TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA,
con sede en Maracaibo.

Exp. 15.434

Mediante escrito presentado en fecha 26 de diciembre de 2014, por el ciudadano Rodolfo Páez de la Vega, de nacionalidad Colombiana, mayor de edad, Médico, titular del pasaporte Colombiano Nro. AP977813, titular de la cédula colombiana Nro. 8.487.121, asistido por el abogado GERARDO VIRLA, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 111.583, interpone ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL JUNTO CON MEDIDA CAUTELAR, en contra del ciudadano FREDDY PACHANO ARENAS, en su condición Director de la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia.
En la misma fecha se le dio entrada, asignándosele el Nro. 15.434
Siendo la oportunidad procesal para decidir sobre la admisión pasa este Juzgado, a resolver lo conducente:
I
PRETENSIONES DE LA PARTE PRESUNTA AGRAVIADA

Fundamenta la parte presuntamente agraviada su demanda en los siguientes alegatos:
Alegó que es médico cirujano egresado de la Universidad metropolitana de Barranquilla, republica de Colombia, y que procedió a participar en el proceso de selección con el fin de ingresar en el postgrado de la especialidad de Anestesiología a ser dictado por la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, curso 2015-A, toda vez que dichas normas permiten el ingreso de estudiantes extranjeros.
Que se inscribió oportunamente en el referido concurso y consignó en su totalidad todas las credenciales exigidas en el baremo 2014, y que en fecha 25 de septiembre de 2014fue publicado en la página web, el listado preliminar de aspirantes al postgrado de la especialidad de Anestesiología, donde figuraba como numero uno, por lo que procedió a realizar deposito bancario por concepto de inscripción.
Que en fecha 6 de octubre de 2014, se dirigió a la Oficina Administrativa División de Estudios para Graduados de la facultad de medicina de la Universidad del Zulia, con el objeto de formalizar su inscripción, donde se le indicó que por instrucciones del Director ciudadano Freddy Pachano Arias, no se le permitiría formalizar la misma, toda vez que había sido excluido del listado definitivo de ingreso, quedando eliminado del concurso correspondiente.
Señala que la actuación material, constituye una vía de hecho verificada por la administración, la cual afecta su esfera jurídica, por lo que invoca el artículo 26 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, el cual contempla el derecho a la tutela judicial efectiva.
Que la administración no aperturó un procedimiento con el objeto de revocar lo vertido en la lista preliminar, vulnerando de esa forma su derecho constitucional a la defensa y a la educación ya que con vías de hecho se le prohibió inscribirse como alumno regular, y comenzar a cursar el postrado en referencia.
Que “…de acuerdo a lo expuesto, en el caso de las vías de hecho, el juez puede condenar a la administración al cese de la vía de hecho y la adopción de todas las medidas para restablecer la situación jurídica infringida, bien sea ordenando a la Administración abstenerse de realizar las conductas materiales antijurídicas, modificar o adoptar una conducta determinada”.
Señala que “En el caso bajo examen, la administración no dictó un acto administrativo formal que revocase la selección realizada en la lista preliminar, si no que por una vía de hecho, se me excluyó de la lista definitiva, no se me permitió inscribirme en el posgrado (sic) en referencia, quedando eliminado del concurso correspondiente..”
Que el fomus boni iuris deriva del hecho que se postuló para concursar en el postgrado en referencia y fue seleccionado en la lista preliminar, al tener la mayor calificación entre todos los aspirantes, y que le fue conculcado su derecho a la educación, a la defensa y al debido proceso.
Que en cuanto al periculum in mora, se configura en el presente caso toda vez que las clases de posgrado de anestesiología, curso 2015-A, comenzaran el día 2 de enero de 2015, de manera que de no acordarse el amparo peticionado, se materializaría un daño jurídico.
Por lo antes expuesto solicita conceda declare procedente la medida de amparo cautelar.
II
DE LA COMPETENCIA

En primer lugar debe este Juzgado determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo, y a tal efecto observa:
El artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales consagra la norma rectora que fija la competencia por razón del grado, de la materia y del territorio, para conocer de las acciones de amparo constitucional.
Según el encabezamiento del artículo en referencia, son competentes, para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violada o amenazada de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde hubiese ocurrido el hecho, acto u omisión causante del presunto agravio.
En el caso de autos, se puede deducir que el amparo fue ejercido por la presunta violación del derecho constitucional al debido proceso y a la defensa y derecho a la educacion, consagrados en los artículos 49, y 102 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, por parte del Director de la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia.
Ahora bien, atendiendo a los criterios atributivos de competencia, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley que rige la materia; y por cuanto las omisiones imputadas a los órganos del Estado se encuentra bajo el control jurisdiccional de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, según lo establecido en el numeral 4 del artículo 25 de Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y siendo el caso de autos que el presunto agraviante es el la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, este Juzgado se declara competente para el conocimiento de la presente acción de amparo constitucional. ASÍ SE DECLARA.

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Así las cosas, esta Juzgadora pasa a decidir sobre la admisibilidad o no de la presente acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano Rodolfo Páez de la Vega.
En tal sentido, resulta pertinente traer a colación lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales señala los casos de inadmisibilidad de las acciones de Amparo, estableciendo en su numeral 5° que la acción es inadmisible: “…Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes(…)”.
Ahora bien, en relación al numeral anteriormente trascrito, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 23 de noviembre de 2001 (Caso: Mario Téllez García y otro) indicó que:

“…la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.
Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.
No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.
En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve)”. (Negrillas del Tribunal).

En este orden de ideas, considera esta Sentenciadora que en los términos en que fue incoada la presente acción no se observa una violación directa de derechos constitucionales, sino a normas de carácter legal las cuales ha podido demandar por las vías especiales y no por la excepcional del amparo, ya que para el presente caso existe otra vía breve y eficaz como lo es el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad de Vías de Hecho.
Partiendo de lo anterior, considera este Órgano Jurisdiccional oportuno recalcar la idoneidad del recurso contencioso administrativo, como medio procesal para lograr el restablecimiento de situaciones jurídicas lesionadas y, en tal sentido observa que en sentencia de fecha 3 de junio de 2004, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, (caso: Régulo Humberto Díaz Vega), se dictaminó:

“(…) En relación con la eficacia del recurso contencioso administrativo de nulidad, la Sala estableció en la sentencia nº 82/2001, que: ‘la eficacia del recurso contencioso administrativo de anulación como medio judicial a los fines del cabal restablecimiento de la situación jurídica infringida, se evidencia de las amplias potestades que por disposición del texto constitucional le han sido otorgadas al juez contencioso, dado que no solo puede anular el acto administrativo impugnado, sino también ‘…disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa’, lo cual demuestra su absoluta idoneidad, con relación a lo que ocurre con el juez constitucional de amparo, para alcanzar así la efectiva protección de los derechos y garantías constitucionales que han sido conculcados por el acto administrativo impugnado”.

Esto se compagina, asimismo con la jurisprudencia reiterada del Máximo Tribunal de la República, en el sentido que a tenor de lo indicado en el artículo 259 de la Constitución de la República, le están dadas a los Tribunales con competencia en lo contencioso administrativo un conjunto de facultades que permiten que los justiciables puedan accionar contra la Administración Pública con el fin de solicitar el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad de dicha Administración incluidas vías de hecho o actuaciones materiales, de allí que dicho precepto constitucional señala como potestades de los órganos judiciales con competencia en lo contencioso administrativo no sólo la posibilidad de anular actos administrativos, de condenar al pago de sumas de dinero por concepto de indemnización de daños y perjuicios y de conocer de las reclamaciones relativas a la prestación de los servicios públicos prestados mediante gestión directa o indirecta, sino también el poder de restablecer las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad material o jurídica de los órganos y entes que integran la Administración Pública.
En tal sentido, la jurisprudencia ha considerado que es necesario que la resolución sobre la violación constitucional no implique determinar en forma previa una infracción de rango legal, de aceptarse lo contrario el amparo sustituiría la totalidad del orden procesal, pues cada vez que se infringe la ley, indirectamente se viola la Constitución.
Al respecto, cabe observar que tal y como ha sido reiteradamente establecido por nuestro Máximo Tribunal, la acción de amparo no es supletoria ni en forma alguna sustitutiva de los recursos ordinarios que le son conferidos a las partes, los cuales agotados como sean por su falta de ejercicio o por su consumación, no nace supletoriamente la acción de amparo, pues de ser así y permitirse el uso desmedido de esta acción se sustituiría todo el orden procesal, lo que en ningún caso fue la intención del legislador.
En virtud de esto cabe citar lo reiterado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de que:

“El amparo sólo procede cuando no existe un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional, pues el amparo no es supletorio ni sustitutivo ordinario ni extraordinario previsto en nuestro ordenamiento jurídico. El agraviado debe probar que no existen otras vías idóneas para tutelar su derecho, pues de no invocarse y demostrarse ese extremo, el amparo resulta inadmisible.” (Sala Constitucional, Sentencia de fecha 23-09-98, juicio José Romano de Freites. Pierre Tapia: Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Tomo 9, págs. 33 y 34).

Precisemos que, ante la interposición de una acción de amparo, debe necesariamente, el tribunal constitucional, verificar la existencia o no de un mecanismo eficiente de impugnación contra la decisión que hubiese sido impugnada, lo cual condiciona la admisibilidad de este medio, máxime si se atiende al deber tuitivo de los derechos y garantías fundamentales que la vigente Constitución impuso a todos los jueces de la República en su misión de impartir justicia, de lo cual se concluye que el amparo constituye un mecanismo residual en la defensa de tales derechos y garantías.
Por todo ello, y en razón de que de la propia solicitud del accionante, se desprende que el mismo afirma, que “En el caso bajo examen, la administración no dictó un acto administrativo formal que revocase la selección realizada en la lista preliminar, si no que por una vía de hecho, se me excluyó de la lista definitiva, no se me permitió inscribirme en el posgrado (sic) en referencia, quedando eliminado del concurso correspondiente.” (Negrillas y subrayado del Tribunal), aunado al hecho que no constan en los alegatos de la parte accionante supuesta agraviada, elementos suficientes de los cuales se pueda deducir que es el amparo, y no uno de los medios ordinarios o extraordinarios, el instrumento idóneo para el logro del restablecimiento eficaz de la situación jurídica supuestamente infringida que se denunció, procede la declaratoria de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta, de conformidad con lo que preceptúa el ordinal 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. ASÍ SE DECIDE.-

IV
DISPOSITIVO

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, actuando en sede constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la acción de Amparo Constitucional, ejercida por el ciudadano RODOLFO PAEZ DE LA VEGA, de conformidad con lo previsto en el numeral 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

No se hace especial pronunciamiento en costas por la naturaleza de la decisión.

PUBLIQUESE, REGISTRESE y NOTIFIQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3º y 9º del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la sala del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de dos mil quince (2015). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
LA JUEZA…,

DRA. GLORIA URDANETA DE MONANARI
El SECRETARIO TEMPORAL,

ABG. ALBERTO MARQUEZ LUZARDO

En la misma fecha y siendo las tres y cinco minutos de la tarde (03:05 p.m.) se publicó y se registró el fallo anterior bajo el Nº 44, anotado en el libro de control de sentencias interlocutorias llevados por este Tribunal.

El SECRETARIO TEMPORAL,

ABG. ALBERTO MARQUEZ LUZARDO
Exp. 15434