REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA RESUELVE: Expediente No. 2603 MOTIVO: PERENCIÓN DE LA INSTANCIA Por cuanto en el desarrollo de las labores de inventario realizadas por este Tribunal, se constata la paralización prolongada de las actuaciones procesales en la presente causa y en acatamiento a las líneas directrices fijadas por el Tribunal Supremo de Justicia, tendentes a dar respuesta oportuna al derecho tutelado o en general, a una pronta administración de justicia, y visto el estado de congestionamiento en el cual se encuentran los archivos del Juzgado, en búsqueda de despejar los anaqueles ocupados por las causas que se encuentran en la referida oficina; la suscrita Jueza de este Despacho se aboca al conocimiento de la misma para resolver sobre la perención de la instancia en los siguientes términos: Se inicia el presente juicio de RESOLUCIÓN DE CONTRATO, COBRO DE BOLIVARES y DAÑOS Y PERJUICIOS, incoado por la ciudadana LUCIA JOSEFINA HERNANDEZ NAVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 5.042.305 y domiciliada en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra del ciudadano ANTONIO JOSE ACOSTA GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 11.858.936 y domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; siendo admitido por este Tribunal mediante auto de fecha veintiuno (21) de mayo de 2010. En fecha dos (2) de junio de 2010, la ciudadana LUCIA JOSEFINA HERNANDEZ NAVA, antes identificada, debidamente asistida por la abogada NAILA ANDRADE RAMIREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 12.463, mediante escrito solicita se decrete medida preventiva de secuestro. En fecha siete (7) de junio de 2010, este Tribunal mediante auto insta a la parte actora a ampliar los medios probatorios a fin de decretar la medida solicitada. Seguidamente, en fecha diecisiete (17) de junio de 2010, la parte actora mediante escrito da cumplimiento a lo requerido. En la precitada fecha, la ciudadana LUCIA JOSEFINA HERNANDEZ NAVA, debidamente asistida por la abogada NAILA ANDRADE RAMIREZ, antes identificadas, procede a reformar la demanda, la cual es admitida por este Juzgado mediante auto de fecha dieciocho (18) de junio de 2010. En fecha treinta (30) de junio de 2010, este Juzgado decreta medida preventiva de secuestro, exhortando para ello, conforme al oficio No. 133-2010. En fecha quince (15) de julio de 2010, el Alguacil deja constancia haber recibido los emolumentos necesarios para practicar la citación. En fecha dos (2) de marzo de 2011, se recibió las resultas del exhorto de la ejecución de la medida preventiva decretada, en la cual consta que la misma no fue ejecutada. Ahora bien, encontrándose la causa en la etapa procesal antes dicha, no se observa actuación alguna por parte del demandante para impulsar el proceso, configurándose una inactividad prolongada por dicha parte, en tal sentido, la norma adjetiva en su artículo 267 ha asentado: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. Asimismo, establece el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y en la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. Es así como las normas ut supra transcritas contemplan la extinción del procedimiento al haber transcurrido un (1) año sin actividad procesal, pudiendo en este caso el Juez, declarar de oficio la perención, por ser una facultad que la ley le otorga, quien al verificar los presupuestos que determinan su procedencia está en obligación de emitir pronunciamiento al respecto, entendiéndose que los efectos de la referida sanción operarán desde el momento en el cual se cumplió el tiempo de paralización del proceso o lo que es lo mismo, el período donde se evidenció la falta de impulso procesal. En atención a lo previsto en la legislación, la Sala de Casación Civil en Sentencia signada con el No. 211, de fecha veintiuno (21) de Junio de 2000, correspondiente al expediente N° 86-485, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, dejó sentado lo siguiente: “La regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…” De lo antes citado, se evidencia que la perención anual puede ser declarada aun de oficio por el Tribunal, una vez verificados los extremos de ley, en este caso, el transcurso de un (1) año, sin que las partes hubiesen realizados actos tendientes al impulso del proceso. En este caso, se observa que la última actuación verificada en actas, fue el día dos (2) de marzo de 2011, fecha en la cual se recibió las resultas del exhorto de la ejecución de la medida preventiva decretada, en la cual consta que la misma no fue ejecutada. Por lo cual, desde la aludida fecha, hasta el día de hoy, ha transcurrido más de un (1) año sin que la parte actora hubiese efectuado actuación alguna capaz de impulsar el proceso e interrumpir el computo de la perención de la instancia, por lo que de conformidad con las normas y el extracto jurisprudencial antes citados, considera esta Juzgadora consumados los extremos concurrentes para la Perención de la Instancia, por lo que se hace necesario declarar la extinción del presente proceso. Así se decide.- Asimismo, se acuerda la suspensión de la medida preventiva de secuestro decretada mediante auto de fecha treinta (30) de junio de 2010. Así se determina.- DISPOSITIVO Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 269 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar: 1) PERIMIDA LA INSTANCIA, y por consiguiente EXTINGUIDO el presente proceso de RESOLUCIÓN DE CONTRATO, COBRO DE BOLIVARES y DAÑOS Y PERJUICIOS, incoado por la ciudadana LUCIA JOSEFINA HERNANDEZ NAVA, en contra del ciudadano ANTONIO JOSE ACOSTA GONZALEZ, todos plenamente identificados en la parte narrativa del presente fallo. 2) SE SUSPENDE la medida preventiva de secuestro decretada mediante auto de fecha treinta (30) de junio de 2010. 3) NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de las Federación.- La Jueza, Abog. Auriveth Meléndez La Secretaria Temporal, Abog. Dessiré Pirela Rivera En la misma fecha, siendo las diez y diez minutos de la mañana (10:10 a.m.), se publicó la anterior sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva en el expediente No. 2603.- La Secretaria Temporal, Abog. Dessiré Pirela Rivera