TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO, SECCIÓN ADOLESCENTES
Maracaibo, 05 de Enero de 2015
204° y 155°

Causa: No. 2U-810-14 Decisión: No 02-15

Visto que para el día de hoy se encontraba fijado Juicio Oral y Reservado en la presente causa 2U-801-14 seguida en contra de los adolescentes imputados (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE IMPUTADO), Indocumentado y (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE IMPUTADO), Indocumentado, por la presunta comisión del delito de USO DE FACSÍMIL DE ARMA DE FUEGO EN CALIDAD DE AUTORES, previsto y sancionado en el articulo 114 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, cometido en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, este Tribunal Segundo de Juicio de la Sección de Adolescentes de este Circuito, previo a resolver hace las siguientes consideraciones:

Debe este tribunal citar al inicio Jurisprudencia emanada de nuestro máximo Tribunal de la Republica con Ponencia del Maestro Magistrado Dr. Francisco Carrasquero López en Sentencia No. 1806, de fecha 20-11-2008: “La tarea que les corresponde ejecutar a los jueces no es sencilla. Sobre ella gravitan enormes dificultades. Para afrontar y salir airosos de esas dificultades, el juez debe estar provisto de una serie diversa de habilidades, facultades y conocimientos. De igual modo, debe estar provisto de unas determinadas cualidades personales. Debe tener el temple y el carácter necesario para no dejar que lo persuadan razones ajenas a la naturaleza del asunto debatido, y debe tener La voluntad para tomar decisiones que estén conformes con la razón y con su conciencia, para interpretar la producción normativa garantizando el núcleo esencial de los derechos fundamentales”. Al mismo tiempo, debe mostrar sensibilidad ante los requerimientos de la justicia. En este sentido, le corresponde examinar los intereses en juego, escrutar los motivos que animan a los contendientes, ubicar estos intereses y motivos en el plano de los valores que subyacen a la relación jurídica que les vincula, ponderar estos valores y decidir lo que más se ajusta al horizonte de sentido en el que tales valores se ubican”. Fin cita.

Se observa de la revisión de la presente causa, que en fecha 4 de junio de 2.014 la ABG. JOSEFA PINEDA ARMENTA, actuando en su carácter de Fiscal 37 del Ministerio Público Especializada, ante el Tribunal Primero de Control, Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, presentó y dejó a disposición a los adolescente (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE IMPUTADO), Indocumentado y (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE IMPUTADO), Indocumentado, por la presunta comisión del delito de USO DE FACSÍMIL DE ARMA DE FUEGO EN CALIDAD DE AUTORES, previsto y sancionado en el articulo 114 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, cometido en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, y solicitó se tramitara la presente causa por el Procedimiento Especial de Flagrancia, y se les decretara a los adolescentes las Medidas Cautelares contenidas en los literales “b”, “c”, “d” y “e” del artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para asegurar la comparecencia de los mismos al Juicio Oral y Reservado, resolviendo el Tribunal mediante Decisión N ° 380-14 decretarle a ambos adolescentes las medidas cautelares solicitadas por la Vindicta Pública.
Con fecha 19 de Junio de 2.014 el Tribunal Primero de Control vencido el lapso de Ley acuerda la remisión de este asunto al Tribunal de Juicio de la Sección Adolescentes que por distribución corresponda. Luego en fecha 01/07/14 el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio recibe la causa, registrándola bajo el N 1U-787-14.
En fecha 04 de Julio de 2/.014 se dicta auto fijando el Juicio Oral, Reservado y Unipersonal para el día 18/07/14.
En fecha 18/07/14, la Fiscalía 37 Especializada formalizó su acusación en contra de los adolescentes (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE IMPUTADO), Indocumentado y (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE IMPUTADO, Indocumentado, por la presunta comisión del delito de USO DE FACSÍMIL DE ARMA DE FUEGO EN CALIDAD DE AUTORES, previsto y sancionado en el articulo 114 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, cometido en perjuicio de EL ESTADO, solicitando la Representación Fiscal se les impusiera a cada uno de los adolescentes la Sanción de IMPOSICIÓN DE REGLAS DE CONDUCTA, contemplada en el artículo 624 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con un plazo de cumplimiento de DOS (02) AÑOS.
En la indicada fecha 18 de julio de 2.014 se levantó Acta de Diferimiento del Juicio Oral, Reservado y unipersonal, motivado a la inasistencia de la defensa de los Adolescentes. }

Con fecha 06-08-2014, la DRA. MAURELYS DEL CARMEN VÍLCHEZ PRIETO, en su carácter de Juez Primera de Juicio, Sección Adolescentes de este mismo Circuito Judicial Penal suscribe ACTA DE INHIBICIÓN, en seguir conociendo del presente asunto, pues resulta evidente que al haberse efectuado un pronunciamiento previo esto implica una opinión en la causa con conocimiento de ella, por lo que surge un obstáculo que compromete la competencia e imparcialidad subjetiva pues mal puede garantizársele a un imputado que el mismo Juez que califico la flagrancia en fase preparatoria y ordenó la aplicación del procedimiento abreviado consecuente ordeno remitir la causa, para su enjuiciamiento, a un tribunal de Primera Instancia en funciones de juicio que por distribución le corresponda conocer de la misma.

En fecha 13/08/ 2014, este Tribunal recibe la presente causa, le da entrada y la registra bajo el N° 2U-810-14.
En auto de fecha 18/08/2014 este Tribunal dicta auto acordando fijar Juicio Oral, reservado y unipersonal en la presente causa para el día 03/09/2014.

Llegada la oportunidad del día 03/09/14 se difiere dicho acto por la inasistencia de los adolescentes imputados y se fija nuevamente para el día 18/09/2014, en virtud de la incomparecencia de los adolescentes, y de la Defensa Privada, y se fija nuevamente para el día 02/10/14.

Con fecha 18/09/14 se levanta Acta Difiriendo el Juicio Oral, Reservado y Unipersonal, motivado a la inasistencia de la Defensa Privada, asimismo por la inasistencia de los adolescentes imputados y sus Representantes Legales, por lo que se fija nuevamente para el día 16 de Octubre de 2014.

En fecha 16 de Octubre de 2014, se difiere motivado a la inasistencia de la Defensa Privada, aunado a la inasistencia de los Adolescentes y sus Representantes Legales, fijándose nueva oportunidad para el día 31/10/14.

En fecha 31 de Octubre de 2014, se difiere el juicio oral y reservado, motivado a la inasistencia tanto de la Defensa Privada, como de los de los Adolescentes y sus Representantes Legales, y se fija para el día 01/12/14.
Con fecha 01/12/14 se levanta Acta de Diferimiento del Juicio Oral, Reservado y Unipersonal, motivado a la inasistencia de la Defensa Privada, asimismo por la inasistencia de los adolescentes imputados y sus Representantes Legales, y nuevamente se fija para el día 05/01/15.
Asimismo es de hacer mención que al folio doscientos trece (213) de la causa aparece inserta Acta Policial, suscrita por funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial NRO. 3 Maracaibo, Oeste, Estación Policial “Francisco Eugenio Bustamante Norte, del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia, donde dejan constancia que los adolescentes ordenados a notificar por mandato judicial, no residen en las dirección aportada al Tribunal. Luego al folio doscientos veintitrés (223) de la causa, aparece inserta Acta Policial de fecha 29/09/14 suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Dirección Región Occidental donde dejan constancia de haberse trasladado hasta la siguiente dirección: Barrio 19 de Abril, Calle Los Cocaderos, Municipio Maracaibo del estado Zulia, a fin de dar cumplimiento al oficio 2jA-982-2014, emanado por este Despacho, a fin de hacerle entrega al ciudadano (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE IMPUTADO), al llegar a la mencionada dirección procedió a entrevistarse con la ciudadana que dijo ser y llamarse (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DE LA PROGENITORA DEL ADOLESCENTE IMPUTADO) manifestando ser la progenitora del ciudadano y recibió la Boleta sin ningún tipo de novedad, que posteriormente se trasladó a la siguiente dirección: Barrio 19 de Abril, a fin de hacerle entrega de la Boleta de Citación al ciudadano ROBERTO CARLOS EROCIO, al llegar al sitio se entrevistó con una ciudadana que dijo llamarse HEBERLIS CARLOS EROCIO, quien le manifestó ser vecina del ciudadano y recibió la boleta sin novedad, ya que éste ciudadano no se encontraba en la vivienda
Establecido lo anterior cabe mencionar, que en el presente asunto se han agotados las vías para notificar a los adolescentes de los actos fijados por este Tribunal, los adolescentes tienen absoluto conocimiento del presente proceso penal que se les sigue en su contra, por cuanto en reiteradas oportunidades fueron notificados de los diferentes días de celebración de juicio lo que se infiere que estos adolescentes y sus Representantes legales han incumplido con este proceso, es por lo que en fidelidad al principio de la tutela judicial efectiva no habiendo una forma diferente de resolver lo planteado por las partes ya que no puede este órganos jurisdiccional esperar en forma eterna la comparecencia de dichos justiciables que conocen bien sus obligaciones, por lo que es procedente en derecho es decretar en ESTADO DE REBELDÍA a los adolescentes: (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE IMPUTADO), de nacionalidad Colombiana, natural de Barranquilla Colombia, nacido en fecha 12-04-1997, de 17 años de edad, Indocumentado, de Profesión u Oficio Vendedor de Conservas residenciado en el Barrio 19 de Abril, Municipio Autónomo Maracaibo, estado Zulia; (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE), de nacionalidad Colombiana, natural de Cartagena, nacido en fecha 30-10-1998, de 16 años de edad, Indocumentado, de Profesión u Oficio Vendedor de Conservas, residenciado en el Barrio 19 de Abril , Municipio autónomo Maracaibo, estado Zulia, de conformidad con lo establecido en el artículo 617 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En consecuencia, se ordena comisionar a funcionarios adscritos al CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS, DELEGACIÓN DEL ESTADO ZULIA, para sus localizaciones y captura, y posterior traslado a la Entidad de Atención General Francisco de Miranda (varones), donde quedarán recluidos a la orden de este Tribunal. Así mismo, se ordena oficiar al Director del Sistema de Información Policial (SIIPOL), a los fines de que incluya en el sistema a los adolescentes (SE OMITEN EL NOMBRE E IDENTIDAD DE LOS ADOLESCENTES), plenamente identificados en actas, en ESTADO DE REBELDÍA, e igualmente a la Entidad de Atención General Franciscote Miranda (varones) para que los reciban en calidad de detenidos. Así se decide.-
Respetuosamente este Tribunal debe citar las presentes sentencias dictada por nuestro Máximo Tribunal:

Sentencia Nº 022 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C10-100 de fecha 24/02/2012 Materia :Derecho Procesal Tema: Debido proceso Asunto Garantías que conforman la noción del debido proceso - Principio de Legalidad Procesal - Legalidad de las formas procesales. Dentro del conjunto de garantías que conforman la noción del debido proceso, entendido éste en su sentido formal, se encuentra el derecho de toda persona a ser juzgada de acuerdo con el procedimiento judicial establecido con anterioridad en la ley, ello en virtud del principio de legalidad procesal que rige en ordenamientos jurídicos como el venezolano. La legalidad de las formas procesales, atiende al principio de seguridad jurídica que rige en las relaciones jurídicas existentes entre los particulares y entre éstos y el Estado específicamente, en cuanto a la determinación previa de las vías judiciales que deberán seguirse en aquellos casos en los que surjan conflictos con motivo de dichas relaciones, que deban ser dirimidos en definitiva por los órganos jurisdiccionales competentes. En este sentido, debe advertirse que las disposiciones legales que establecen el procedimiento a seguir para dirimir el conflicto son de eminente orden público, de manera que no pueden, bajo ningún concepto ser inobservadas o modificadas por las partes ni por el juez de la causa. Ello se afirma así, por cuanto es la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la que establece en su artículo 49 numeral 4 el derecho de toda persona a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Asimismo, el artículo 253 del texto constitucional señala, que corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos sometidos a su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes.
Sentencia Nº 022 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C10-100 de fecha 24/02/2012 Materia :Derecho Procesal Tema: Debido proceso Asunto
El debido proceso en el ordenamiento jurídico Venezolano El debido proceso en el ordenamiento jurídico venezolano, constituye un derecho fundamental que comprende un conjunto de garantías sustanciales y procesales, especialmente diseñadas para asegurar la regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional y administrativa, cuando sea necesario definir situaciones controvertidas, declarar o aplicar el derecho en un caso concreto, o investigar y juzgar los hechos punibles.
Sentencia: 1.825 de fecha 9 de octubre del 2007 Sala Constitucional Ponente Magistrado Dr. Francisco Carraquero Lopez Derecho a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica. “… La seguridad jurídica despliega sus efectos en tres planos: seguridad en relación con el poder (sea que la fuerza fuere ejercida por el Estado o por un particular), seguridad en relación con el mismo derecho (por ejemplo, el principio de irretroactividad de las leyes y el principio de legalidad), y seguridad en relación con la sociedad (la llamada seguridad social). La seguridad jurídica en relación con el poder asegura que tanto en el origen del poder, como en el ejercicio del poder, preexistan procedimientos y garantías razonables que aseguren el disfrute de los derechos fundamentales y la consecuente libertad moral y dignidad humana de la persona. “Para alcanzar el objetivo de la seguridad jurídica y de previsibilidad, se hace uso de una serie de pretensiones procesales que han adquirido en el constitucionalismo actual rango de derechos fundamentales. Su clasificación y caracterización es polémica, pero, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 26, 49, 253 y 257 de nuestra Constitución y tras insertar su contenido en algunos esquemas doctrinarios, se pude plantear el siguiente esquema: a) el acceso a la justicia: al respecto se exige la constitucionalidad de los requisitos procesales y el reconocimiento al derecho a la justicia gratuita para incoar cualquier proceso, entre otros; b) el proceso debido: en él se garantiza el derecho al juez imparcial predeterminado por la ley, el derecho de asistencia de abogado, el derecho a la defensa y el derecho a un proceso sin dilataciones indebidas; c) el derecho a la ejecución de la sentencia”. “… el derecho de acceso a la jurisdicción prohíbe la consagración de normas que excluyan injustificadamente e irrazonablemente de la tutela judicial a los que se afirmen interesadas en tramitar alguna pretensión ante los tribunales; el derecho al debido proceso apera ya iniciado al tramite, y en él están comprendidas otras garantías que facilitan un análisis imparcial y la posibilidad de alegar y probar lo alegado; y el derecho a la efectividad de las sentencias asegura que lo decidido sea lo ejecutado (luce, a este respecto, enfática nuestra Norma Fundamental en su articulo 253 cuando afirma que ‘corresponde a los Órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de sus competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias”. “… el derecho al debido proceso se sostiene en una exigencia fundamental de contenido complejo, como lo es el derecho a la defensa, el cual precisa, entre otras ventajas, que los posibles afectados por la sentencia sean llamados y comparezcan ante el juez, que los actos procesales sean públicos y que aquellos que sean significativos para las situaciones subjetivas de los involucrados sean notificados; que haya la posibilidad de formular alegaciones y de aportar pruebas; y que pueda impugnarse la sentencia que dé fin al proceso –en los casos en que la ley así lo establezca y en los litigios penales en todo caso-“.
Sentencia Nº 075 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº R06-0068 de fecha 16/03/2006 Materia :Derecho Procesal Penal Tema: Tutela Judicial Efectiva Asunto La Tutela Judicial Efectiva vinculada con la seguridad jurídica La tutela judicial efectiva debe vincularse entonces con la garantía de la seguridad jurídica que protege esencialmente la dignidad humana y el respeto de los derechos personales y patrimoniales, individuales y colectivos. Pero además, la tutela judicial es mecanismo garante del respeto del ordenamiento jurídico en todos los órdenes y la sumisión al derecho tanto de los individuos como de los órganos que ejercen el poder. Contribuye a la seguridad jurídica, en efecto, la existencia de un orden de tribunales encargados de hacer efectivo el respeto de los derechos y, en general, la debida aplicación de la ley y la sumisión del Poder al ordenamiento jurídico preexistente.
Sentencia Nº 429 de Sala de Casación Penal. Expediente Nº C08-003 de fecha 08/08/2008 Materia :Derecho Procesal Penal Tema: Victima Asunto Derecho a ser oído-ausencia en Audiencia preliminar- Sobreseimiento ...el vicio denunciado “derecho a ser oído”, no puede ser cometido por la recurrida en casos como el presente, ya que de las actas se evidencia que el Tribunal de Control notificó a la víctima para la celebración de la audiencia preliminar, pero es el caso que fue la propia víctima quien solicitó posponer en varias oportunidades dicha audiencia, por lo que se entiende que la recurrente se encontraba a derecho, razón por la cual el Tribunal de Control dictó un auto mediante el cual declaró sin lugar el último de los diferimientos solicitado por el apoderado judicial de la Sucesión Díaz Morillo, ya que no le es dable al Juez de Control prolongar un proceso indefinidamente.
Sentencia Nº 962 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C00-0605 de fecha 12/07/2000 Materia :Derecho Procesal Penal Tema: Ministerio Público Asunto Funciones del Ministerio Público Al crearse la institución del Ministerio Público como órgano de buena fe, lo que se quiere es la existencia de dos órganos de control en relación a la legalidad de la prueba y a la realización del debido proceso. El fiscal que busca de cualquier manera una sentencia condenatoria no es el fiscal que se describe en el Código Orgánico Procesal Penal, pues está en la obligación, al igual que el juez, de hacer que se respeten las garantías procesales, evitando de esta manera cualquier acción que las violenten.
Sentencia Nº 411 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº R10-274 de fecha 07/10/2010 Materia: Derecho Procesal Penal Tema: Tutela Judicial Efectiva Asunto Tutela Judicial Efectiva. ... la tutela judicial es mecanismo garante del respeto del ordenamiento jurídico en todos los órdenes y la sumisión al derecho tanto de los individuos como de los órganos que ejercen el poder público.
Sentencia Nº 331 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº A09-104 de fecha 07/07/2009 Materia :Derecho Procesal PenalTema: Tutela Judicial Efectiva Asunto Justicia Expedita ... tanto del Ministerio Público (como órgano que detenta el ejercicio de la acción penal) como de los tribunales de juicio, exige un tiempo razonable que permita la seguridad y certidumbre suficientes y evite sentencias en las que los justiciables hayan perdido el interés y el Estado haya perdido su poder punitivo por el transcurso del tiempo. Se entiende que la prontitud y el carácter expedito de la justicia, no puede ser otro, que el tiempo en el que es llevado a cabo un proceso penal adecuado al estado de Derecho.
Sentencia Nº 91 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C06-0442 de fecha 19/03/2007 Materia :Derecho Procesal Penal Tema: Tutela Judicial Efectiva Asunto Víctima El derecho a la tutela judicial efectiva también le corresponde a quien ha resultado menoscabado en su derecho a raíz de la comisión de un hecho punible: a la víctima, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela exige no sólo no dejar de protección jurídico-penal al afectado por la comisión del delito, sino además que se prioricen sus intereses.-
Sentencia Nº 304 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C06-0101 de fecha 29/06/2006 Materia :Derecho Procesal Penal Tema: Tutela Judicial Efectiva Asunto Tutela Judicial Efectiva ...la tutela judicial efectiva, no sólo comprende el acceso a los órganos de justicia, sino que demanda la solución oportuna y razonada de las pretensiones y recursos propuestos por los apelantes, lo contrario a ello, sería limitar el ejercicio de los derechos inherentes a las partes, delimitados en las normas constitucionales y legales.
Sentencia Nº A-041 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C05-0365 de fecha 27/04/2006 Materia :Derecho Procesal Penal Tema: Tutela Judicial Efectiva Asunto Derecho a la Tutela Judicial Efectiva Ahora bien, las facultades recursivas que le asisten a la víctima, devienen inequívocamente del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 de la Constitución y el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que tiene como contenido básico el derecho a acceder los tribunales sin discriminación alguna, el derecho a incoar e intervenir en un proceso, el derecho a obtener una sentencia motivada, el derecho a la utilización de los recursos y sobre todo el derecho a que la sentencia se ejecute, de lo que se concluye, bajo estas premisas, que el ejercicio y la vigencia del derecho a la tutela judicial efectiva persigue evitar impunidad y reparar el daño ocasionado a la víctima.
Sentencia Nº 164 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C06-0009 de fecha 27/04/2006 Materia :Derecho Procesal Penal Tema: Tutela Judicial Efectiva Asunto Tutela Judicial Efectiva En este sentido, la tutela judicial efectiva no sólo comprende el acceso a los órganos jurisdiccionales, sino que demanda la solución oportuna y razonada de las decisiones judiciales, de allí se desprende la obligación fundamental del juez de mantener el proceso y las decisiones dentro del marco de los valores del derecho a la defensa, al debido proceso, a la búsqueda de la verdad y a la preservación de los principios y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Sentencia Nº 269 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº 02-0115 de fecha 05/06/2002 Materia :Derecho Procesal Penal Tema: Tutela Judicial Efectiva Asunto Tutela Judicial Efectiva la Tutela Judicial Efectiva, lejos de consistir en el derecho a acceder a los tribunales en el tiempo, forma y modo que se le antoje al ciudadano, y al margen de las pretensiones legales, se trata muy por el contrario, de un derecho de configuración legal; de allí que deban observarse los requisitos establecidos en la ley para su acceso, sin que estos requisitos puedan ser tildados de formalidades no esenciales.
Sentencia Nº 305 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C01-0862 de fecha 18/06/2002 Materia: Derecho Procesal Penal Tema: Principios y Garantías Procesales Asunto Principio de igualad entre las partes. El principio de la igualdad entre las partes ante la ley, debe ser total y plenamente respetado por todos los funcionarios actuantes en la justicia penal, en una forma rigurosa y de plena observancia, pues se busca con este principio garantizar el equilibrio entre ambas partes, de forma que (dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación Fin citas.-

Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE JUICIO SECCIÓN ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, garantista del debido proceso, obrando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 555 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: DECRETA EN ESTADO DE REBELDIA, a los justiciables: (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE), de nacionalidad Colombiana, natural de Barranquilla Colombia, nacido en fecha 12-04-1997, de 17 años de edad, Indocumentado, de Profesión u Oficio Vendedor de Conservas residenciado en el Barrio 19 de Abril, Municipio Autónomo Maracaibo, estado Zulia; (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE , de nacionalidad Colombiana, natural de Cartagena, nacido en fecha 30-10-1998, de 16 años de edad, Indocumentado, de Profesión u Oficio Vendedor de Conservas, residenciado en el Barrio 19 de Abril, municipio autónomo Maracaibo, estado Zulia, de conformidad con lo establecido en el artículo 617 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en la presente causa 2U-810-14 por la presunta comisión del delito de USO DE FACSÍMIL DE ARMA DE FUEGO EN CALIDAD DE AUTORES, previsto y sancionado en el articulo 114 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, cometido en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO. SEGUNDO: Se ordena comisionar a funcionarios adscritos al CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS, DELEGACIÓN DEL ESTADO ZULIA, a fin de que funcionarios adscritos a ese Cuerpo Investigativo se avoquen a la ubicación de los mencionados adolescentes, para posterior traslado a la Entidad de Atención General Francisco de Miranda (varones), donde quedarán recluidos a la orden de este Tribunal. Así mismo, se ordena oficiar al identificado Cuerpo Investigativo, a los fines de que incluya en el sistema a los adolescentes, e igualmente a la Entidad de Atención General Francisco de Miranda (varones) para que los reciban en calidad de detenidos. Así se Declara.-
Publíquese y regístrese la presente decisión en los libros llevados por este Tribunal.-
LA JUEZ SEGUNDA DE JUICIO, SECCIÓN ADOLESCENTES

DRA. HIZALLANA MARÍN URDANETA
EL SECRETARIO,

ABG. WALTER ALBARRAN FINOL

En la misma fecha se dio cumplimiento a la resolución inmediata anterior, quedando registrada bajo el N° 02-15. Se Ofició lo conducente bajo los números 2JA-008-15 y 2JA-009-15
EL SECRETARIO,

ABG. WALTER ALBARRAN FINOL

HMU/mcc
Causa N° 2U-810-14
Asunto Principal: VP02-D-2014-000595
Investigación Fiscal MP-249512-2014