REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Maracaibo, 28 de octubre de 2015 205° y 156° Expediente: 14.374. Parte demandante: EMMANUEL RICARDO JIMENEZ MOLINA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 12.442.990. Apoderado Judicial: DANIEL GUILLERMO JIMÉNEZ MOLINA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 130.415. Parte demandada: ARTURO MOLINA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 5.050.204. Ocurre ante este órgano jurisdiccional el ciudadano Emmanuel Ricardo Jimenez Molina, a demandar al ciudadano Daniel Guillermo Jiménez Molina, por Daños Materiales (Accidente de Tránsito), de conformidad a lo pautado en el artículo 859 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; asimismo, solicitó los honorarios profesionales, por la cantidad ciento dos mil seiscientos cuarenta y ocho bolívares con 00/100 (102.648,00Bs). Asimismo en fecha 30 de junio de 2015, se le dio entrada y se numeró el presente expediente, este tribunal instó a la parte interesada a indicar el valor de la demanda en Unidades tributarias a los efectos del pronunciamiento sobre la admisibilidad o no de la presente causa. En diligencia de fecha 10 de julio de 2015, el abogado en ejercicio Daniel Jiménez, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 130.415, el cual este tribunal insta al abogado antes mencionado a consignar poder que acredite su representación. En fecha 05 de octubre de 2015, el ciudadano Emmanuel Ricardo Jiménez Molina, antes identificado, confiere poder Apud- acta al abogado en ejercicio Daniel Guillermo Jiménez Molina, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 130.415. Mediante diligencia de fecha 27 de octubre de 2015, el abogado Daniel Jiménez, antes identificado, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, indica el valor de la presente demanda por la cantidad de Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Ocho Bolívares con 00/100 (494.808,00Bs), equivalentes a Tres Mil Doscientos Noventa y Ocho con Setenta y Dos Unidades Tributarias (3298,72 UT) Sobre la acumulación de pretensiones en un mismo libelo, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 78, estipula. “No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquéllas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí. Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles que sean resueltas una como subsidiaria de otra siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí.” No obstante, la jurisprudencia venezolana en cuanto al tema en cuestión ha establecido en diferentes decisiones lo siguiente: La Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 22 de octubre del año 1997, estableció: “...La doctrina pacífica y constante de la Sala ha sido tradicionalmente exigente en lo que respecta a la observancia de los trámites esenciales del procedimiento, entendido el proceso civil, como el conjunto de actos del órgano jurisdiccional, de las partes, y de los terceros que eventualmente en él intervienen, preordenados para la resolución de una controversia, el cual está gobernado por el principio de la legalidad de las formas procesales. Esto, como lo enseña Chiovenda, que no hay un proceso convencional sino, al contrario, un proceso cuya estructura y secuencia se encuentra preestablecidas con un neto signo impositivo, no disponible para el juez, ni para las partes. Así, la regulación legal sobre la forma, estructura y secuencia del proceso civil, es obligatoria en un sentido absoluto, tanto para las partes como para el juez, pues esa forma, esa estructura y esa secuencia que el legislador ha dispuesto en la ley procesal, son las que el Estado considera apropiadas y convenientes para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de sus objetivos básicos. Es por lo expresado que la Sala ha considerado tradicionalmente que la alteración de los trámites esenciales del procedimiento quebranta el concepto de orden público, cuya finalidad tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado sobre los intereses particulares del individuo, por lo que su violación acarrea la nulidad del fallo y las actuaciones procesales viciadas, todo ello en pro del mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad entre las parte, que es el interés primario en todo juicio...”. De igual forma, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fallo número 3.045, de fecha 2 de diciembre del año 2002, refirió: “(…) solo es posible la acumulación de pretensiones incompatibles, en una misma demanda, cuando el demandante las propone de forma subsidiaria, sin embargo, el mismo artículo coarta dicha posibilidad cuando se trata de pretensiones con procedimientos incompatibles. Entiende entonces esta Sala que la acumulaciones de pretensiones con procedimientos incompatibles no puede darse en ningún caso, es decir, ni de forma simple o concurrente, ni de manera subsidiaria (…)”. Asimismo, implantó la misma Sala en decisión de 11 de febrero de 2010, con ponencia del Magistrado Dr. Luís Antonio Ortiz Hernández, lo siguiente: “…Conforme a las anteriores consideraciones y al criterio jurisprudencial precedentemente transcrito, se desprende que la acumulación de pretensiones incompatibles, no puede darse en ningún caso, por tanto, la inepta acumulación de pretensiones en los supuestos en que éstas se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles, constituye causal de inadmisibilidad de la demanda. Ahora bien, la Sala observa, que en este caso se acumularon dos pretensiones en el libelo de demanda, como fueron: el cobro de bolívares (vía intimación) y el cobro de honorarios profesionales, al igual que en la doctrina de esta Sala antes citada. Ahora bien, vista la naturaleza de este fallo, esta Sala de Casación Civil estima necesario descender al estudio de las actas del expediente y al respecto observa, que el libelo de la demanda en su petitum expresa textualmente lo siguiente: “…”. Ahora bien, en conformidad con los criterios jurisprudenciales y doctrinales antes transcritos, esta Sala de Casación Civil evidencia que las pretensiones invocadas por el demandante no podían ser acumuladas en una misma demanda, por cuanto, en el procedimiento por cobro de bolívares (vía intimación), se suprime la fase cognoscitiva y se acude a una ejecución anticipada del fallo por la presencia de un título calificado previamente por la ley; mientras que el procedimiento previsto para el cobro de los honorarios profesionales de abogado se tramitará conforme a la naturaleza de las actividades realizadas por el abogado bien sean judiciales o extrajudiciales. De tal modo, en este caso al haberse permitido la acumulación de dos pretensiones que tienen procedimientos incompatibles, la sentencia recurrida infringió el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, por disposición de dicha normativa no podían acumularse en el mismo escrito libelar las referidas pretensiones, por lo que la Sala estima que la demanda es inadmisible. Así se decide”. (Negrillas y subrayado del tribunal). En consecuencia, observando esta operadora de justicia que la pretensión de por Daños Materiales (Accidente de Tránsito) se tramita por el procedimiento oral, según el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil y siguientes; y que la referida a los honorarios profesionales posee un procedimiento especial, totalmente diferente a aquél, notoriamente en este caso existe una inepta acumulación de pretensiones, con motivo a la incompatibilidad de los procesos, infringiendo la prohibición contenida en el artículo 78 del texto legal adjetivo. Por tales circunstancias, con fundamento en lo precedentemente expuesto, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por Autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la presente demanda presentada por el ciudadano Daniel Guillermo Jiménez Molina, en contra del ciudadano Emmanuel Ricardo Jiménez Molina, por los argumentos anteriormente esbozados. Publíquese y Regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría de la presente decisión. Dada, sellada y firmada en el Sala de despacho de este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación. La Jueza Provisoria Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón La Secretaria Abog. María Rosa Arrieta Finol En esta misma fecha se registró y publicó la anterior resolución bajo el número 105. La Secretaria Abog. María Rosa Arrieta Finol ICVR/jm Exp. 14.374.