REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGIÓN ZULIANA
Exp. Nro. 1179-10
Vista la designación efectuada por la Comisión Judicial en fecha 20 de abril de 2015 de la Dra. Helen Nava, titular de la cédula de identidad Nro. 7.793.574 y juramentada el día 29 del mismo mes y año ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, como Jueza del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, con ocasión de la falta absoluta del titular de este Juzgado Dr. Rodolfo Luzardo Baptista; la mencionada Jueza asume la Rectoría de este órgano Jurisdiccional y con tal carácter se ABOCA al conocimiento de la causa contentiva del cobro de créditos fiscales (Juicio Ejecutivo) interpuesto el 16 de septiembre de 2010 por los abogados Carlos Velásquez y Bárbara García, titulares de las cédulas de identidades Nros. 7.970.967 y 7.761.370, respectivamente, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 46.555 y 40.673, respectivamente, actuando en representación de la República Bolivariana de Venezuela, según consta en documento poder inserto en los folios Nros. 8 al 11 del expediente judicial, en contra de la sociedad de comercio ELGA DE VENEZUELA, C. A., domiciliada en la avenida 16 edificio ELGA DE VENEZUELA No. 95B-59, Maracaibo, Estado Zulia, inscrita en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el No. 1424, e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el No. J-07000663-3.
El 19 de mayo de 2011, los abogados Edis Marisela Vásquez y Alberto Vaivads, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 103.298 y 132.298, respectivamente, presentaron escrito de reforma de recurso contencioso tributario conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos. Ahora bien,
El Tribunal en fecha 27 de septiembre de 2010, admitió la demanda interpuesta por la representación fiscal y ordenó la intimación de la sociedad mercantil Elga de Venezuela, C.A., al pago total de la cantidad en moneda actual de Trescientos Dos Mil Cuarenta y Nueve Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 302.049,08) por concepto de impuesto, multa e intereses; más las costas procesales.
En fecha 9 de mayo de 2011 el Alguacil del Tribunal consignó las resultas de la boleta de intimación de la contribuyente demandada practicada en fecha 6 del mismo mes y año.
El 19 de mayo de 2011 la representación de la contribuyente demandada presentó escrito de oposición al decreto intimatorio dictado por este Tribunal, en el cual señalan que el decreto intimatorio decretado no cumple con ninguno de los presupuestos de procedencia establecidos en el artículo 289 del Código Orgánico Tributario de 2001.
En fecha 15 de enero de 2014, este Juzgado Superior declaro sin lugar la oposición presentada por los abogados de la contribuyente
ANTECEDENTES
Plantean los representantes de la República que en fecha 12 de febrero de 2009, la División de Sumario Administrativo de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), emitió Resolución Culminatoria de Sumario No. SNAT-INTI-GRTI-RZU-DSA-2008-500002, originada con ocasión al procedimiento de Fiscalización y Determinación a la contribuyente ELGA DE VENEZUELA, C. A., de la cual se originaron las obligaciones tributarias que a continuación se indican:
• Se confirma totalmente la parte no allanada por la contribuyente formulados en el Acta de Reparo No. SNAT-GRTI-RZU-DF-0308 de fecha 12 de junio de 2008, en materia de Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio económico comprendido desde el 01 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005, a la contribuyente ELGA DE VENEZUELA, C. A., por los conceptos y cantidades detalladas a continuación:
Ejercicio Diferencia en Impuesto Bs. F. Multa Impuesta
Bs. F. Intereses Moratorios
Bs. F.
01-07-2004 al 30-06-2005 70.124,oo 127.717,oo 21.456,oo
Total en Bs. F. 249.297,oo
• En fecha 13 de febrero de 2009, la ciudadana Marialcira Ferrer de Parra, portadora de la cédula de identidad No. 8.501.590, actuando en su carácter de Factor Mercantil, asistida de abogada, interpuso Recurso Jerárquico y Subsidiariamente Recurso Contencioso Tributario contra el acto administrativo anteriormente identificado, el cual fue resuelto mediante Resolución No. SNAT/GGSJ/GR/DRAAT72010-0078 de fecha 25 de marzo de 2010, declarando SIN LUGAR el Recurso Jerárquico y confirmando la totalidad de los argumentos de hecho y de derecho del acto impugnado, ordenando la emisión de la planilla instrumental de pago, conforme a demostrativa 041001240000031 de fecha 29 de abril de 2010, donde se ordena liquidar los montos que se señalan a continuación:
Ejercicio Diferencia en Impuesto Bs. F. Multa Impuesta
Bs. F. Intereses Moratorios
Bs. F.
01-07-2004 al 30-06-2005 70.123,79 180.469,25 51.456,oo
Total en Bs. F. 302.049,08
• Consta de oficio No. SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2010/1585 de fecha 25 de marzo de 2010, que en fecha 25 de mayo de 2010, fue notificada la resolución SNAT/GGSJ/GR/DRAAT72010-0078 de fecha 25 de marzo de 2010, al contralor de la contribuyente suficientemente identificada, ciudadano RAFAEL LINARES, portador de la cédula de identidad No. 11.865.374.
Señala el abogado actor que la Resolución No. SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2010-0078, de fecha 25 de marzo de 2010, fue notificado en fecha 26 de mayo de 2010, a la contribuyente demandada en la persona del ciudadano RAFAEL LINARES, portador de la cédula de identidad No. 11.865.374, en su carácter de Contralor de la contribuyente demandada.
Por lo que, encontrándose líquida y exigible la deuda tributaria, solicita dicho representante de la República se proceda a admitir la pretensión ejecutiva con fundamento en lo anteriormente señalado, cumplidos como fueron los extremos legales.
Finaliza el representante de la República solicitando que la intimación se realice en la persona de la ciudadana MARIALCIRA FERRER DE PARRA, portadora de la cédula de identidad No. 8.501.590, en su carácter de Factor Mercantil de la contribuyente demandada en el domicilio fiscal de la misma.
En razón de lo cual, el representante fiscal demanda de la contribuyente ELGA DE VENEZUELA, C. A., el pago de la cantidad de TRESCIENTOS DOS MIL CUARENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOS (Bs. 302.049,08), por los conceptos antes señalados, así como las costas procesales que se produzcan de conformidad con lo previsto en el artículo 327 ejusdem.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Observa este Tribunal que el Ejecutivo Nacional promulgó (dada la habilitación que le confirió el Poder Legislativo, mediante la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se le Delegan -G.O. Nro. 6.112 Ext., 19/11/2013-) el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.152 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014, que derogó al Código Orgánico Tributario de 2001, tal como lo indica su artículo 348. La norma en referencia, plantea:
“Artículo 348.- Se deroga el Código Orgánico Tributario publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305, de fecha 17 de octubre de 2001 y todas las disposiciones legales relativas a las materias que regula el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, las cuales estarán regidas únicamente por sus normas y por las leyes a las que éste remita expresamente”.
El mencionado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario de 2014, previó en su artículo 349 una vacatio legis de noventa (90) días continuos para su entrada en vigencia luego de la respectiva publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, lapso legal que fue cumplido el día 18 de febrero de 2015.
Del análisis del presente asunto, esta Tribunal observa que el mismo trata de una demanda de ejecución de créditos fiscales incoada por la representación en juicio del Fisco Nacional, contra la contribuyente ELGA DE VENEZUELA, C. A. conforme al procedimiento establecido en los artículos 289 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 2001, vigente para el momento de la interposición del presente.
En este sentido, el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, consagra el principio de irretroactividad de la Ley en los siguientes términos:
“Artículo 24.- Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.
Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea”.
El anteriormente citado precepto constitucional, a su vez se encuentra desarrollado en el artículo 8 del Código Orgánico Tributario de 2014, que establece:
“Artículo 8.- Las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada en vigencia. Si no lo establecieran, se aplicarán una vez vencidos los sesenta (60) días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley, aún en los procesos que se hubieren iniciado bajo el imperio de leyes anteriores.
Ninguna norma en materia tributaria tendrá efecto retroactivo, excepto cuando suprima o establezca sanciones que favorezcan al infractor.
Cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos, las normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del período respectivo del contribuyente que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme al encabezamiento de este artículo”.
Aunado a lo anterior, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto este punto a establecido en Sentencia 00477 de fecha 29 de abril de 2015 caso: Automercado Cosmos Fronteras, C.A que las Leyes tributarias entran en vigencia a partir del vencimiento del término que ellas establezcan y, con relación a las Leyes adjetivas o de procedimiento, las mismas tendrán aplicación inmediata aun durante los procesos que se encuentren en curso.
Ahora bien por cuanto el Código Orgánico Tributario de 2014, suprimió la normativa dispuesta en el Título VI, Capítulo II, titulado “Juicio Ejecutivo” sustituyéndolo por el “Cobro Ejecutivo”, cuya competencia para la ejecución y ejecutoriedad de los actos administrativos es ahora de la Administración Tributaria.
En este sentido, el artículo 290 del Código Orgánico Tributario vigente, establece lo que a continuación se transcribe:
“Artículo 290: El cobro ejecutivo de las cantidades líquidas y exigibles, así como la ejecución de las garantías constituidas a favor del sujeto activo, se efectuará conforme al procedimiento establecido este Capítulo.
La competencia para iniciar e impulsar el mismo y resolver todas sus incidencias, corresponde a la Administración Tributaria.
El procedimiento de cobro ejecutivo no será acumulable a las causas judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. Su iniciación o tramitación se suspenderá únicamente en los casos previstos en este Código.
El inicio del procedimiento de cobro ejecutivo previsto en este Código, genera de pleno derecho, el pago de un recargo equivalente al diez por ciento (10%) de las cantidades adeudadas por concepto de tributos, multas e intereses, con inclusión de los intereses moratorios que se generen durante el procedimiento de cobro ejecutivo”.
Igualmente el Art. 346 establece:
“Artículo 346. No son aplicables a la materia tributaria regida por este Código, las disposiciones relativas al procedimiento de ejecución de créditos fiscales establecido en el Código de Procedimiento Civil.
Los juicios ejecutivos que estuvieren pendientes para la fecha de entrada en vigencia de este Código, en los Tribunales Superiores Contencioso Tributarios, serán remitidos a la Administración Tributaria, para su conclusión definitiva”.
Al respecto la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 00543 de fecha 14 de mayo de 2015, caso: Aeropostal Alas de Venezuela, C.A. estableció:
“La norma citada dispone que corresponde a la Administración Tributaria iniciar, impulsar y resolver todas las incidencias del cobro ejecutivo; contrario a lo estatuido sobre ese particular los artículos 289 y 290 del Código Orgánico Tributario de 2001, donde el Fisco Nacional iniciaba el juicio ejecutivo mediante escrito ante el tribunal contencioso tributario competente. Por lo tanto, esta Sala advierte la imposibilidad de los Jueces Contenciosos Tributarios de conocer los juicios ejecutivos, en virtud de haber perdido sobrevenidamente la jurisdicción para tramitarlos. Así se establece.
Además de todo lo antes explicado, el artículo 346 del Código Orgánico Tributario vigente, prevé lo siguiente:
“Artículo 346. No son aplicables a la materia tributaria regida por este Código, las disposiciones relativas al procedimiento de ejecución de créditos fiscales establecido en el Código de Procedimiento Civil.
Los juicios ejecutivos que estuvieren pendientes para la fecha de entrada en vigencia de este Código, en los Tribunales Superiores Contencioso Tributarios, serán remitidos a la Administración Tributaria, para su conclusión definitiva”.
En atención a la disposición antes transcrita, la cual ordena remitir a la Administración Tributaria todos los juicios ejecutivos que estuvieren pendientes a la fecha de entrada en vigencia del Código Orgánico Tributario publicado el 18 de noviembre de 2014, así como haber conferido a ésta la “competencia” para iniciar, impulsar y resolver todas sus incidencias, en el cobro ejecutivo de las cantidades líquidas y exigibles; esta Máxima Instancia ordena el envío del expediente judicial a la oficina administrativa de la cual emitió el acto, a saber, la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a los fines legales consiguientes.
De igual modo se ordena expedir copia certificada de la presente sentencia para la Gerencia General de Servicios Jurídicos, adscrita al Servicio Autónomo antes mencionado. Así se declara. “
En razón de las normas citadas y tomando en consideración el criterio jurisprudencial anteriormente trascrito, que establece la imposibilidad de los Jueces Contenciosos Tributarios de conocer los juicios ejecutivos, este Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, declara la FALTA DE JURISDICCION en la presente causa. Así se declara
En consecuencia, se ordena remitir las actas integradoras del presente expediente a la Gerencia General de Tributos Internos de la Región Zuliana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a los fines de su ejecución.
DISPOSITIVO
Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, en el Cobro de Créditos Fiscales (Juicio Ejecutivo) interpuesto por la republica, en CONTRA de la contribuyente ELGA DE VENEZUELA, C. A DECLARA:
1. LA FALTA DE JURISDICCION en la presente causa, contentiva del cobro de créditos fiscales (Juicio Ejecutivo) incoada por la abogada Mariela del Socorro Díaz Meza, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 46.388, actuando en representación de la República Bolivariana de Venezuela, contra de la sociedad de comercio ELGA DE VENEZUELA, C. A.
2. Se ordena remitir las actas integradoras del presente expediente a la Gerencia General de Tributos Internos de la Región Zuliana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a los fines de su ejecución.
3. No hay condenatoria en costas, en razón del carácter de este fallo.
Publíquese. Regístrese. Déjese copia. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, en Maracaibo a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil quince (2015). Año: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
La Jueza,
Dra. Helen Nava. La Secretaria
Abog. Yusmila Rodríguez
En la misma fecha se dictó y publicó este fallo interlocutorio, se registró bajo el Nro ___________- 2015. Así mismo, en la misma fecha se libro oficio bajo el Nro. _________- 2015 dirigido al Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana del SENIAT
La Secretaria,
HN/lb
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