones, si el Estado indemniza puede repetir contra él. (…) No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta. No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor. En los tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas preventivas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide la sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente, y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tienen ninguna responsabilidad en esa dilación?. A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor. No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, tal elemento de la acción cuya falta se constata, no sólo de autos sino de los libros del archivo del tribunal que prueban el acceso a los expedientes, tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción…”

Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 25 de marzo de 2.002, indicó, entre otras cosas lo siguiente:

“(…) Por otra parte, es oportuno destacar que, esta Sala, al referirse a inactividad procesal en estado de sentencia, en atención a lo preceptuado en el articulo 26 de la Constitución vigente, estimó que dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encontraba la pérdida de interés, la cual tendría lugar cuando la parte no quiera que se sentencie la causa, lo que se refleja en la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso…”

En atención a lo supra expuesto, adoptando íntegramente el precedente vinculante sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y constatada la falta de interés de las partes para que se dicte sentencia en el presente expediente por ante instancia Judicial, este Sentenciador considera procedente declarar EL DECAIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION POR PERDIDA DEL INTERES PROCESAL, en consecuencia EXTINGUIDO EL PROCESO EN ESTA INSTANCIA y ordena la remisión del expediente al tribunal de la causa a los fines legales consiguientes. Y así se declarara en la dispositiva.-

DISPOSITIVA

Por los razonamientos que anteceden este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, y en total apego a criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 956, de fecha 01 de Junio de 2.001, declara el DECAIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN POR PERDIDA DEL INTERÉS PROCESAL, en el juicio con motivo de COBRO DE BOLIVARES (VÍA INTIMACIÓN) incoado por ASOCIACION COOPERATIVA SERVICIO OPTIMO R.L., en contra de la Sociedad Mercantil SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES (SUSEINCA). En consecuencia, se declara EXTINGUIDO EL PROCESO EN ESTA INSTANCIA y se CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida.

En virtud de la presente decisión se ordena a la ciudadana Secretaria a publicar un cartel único en las puertas del Tribunal, asimismo se procederá a publicar en un periódico de la localidad el referido cartel, todo de conformidad con el artículo 233 y 174 del Código de Procedimiento Civil, en el entendido que desde que conste en autos la expresa constancia de la Secretaria del Tribunal de haber cumplido con lo encomendado y de la publicación del cartel, comenzará a transcurrir el lapso de diez (10) días de despacho para que las partes se den por notificadas de la decisión, una vez vencido el referido lapso sin que las partes concurran, se ordenará la remisión del presente expediente al Tribunal de Origen.-

Dada la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas.-

Publíquese, Regístrese, déjese copia y cúmplase.-

Dado, firmado y sellado en la sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
EL JUEZ,

ABG. PEDRO JIMÉNEZ FLORES.-
LA SECRETARIA,

ABG. NEYBIS RAMONCINI RUIZ.-

En esta misma fecha siendo las 2:23 p.m se publicó la anterior decisión. Conste:

LA SECRETARIA,

ABG. NEYBIS RAMONCINI RUIZ.-

PFJ/nrr/Licett.-
Exp. Nº 009698.-