REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Séptimo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, veinticuatro de septiembre de dos mil quince
205º y 156º
ASUNTO: VP01-S-2014-000714
En el juicio incoado por los ciudadanos, mayores de edad, Venezolanos y hábiles para actuar, EUDIS EVER BRACHO ALVAREZ, ROSANGELA DEL CARMEN GONZALEZ BAEZ Y JUAN LUIS CASTILLO HERNANDEZ titulares de cédulas de identidad: V- 11.068.092 V- 16.493.034 Y V-10.440.125 el cual comienza con la presentación de la demanda en fecha diez (10) de Diciembre de 2014, recibida por el tribunal sustanciador en fecha quince 15) de Diciembre 2014, admitida en la fecha, trece (13) de Enero de 2015 notificada la demandada en fecha dieciocho (18) de Junio de 2015, como consta en las actas del presente asunto, folios, cincuenta y nueve (59) y sesenta (60) y la co-demandada FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO. (FONTUR) y notificada la Procuraduría General de la Republica Bolivariana de Venezuela como consta en el folio sesenta y uno (61) por encontrarse indirectamente intereses de la Republica; redistribuida la misma y fijada la Audiencia Preliminar, que se debía celebrar en fecha veintidós (22) de Septiembre de 2015, a las 09:15 a.m., oportunidad en que estando presente los ciudadanos demandantes antes identificados a través de su apoderada ciudadana Carlill Montiel, abogada en ejercicio, inscrita en el inpreabogados, bajo el número: 81.784, se dejó expresa constancia de la INCOMPARECENCIA de la parte demandada : FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR)” Correspondiéndole a este juzgado pronunciarse sobre la admisión de los hechos en cumplimiento del mandato dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, éste Tribunal de Instancia procede en derecho a reducir su pronunciamiento mediante el presente fallo. En este sentido, se observa de los alegatos expuestos en el escrito libelar presentado por los ciudadanos actores ut supra mencionados, que los mismos invoca datos, conceptos y cantidades vinculadas con motivo de la relación de trabajo. De igual forma, tal y como quedó expresado en forma previa por éste sentenciador, se dejó constancia de la incomparecencia de la demandada por cuanto no estuvo presente ni por sí ni por medio de Apoderado Judicial alguno, lo cual se traduce como la admisión de los hechos alegados por los actores. Todo ello en virtud de que la asistencia a la Audiencia Preliminar es obligatoria para las partes, por que el proceso oral tiene que desarrollarse con la presencia de los interesados, sea que acudan personalmente o por medio de apoderados judiciales.
En este caso bajo estudio se observa del Acta levantada por este operador de justicia en fecha veintidós (22) de Septiembre de 2.015, con ocasión de celebrarse la Audiencia Preliminar en el caso de marras, que la demandada al inicio de la misma no comparece ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, en consecuencia, se presume la admisión de los hechos alegados. Lo antes expuesto se fundamenta en el hecho de que todo procedimiento legal impone a cada una de las partes intervinientes de la relación procesal laboral, una serie de cargas denominadas por la doctrina, cargas procesales que se deben cumplir para no sufrir las consecuencias establecidas. En este caso particular lo contemplado, en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En este sentido, resulta conveniente destacar el contenido de las siguientes normas de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo:
Artículo 128: “El demandado deberá comparecer a la hora que fije el Tribunal, personalmente o por medio del apoderado, a fin de que tenga lugar la audiencia preliminar al décimo día hábil siguiente, posterior a la constancia en autos de su notificación o de la última de ellas, en caso de que fueren ellas, en caso de que fueren varios los demandados”.
Artículo 131: “Si el demandado no compareciera a la audiencia preliminar se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el Tribunal sentenciara en forma oral…”
En el escenario específico de la contumacia del demandado al inicio de la Audiencia Preliminar, surte la consecuencia jurídica de presumirse los hechos alegados por la demandante y el Tribunal deberá forzosamente sentenciar la causa conforme a dicha confesión, teniendo en cuenta que dicha presunción se encuentra limitada en dos aspectos en cuanto a su eficacia jurídica, a saber, la ilegalidad de la acción y la contrariedad con el derecho de la pretensión; y en este sentido quien sentencia observa que la acción interpuesta por la parte actora, como es la demanda por Prestaciones Sociales, se encuentra debidamente tutelada por nuestro ordenamiento jurídico tanto constitucional como legal. En
consecuencia, este Juzgador declara ajustada a derecho la petición del ciudadano demandante. De igual manera, bajo este mapa referencial, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución tiene la inquebrantable misión de formarse convicción con relación a la legalidad de la acción y consecuencialmente la pertinencia jurídica de la pretensión, aprovechándose del cúmulo probatorio incorporado a juicio, apoyado en la Sentencia de fecha 17/02/2.004 del Tribunal Supremo de Justicia (Sala de Casación Social Caso Arnaldo Salazar Vs. Publicidad Vepaco, C.A.).
Es por lo que este Juzgado de Instancia, del examen realizado a las actas procesales que conforman el presente asunto evidencia que quedaron firmes los hechos alegados por el ciudadano demandante, que comenzó a prestar sus servicios para la demandada como “RECAUDADOR RECAUDADORA Y ENGARGADO DE MANTENIMIENTO”, respectivamente en fechas quince (15) de Diciembre de 1.998 treinta (30) de de Noviembre de 2006 y dieciséis (16) de Marzo de 2.008 hasta la actualidad.
En este orden de ideas establecidos como han sido los límites de la controversia, en virtud de la actitud procesal desplegada por la demandada en el trámite del proceso, al admitir los conceptos reclamados por los demandantes, producto de la admisión tacita en la que incurriere la parte accionada; por no acudir a su defensa, es por lo que este Juzgador considera procedente en derecho los siguientes conceptos reclamados por motivo de CONCEPTOS LABORALES ADEUDADOS, condenándose a la parte demandada“: FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR) . Al pago de los siguientes montos y conceptos; para el ciudadano demandante:
Eudis Ever Bracho Álvarez.
Por concepto de Salario Básico alegado como no cancelado: la cantidad de: Veintitrés mil novecientos cincuenta y un Bolívares con setenta y tres céntimos (Bs.23.951, 73) Así se decide.
Por concepto de Beneficio de Alimentación, correspondiente al periodo comprendido desde el día veintidós (22) de Febrero de 2010 hasta el día diecisiete (17) de mayo de 2011, la cantidad de: Diez mil doscientos cincuenta y cinco Bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 10.255,25) Así se decide
Los conceptos reclamados y condenados anteriormente suman la cantidad de: Treinta y cuatro mil doscientos seis Bolívares con noventa y ocho céntimos (Bs. 34.206,98) Así se decide.
Para la ciudadana; Rosangela del Carmen González Báez
. Por concepto de Salario Básico alegado como no cancelado: la cantidad de: Veintitrés mil novecientos cincuenta y un Bolívares con setenta y tres céntimos (Bs.23.951, 73) Así se decide
Por concepto de Beneficio de Alimentación, correspondiente al periodo comprendido desde el día veintidós (22) de Febrero de 2010 hasta el día diecisiete (17) de mayo de 2011, la cantidad de: Diez mil doscientos cincuenta y cinco Bolívares con Por concepto de Beneficio de Alimentación, correspondiente al periodo comprendido desde el día veintidós (22) de Febrero de 2010 hasta el día diecisiete (17) de mayo de 2011, la cantidad de: Diez mil doscientos cincuenta y cinco Bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 10.255,25) Así se decide
Los conceptos reclamados y condenados anteriormente suman la cantidad de: Treinta y cuatro mil doscientos seis Bolívares con noventa y ocho céntimos (Bs. 34.206,98) Así se decide.
Para el ciudadano Juan Luís Castillo Hernández
Por concepto de Salario Básico alegado como no cancelado: la cantidad de: Veintitrés mil novecientos cincuenta y un Bolívares con setenta y tres céntimos (Bs.23.951, 73) Así se decide
Por concepto de Beneficio de Alimentación, correspondiente al periodo comprendido desde el día veintidós (22) de Febrero de 2010 hasta el día diecisiete (17) de mayo de 2011, la cantidad de: Diez mil doscientos cincuenta y cinco Bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 10.255,25) Así se decide
Los conceptos reclamados y condenados anteriormente suman la cantidad de: Treinta y cuatro mil doscientos seis Bolívares con noventa y ocho céntimos (Bs. 34.206,98) Así se decide.
Todos los conceptos reclamados y condenados anteriormente suman la cantidad de Ciento dos mil seiscientos veinte Bolívares con noventa y cuatro céntimos (Bs. 102.620,94) Así se decide.
DISPOSITIVA Por los razonamientos de hecho y derecho antes expuestos, este JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la demanda intentada por los ciudadanos: EUDIS EVER BRACHO ALVAREZ ROSANGELA DEL CARMEN GONZALEZ BAEZ Y JUAN LUIS CASTILLO HERNANDEZ. Contra los demandada: FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR) Se ordena pagar la siguiente cantidad, para los ciudadanos actores, arriba mencionados de: Ciento dos mil seiscientos veinte Bolívares con noventa y cuatro céntimos (Bs. 102.620,94 )
SEGUNDO: Se condena en costas y costos a la parte demandada: FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR)
Por haber resultado totalmente vencida en la presente causa.
TERCERO: Se ordena la notificación de la presente decisión a la Procuraduría General de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓNJUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Maracaibo, veinticuatro (24) de Septiembre de dos mil quince (2.015) PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISIÓN. DEJESE COPIA CERTIFICADA POR SECRETARIA.
El JUEZ
Abg. FRANK GUANIPA EL SECRETARIO
Abg. Jean Pault Andrade
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