TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia

Maracaibo, treinta (30) de noviembre de dos mil quince
205º y 156º

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA

ASUNTO: VP01-S-2015-000684

PARTE OFERENTE: CORPORACIÓN DIGITEL, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 20 de agosto de 1997, bajo el nro. 73, Tomo 143 – A- Qto., y cuya última modificación estatutaria consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 26 de junio de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 30 de junio de 2006, bajo el nro. 33, Tomo 1359 –A – Qto.

REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE OFERENTE: EUGENIO ENRIQUE URDANETA BRACHO, abogado en ejercicio inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nro. 60.206.

PARTE OFERIDA: JERRY MANUELS GONZÁLEZ CANO, quien es, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nro. 13.878.328, representado por el ciudadano JEAN CARLOS GONZÁLEZ CANO, quien es, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nro. 15.747.901, carácter que se evidencia de instrumento poder otorgado por ante la Notaría Pública de San Francisco en fecha 18 de septiembre de 2015, quedando anotado bajo el nro. 37, Tomo 175 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE OFERIDA: JOSÉ RAFAEL PÉREZ NAVA, abogado en ejercicio inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nro. 61.905.

MOTIVO: OFERTA REAL DE PAGO

Antecedentes procesales

La presente causa se inició en fecha 27 de noviembre de 2015, al recibirse por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Laboral de Maracaibo, escrito contentivo de oferta real de pago efectuado por la sociedad mercantil CORPORACIÓN DIGITEL, C.A., a favor del ciudadano JERRY MANUELS GONZÁLEZ CANO, quien es, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nro. 13.878.328, por la cantidad de bolívares 1 millón 057 mil 380 con 59/100 céntimos, por concepto de prestaciones sociales y demás beneficios laborales, en virtud de la relación de trabajo que existió entre la parte oferente y la parte oferida, desde el 1 de noviembre de 2004 hasta el 19 de octubre de 2015, pago que se hace mediante cheque de gerencia “no endosable” nro. 01211851, de fecha 28 de octubre de 2015, librado contra el Banco Provincial, a nombre del ciudadano Jerry Manuels González Cano.

En la misma fecha, este Tribunal dio por recibido el expediente, siendo admitido cuanto ha lugar en derecho, ordenándose la notificación mediante boleta de notificación al ciudadano Jerry Manuels González Cano, para que comparezca por ante el Tribunal, asistido de abogado o representado por medio de apoderado, dentro de las horas de despacho, las cuales están comprendidas desde las 8:30 am hasta las 3:30 pm, del quinto día hábil siguiente a que conste en actas de haberse practicado la notificación ordenada, a los fines de que exponga lo que considere pertinente acerca de la Oferta Real de Pago, realizada por la sociedad mercantil CORPORACIÓN DIGITEL, C.A.

Ahora bien, igualmente se evidencia de las actas que en la misma fecha, se recibió por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Laboral, transacción constante de diez (10) folios útiles, suscrita por el ciudadano JERRY MANUELS GONZÁLEZ CANO, quien es, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nro. 13.878.328, representado por el ciudadano JEAN CARLOS GONZÁLEZ CANO, quien es, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nro. 15.747.901, carácter que se evidencia de instrumento poder otorgado por ante la Notaría Pública de San Francisco en fecha 18 de septiembre de 2015, quedando anotado bajo el nro. 37, Tomo 175 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, más anexos en seis (6) folios útiles, siendo recibido por este Juzgado mediante auto de la misma fecha, y el cual se da por reproducido íntegramente en este acto, mediante dicha transacción judicial laboral, ambas partes, de común acuerdo y haciéndose recíprocas concesiones, convienen en fijar como arreglo total y definitivo de todos los conceptos, beneficios, indemnizaciones y/o derechos que le correspondan o pudieran corresponder al ex trabajador respecto a la empresa y su casa matriz, sus empresas filiales, subsidiarias o relacionadas, así como sus directores, gerentes, empleados, representantes y accionistas, los siguientes montos: 1) La cantidad de bolívares 1 millón 057 mil 380 con 59/100 céntimos, que paga la empresa mediante cheque de gerencia “no endosable” nro. 01211851, de fecha 28 de octubre de 2015, librado contra el Banco Provincial, a nombre del ciudadano Jerry Manuels González Cano, siendo consignada por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Laboral, en fecha 27 de noviembre de 2015, y cuya entrega fue solicitada por la parte oferida en el escrito de transacción, cumpliendo el Tribunal con su efectiva entrega, tal como se evidencia al folio veintinueve (29) del expediente, y; 2) La cantidad de bolívares 89 mil 407 con 00 céntimos, que paga la empresa mediante cheque de gerencia “no endosable” nro. 01211887, de fecha 28 de octubre de 2015, librado contra el Banco Provincial, a nombre del ciudadano Jerry Manuels González Cano, sumando ambos cheques, la cantidad de bolívares 1 millón 146 mil 787 con 59/100 céntimos. Así pues, señalan las partes, que con la cancelación de la anterior cantidad, la empresa ha cumplido con el pago íntegro de todos los derechos, beneficios e indemnizaciones que le corresponde recibir al ex trabajador, y que ha cumplido con todas y cada una de las obligaciones que le impone la legislación laboral, la seguridad social y las normas y políticas laborales que rigen en la empresa. Asimismo, las partes declaran que adicionalmente a la cantidad indicada, le corresponde al ex trabajador, la cantidad correspondiente a 725 días de prestaciones sociales acumuladas (Fondo de Garantía de Prestaciones Sociales) encontrándose acreditado en un Fideicomiso Individual contratado con el Banco Mercantil a favor del ex trabajador (Contrato Nro. 1065788), de acuerdo a lo previsto en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, cuyo saldo final – incluido su rendimiento o intereses y previa deducción de los anticipos realizados y la comisión del ente Fiduciario, es la cantidad de bolívares 121 mil 200 con 49/100 céntimos, la cual será entregada al ex trabajador de acuerdo al procedimiento establecido a tal efecto por la mencionada institución bancaria y con posterioridad a la firma de la transacción presentada. Además, las partes declaran que la cantidad de bolívares 29 mil 963 con 70/100 céntimos, correspondiente al Fondo de Ahorro, se encuentra acreditado en un Fideicomiso de Cajas, Fondos y Planes de Ahorro contratado con el Banco Mercantil a favor del ex trabajador (Contrato Nro. 062037), dicha cantidad, será entregada de acuerdo al procedimiento establecido a tal efecto por la institución bancaria mencionada anteriormente y con posterioridad a la firma del acuerdo transaccional aquí presentado, declarando de igual manera las partes, que los intereses generados por ambos Fideicomisos, fueron y serán pagados por el Banco Mercantil de acuerdo al procedimiento establecido en dicha institución bancaria. Finalmente, las partes solicitan a este Juzgado, la respectiva Homologación de la transacción laboral celebrada.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a lo establecido en la legislación laboral venezolana, sólo al término de la relación laboral los derechos laborales son transigibles, es decir, pueden celebrarse transacciones laborales siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y los derechos en ella comprendidos (artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras), todo ello, con ocasión al carácter irrenunciable de los derechos laborales.

Con respecto a las ofertas reales de pago o consignaciones de prestaciones sociales, ocurre que los litigantes acuden ante el Juez Laboral con la finalidad de solicitar de manera no contenciosa, voluntaria y graciosa, el inicio de un procedimiento judicial, en virtud del cual, se insta al órgano judicial a realizar las gestiones pertinentes ante la entidad bancaria correspondiente a los fines del depósito de la liquidación de créditos laborales causados a favor del trabajador que no ha podido ser ubicado o por alguna otra razón, se ha negado a recibir el pago, y; con la finalidad de interrumpir la mora y el efecto de la indexación o corrección monetaria sobre dichas cantidades líquidas y exigibles, la entidad de trabajo las coloca a disposición del trabajador.

Sucede que, aplicándose entonces las reglas procesales del juicio laboral ordinario, una vez que estas cantidades son depositadas en la entidad bancaria correspondiente a favor del trabajador, el Juez Laboral notifica al trabajador para que éste acuda a la sede del Tribunal para que manifieste si acepta la oferta o la rechaza, no obstante, las partes logran acuerdos transaccionales por el monto depositado, siendo que, aparentemente, no se cumplen los extremos exigidos por la norma de orden público, por cuanto la transacción debe versar sobre derechos litigiosos o discutidos.

En síntesis, en el derecho laboral venezolano, la oferta real de pago como mecanismo liberador de obligaciones, comporta características propias con ocasión a la naturaleza social y de orden público del derecho del trabajo, además del carácter progresivo, intangible e irrenunciable de los derechos establecidos en este ordenamiento jurídico, razones entonces suficientes para que estas ofertas actualmente sean entendidas como mecanismos interruptivos de intereses moratorios y de la corrección monetaria pero en modo alguno liberatorios de la obligación del pago, por cuanto, interpretar lo contrario, implicaría una suerte de cosa juzgada sobrevenida que no ha sido revisada por el Juez.

En este mismo orden de ideas, en relación a la Oferta Real de Pago, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia nro. 1.685, de fecha 24 de octubre de 2006, ha sostenido lo siguiente:

“…ha sido criterio constante en material laboral, que en caso de que el patrono efectúe una oferta real de pago al trabajador, puede este último recibir el monto ofertado, sin que esto se entienda como abandono del derecho que tiene de reclamar posteriormente las diferencias que puedan originarse, caso en el cual, si en el procedimiento de oferta real existe desacuerdo en cuanto a las cantidades depositadas, el juez ante el cual se efectuó la oferta real, no debe entrar al análisis de los conceptos que integran el pago ofrecido; esto con el fin de salvaguardar el derecho que tiene el débil jurídico de intentar por vía del juicio ordinario laboral cualquier posible diferencia relacionada con los elementos que integran ya sea el salario, el preaviso, la antigüedad, horas extraordinarias, pago de días feriados y domingos trabajados, etc., los cuales no pueden determinarse a través del procedimiento contemplado en el Código de Procedimiento Civil, por cuanto no le son propios…”

Igualmente, la misma Sala, en sentencia nro. 2.104, de fecha 18 de octubre de 2007, con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, caso: Carlos Salamanca contra Asuntos y Servicios Petroleros, C.A., señaló:

“…Pues bien, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta Sala respecto a la figura de la oferta real y del depósito, debe entenderse que en materia laboral en caso de que exista un procedimiento de oferta real instaurado por el patrono deudor, sólo debe cumplirse la etapa de jurisdicción voluntaria contemplada en el Código de Procedimiento Civil, obviándose por consiguiente la etapa contenciosa contenida en los artículos 823 y siguientes del citado Código, esto es, con el fin de salvaguardar el derecho que tiene el débil jurídico de intentar por vía del juicio ordinario laboral cualquier posible diferencia relacionada con los elementos que integran ya sea el salario, el preaviso, la antigüedad, horas extraordinarias, pagos de días feriados y domingos trabajados, etc, los cuales no pueden ni deben determinarse a través del procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Civil, por cuanto no le son propios. En consecuencia, en materia laboral, si el trabajador oferido rechaza la suma ofrecida, no deberá abrirse la etapa contenciosa y el procedimiento en ese instante debe fenecer.

Por otro lado, si el trabajador oferido acepta la suma ofrecida, la consecuencia jurídica del procedimiento de oferta real no será, como si lo es en materia civil, la liberación del acreedor de la obligación, pues puede el trabajador recibir el monto ofertado, sin que esto se entienda como abandono del derecho que tiene de reclamar posteriormente las diferencias que puedan originarse…”

Asimismo, en sentencia nro. 489, de fecha 15 de marzo de 2007, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha mantenido el criterio en cuanto al procedimiento de oferta real de pago en material laboral, de la siguiente manera:

“…Finalmente, dada la naturaleza del asunto planteado, aprovecha la Sala la situación para precisar que la “oferta de pago” es un mecanismo que puede tener cabida en el proceso laboral, pero con un tratamiento y consideración particular respecto al establecido en la ley adjetiva común, en el entendido de que puede el patrono ante los Tribunales Laborales ofrecer el pago de las cantidades que considera le adeuda al trabajador, bien por prestaciones o por otros conceptos laborales al término de la relación, sin que ello signifique un menoscabo de la potestad que tiene éste – el trabajador – de accionar de conformidad con el procedimiento laboral ordinario los derechos que tenga a bien reclamar, y menos aún implique o genere una violación al principio de irrenunciablidad de los derechos laborales…”

Conforme lo anterior, se tiene claro, cuál es el procedimiento a seguir en caso de una oferta real de pago en materia laboral, de esta manera, el patrono al presentar una oferta real de pago, admitida y notificado al trabajador, puede éste percibir la cantidad ofertada, sin que constituya una renuncia al derecho que posee de accionar posteriormente las diferencias que considere pertinentes.

El artículo 898 del Código de Procedimiento Civil por aplicación analógica del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, prevé que “Las determinaciones del Juez en materia de jurisdicción voluntaria no causan cosa juzgada, pero establecen una presunción desvirtuable”.

Ahora bien, en decisión de fecha 26 de noviembre de 2014, el Tribunal Séptimo (7°) Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, estableció:

“…La Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 11, consagra una serie de pautas o principios, los cuales de no acatarse, conllevan a que lo que se haga se aparte del espíritu, propósito y razón de la misma, es decir, al aplicarse la analogía o la interpretación extensiva, el juez debe cuidar que la norma aplicada no contraríe principios fundamentales establecidos en la Ley.

Consagra la referida norma, que: “… Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en la ley; en ausencia de disposición expresa, el Juez del Trabajo determinará los criterios a seguir para su realización, todo ello con el propósito de garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso. A tal efecto, el Juez del Trabajo podrá aplicar, analógicamente, disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar de derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo, cuidando que la norma aplicada por analogía no contraríe principios fundamentales establecidos en la presente Ley…”

Por tanto, considera quien decide, que al ser el procedimiento de oferta real de pago prevista en la legislación civil, una excepción para la materia laboral, la misma aplica, solo sí ésta no contraría los principios fundamentales establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, entre ellos, el principio de irrenunciabilidad, intangibilidad y de Justicia Social Bolivariana que cobija al hecho social trabajo, es decir, en principio solo aplicaría para el caso que el trabajador se le notifique, y éste, sin apremio acepte y reciba el monto consignado, no obstante, ello no sería en puridad una oferta real de pago, en los términos previstos en la legislación civil, sino el ofrecimiento de pago realizado por el patrono, el cual al estar obligado a pagar las prestaciones sociales y demás beneficios laborales al termino de la relación de trabajo (ver artículo 92 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 142 literal “f”, de Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores), les licito y ajustado a derecho, que se le permita realizar el ofrecimiento in comento, mediante la consignación del pago al trabajador, empero, a través de los Tribunales Laborales. Así se establece.-

Así mismo, importa destacar que jurídicamente no pude aceptarse que en este procedimiento de jurisdicción voluntaria, cuya aplicación es excepcional en el campo laboral, se generen incidencias convirtiendo en contencioso este especial y especifico procedimiento, lo cual por una parte es contrariar los principios fundamentales establecidos en la Ley in comento, y por la otra, al ser excepcional la oferta real de pago, no se puede deformar y despojar de sus atributos, toda vez que con ello se contraría el orden publico y se vulnera el debido proceso, pues las excepciones son de interpretación restringida y su aplicación es de estricta observancia. Así se establece.-

Como consecuencia de lo anterior, se indica que tampoco se pueden aplicar las demás disposiciones que rigen la materia (ver artículos 819 al 828 de Código de Procedimiento Civil), pues estas son accesorias a aquella, por lo que, su suerte esta atada, a la suerte que corra lo principal, siendo que aceptar lo contrario implicaría, deformar y despojar de tal manera al procedimiento de oferta real de pago de los atributos que la hacen, de suyo, distintos a otros institutos jurídicos, es decir, esta figura jurídica, al ser excepcional no permite que se le deforme o transforme en otra figura jurídica, cuyos efectos son esencialmente distintos a los perseguidos mediante este procedimiento de jurisdicción voluntaria, siendo que al hacerse se contraría el orden publico y con ello se vulnera el debido proceso. Así se establece.-

Por otra parte, vale señalar que de tal forma son los principios laborales que por tal virtud, en puridad, no puede el deudor (patrono) obtener su liberación por medio de dicho medio, pues ello obraría en desmedro del débil jurídico, el cual se encuentra protegido por el principio de interés social que constitucionalmente cobija al hecho social trabajo, y dentro de este, por los principios de irrenunciabilidad, intangibilidad y de progresividad, con los cuales se logra poner en practica la Justicia Social Bolivariana. Así se establece.-

Por tanto, con base al principio de autonomía e independencia que detentamos los jueces de la República Bolivariana de Venezuela, para proferir nuestras decisiones, a partir del presente fallo, esta alzada se aparta del criterio que venia sosteniendo hasta la fecha, el cual validaba este procedimiento y aceptaba que mediante un modo anormal de terminación del proceso, esto es, la transacción, se transaran los derechos laborales de los trabajadores, conllevando a la posterior homologación, lo cual le daba valor de cosa juzgada, pues al igual que se expuso en la argumentación señalada supra, esta siempre será accesoria a aquel, por lo que, su suerte esta atada, a la suerte que corra lo principal, amen que, en puridad, con estos mecanismos procesales se contrarían los principios fundamentales establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, entre ellos los principios de irrenunciabilidad, intangibilidad y de Justicia Social Bolivariana que cobija al hecho social trabajo, pues se utiliza un procedimiento de jurisdicción voluntaria donde no existe litigio u oposición entre las partes, para luego transar derechos laborales, siendo que lo que se persigue es que lo transado tenga efectos de cosa juzgada, transformado los efectos que la jurisprudencia laboral a previsto para los casos ofertas reales de pago realizados en sede de jurisdicción voluntaria (a los cuales la misma jurisprudencia laboral les mutiló parte de sus efectos esenciales), a los efectos que por ejemplo devienen en un juicio contencioso laboral, circunstancia esta que al develarse en los términos que venimos exponiendo denota una trasgresión “quirúrgica - fina” al ordenamiento jurídico laboral. Así se establece…”

En el caso de autos, el asunto sometido al conocimiento de este Tribunal, surge de un ofrecimiento de una cantidad de dinero por parte del patrono al ex trabajador, en virtud de la renuncia presentada por éste a la empresa, tratando ésta última en múltiples y reiteradas oportunidades de hacerle entrega de las prestaciones sociales que acumuló durante el tiempo de servicio que prestó, sin haber sido posible la acreditación del pago, sin embargo, dicho ofrecimiento en ninguna forma involucra derechos litigiosos, dudosos o discutidos pues no existe previamente, por parte del ex trabajador ningún tipo de acción o demanda que establezca su pretensión, y que a su vez pueda ser objeto de transacción o convenimiento, pues como se dijo, en este caso el patrono sólo activa la oferta real en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, y mal puede entonces este Tribunal homologar como transacción el escrito presentado por las partes en fecha 27 de noviembre de 2015, que deviene de un procedimiento no contencioso en materia laboral como lo es oferta real de pago, donde no se puede otorgar el carácter de cosa juzgada. Así se decide.-

DISPOSITIVO

En virtud de lo precedentemente expuesto, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, este Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia y por autoridad de la Ley: 1. No le atribuye el carácter de cosa juzgada como transacción laboral al escrito presentado por las partes en fecha 27 de noviembre de 2015, en consecuencia, únicamente se deja constancia de la cantidad recibida por el ciudadano JERRY MANUELS GONZÁLEZ CANO, de bolívares 1 millón 146 mil 787 con 59/100 céntimos, por parte de la sociedad mercantil CORPORACIÓN DIGITEL, C.A., dándose por terminado el presente asunto y ordenándose el archivo definitivo del expediente.

De igual manera se ordena expedir copia certificada de esta sentencia por Secretaría a los fines previstos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil, el artículo 72 ordinales 3° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 21 numeral 3° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Dada, sellada y firmada en la sede del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo estado Zulia, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2015. Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

LA JUEZ

JENNIFER LOZE AZRAK
LA SECRETARIA

ANA MIREYA PÉREZ

Publicada en el mismo día de su fecha, siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 pm), quedando registrada bajo el número PJ0102015000181.

LA SECRETARIA,

ANA MIREYA PÉREZ