TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL
Barquisimeto, trece (13) de enero de dos mil quince (2015)
204º y 155º

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA Nº 002/2015
ASUNTO: KP02-U-2007-000092

Parte recurrente: Francisco Ortisi Passanisi y Rebeca Ortisi Passanisi, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-9.805.849 y V-11.765.254, en su carácter de representantes legales de la firma mercantil DIQUE VENEZOLANO, S.A. (DIVENSA), inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón en fecha 28 de junio de 1982, bajo N° 7.230, folios 373 al 380, Tomo 1, identifica en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el Nº J-30120055-1, ubicada en la calle Marina, Cerro Abajo, Punto Fijo, Estado Falcón, asistidos por el abogado Eduardo A. Muñoz, titular de la cédula de identidad N° V-2.842.853, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 30.158.

Acto recurrido: Planillas de Liquidación Nros. 031001102003254, 031001102003253, 031001102003252, 031001102003251, 031001102003250, 031001102003249, 031001102003248, 031001102003247, 031001102003246, 031001102003245, 031001102003244, 031001102003257, 031001102003259, 031001102003255, 031001102003260, 031001102003256 y 031001102003258, todas de fecha 19 de octubre de 1999, notificadas el 14 de enero de 2000, emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y que fueron impugnadas mediante recurso jerárquico interpuesto subsidiariamente al recurso contencioso tributario, recurso administrativo que fue declarado SIN LUGAR, mediante Resolución Nº GGSJ/GR/DRAAT/-2006-22, del 30 de enero de 2006, emanada de la Gerencia de Recursos de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Administración Tributaria recurrida: Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

I
Antecedentes

Se inicia la presente causa mediante recurso contencioso tributario interpuesto subsidiariamente al recurso jerárquico el 18 de febrero de 2000, por ante la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), cuyo expediente fue remitido mediante oficio N° SNAT-INTI-GRTI-RCO-DJT-ARA-510-2007-001336, de fecha 11 de mayo de 2007, a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) Civil del Estado Lara, el 11 de mayo de 2007 y distribuido a este Tribunal Superior Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental el 15 del mismo mes y año, por los ciudadanos Francisco Ortisi Passanisi y Rebeca Ortisi Passanisi, antes identificados, en su carácter de representantes legales de la firma mercantil DIQUE VENEZOLANO, S.A. (DIVENSA), inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el Nº J-30120055-1, asistidos por el abogado Eduardo A. Muñoz, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 30.158; contra las Planillas de Liquidación Nros. 031001102003254, 031001102003253, 031001102003252, 031001102003251, 031001102003250, 031001102003249, 031001102003248, 031001102003247, 031001102003246, 031001102003245, 031001102003244, 031001102003257, 031001102003259, 031001102003255, 031001102003260, 031001102003256 y 031001102003258, todas de fecha 19 de octubre de 1999, notificadas el 14 de enero de 2000, emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y que fueron impugnadas mediante recurso jerárquico interpuesto subsidiariamente al recurso contencioso tributario, recurso administrativo que fue declarado SIN LUGAR, mediante Resolución Nº GGSJ/GR/DRAAT/-2006-22, del 30 de enero de 2006, emanada de la Gerencia de Recursos de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

El 31 de mayo de 2007, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, procedió a dar entrada al presente asunto bajo la nomenclatura: KP02-U-2007-000092, ordenándose notificar a la recurrente.

El 20 de julio de 2010, la abogada Xioely Gómez, en su condición de jueza temporal de este Tribunal se aboca al conocimiento de la causa de conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, se ordena agregar al expediente la resulta de la comisión proveniente del Juzgado Tercero de Municipio Carirubana del Estado Falcón, sin cumplir, por cuanto el Alguacil de dicho juzgado indicó que la dirección de la empresa no existe en Punto Fijo.

El 29 de julio de 2010, se ordena librar cartel de notificación conforme a lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Tributario.

El 18 de octubre de 2010, la jueza quien suscribe reasume el conocimiento de la presente causa. Asimismo, se deja constancia del vencimiento del lapso previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Tributario, en consecuencia, se considera que la recurrente está a derecho.

El 23 de noviembre de 2012, se ordena notificar a la recurrente para que manifieste su interés procesal en continuar con la tramitación de la causa, dentro de los 30 días siguientes a aquel en que conste en autos su notificación.

El 09 de enero de 2013, se ordena agregar al expediente la resulta de la comisión proveniente del Juzgado Primero de Municipio Carirubana del Estado Falcón, debidamente cumplida, en donde se le informa a la recurrente sobre su interés en continuar con la sustanciación de esta causa.

El 07 de abril de 2014, el abogado Edwin Calixto, en su condición de juez temporal de este Tribunal se aboca al conocimiento de la causa de conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, ordenando notificar a las partes así como a la Procuraduría General de la República, sobre su abocamiento.

El 07 de mayo de 2014, se agrega boleta de notificación dirigida a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del SENIAT, donde se le informa sobre el abocamiento del juez temporal, debidamente cumplida.

El 17 de diciembre de 2014, la Jueza quien suscribe reasume el conocimiento de la presente causa. Asimismo, se ordena agregar al expediente el oficio Nº 4600-1009 del 20 de noviembre de 2014, mediante el cual se remite la resulta de la comisión proveniente del Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana del Estado Falcón, constante de la notificación dirigida a la recurrente, informándole sobre el abocamiento del juez temporal, debidamente cumplida.
.
II
MOTIVACIÓN

En la presente causa se observa que el 23 de noviembre de 2012, este Tribunal Superior ordenó notificar a la recurrente con la finalidad que ratificara su interés procesal de continuar con la presente causa, cuyas resultas fueron consignadas en el expediente en fecha 09 de enero del año 2013, mediante las cuales se evidencia que el recurrente fue debidamente notificado en fecha 09 de diciembre del año 2013; sin embargo, no consta en autos actuación alguna tendiente a darle impulso a este proceso judicial.

Ahora bien, efectuada como fue la revisión del presente asunto, se advierte que desde la oportunidad en que el contribuyente estuvo a derecho en el presente juicio, es decir desde el 18 de octubre de 2010, cuando fue agregado al expediente el cartel de notificación dirigido a la sociedad mercantil Dique Venezolano, S.A., emitido en base al artículo 264 del Código Orgánico Tributario, ni desde que fue notificado para manifestar su interés en continuar con la causa, en fecha 09 de diciembre de 2013 (folio 92), la recurrente no ha realizado ningún acto de impulso procesal, en tal sentido, es doctrina pacífica y reiterada de nuestro Máximo Tribunal en Sala Constitucional y en Sala Político Administrativa, que el interés procesal debe ser continuo y, por tanto, mantenerse a lo largo del devenir del proceso, ya que su falta de demostración acarrea la consecuencia de la extinción de la acción, declaratoria que puede efectuarse de oficio por los órganos judiciales.

Bajo estas premisas y en lo atinente a la pérdida del interés procesal el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional ha establecido en sentencia N° 416, de fecha 28 de abril de 2009, que la pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad, antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia, en este sentido, se transcribe parte del citado fallo:

“(…) El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: ‘DHL Fletes Aéreos, C.A.’), en el que se señaló lo siguiente:
‘(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido’.
En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide. (…)”.

Referidas las precedentes circunstancias que circunda la causa, es pertinente destacar que la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, en sentencia Nº 786, publicada el 24 de mayo de 2011, estableció respecto a la pérdida del interés procesal, lo que de seguidas se transcribe: “…En este orden de ideas, se aprecia que el interés procesal, no basta con ser demostrado con la interposición de una determinada demanda sino que el mismo debe ser continuo a lo largo del devenir del proceso, ya que su falta de demostración acarrea la consecuencia de la extinción de la acción, declaratoria la cual puede ser declarada, incluso de oficio por los órganos jurisdiccionales (Vid. Sentencia de esta Sala n° 956/2001 y 1649/2009).”

Igualmente en sentencia Nº 01259, publicada el 18 de octubre de 2011, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, expresó: “…se advierte que este Alto Tribunal ha admitido la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés, toda vez que el interés no sólo es esencial para la interposición de un recurso, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado. (Vid. Sentencias de Sala Constitucional Nros. 1.153 de fecha 08 de junio de 2006 y 292 del 27 de abril de 2010, casos: Andrés Velázquez y Eduardo García, respectivamente)…”

Asimismo, esta misma Sala ha reiterado el criterio de declarar la improcedencia de la perención de la instancia en las causas en las cuales se haya dicho “Vistos” o antes de admitir la pretensión de la demanda, sin embargo, ha admitido la posibilidad de la extinción de la acción por pérdida del interés, en este contexto, en sentencia Nº 1.153, de fecha 8 de junio de 2006, sostuvo que: “…el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal –ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos…”.

Atendiendo a los razonamientos expresados, se precisa del caso objeto de estudio que el recurrente no actuó con posterioridad desde el momento en que estuvo a derecho de la entrada del expediente a este Órgano Jurisdiccional, ni manifestó su voluntad de continuar con el procedimiento en este asunto, es así como por más de un año se evidencia una falta de interés procesal en que se admita el recurso contencioso tributario o la resolución del mismo, aunado a la circunstancia que por motivos imputables a la recurrente en este procedimiento no se ha dictado pronunciamiento con relación a la admisión de la pretensión, por lo cual se aprecia que concurren las condiciones para la declaratoria de la pérdida de interés en la presente causa por la falta de interés procesal. Así se declara.

III
DECISIÓN

En virtud de los razonamientos expuestos, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: La EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso contencioso tributario interpuesto subsidiariamente al recurso jerárquico el 18 de febrero de 2000, por ante la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), cuyo expediente fue remitido mediante oficio N° SNAT-INTI-GRTI-RCO-DJT-ARA-510-2007-001336, de fecha 11 de mayo de 2007, a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) Civil del Estado Lara, el 11 de mayo de 2007 y distribuido a este Tribunal Superior Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental el día 15 del mismo mes y año, por los ciudadanos Francisco Ortisi Passanisi y Rebeca Ortisi Passanisi, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-9.805.849 y V-11.765.254, en su carácter de representantes legales de la firma mercantil DIQUE VENEZOLANO, S.A. (DIVENSA), inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón en fecha 28 de junio de 1982, bajo N° 7.230, folios 373 al 380, Tomo 1, identifica en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el Nº J-30120055-1, ubicada en la calle Marina, Cerro Abajo, Punto Fijo, Estado Falcón, asistidos por el abogado Eduardo A. Muñoz, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 30.158; contra las Planillas de Liquidación Nros. 031001102003254, 031001102003253, 031001102003252, 031001102003251, 031001102003250, 031001102003249, 031001102003248, 031001102003247, 031001102003246, 031001102003245, 031001102003244, 031001102003257, 031001102003259, 031001102003255, 031001102003260, 031001102003256 y 031001102003258, todas de fecha 19 de octubre de 1999, notificadas el 14 de enero de 2000, emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y que fueron impugnadas mediante recurso jerárquico interpuesto subsidiariamente al recurso contencioso tributario, recurso administrativo que fue declarado SIN LUGAR, mediante Resolución Nº GGSJ/GR/DRAAT/-2006-22, del 30 de enero de 2006, emanada de la Gerencia de Recursos de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Se ordena notificar la presente decisión a las partes involucradas en juicio, así como a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela y una vez conste en autos las notificaciones ordenadas, déjese transcurrir íntegramente un lapso de ocho (08) días de despacho establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y culminado el mismo comenzara a transcurrir el lapso establecido en el artículo 278 del Código Orgánico Tributario.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el archivo de este Tribunal Superior, según lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil quince (2015). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
La Jueza,

Abg. María Leonor Pineda García.
El Secretario,

Abg. Francisco Martínez.
En horas de despacho del día de hoy, trece (13) de enero del año dos mil quince (2015), siendo las dos y treinta y un minutos de la tarde (02:31 p.m.), se publicó la presente Decisión.
El Secretario,

Abg. Francisco Martínez.

ASUNTO: KP02-U-2007-000092
MLPG/fm/ga.-