Se da inicio la presente demanda de PENSION ALIMENTARIA, iniciada por la abogada en ejercicio ROSA CHACIN, venezolana, mayor de edad, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 27.367, y domiciliada en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando en representación de la ciudadana MORELA RAMONA MORANTES, venezolana, mayor de edad, titular de las cedula de identidad Nº V-5.819.760, contra el ciudadano DOUGLAS VILLALOBOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-4.160.943, de igual domicilio; a favor de sus hijos VILLALOBOS MORANTES.
I
RELACIÓN DE LAS ACTAS PROCESALES
Recibida la demanda de la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos según comprobante de distribución signado con el N° 412-2004, éste Tribunal mediante auto de entrada de fecha veintiséis (26) de febrero de 2004, recibió como fue la presente demanda proveniente del Tribunal de Protección del Niño y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Zulia – Sala Unipersonal de Juicio Nº 1, por declararse el aludido juzgado incompetente para seguir conociendo del fondo de la presente causa de conformidad con los artículos 2, 177 y 383, literal b de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas Adolescentes; haciéndose entonces ésta instancia jurisdiccional de la cognición de la presente causa desde el estado procesal en que se encontrare.
El día uno (01) de Noviembre de 2004, la demandada MORELA RAMONA MORANTES, solicito se oficiaré a la sociedad mercantil UNION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, C.A , empresa donde labora el demandado identificados en autos, a los fines de que se remitiese a éste Tribunal, las cantidades de pagos correspondientes que permitieren la cancelación de los conceptos que por vacaciones, utilidades y pensión alimentaría se hubiesen acordado para sus menores hijos, específicamente, los comprendidos en el año 2002 y 2003.
El día ocho (08) de Octubre de 2004, este juzgador acordó mediante auto de este misma fecha conforme a lo pedido en actas por la parte demandante; ordenando oficiar a la empresa mercantil antes citada, en el sentido que informase sobre el destino de las cantidades de dinero que debió retener o que hubiere retenido con ocasión a la presente causa de los periodos que de detallan en el mismo.
En ésa misma fecha, se dio cumplimiento a lo ordenado mediante Oficio Nº 1741-04.
Este Tribunal habiendo efectuado la revisión a las actas procesales que conforman el presente expediente, observa que posterior a la diligencia antes mencionada, la parte litigante no realizó actuación alguna, formalidad ésta requerida para interrumpir la perención; por lo que se efectúan las siguientes consideraciones:
II
CONSIDERACIONES
En ese sentido, este Sentenciador para resolver observa:
La Perención de la Instancia, término propio del latín perimire, es una figura legal establecida como fórmula de castigo al desinterés de las partes en el proceso, encontrándose regulada por la normativa contenida en el artículo 267 del vigente Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:
"Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención...”
Han sido numerosos los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia referidos a la institución de la Perención. En los siguientes términos el más alto Tribunal de esta República, ha expresado:
En Sala de Casación Civil, mediante Sentencia Nº 208, de fecha el veintiuno (21) de junio del año dos mil (2000):
"La perención es un acontecimiento que se produce en el proceso por la falta de impulso procesal (…) y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, por tal motivo no es cualquier acto el que puede producir su interrupción.”
(Negritas y subrayado del tribunal).
Y en Sala Político Administrativa, mediante Sentencia Nº 01855, proferida en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil uno (2001), indicó:
"(…) el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley (…), lo cual comporta la extinción del proceso.”
Señala el Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en su obra Instituciones del Derecho Procesal, que el fundamento del instituto de la Perención de la Instancia reside en dos distintos motivos: de un lado la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo); y otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios, constituyendo de esta manera un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida esta como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y que cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir.
Por su parte, el reconocido maestro Arístides Rengel Romberg, expone:
“(…) la perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales; una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales, otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año. (…)”
Igualmente, es de hacer notar que es un deber del actor impulsar los procesos para que no se paralicen; deber que se encuentra expresado, entre otras disposiciones, en el artículo 173 del Código Procesal Civil cuando establece lo siguiente: “El apoderado o el sustituto estarán obligados a seguir el juicio en todas las instancias...” y que se corresponde con el propósito del artículo 10 ejusdem, que dispone: "La justicia se administrará lo más brevemente posible...”.
Seguidamente, se observa que en la Sentencia Nº 01855, citada ut supra, la Sala Político Administrativa expresó:
“Luego, siendo la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta para su declaratoria se produzcan dos condiciones: falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución.”
Respecto de la Sentencia Nº RC-003, en Sala de Casación Civil de fecha 7 de marzo de 2002, dictada en el Juicio de Jean Fares Bassil y otros contra Abelardo Raidi Hosry, en la que se ratificó una decisión proferida el día 13 de mayo de 1980, expresó lo siguiente:
“(…) nuestro derecho procesal sigue en materia de perención el sistema italiano; la perención, conforme al artículo 203 del Código de Procedimiento Civil (sustituido por el artículo 269), se verifica de derecho, vale decir, ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, la cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que conforme a la enseñanza de la doctrina, existe aun con antelación a la solicitud de parte en hacerla valer (…)”.
Ahora bien, evidencia este Sentenciador del estudio realizado a las actas procesales, que desde el día uno (01) de Noviembre de 2004, fecha en la cual fue consignada la ultima diligencia de parte, y siendo ésta la ultima actuación procesal cumplida mediante autos de seguidas, se observa que ha transcurrido más de un (1) año sin que se verifique impulso procesal alguno, entiéndase en el caso de marras la desatención en la gestión de actos procesales que encaminen la prosecución del presente juicio; siendo evidente que se trata de una figura de materia de orden público, que constituye la perención declarable aún de oficio, que no permite excepción de ningún tipo, por cuanto opera de derecho consagrada en el artículo 267 del texto adjetivo civil venezolano, no queda más a este Juzgador que declarar la misma. ASÍ SE DECIDE.-
De igual manera, el Tribunal en virtud de la declaración de perención realizada y el tiempo trascurrido, ordena realizar la notificación de la demandante a través de boleta que se fijará en la cartelera del Tribunal, dejando transcurrir diez (10) días de despacho y una vez transcurridos dicho lapso se tendrá por terminado el proceso y se archivará el expediente. ASI SE DECLARA.-
III
DISPOSITIVO
Por los fundamentos amplia y claramente expuestos con anterioridad, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
• PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente, EXTINGUIDO el presente juicio de PENSION ALIMENTARIA, intentado por la ciudadana MORELA RAMONA MORANTES, contra el ciudadano DOUGLAS VILLABOS, plenamente identificados en actas. ASÍ SE DECIDE.-
• NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.-
• Líbrese boleta de notificación y fíjese en la cartelera del Tribunal.
Publíquese, regístrese y notifíquese a la actora. Déjese copia fotostática certificada por la Secretaría de este Despacho de la presente decisión a los fines legales previstos en el artículo 72 ordinales 3° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y 1384 del Código Civil.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los TRECE ( 13 ) días del mes de MAYO del año dos mil quince (2015). Año: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
El Juez
Abg. Adan Vivas Santaella La Secretaria,
Abg. Zulay Virginia Guerrero
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