REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES SALA 3

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Sala Tercera Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia Maracaibo, catorce (14) de enero de 2015 204º y 155º ASUNTO PRINCIPAL : 7C-30622-14 ASUNTO : 7C-30622-14 I PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL VANDERLELLA ANDRADE BALLESTERO Han subido las presentes actuaciones a esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en virtud del recurso de apelación de auto, interpuesto por la abogada en ejercicio TULIA GARCÍA DE HILL, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 51.660, en su condición de defensora privada de las ciudadanas CATALINA ESTEFANÍA RINCÓN URIANA y ROSA MAGDALENA GONZÁLEZ EPIEYU, portadoras de las cédulas de identidad Nros. 22.063.368 y 19.213.437, contra la decisión Nro. 1603-14, de fecha 01.11.2014, emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual, el juzgado de instancia en la audiencia de presentación de imputado declaró la aprehensión en flagrancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; decretó medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad en contra de las referidas ciudadanas, a quienes se les sigue asunto penal por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto y sancionado en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Precios Justos, en concordancia con el artículo 56 ejusdem, en perjuicio de la COLECTIVIDAD y del ESTADO VENEZOLANO; decretó medidas precautelativas de aseguramiento e incautación del vehículo MARCA: CHEVROLET, MODELO: CAPRICE AUTOMÓVIL, TIPO: SEDAN, PLACAS: CB346T, COLOR: ROJO Y NEGRO, AÑO: 1974, SERIAL DE CARROCERÍA: IN39RCV101052 y; acordó la tramitación de la causa por el procedimiento ordinario. Recibidas las actuaciones en este Tribunal de Alzada, en fecha 08.01.2015, designándose como ponente a la Jueza Profesional VANDERLELLA ANDRADE BALLESTERO. La admisión del recurso se produjo en fecha 09.01.2015, y en fecha 12.01.2015 hicieron acto de presencia ante esta Sala de Alzada las ciudadanas CATALINA ESTEFANÍA RINCÓN URIANA y ROSA MAGDALENA GONZÁLEZ EPIEYU, conjuntamente con la abogada en ejercicio TULIA GARCÍA DE HILL, en su condición de defensora de las prenombradas ciudadanas, mediante la cual, manifestaron su voluntad de desistir del recurso de apelación de autos interpuesto en fecha 07.11.2014. Así las cosas, esta Sala estima necesario señalar, que la renuncia expresa al recurso de apelación de autos, manifestado como ha sido en el presente caso, por los referidos imputados, constituye un derecho y una potestad legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal, que expresamente señala: “Artículo 431. Desistimiento. Las partes o sus representantes podrán desistir de los recursos interpuestos por ellas sin perjudicar a los demás recurrentes, pero cargarán con las costas según corresponda. El Ministerio Público podrá desistir de sus recursos en escrito fundado. El defensor o defensora no podrá desistir del recurso sin autorización expresa del justiciable.” Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión Nro. 762, de fecha 05.06.2012, ratificando el criterio desarrollado en la sentencia N° 2199, de fecha 26.11.2007, señaló entre otras cosas: “…Así las cosas, ha sido clara la jurisprudencia de la Sala en sostener que para que los órganos de administración de justicia se pronuncien respecto de un asunto sometido a su conocimiento, es menester que exista un interés procesal en los justiciables, y dicho interés no se agota con la sola interposición de una demanda o recurso, sino que debe mantenerse a lo largo del procedimiento hasta su final resolución. De allí que, ante la inactividad o falta de impulso procesal de la parte interesada, es posible que la acción decaiga y se termine el procedimiento, o bien que la parte por iniciativa propia decida desistir de su acción o recurso, como medio de autocomposición procesal. Sobre la posibilidad de aplicar estos criterios a la materia penal, es preciso señalar que el propio Código Orgánico Procesal Penal contempla la figura del desistimiento, en varias de sus disposiciones normativas. En efecto, en su artículo 416 establece que: “El desistimiento expreso podrá ser realizado por el acusador privado, o por su apoderado con poder expreso para ello, en cualquier estado y grado del proceso”. Por su parte, el artículo 440 ejusdem señala que: “Las partes o sus representantes podrán desistir de los recursos interpuestos por ellas sin perjudicar a los demás recurrentes, pero cargarán con las costas. El Ministerio Público podrá desistir de sus recursos en escrito fundado. El defensor no podrá desistir del recurso sin autorización expresa del imputado”. (Negritas de la Sala). En el presente caso, verificado como ha sido que el desistimiento planteado por las imputadas CATALINA ESTEFANÍA RINCÓN URIANA y ROSA MAGDALENA GONZÁLEZ EPIEYU, acompañados por la abogada TULIA GARCÍA DE HILL en su condición de defensora de las prenombradas ciudadanas, se ha realizado tal como lo exige la norma, es por lo que esta Sala estima que en el presente caso se han cumplido los presupuestos legales y procesales previstos en el citado artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal, a los efectos de homologar el referido desistimiento, razón por la cual, esta Sala de Alzada acuerda HOMOLOGAR EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO, por cuanto se han cumplido los extremos exigidos en el artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE. II DECISIÓN Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO, efectuado por las imputadas CATALINA ESTEFANÍA RINCÓN URIANA y ROSA MAGDALENA GONZÁLEZ EPIEYU, el cual fuera presentado en fecha 07.11.2014, contra la decisión Nro. 1603-14, de fecha 01.11.2014, emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual, el juzgado de instancia en la audiencia de presentación de imputado declaró la aprehensión en flagrancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; decretó medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad en contra de las referidas ciudadanas, a quienes se les sigue asunto penal por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto y sancionado en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Precios Justos, en concordancia con el artículo 56 ejusdem, en perjuicio de la COLECTIVIDAD y del ESTADO VENEZOLANO; decretó medidas precautelativas de aseguramiento e incautación del vehículo MARCA: CHEVROLET, MODELO: CAPRICE AUTOMÓVIL, TIPO: SEDAN, PLACAS: CB346T, COLOR: ROJO Y NEGRO, AÑO: 1974, SERIAL DE CARROCERÍA: IN39RCV101052 y; acordó la tramitación de la causa por el procedimiento ordinario. Publíquese, regístrese y remítase la causa al Tribunal de origen a los fines legales correspondientes. Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, Sala Tercera en Maracaibo a los catorce (14) días del mes de enero del año 2015. Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación. LAS JUEZAS PROFESIONALES VANDERLELLA ANDRADE BALLESTERO Presidenta de la Sala- Ponente DORIS CHIQUINQUIRÁ NARDINI RIVAS EGLEÉ DEL VALLE RAMÍREZ LA SECRETARIA JHOANY RODRÍGUEZ GARCÍA En la misma fecha se registró la anterior decisión bajo el N° 018-2015, quedando asentado en el Libro de Registro llevado por esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, en el presente año. LA SECRETARIA JHOANY RODRÍGUEZ GARCÍA VAB/gaby.*- 7C-30622-14