TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta
La Asunción, seis (06) de febrero de dos mil quince (2015)
Año: 204º y 155º

ASUNTO: OP02-N-2015-000005

Revisado y analizado como ha sido el presente recurso de nulidad presentado en fecha 30 de Enero de 2015, por la ciudadana RAISHU DEL VALLE MATA CAMEJO, debidamente asistida por los abogados en ejercicio ERNESTO SÁNCHEZ CARMONA, MARIELA NATHALIE QUINTERO, ELÍ HERNÁNDEZ BAUZA, inscritos en el inpreabogado bajo los Nrosº 73.978, 28.734, y 229.554, en contra de la Providencia Administrativa Nº 283-2014, emanada de la Junta Liquidadora INDEPABIS-SUNDECOP, en fecha 11 de abril de 2014 y notificada a mi persona en fecha 30 de octubre de 2014.

En fecha 16 de abril de 2006, la parte recurrente comenzó a prestar servicios para el INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (INDECU), adscrito a la Coordinación Regional del Estado Nueva Esparta, desempeñando el cargo de ABOGADO, ejerciendo labores inherentes al cargo en todo el estado, tales como, inspecciones, fiscalizaciones, conciliaciones en sitio, monitoreo de abastecimiento, y todo lo que el Coordinador Regional ordenaba, con un horario comprendido de lunes a viernes de ocho (08:00 a.m.) hasta las doce y media del medio día (12:30 m), devengando un sueldo mensual para el momento de la terminación de la relación laboral de Bs. 7.958,00.
En fecha 01 de febrero de 2010, el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), fue eliminado, creándose en su lugar una nueva institución que pasó a llamarse INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.358.
En fecha 21 de noviembre de 2013, se crea por Ley Habilitante, la “Ley con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Precios Justos”, mediante Decreto Presidencial Nº 600, publico en Gaceta Oficial Nº 40.340 de fecha 23 de enero de 2014, el cual ordena la creación de una “nueva” Institución Pública, con nuevas normas y estructura organizativa que permita proteger al pueblo de maniobras especulativas y fijar el precio justo de los bienes y servicios en todo el territorio nacional; por ende, y atendiendo al llamado de la Ley, se crea la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos, (SUNDDE), suprimiendo en este caso al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), y a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP), según se desprende de Decreto Presidencial Nº 796 de fecha 18 de febrero de 2014, publicado en Gaceta Oficial Nº 40.340, creándose una Junta Liquidadora para realizar los trámites necesarios y cumplir con el objeto de la Gaceta Oficial.
Alega que en fecha 30 de octubre de 2014, recibió una Carta de la Presidenta de la Junta Liquidadora SUNDECOP-INDEPABIS, ciudadana DEYANIRA BRICEÑO GARCÍA, en el cual se le informa que han decidido dar por terminada la contratación que mantenía con este Instituto (INDEPABIS), ocurriendo éste sin mediar hechos, ni circunstancia legal alguna que motivaran el despido, alegando solamente como fundamento para el mismo el proceso de supresión del INDEPABIS y SUNDECOP, poniendo de esta manera fin a la relación laboral que por espacio de 8 años, 6 meses y 14 días mantuvo con el Instituto, actuando el patrono de forma unilateral y violando las disposiciones de la normativa constitucional y laboral vigente en nuestro país, irrespetando un derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también el derecho al trabajo.
También alega que la sustitución del patrono no es tal, ya que tanto el Instituto extinto, como el recién creado, con órganos de la Administración Pública, el patrono no deja de ser en ningún caso el mismo, y no es otro sino el Estado y, ambos además, son prácticamente el mismo objeto y funciones.
Por todo lo anterior, solicita sea admitida y sustanciada conforme a derecho el presente asunto, y declare CON LUGAR el presente Recurso de Nulidad, en consecuencia, se anule la Providencia Administrativa, y que como consecuencia de dicha nulidad, sean restituidos todos los derechos que le han sido despojados, con las consecuencias jurídicas que se deriven.-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
En este sentido resulta necesario pronunciarse en cuanto a la competencia para conocer en primera instancia del presente Recurso de Nulidad presentado por la ciudadana RAISHU DEL VALLE MATA CAMEJO, titular de la cédula de identidad Nº V- 15.203.076, debidamente asistida por los abogados en ejercicio ERNESTO SÁNCHEZ CARMONA, MARIELA NATHALIE DILENA QUINTERO, Y ELÍ HERNÁNDEZ BAUZA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 73.978, 28.734 y 229.554, respectivamente, en contra de la Providencia Administrativa Nº 283-2014, emanada de la Junta Liquidadora INDEPABIS-SUNDECOP, en fecha 11-04-2014, en base a las siguientes consideraciones:

La Sala Constitucional en la sentencia Nº 955/2010 del 23 de septiembre de 2010, caso: Bernardo Jesús Santeliz vs. Central La Pastora C.A. cambió la doctrina en relación con la competencia para el juzgamiento de las demandas, de cualquier naturaleza, que se interpongan contra los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo y estableció:
“Del criterio vinculante que precede, debe advertirse que a la jurisdicción laboral le corresponde conocer todas aquellas controversias surgidas con ocasión de la relación laboral, atendiendo a la especial naturaleza del contenido de dicha relación jurídica más que al órgano que la dicta. De allí pues, que corresponde a los tribunales laborales conocer de los recursos de nulidad de las resoluciones emanadas de las Inspectorías del Trabajo, por cuanto los mismos tienen como fuente la relación laboral”.-
“1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral. 2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo.”;

En el caso de autos, se observa que el presente recurso fue incoado contra una Providencia Administrativa Nº 283-2014, emanada de la Junta Liquidadora INDEPABIS-SUNDECOP, en fecha 11-04-2014, organismo que creado para realizar los tramites necesarios y cumplir con el objeto de la Gaceta Oficial contentiva de la. “Ley con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Precios Justos”, mediante Decreto Presidencial Nº 600, la cual suprimió al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), y a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP), siendo que el recurrente de autos prestaba servicios al final de la relación laboral para el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).-

Ahora bien, en atención a la sentencia Nº 955/2010 del 23 de septiembre de 2010, caso: Bernardo Jesús Santeliz vs. Central La Pastora C.A., emanada de la Sala Constitucional, queda establecido que la competencia de los Tribunales de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, corresponderá únicamente al conocimiento de recursos de nulidad de las resoluciones emanadas de las Inspectorías del Trabajo, y en el caso de autos se evidencia que el recurso de nulidad ataca un acto administrativo que no emana de la Inspectoría del Trabajo, sino de la Junta Liquidadora INDEPABIS-SUNDECOP.-

Por todo lo anterior, este Tribunal Primero de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, considera forzoso establecer que no tiene facultad legal para pronunciarse en relación al conocimiento de la presente causa, por cuanto estaría usurpando una función que no le está atribuida y, en consecuencia, cualquier pronunciamiento sería nulo, conforme a lo previsto en el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se decide.-
Por todas las consideraciones antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Su INCOMPETENCIA para conocer del presente Recurso de Nulidad incoado por la ciudadana RAISHU DEL VALLE MATA CAMEJO, titular de la cédula de identidad Nº V- 15.203.076, debidamente asistido por los abogados en ejercicio ERNESTO SÁNCHEZ CARMONA, MARIELA NATHALIE DILENA QUINTERO, Y ELÍ HERNÁNDEZ BAUZA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 73.978, 28.734 y 229.554, respectivamente, en contra de la Providencia Administrativa Nº 283-2014, emanada de la Junta Liquidadora INDEPABIS-SUNDECOP, en fecha 11-04-2014, en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA al JUZGADO SUPERIOR ESTADAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA, a los fines de que conozca del presente asunto. SEGUNDO: Remítase el presente expediente al JUZGADO SUPERIOR ESTADAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA. Líbrese oficio de remisión. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.-
LA JUEZA TEMPORAL.,

Dra. EVA ROSAS SILVA.-

LA SECRETARIA,

ERS/lv.-