Visto el escrito que antecede, suscrito y presentado por la abogada en ejercicio MAYELA ORTIGOZA VÍLCHEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 60.209, en su condición de apoderada judicial de la parte demandante, sociedad mercantil BANCO BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., inscrito su documento constitutivo-estatutario en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 13 de junio de 1977, bajo el No. 1, Tomo 16-A, cuya transformación a Banco Universal consta en documento inscrito en dicha oficina, el 4 de septiembre de 1997, bajo el No. 63, Tomo 70-A, el cual forma parte del expediente que por cambio de domicilio se presentó ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda y quedó inscrito el 19 de septiembre de 1997, bajo el número 39, tomo 152-A-Qto, reformado íntegramente sus estatutos sociales en asamblea extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 21 de marzo de 2002, cuya acta quedó inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Mirando en fecha 28 de junio de 2002, bajo el No. 8, Tomo 676-A Qto, parte demandante en el presente juicio seguido contra la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA JIMAY MALEIWA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 27 de noviembre de 2008, quedando registrado en el tomo 109-A RM 4to, número 10 del año 2008, y la ciudadana ZOILA BEATRIZ IGUARÁN PALMAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-9.767.365, en su condición de fiadora solidaria, este Tribunal le da el curso de ley correspondiente y ordena formar cuaderno por separado y numerarlo. Solicita la representación judicial de la parte actora de conformidad con lo establecido en el Artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, se decrete Medida Preventiva de Embargo sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada. El Tribunal para resolver observa: Establece el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil: “Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualquiera otros documentos negociables, el Juez a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.” Con respecto a las medidas cautelares en el procedimiento monitorio, el Dr. Ricardo Henriquez La Roche, en la Obra Medidas Cautelares, ha señalado: a) En el procedimiento por intimación es necesario hacer una doble distinción: la medida que se decreta antes de la oportu¬nidad de oposición y la que se decreta luego de precluida ésta. En este último caso el embargo es evidentemente ejecutivo, por haber pasado a la autoridad de cosa juzgada el decreto intima¬torio (artículo 1.930 CC). En cambio, la medida que se decreta antes de la oportunidad de oposición es de naturaleza preven¬tiva, pues tiene carácter provisional por estar pendiente la even¬tualidad del juicio de conocimiento, y se refiere por ello el legislador a las tres medidas preventivas típicas en el artículo 646. Estas medidas varían en sus condiciones de procedibilidad según el documento fundamental que exhiba el intimante: si es un título negociable, es decir, cedible o endosable desde el punto de vista comercial, patrimonial (facturas aceptadas, letras de cambio, pagarés, cheques, etc.), o si se trata de instrumentos públicos o privados reconocidos o tenidos legalmente por reco¬nocidos, el juez decretará la medida preventiva sin que goce de poder discrecional alguno que pueda llevarle a negar el decreto por razones de equidad o cautela…” De la norma trascrita, se evidencia que para acceder a la providencia cautelar, el intimante debe acompañar a las actas cualquiera de los instrumentos mencionados en la referida norma, en razón de la verosimilitud conferida a los nombrados instrumentos, por lo que, este Juzgador pasa a revisar los Instrumentos de la Pretensión: • Documento de préstamo número 1821528, de fecha 18 de abril de 2012, en el cual la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., concedió un préstamo a interés a la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA JIMAY MALEIWA, C.A., por la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 380.000,00), que deberían ser pagados dentro del plazo improrrogable de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de su liquidación, del cual la ciudadana ZOILA BEATRIZ IGUARÁN PALMAR, se constituyó fiadora solidario, evidenciándose así la obligación de pagar una cantidad líquida y exigible. Así se Aprecia. En consecuencia y por cuanto el instrumento fundamental de la pretensión deviene del contrato de préstamo que corre en las actas procesales, y que constituye uno de los instrumentos previstos en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO sobre los bienes muebles propiedad de la parte demandada, que deberán ser indicados ante el Juzgado Ejecutor, hasta cubrir la cantidad de NOVECIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 920.000,00), suma esta prudencialmente calculada por este Tribunal. Que en caso de que la medida recaiga sobre cantidades de dinero, la ejecución versará sobre QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLÍVARES CON 86/100 (Bs. 527.738,86) que corresponde a la suma intimada y deberán ser remitidas mediante cheques de gerencia a nombre de este Juzgado para su posterior depósito en la cuenta que se aperture al efecto. Para practicar la medida se comisiona suficientemente al Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, previa distribución de la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos del Poder Judicial del Estado Zulia. Líbrese despacho y remítase con oficio. Publíquese. Regístrese. Déjese copia certificada de la presente Resolución como lo dispone el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, sellada en la sala de despacho de este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los dieciocho (18) días del mes de junio de dos mil quince (2015).-Años 205º de la Independencia y 156° de la Federación.- El Juez, Abog. Adan Vivas Santaella La Secretaria, Abog. Zulay Virginia Guerrero