TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Sala N° 2
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia
Maracaibo, 13 de marzo de 2015
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : VP03-R-2015-000388
ASUNTO : VP03-R-2015-000388

DECISIÓN N° 095-15

PONENCIA DE LA JUEZA DE APELACIONES ELIDA ELENA ORTIZ

Fueron recibidas las presentes actuaciones, en virtud del recurso de apelación de autos, interpuesto por el ABG. ROBERT JOSÉ MARTÍNEZ GODOY, en su carácter de Fiscal Provisorio adscrito al Despacho Fiscal Décimo Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia con sede en Santa Bárbara de Zulia y con Competencia Plena; contra las decisiones signadas bajo los Nos. 023-2015, 024-2015, 025-2015 y 026-2015, dictadas en fecha 8 de enero de 2015, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, extensión Santa Bárbara de Zulia, mediante la cual ese tribunal ordenó la entrega material plena de los automotores que a continuación se describen: 1) clase: CAMIÓN, tipo: JAULA, uso: CARGA, modelo: F-350, marca: FORD, año: 1993, color: AZUL, serial de carrocería: AJF3DD30840, serial de motor: 6 CILINDROS, placa: 107VAK, servicio: PRIVADO; 2) clase: CAMIÓN, tipo: PLATF/ESTRUC/HIERRO, uso: CARGA, modelo: F-350, marca: FORD, año: 1975, color: ROJO, serial de carrocería: AJF37R53701, serial de motor: V8, placa: A12AK3T, servicio: PRIVADO; 3) clase: CAMIÓN, tipo: PLATAFORMA, uso: CARGA, modelo: F-350 4X2, marca: FORD, año: 2007, color: AZUL, placa: A20AZ4S, serial de carrocería: 8YTKF365378A30789, serial del motor: 7A30789, servicio: PRIVADO y 4) clase: CAMIÓN, tipo: PLATF/BARANDA, uso: CARGA, modelo: CHEYENNE, marca: CHEVROLET, año: 1996, color: BLANCO, serial de carrocería: 8ZCJC34R0TV317741, serial de motor: 0TV317741, placa: A43CX6V, servicio: PRIVADO.
En fecha 11 de marzo de 2015, fue recibido el presente asunto por ante esta Alzada, se dio cuenta a los integrantes de la misma, designándose como ponente a la Jueza Profesional ELIDA ELENA ORTIZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Encontrándose esta Sala de Alzada en la oportunidad legal para pronunciarse sobre la admisibilidad o no del recurso interpuesto, estima pertinente, en primer lugar, destacar las siguientes actuaciones que corren insertas a las actas:

En fecha 27 de noviembre de 2013, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, extensión Santa Bárbara de Zulia, mediante decisión N° 1.385-2013, realizó entre otros, los siguientes pronunciamientos:

“…(…omissis…)
PRIMERO: Se declara la aprehensión en flagrancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, estando así dentro de uno de los supuestos establecidos en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. SEGUNDO: se DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra de los ciudadanos DEIVIS DE JESÚS PEÑA PEREA, GUSTAVO JAVIER BADELL BOHORQUEZ, HECTOR JOSÉ GONZÁLEZ BOHORQUEZ, FRANCISCO JOSÉ URDANETA PAZ, FRAY DAVID TORRES URDANETA, ELWINGUZMÁN SERRUDO BRACHO y YORGENYS JAVIER SOTO ALBORNÓZ identificado (sic) en actas, por aparecer incursos en la presunta comisión de los ilícitos penales de CONTRABANDO SIMPLE, establecido en el artículo 7 de la Ley Ley (sic) sobre el delito de Contrabando y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ambos en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO (…omissis…) TERCERO: se niega la nulidad absoluta del registro de cadena de custodia, así como la improcedencia de los delitos objetos de la presente causa, antes señalados, e igualmente se niega la libertad plena e inmediata a favor de los tantas veces mencionados encausados, bajo los argumentos antes esgrimidos. (…omissis…) CUARTO: se declara con lugar la solicitud planteada por el Ministerio Público, en relación a la incautación preventiva de los vehículos: 1.) Vehículo clase: CAMIÓN, tipo: PLATAFORMA, uso: CARGA, modelo: F-350 4X2, marca: FORD, año: 2007, color: AZUL, placa: A20AZ4S, serial de carrocería: 8YTKF365378A30789, serial del motor: 7A30789, servicio: PRIVADO, 2.) Vehículo clase: CAMIÓN, tipo: PLATF/ESTRUC/HIERRO, uso: CARGA, modelo: F-350, marca: FORD, año: 1975, color: ROJO, serial de carrocería: AJF37R53701, serial de motor: V8, placa: A12AK3T, servicio: PRIVADO, 3.) Vehículo clase: CAMIÓN, tipo: JAULA, uso: CARGA, modelo: F-350, marca: FORD, año: 1993, color: AZUL, serial de carrocería: AJF3DD30840, serial de motor: 6 CILINDROS, placa: 107VAK, servicio: PRIVADO y 4.) Vehículo clase: CAMIÓN, tipo: PLATF/BARANDA, uso: CARGA, modelo: CHEYENNE, marca: CHEVROLET, año: 1996, color: BLANCO, serial de carrocería: 8ZCJC34R0TV317741, serial de motor: 0TV317741, placa: A43CX6V, servicio: PRIVADO, preventiva de los bienes muebles e inmuebles que se hayan empleados (sic) en la comisión de los delitos investigados , de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada…”. (Folios 78 al 87 de la pieza incidental).

Ahora bien, evidencian quienes aquí deciden, que en el caso bajo estudio el delito por el cual surgió la incautación preventiva de los automotores en cuestión, es el CONTRABANDO SIMPLE, establecido en el artículo 7 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y siendo que la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, tiene atribuida la competencia especial para conocer los asuntos relativos a los delitos económicos y al considerar los integrantes de este Cuerpo Colegiado, que el tipo penal de Contrabando constituye un delito económico, toda vez que el mismo atenta contra el orden socioeconómico, vulnerando u ocasionando distorsión del sistema económico y financiero del país, en tal sentido resulta propicio, en aras de preservar la garantía del juez natural, realizar las siguientes consideraciones:

La competencia por la materia, puede definirse como la capacidad funcional reservada por el Estado para un órgano judicial, la cual el legislador ha contemplado desde el artículo 65 al 68 del Código Orgánico Procesal Penal, también resulta importante destacar que la jurisdicción penal es amplísima, al punto, que ha debido ser separada en jurisdicción penal ordinaria, cuyo cometido es tramitar toda clase de delitos tipificado en el Código Penal y las demás leyes punitivas vigentes, y en la jurisdicción penal especial, reservada exclusivamente, para aquellas esferas en las que el Estado ha preferido dedicar un énfasis privilegiado, como estrategia de política criminal, para tramitar ciertas conductas humanas características y reprochables, como por ejemplo, la jurisdicción en materia de violencia de género y la de responsabilidad del adolescente. Esta capacidad funcional a la que se hizo referencia, además puede determinarse por la existencia de hechos delictivos conexos, siendo que en esos casos, debe conocer la causa un solo tribunal, para evitar la dispersión de la causa, sentencias contradictorias y en definitiva en favor de la unidad del proceso.

Ahora bien, cuando un tribunal en el ámbito de la jurisdicción penal, considera que no es competente para conocer la causa sometida a su prudente juzgamiento, en razón del territorio, en razón de la materia o en razón de delitos conexos, debe declararlo así y remitir el expediente al tribunal que sea competente, velando por la regularidad del proceso, esta obligación es llamada declinatoria de competencia y se encuentra delineada en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 80 ejusdem.

En sintonía con lo anteriormente expuesto, resulta pertinente traer a colación la resolución N° 2013-0025, de fecha 20 de noviembre de 2013, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual atribuyó a la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, la competencia para conocer los delitos económicos, indicando lo siguiente:

Artículo 1: Que los Juzgados de los Circuitos Judiciales Penales, que a continuación se mencionan conocerán y decidirán, de manera exclusiva los casos cuyas imputaciones estén vinculadas a la comisión de ilícitos económicos, la especulación, el acaparamiento, la usura, el boicot, alteración fraudulenta de precios, alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda, el contrabando de extracción, exposición a la devastación o al saqueo y otros delitos conexos, previstos en la Ley Para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, entre otras disposiciones legales; a tales efectos, los órganos jurisdiccionales competentes serán:…
Artículo 2: Que en los Circuitos Judiciales Penales, donde haya una Sala Única de la Corte de Apelaciones, conocerán y decidirán, en alzada los casos vinculados a delitos mencionados en el artículo 1 de esta Resolución, en tanto que, aquellos donde haya más de una Sala, la competencia exclusiva, corresponderá a las que a continuación se mencionan:
• ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS:
§ Sala Cinco (5) de la Corte de Apelaciones.
• CARABOBO – VALENCIA y PUERTO CABELLO:
§ Sala Dos (2) de la Corte de Apelaciones.
• MIRANDA - LOS TEQUES - GUARENAS – BARLOVENTO y VALLES DEL TUY:
§ Sala Tres (3) de la Corte de Apelaciones.
• ZULIA – MARACAIBO, ZULIA – CABIMAS, VILLA DEL ROSARIO y SANTA BÁRBARA:
§ Sala Tres (3) de la Corte de Apelaciones. (Negrillas y subrayado de este Órgano Colegiado).

Por otra parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 20 de agosto de 2010, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, indicó con respecto al principio de unidad del proceso, lo siguiente:

“…Vale destacar que, el legislador en el artículo 73 del Código Orgánico Procesal Penal estableció la unidad del proceso penal como un esquema legal creado para regular el principio procesal del ejercicio de la jurisdicción, y también coadyuvante de otras garantías del proceso, como lo son el derecho a ser juzgado por el juez natural y la tutela judicial efectiva.
En tal sentido, la unidad del proceso penal es concebida para regular la actuación del órgano juzgador en los casos que existan varios delitos o faltas imputados a una misma persona o, cuando en un mismo hecho punible hayan participado varias personas, supuesto en los cuales, el conocimiento de la causa corresponderá a un solo tribunal, salvo las excepciones establecidas en el artículo 74 del Código Orgánico Procesal Penal…”. (Negrillas de esta Sala).

Así las cosas, quienes aquí deciden consideran que de conformidad con lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que el delito por el cual se sigue el vigente proceso penal y en razón del cual fueran incautados preventivamente los vehículos 1) clase: CAMIÓN, tipo: JAULA, uso: CARGA, modelo: F-350, marca: FORD, año: 1993, color: AZUL, serial de carrocería: AJF3DD30840, serial de motor: 6 CILINDROS, placa: 107VAK, servicio: PRIVADO; 2) clase: CAMIÓN, tipo: PLATF/ESTRUC/HIERRO, uso: CARGA, modelo: F-350, marca: FORD, año: 1975, color: ROJO, serial de carrocería: AJF37R53701, serial de motor: V8, placa: A12AK3T, servicio: PRIVADO; 3) clase: CAMIÓN, tipo: PLATAFORMA, uso: CARGA, modelo: F-350 4X2, marca: FORD, año: 2007, color: AZUL, placa: A20AZ4S, serial de carrocería: 8YTKF365378A30789, serial del motor: 7A30789, servicio: PRIVADO y 4) clase: CAMIÓN, tipo: PLATF/BARANDA, uso: CARGA, modelo: CHEYENNE, marca: CHEVROLET, año: 1996, color: BLANCO, serial de carrocería: 8ZCJC34R0TV317741, serial de motor: 0TV317741, placa: A43CX6V, servicio: PRIVADO, es por encontrarse presuntamente incursos en un hecho punible relacionado con el tipo penal de CONTRABANDO SIMPLE, establecido en el artículo 7 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, cuya competencia especial para conocer de los delitos económicos le es dada a la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en aras de garantizar los principios de unidad del proceso y Tutela Judicial Efectiva, así como la garantía del Juez natural, contenidos en los artículos 73 del Código Orgánico Procesal Penal, 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 7 del Texto Penal Adjetivo, respectivamente, este Cuerpo Colegiado estima que lo ajustado a derecho es declinar a la mencionada Sala de Alzada el conocimiento del presente asunto. ASÍ SE DECLARA.

Al aplicar los argumentos legales y jurisprudenciales señalados ut supra al caso bajo estudio, concluyen quienes aquí deciden que resulta ajustado a Derecho que esta Alzada se DECLARE INCOMPETENTE para conocer la presente causa y por ende, el recurso de apelación de autos, interpuesto por el ABG. ROBERT JOSÉ MARTÍNEZ GODOY, en su carácter de Fiscal Provisorio adscrito al Despacho Fiscal Décimo Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia con sede en Santa Bárbara de Zulia y con Competencia Plena, contra las decisiones signadas bajo los Nos. 023-2015, 024-2015, 025-2015 y 026-2015, dictadas en fecha 8 de enero de 2015, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, extensión Santa Bárbara de Zulia; por cuanto uno de los tipos penales por los cuales fue instaurado el proceso penal bajo examen, se encuentra enmarcado en los delitos económicos cuya competencia fue asignada a la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia; declaratoria de incompetencia que efectúa esta Alzada en aras de garantizar los principios de unidad del proceso y Tutela Judicial Efectiva, así como la garantía del juez natural, contenidos en los artículos 73 del Código Orgánico Procesal Penal y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 7 del Texto Penal Adjetivo, respectivamente, y Declara COMPETENTE, a la SALA N° 3 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, de conformidad con lo establecido en la resolución N° 2013-0025, de fecha 20 de noviembre de 2013, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por las consideraciones que anteceden, esta Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: resuelve:

PRIMERO: SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer la presente causa, y por ende, el recurso de apelación de autos, interpuesto por el ABG. ROBERT JOSÉ MARTÍNEZ GODOY, en su carácter de Fiscal Provisorio adscrito al Despacho Fiscal Décimo Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia con sede en Santa Bárbara de Zulia y con Competencia Plena, contra la decisiones signadas bajo los Nos. 023-2015, 024-2015, 025-2015 y 026-2015, dictadas en fecha 8 de enero de 2015, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, extensión Santa Bárbara de Zulia, por cuanto el principal tipo penal por el cual fue instaurado el proceso penal, a saber; CONTRABANDO SIMPLE, se encuentra enmarcado en los delitos económicos cuya competencia fue asignada a la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 7 y 73 del Texto Penal Adjetivo.

SEGUNDO: Declara COMPETENTE, a la SALA N° 3 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, de conformidad con la resolución N° 2013-0025, de fecha 20 de noviembre de 2013, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Publíquese y regístrese en el libro respectivo, déjese copia certificada en archivo y remítase la presente causa en la oportunidad legal correspondiente, a la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a los fines legales consiguientes.
LOS JUECES DE APELACIÓN

Dra. NOLA GÓMEZ RAMÍREZ
Presidenta de Sala

Dra. ELIDA ELENA ORTIZ Dr. ROBERTO QUINTERO VALENCIA
Ponente

ABOG. NORMA MARÍA TORRES QUINTERO
La Secretaria
En la misma fecha se publicó la decisión anterior, se registró bajo el Nº 095-15 en el Libro de Decisiones Interlocutorias llevado por esta Sala y se compulsó por Secretaría copia de Archivo.

LA SECRETARIA
ABOG. NORMA MARÍA TORRES QUINTERO

EEO/yjdv*
VP03-R-2015-000388