REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su nombre: PODER JUDICIAL Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio Sentencia No. 4. Asunto No.: VI32-V-2014-000057. Motivo: Atribución de Custodia. Parte demandante: ciudadano José Oswaldo Ramírez Campos, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. V-13.048.047. Apoderada judicial: Miriam Pardo Camargo, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 49.336. Parte demandada: ciudadana Vanesa Andreina Urdaneta Núñez, portadora de la cédula de identidad No. V-18.384.508. Niña y/o adolescente: (Identidad omitida, artículo 65 de la LOPNNA). PARTE NARRATIVA El presente juicio se inició ante el suprimido Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, Sala de Juicio – juez unipersonal No. 3, mediante un escrito contentivo de la demanda de Atribución de Custodia, incoado por el ciudadano José Oswaldo Ramírez Campos, antes identificado, en contra de la ciudadana Vanesa Andreina Urdaneta Núñez, antes identificada, en relación con la niña y/o adolescente (Identidad omitida, artículo 65 de la LOPNNA). Por auto de fecha 16 de diciembre de 2013, el tribunal admitió la demanda y ordenó lo conducente al caso. En fecha 15 de enero de 2014, fue agregada a las actas la boleta donde consta la notificación de la fiscal especializada vigésima treinta y cuatro (34ª) del Ministerio Público. En fecha 28 de mayo de 2015, fue agregada a las actas la boleta donde consta la citación de la ciudadana Vanesa Andreina Urdaneta Nuñez, ya identificada. En ocasión de la constitución de este Circuito Judicial, el juez unipersonal No. 3 de la Sala de Juicio del suprimido Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por auto de fecha 30 de julio de 2014, acordó remitir la presente causa a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. Recibido el expediente, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio en fecha 9 de octubre de 2014, dictó auto de abocamiento y ordenó la notificación de las partes. Con esos antecedentes, una vez revisadas las actas procesales, pasa este tribunal a resolver previas las siguientes consideraciones: PARTE MOTIVA ÚNICO Se observa de las actas que conforman el presente expediente, que la última actuación de impulso procesal de las partes en esta causa fue en fecha 15 de julio de 2014, sin que hayan comparecido en otra oportunidad con la finalidad de impulsar el proceso. De allí que, resulta evidente que la causa se ha visto paralizada por un lapso superior a un (1) año, lo cual supone la pérdida sobrevenida del interés procesal como consecuencia de la pasividad de la parte actora. Aunado al hecho de que en fecha 9 de octubre de 2014, el tribunal se abocó al conocimiento de la presente causa, y desde entonces ha transcurrido más de un año, sin que conste en actas que las partes le hayan dado impulsado procesal al presente asunto. En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dispuesto que en materia de amparo constitucional el interés de las partes al solicitar ante el órgano jurisdiccional la tutela de sus derechos fundamentales, debe ser mantenido a lo largo del proceso que se inicia, porque la ausencia de impulso procesal revela que no existe una necesidad imperiosa en que sea resuelto el asunto planteado, y como consecuencia de ello, no se justifica que sea movilizado el aparato jurisdiccional, si su promovente abandona el trámite al que debía dar seguimiento. Ahora bien, aun cuando la presente causa es de una materia distinta al amparo constitucional, de igual forma ese criterio resulta aplicable, pues, luego de que fue iniciado el proceso, ha habido una paralización de la causa como consecuencia de la falta de impulso de parte y el abandono del trámite. Por ese motivo, se concluye que el interés en la obtención de sentencia no se mantuvo a lo largo del proceso, evidenciándose una absoluta inactividad imputable a la parte actora, y ante la imposibilidad de darle impulso de oficio a la causa, este tribunal considera que se han cumplido los supuestos contenidos en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, configurándose con ello la perención de la instancia y pérdida sobrevenida del interés procesal. La perención se basa en una condición objetiva, la cual consiste en el transcurso de un año de inactividad procesal de las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. En tal sentido, la perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho; tratándose de una relación procesal que no se formó o que constituida no llegó a su término final; razón por la cual el comienzo de la paralización es el objetivo principal para que se efectué la perención y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia. Lo anterior conlleva a que el proceso perima y se extinga la instancia por caducidad procesal, por cuanto las partes abandonaron la actividad procesal y con ello hicieron cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como anomalía social, deben ser resueltos por la jurisdicción en su función pública para establecer la paz con justicia; más entonces, al abandonar las partes el proceso, hacen cesar el conflicto en su propia voluntad por autocomposición procesal. En el caso que nos ocupa, se ha verificado la pérdida del interés de la parte accionante y siendo que la pretensión planteada no ha podido verificarse debido a la inactividad de las partes para darle impulso a la causa, resulta imperioso para este tribunal declarar que hubo abandono del trámite y, en consecuencia, la situación planteada se encuadra perfectamente dentro de los parámetros establecidos en el artículo 267 antes citado, por lo que el presente proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia debido a la inactividad procesal prolongada y la falta de interés procesal atribuibles a la parte demandante. PARTE DISPOSITIVA Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, sede Maracaibo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente procedimiento contentivo de Atribución de Custodia, incoado por el ciudadano José Oswaldo Ramírez Campos, antes identificado, en contra de la ciudadana Vanesa Andreina Urdaneta Núñez, en relación con la niña y/o adolescente (Identidad omitida, artículo 65 de la LOPNNA). En consecuencia, EXTINGUIDO el proceso. No hay condenatoria de costas debido a la naturaleza del proceso. Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia certificada para el archivo de este tribunal. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, sede Maracaibo, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2015. Año 205° de la Independencia y 156° de la Federación. El juez primero de juicio, Gustavo Alfonso Villalobos Romero La secretaria, Carmen Aurora Vilchez Carrero En la misma fecha, previo el cumplimiento de las formalidades de ley, se dictó y publicó la anterior sentencia interlocutoria, registrada bajo el No. 4 en la carpeta de control de sentencias interlocutorias. La secretaria, Asunto No.: VI32-V-2014-000057. GAVR/belkys