TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

EXPEDIENTE No. 48.188
PARTE DEMANDANTE: RICARDO CASSERES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. V-10.669.208, domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: REIDELMIX BARRIOS, LORENA GRATEROL y MARÍA GONZÁLEZ, Abogados, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 43.468, 145.628 y 145.056, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: LOLIMAR MORALES DELMORAL, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. V-12.380.354.
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES (VÍA ORDINARIA).
FECHA DE ADMISIÓN: Veinticinco (25) de Julio de 2012.
I
NARRATIVA

Ocurre la Abogada ciudadana LORENA GRATEROL, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. V-18.293.422, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 145.628 domiciliada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, actuando en representación del ciudadano RICARDO JOSÉ CASSERES CAGUARIPANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.669.208, de este mismo domicilio, a proponer formal demanda por COBRO DE BOLÍVARES (VÍA ORDINARIA) contra la ciudadana LOLIMAR MORALES DELMORAL, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. V-12.380.354.
Por auto de fecha veinticinco (25) de Julio de 2012, este Tribunal admitió la demanda propuesta cuanto ha lugar en derecho, ordenando citar a la ciudadana LOLIMAR MORALES DELMORAL, antes identificada, para que compareciera por ante este Tribunal, dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes, después de las constancias en actas de su citación, a fin de dar contestación a la demanda.
Por diligencia de fecha 27-07-2012, la apoderada judicial de la parte actora, Abogada MARÍA GONZÁLEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 145.056, solicita se libren recaudos de citación a la parte demandada.
Por auto de fecha 30-07-2012, este Tribunal ordenó librar recaudos de citación a la parte demandada.
Posteriormente, el día 13-08-2012, el Alguacil que para la fecha ostentaba el cargo, expuso la imposibilidad de citar a la parte demandada en la presente causa.
En fecha 18-10-2012, la apoderada judicial de la parte actora, Abogada MARÍA GONZÁLEZ, plenamente identificada, solicitó se libraran nuevos recaudos de citación, indicando un nuevo domicilio para ser citada la demandada en autos.
Por auto de fecha 29-10-2012, este Tribunal ordenó librar nuevos recaudos de citación a la parte demandada.
Seguidamente el día 07-11-2012, el Alguacil que para la fecha ostentaba el cargo, expuso la imposibilidad de citar a la parte demandada en la presente causa.

II
MOTIVA
La caducidad o Perención de la Instancia, es una de las modalidades de extinción procesal, que no comporta la solución autónoma o heterónoma del conflicto subyacente al Proceso, en tanto se manifiesta como una auténtica sanción, a la inactividad de las partes, aunada al transcurso del tiempo previsto ex lege, en obsequio a la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídico sustanciales.
Similares términos son usados por el Procesalista argentino MARIO ALBERTO FORNACIARI, para quien la institución sub examine:
“... es la extinción de un proceso (principal o incidental) o de alguna de sus instancias, producida por la ausencia de actividad impulsora idónea para su desarrollo, durante los términos que establece la Ley”

De igual modo, para JAIME GUASP, la caducidad de la instancia:
“...es, pues, la extinción del proceso que se produce por su paralización durante cierto tiempo en que no se realizan actos procesales de parte”

Idéntico cometido le reconoce a la Institución FORNACIARI, en su obra ut supra citada:
“...La caducidad de la instancia encuentra fundamento en diversos componentes que se equilibran en la confluencia de lo público con lo privado. Es cierto que cada una de las partes enfrentadas en el proceso tiene la expectativa de beneficiarse con el error o la inacción del adversario. La inactividad no hace presumir su desinterés. Pero también es cierto que por razones de seguridad jurídica hacen prevalecer el interés comunitario de restablecer el orden jurídico. En la rápida y correcta terminación de los procesos está comprometido el orden público
Ese equilibrio que tiene su fundamento en el superior interés de la comunidad, determina que si bien el juez está facultado a dictar medidas tendientes a evitar la paralización de los procesos...no enerva con esa posibilidad la de decretar de oficio la caducidad de la instancia...”.

En referencia a la génesis de la instancia, la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en fallo del 05 de Marzo de 1992, afirmó:
“...Con la presentación del libelo de demanda, se genera la <> en sus sentidos antes explicados, y por ello es a partir de ese momento cuando debe computarse el lapso de Perención.
Lo dicho anteriormente queda evidenciado, al tomar en consideración el señalamiento que formula el Dr. Luis Loreto en su citada obra monográfica, en el sentido de que , lo que entonces significa que sí existe instancia en su sentido técnico procesal, aun antes de que se trabe la litis, bien sea que se adopte el criterio de que ello ocurre por la contestación de la demanda, bien sea que se asuma la posición de quienes consideran que ello acontece por virtud de la citación, con independencia de que se haya conformado o no plenamente la relación procesal, porque ella ya existe, en su manifestación entre el demandante y el órgano jurisdiccional ante quien se propone la demanda...”

Ahora bien, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla”.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 267 ejusdem, puede observarse de las actas procesales que desde el día siete (07) de noviembre de 2012, fecha en la cual el alguacil que para la fecha ostentaba el cargo expuso la imposibilidad de citar personalmente a la parte demandada en la presente causa y como se constata que hasta la presente fecha transcurrió más de un (01) año sin que la parte actora impulsara la presente causa, razón por la cual este Tribunal, considera consumada la extinción del proceso. ASÍ SE DECLARA.
III
DISPOSITIVA

En fuerza de los argumentos precedentemente expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en ejercicio de la Potestad Jurisdiccional atribuida por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA PERIMIDA la instancia en el juicio por COBRO DE BOLÍVARES (VÍA ORDINARIA), formulare el ciudadano RICARDO CASSERES contra la ciudadana LOLIMAR MORALES DELMORAL, antes identificados; a tenor de lo preceptuado en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se DECLARA LA EXTINCIÓN del proceso. ASI SE DECIDE.
No hay condenatoria en costas, por expresa previsión del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECIDE.
Déjese por secretaría copia certificada del presente fallo.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE y NOTIFÍQUESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los Veintitrés (23) días del mes de Noviembre de 2015. Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
LA JUEZA:

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.
LA SECRETARIA TEMPORAL:

Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ.

En la misma fecha se dicto y público la anterior decisión, siendo las diez de la mañana (10:00a.m), bajo el No. 387-15.-
LA SECRETARIA TEMPORAL:

AMM/gjsm.