REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su nombre: PODER JUDICIAL Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio Sentencia No.: 13. Asunto No.: TI-J1J-23016. Parte demandante: ciudadano Laudimar Emilia Valencia Romero, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No. V-25.183.913. Parte demandada: ciudadano Andry Javier Estrella Portillo, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nos. V-17.834.663. Niña: (identidad omitida artículo 65 LOPNNA), de cuatro (04) años de edad. Motivo: Atribución de Custodia. PARTE NARRATIVA Se inició el presente juicio por demanda de Atribución de Custodia, incoada por la ciudadana Laudimar Emilia Valencia Romero, antes identificada, en contra del ciudadano Andry Javier Estrella Portillo, antes identificado, en relación con la niña (identidad omitida artículo 65 LOPNNA). Por auto de fecha 25 de abril de 2013, el tribunal admitió la demanda y ordenó lo conducente. En fecha 14 de mayo de 2013, fue agregada a las actas la boleta donde consta la notificación de la fiscal trigésima cuarta (34ª) del Ministerio Público. En fecha 24 de mayo de 2013, fueron agregadas las boletas de citación del ciudadano Darwin Alberto Sánchez Fuenmayor, antes identificada. Mediante acta de fecha 30 de mayo de 2013, se dejó constancia que siendo el día y hora fijados para llevar a cabo el acto conciliatorio entre las partes en presencia del Juez, no se pudo llevar a cabo por la incomparecencia de la parte actora. En la misma fecha, se recibe escrito de contestación de la demanda del ciudadano Darwin Alberto Sánchez Fuenmayor, asistido por el abogado José Quintana, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 83.244. Con ocasión de la constitución de este Circuito Judicial, el juez unipersonal No. 3 de la suprimida Sala de Juicio del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por auto de fecha 30 de julio de 2014 declaró que el asunto se encontraba en régimen procesal transitorio y acordó remitir la presente causa a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. Recibido el presente asunto en este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio, en fecha 10 de noviembre de 2014, se dictó auto de abocamiento. Con esos antecedentes pasa este Tribunal a resolver previas las siguientes consideraciones: PARTE MOTIVA ÚNICO Se observa de las actas que conforman el presente expediente, que la última actuación de impulso procesal de la parte actora en esta causa fue en fecha 08 de agosto de 2013, sin que haya comparecido en otra oportunidad con el fin de impulsar el proceso. De allí que, resulta evidente que la causa se ha visto paralizada por un lapso superior a un (01) año, lo cual supone la pérdida sobrevenida del interés procesal como consecuencia de la pasividad actora. En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dispuesto que en materia de amparo constitucional el interés de las partes al solicitar ante el órgano jurisdiccional la tutela de sus derechos fundamentales, debe ser mantenido a lo largo del proceso que se inicia y la ausencia de impulso procesal, revela que no existe una necesidad imperiosa en que sea resuelto el asunto planteado y, como consecuencia de ello, no se justifica que sea movilizado el aparato jurisdiccional, si su promovente abandona el trámite al que debía dar seguimiento. A criterio de este Sentenciador, si bien la presente causa es una materia distinta a amparo constitucional, de igual forma ese criterio resulta aplicable, pues una vez que fue iniciado el proceso, luego hubo una paralización de la causa sin que se haya dado impulso de parte al proceso. Entonces, se concluye que el interés en la obtención de sentencia no se mantuvo a lo largo del proceso, evidenciándose una absoluta inactividad imputable a la parte actora, y ante la imposibilidad de darle impulso de oficio a la causa, este Tribunal considera que se han cumplido los supuestos contenidos en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, configurándose con ello la perención de la instancia. La perención se basa en una condición objetiva, la cual consiste en el transcurso de un año de inactividad procesal de las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. En tal sentido, la perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho; tratándose de una relación procesal que no se formó, o que constituido no se llegó a su término final; razón por la cual el comienzo de la paralización es el objetivo principal para que se efectué la Perención y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia. Lo anterior conlleva a que el proceso perima y se extinga la instancia por caducidad procesal, por cuanto las partes abandonaron la actividad procesal y con ello hicieron cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como anomalía social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; más entonces, al abandonar el mismo las partes, hacen cesar el conflicto en su propia voluntad por autocomposición procesal. En el caso que nos ocupa, se ha verificado la pérdida del interés de la parte accionante y siendo que la pretensión planteada no ha podido verificarse debido a la inactividad de las partes para darle impulso a la causa, resulta imperioso para este Tribunal declarar que hubo abandono del trámite y, en consecuencia, la situación planteada se encuadra perfectamente dentro de los parámetros establecidos en el artículo 267 antes citado, por lo que el presente proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia debido a la inactividad procesal prolongada y la falta de interés procesal atribuibles a la parte demandante. Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal resuelve: PARTE DISPOSITIVA DECISIÓN Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente procedimiento contentivo de Atribución de Custodia, incoada por la ciudadana Laudimar Emilia Valencia Romero, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No. V-25.183.913, en contra del ciudadano Andry Javier Estrella Portillo, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nos. V-17.834.663, en relación con la niña (identidad omitida artículo 65 LOPNNA). No hay condenatoria de costas debido a la naturaleza del proceso. Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo, a los siete (07) días del mes de mayo de 2015. Año 205° de la Independencia y 156º de la Federación. El Juez Primero de Juicio, Gustavo Alfonso Villalobos Romero La Secretaria; Abg. Carmen A. Vilchez Carrero En la misma fecha de hoy previo el cumplimiento de las formalidades de ley, se dictó y publicó la anterior sentencia interlocutoria, quedando anotada bajo el No. 13 en la carpeta de sentencias interlocutorias de causas llevado por este Tribunal. La Secretaria, Asunto TI-J1J-23016 GAVR/José LA SUSCRITA SECRETARIA DE ESTE TRIBUNAL HACE CONSTAR QUE LAS COPIAS QUE ANTECEDEN SON UN TRASLADO FIEL Y EXACTO DE SU ORIGINAL. LO CERTIFICO EN MARACAIBO A LOS SIETE (07) DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2015”. LA SECRETARIA.