REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 205° y 156° DEMANDANTE: Ciudadano AHMAD SELMAN EL HAJ, extranjero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. E-84.270.604, domiciliado en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia. APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Ciudadanas LISETH MEDINA y LEYDI OCANDO, venezolanas, mayores de edad, abogadas en ejercicio, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 135.027 y 108.134, respectivamente. DEMANDADA: Sociedad mercantil INVERSIONES TIANGUIS, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del estado Miranda, el 12 de septiembre de 1.988, bajo el No. 60, Tomo 82-A Pro, representada por la ciudadana MARLENE MARÍA URDANETA DE NÚÑEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-1.896.857, en su carácter de administradora de la sociedad, carácter que consta según Acta de Asamblea General Extraordinaria, inserta ante el mencionado Registro Mercantil el día 12 de julio de 2005. MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EXPEDIENTE: 2870-14 -I- NARRATIVA Se inicia la presente causa mediante libelo de demanda introducido ante la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos del estado Zulia, y en virtud de la correspondiente distribución de fecha 24 de marzo de 2014, fue asignado su conocimiento, sustanciación y decisión a este Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, siendo que mediante auto de fecha 25 de marzo de 2014, se admitió la demanda y ordenó la citación de la parte demandada para que comparezca al Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguiente a la constancia en autos de haber practicado la citación acordada, a fin de dar contestación a la demanda. En fecha 10 de abril de 2014, la parte actora otorgó poder apud-acta a las abogadas en ejercicio LISETH MEDINA y LEYDI OCANDO, antes identificadas. En fecha 15 de abril de 2014, la parte actora indicó la dirección y consignó los emolumentos necesarios para practicar la citación acordada en la dirección indicada. En fecha 21 de abril de 2014, el alguacil del Tribunal dejó constancia de haber recibido los emolumentos necesarios para practicar la citación de la parte demandada y las copias fotostáticas necesarias para proveer lo relativo a la compulsa. En fecha 22 de abril de 2014, la secretaria dejó constancia que fueron librados los recaudos de citación y entregados al alguacil del Tribunal. En fecha 16 de junio de 2014, el alguacil dejó constancia que se trasladó al inmueble ubicado en la dirección indicada por la parte actora a fin de practicar la citación de la demandada, resultando infructuosas todas las diligencias, razón por la cual no pudo practicar la citación personal. -II- MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Ahora bien, en virtud de lo antes transcrito este Tribunal previamente estima realizar las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico: Observa este Tribunal que desde el 16 de junio de 2014, hasta la presente fecha no se ha ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, a fin de que la causa continuará su curso legal, evidenciándose así la falta de interés del demandante en el perfeccionamiento de la relación jurídica procesal, y en virtud que ha transcurrido más de un (1) año, desde que el alguacil dejó constancia que se trasladó al inmueble ubicado en la dirección indicada por la parte actora a fin de practicar la citación de la demandada, resultando infructuosas todas las diligencias, razón por la cual no pudo practicar la citación personal, es por lo que, forzosamente este Despacho debe concluir que, en el caso de autos ha operado la perención que hace referencia el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”. Asimismo, establece el artículo 269 ejusdem, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.” Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir bien sea en forma “normal” (con la sentencia) o de manera “anormal”. Esas formas “anormales” de terminación son: Las llamadas formas de autocomposición procesal, encontrándose dentro de estas la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Dicha institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido. Realizadas como han sido tales consideraciones, es forzoso para esta Juzgadora concluir que, el supuesto de hecho establecido en el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente caso, por cuanto se aprecia que ante la existencia del proceso, correspondía a las partes impulsar el procedimiento para que el mismo continuará y se cumplieran las distintas etapas del juicio, ya que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del juez, debiendo concluir el mismo; y evidenciándose que hasta la presente fecha, ha transcurrido holgadamente el tiempo que establece la ley de un año (1), sin que se haya ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, por lo que se considera perimida la instancia, y así se declara. -III- DISPOSITIVO Por los razonamientos de hecho y los fundamentos de derecho antes expuestos, este TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 en concordancia con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. En Maracaibo, a los veintiséis (26) días del mes de junio de dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación. LA JUEZA TITULAR XIOMARA REYES LA SECRETARIA ACCIDENTAL MARYORI HUERTA En esta misma fecha, se registró y publicó la anterior decisión, siendo las tres y diez de la tarde (3:10 p.m.). LA SECRETARIA ACCIDENTAL MARYORI HUERTA Exp. 2870-14