TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
CON SEDE EN CABIMAS
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO
Cabimas, 15 de diciembre de 2015
205º y 156º

ASUNTO: VP21-V-2015-000445
SENTENCIA DEFINITVA No. 179-15
MOTIVO: DIVORCIO ORDINARIO
DEMANDANTE: NORLA ANGELA SANDREA BRAVO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-11.459.108, domiciliada en el municipio Miranda del estado Zulia.
ABOGADOS PARTE DEMANDANTE: VALESKA MEDINA BONANNI, inscrita en el INPREABOGADO bajo los N° 228.448.
DEMANDADO: JULIO CESAR APARICIO ACOSTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-15.552.595, domiciliada en el municipio Miranda del estado Zulia.
ABOGADOS PARTE DEMANDADA: ALANNY EMILIA DIAZ OQUENDO y YEILIN COROMOTO FERNANDEZ FERRER, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nos 60.201 y 148.730, respectivamente.
NIÑOS y/o ADOLESCENTES: SE OMITE, ARTICULO 65 LOPNNA, de 5 años de edad.
PARTE NARRATIVA
I
Ocurrió por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Cabimas, la ciudadana: NORLA ANGELA SANDREA BRAVO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-11.459.108, domiciliada en el municipio Miranda del estado Zulia, debidamente asistida por la Abogada en Ejercicio debidamente asistida por la abogada en ejercicio VALESKA MEDINA BONANNI, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 228.448, a los fines de interponer demanda de divorcio en contra de su legítimo cónyuge, ciudadano: JULIO CESAR APARICIO ACOSTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-15.552.595, domiciliada en el municipio Miranda del estado Zulia, fundamentando su acción en la causal segunda del artículo 185 del Código Civil, referente al abandono voluntario.
Por auto dictado por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Cabimas, en fecha cuatro (04) de mayo de 2015, se admitió el presente asunto, ordenándose la notificación de la parte demandada, así como la notificación del Ministerio Público especializado.
En fecha diecisiete (17) de junio de 2015, la Coordinadora de Secretaria de este Circuito Judicial, certificó la boleta de notificación debidamente firmada por el representante del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, efectuada por el alguacil de este Circuito, verificándola y agregándola a las actas del presente asunto.
En fecha diecisiete (17) de junio de 2015, la Coordinadora de Secretaria de este Circuito Judicial, certificó la boleta de notificación de la parte demandada; a tal efecto, por auto de fecha diecinueve (19) de junio de 2015, se fijó la oportunidad para la celebración de la Audiencia Preliminar en su Fase de Mediación y como Único Acto de Reconciliación en el presente proceso, la cual quedó establecida para el día treinta (30) de junio 2015.
En fecha treinta (30) de junio 2015, se celebró la Audiencia Preliminar en su Fase de Mediación y como único Acto de Reconciliación, compareciendo la parte demandante y su abogada asistente; no compareció la parte demandada, ni por sí ni por medio de apoderado judicial. Igualmente compareció el Fiscal 36° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. Acto seguido el Tribunal vista la comparecencia de la parte demandante quien manifestó insistir en el proceso, declaró concluida la audiencia preliminar en su fase de mediación en su único acto de reconciliación.
Concluida con esa fase, se dio inicio a la Fase de Sustanciación de la Audiencia Preliminar, por lo que mediante auto de fecha treinta (30) de junio 2015, se fijó dicha audiencia para el día veintisiete (27) de julio de 2015.
En fecha veintisiete (27) de julio de 2015, se realizó la Audiencia Preliminar en su Fase de Sustanciación, a la cual compareció la parte demandante y su abogada asistente; no compareció la parte demandada ni por sí ni por medio de apoderado judicial, procediendo el Tribunal a revisar con las partes la fijación de los hechos controvertidos indicados en los respectivos escrito de demanda y de contestación, así como aquellos con los que se cuente para ese momento, quedando establecidos en el acta levantada e incorporadas las pruebas promovida por las partes en el presente proceso.
Concluida la Fase de Sustanciación de la Audiencia Preliminar, se remite al Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio, quien fijó para el día trece (13) de noviembre de 2015, la oportunidad para oír la opinión de la niña de autos, así como la oportunidad para celebrarse la audiencia de Juicio.
Por auto de fecha once (11) de noviembre de 2015, dictado por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Cabimas, se acordó DIFERIR la celebración de la Audiencia de Juicio pautada para el día trece (13) de noviembre de 2015, así como la oportunidad para oír la opinión de la niña de autos de autos, en virtud de Acta Administrativa Nro.23.
Por auto de fecha diecisiete (17) de noviembre de 2015, emitido por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio, se fijó para el día ocho (08) de diciembre de 2015, la oportunidad para oír la opinión de la niña de autos, así como la oportunidad para celebrarse la audiencia de Juicio.
En fecha ocho (08) de diciembre de 2015, siendo el día y la hora fijado para oír la opinión de la niña de autos, se levantó acta dejándose constancia de la comparecencia de la misma, quien emitió su opinión en el presente asunto
En esa misma oportunidad fijada, comparecieron a la audiencia oral y pública de juicio la parte demandante y la parte demandada, junto con sus apoderados judiciales, pero antes de proceder conforme a lo establecido en el artículo 484 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ambas partes manifestaron la intención de celebrar acuerdos en relación con las instituciones familiares, por lo que se resolvió previo a la celebración de la Audiencia de Juicio realizar sesiones de mediación para la revisión de la obligación de manutención y en relación con el ejercicio de la custodia y la convivencia familiar, con fundamento en lo establecido en el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En fecha ocho (08) de diciembre de 2015, se levantó acta para deja constancia de la comparecencia voluntaria de las partes y sus abogados asistentes quienes celebraron convenimiento respecto a las Instituciones Familiares en beneficio de la hija de ambos, la niña SE OMITE, ARTICULO 65 LOPNNA, de 5 años de edad, por lo que solicitaron se homologue el convenimiento celebrado.
En fecha ocho (08) de diciembre de 2015 se dictó Sentencia Interlocutoria No. 073-15, mediante la cual se homologó el Convenimiento celebrado entre las partes por ante este Tribunal en esta misma fecha, respecto a las Instituciones Familiares en beneficio de la niña de autos, pasándolo en autoridad de cosa juzgada.
Luego, se reinició la audiencia de juicio y la parte demandante en líneas generales expuso sus alegatos de demanda de la siguiente manera: Que su representada contrajo matrimonio civil con el demandado de autos por ante el Registro Civil de la parroquia Altagracia del municipio Miranda del estado Zulia; que luego de contraído el matrimonio establecieron su domicilio conyugal en el Sector Haticos Sur, parroquia Altagracia del municipio Miranda del estado Zulia; que procrearon una hija de nombre SE OMITE, ARTICULO 65 LOPNNA; que al principio la relación fue de mutuo acuerdo y comprensión, luego con el tiempo el demandado de autos a incumplir con los deberes que derivan del matrimonio y eso causó desavenencias en la pareja, lo cual fue negativo para la cohabitación; que fecha 03 de agosto de 2013 el demandado se fue del hogar conyugal y no fue que hasta el día siguiente que por medio de una llamada telefónica le manifestó a la cónyuge que se marcharía de su vida por que dejó de amarla y le solicitó que le recogiera sus pertenencias; que por cuanto se evidencia que existe inobservancia de los deberes conyugales, es por lo que demanda por divorcio al ciudadano JULIO CESAR APARICIO ACOSTA, y se invoca el criterio vinculante de la jurisprudencia recientemente acogida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, así como el criterio sostenido por la Sala Social del Máximo Tribunal referente al divorcio como solución, es por lo que consideramos pertinente que en el presente asunto el divorcio sea declarado con base a dicho criterio del divorcio remedio o solución; asimismo se establezca las instituciones familiares tal como fueron acordadas en audiencia especial de mediación celebrada con anterioridad a la presente audiencia de juicio.
Entretanto, la parte demandada expuso sus alegatos de contestación de la siguiente manera: Que su representado ciertamente no dio contestación a la demanda en el presente asunto pero que el mismo manifiesta su interés de disolver el vinculo matrimonial que sostiene con la ciudadana NORLA ANGELA SANDREA BRAVO, por lo que expresa estar de acuerdo con la solicitud planteada por la parte demandante acerca de que en el presente asunto sea declarado el divorcio con base al criterio establecido por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia referida al criterio vinculante, referente al divorcio solución, cuando las partes en conflicto manifiestan no continuar unidos con el vinculo de matrimonio; que en el presente asunto, entre su representado y la cónyuge se celebró convenimiento relacionado con las instituciones familiares en beneficio de la hija de ambos, por lo que solicita se declare con lugar el divorcio con base en ese criterio. Es todo.
Concluido el debate se pronunció este Tribunal y se dictó el dispositivo del fallo. Estando dentro del lapso legal, se reproduce el fallo completo, conforme al artículo 485 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Ahora, se pasa a la publicación en extenso de la sentencia dentro del lapso correspondiente.
II
PUNTO PREVIO
DE LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DEL DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO
Consta en los autos juicio de Divorcio Ordinario que se inició por la demanda interpuesta por la ciudadana NORLA ANGELA SANDREA BRAVO, antes identificada, en contra del ciudadano JULIO CESAR APARICIO ACOSTA, antes identificado, con fundamento en la causal segunda (2ª) del artículo 185 del Código Civil.
Según el autor patrio Francisco López Herrera (2006) “El divorcio es la disolución legal del matrimonio en vida de ambos cónyuges, como consecuencia de un pronunciamiento judicial dirigido precisamente a ese fin”.
En nuestro país, el artículo 185 del Código Civil establecía las causales taxativas que hacen procedente la disolución, por divorcio, del vínculo matrimonial.
En relación con la disolución del matrimonio como consecuencia del divorcio, la más calificada doctrina patria (Vid. Francisco López Herrera e Isabel Grisanti Aveledo de Luigi, entre otros), distingue dos corrientes sobre el fundamento jurídico del divorcio, a saber:
• el divorcio sanción, en el cual el cónyuge inocente pide que se castigue –mediante la declaratoria de la disolución del matrimonio – al cónyuge culpable, como consecuencia de haber transgredido en forma grave, intencional e injustificada sus deberes matrimoniales; y,
• el divorcio remedio, que lo concibe como una solución al problema de la subsistencia del matrimonio, cuando este –de hecho – ha devenido intolerable, independientemente de que pueda atribuirse tal situación a uno de los cónyuges, de modo que no hay un culpable y un inocente
La tesis del divorcio remedio o solución fue acogida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia No. 192 de fecha 26 de julio de 2001 (caso: Víctor José Hernández Oliveros contra Irma Yolanda Calimán Ramos), donde estuvo a favor de la aplicación de la concepción del divorcio como solución en casos en los cuales se considera necesario disolver el vínculo conyugal cuando demostrada la existencia de una causal de divorcio, fuera evidente la ruptura del lazo matrimonial, pues no debe ser el matrimonio un vínculo que ate a los ciudadanos en represalia por su conducta, sino por el común afecto, por lo que el divorcio solución constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, el hijo y la sociedad en general.
Después ha sido reiterada y aclarada por la misma sala en sentencias No. 107, de fecha 10 de febrero de 2009 (caso: César Allan Nava Ortega contra Carol Soraya Sánchez Vivas) y No. 610, de fecha 30 de abril de 2009 (caso: Guido Eduardo Urdaneta contra Aura Josefina Aguirre Cepeda), de la forma siguiente:
Ahora bien, es indispensable aclarar que en todo caso, y con independencia de la posición doctrinaria que se asuma, debe estar demostrada la causal de divorcio que haya sido alegada, como condición sine qua non de la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial, tal y como se dejó sentado en la citada sentencia N° 102/2001, al afirmarse que “(…) el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrada la existencia de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial” (Resaltado añadido).
En el marco del interés del Estado por la protección de la familia, frente a la perpetuidad del matrimonio destaca la excepcionalidad del divorcio, el cual sólo opera por las causales taxativamente enumeradas por la ley. En consecuencia, no es suficiente la voluntad de los cónyuges, o de uno de ellos, para lograr la disolución del vínculo matrimonial, sino que es necesaria la preexistencia de hechos o actos específicamente determinados por la ley, y que constituyen las causales de divorcio; así, el juez únicamente podrá declarar el divorcio cuando haya sido invocada y demostrada la ocurrencia de alguna o algunas de las causales previstas en el Código Civil –incluyendo el transcurso de un año una vez declarada judicialmente la separación de cuerpos y la prolongada ruptura de la vida en común, contempladas en el primer aparte del artículo 185, y en el artículo 185-A del referido Código.
En este orden de ideas, la doctrina del divorcio solución no constituye una nueva causal de disolución del vínculo conyugal que modifique el elenco contenido en la ley, sino tan solo una concepción o explicación del divorcio como causa excepcional de extinción del matrimonio.
Al hilo de tales afirmaciones, es pertinente aclarar que en juicios como el de marras (divorcio ordinario) –en principio – la disolución del vínculo solo procede cuando se demuestra la ocurrencia de una de las causales de divorcio previstas en el artículo 185 del Código Civil, de forma tal de sancionar al cónyuge que transgredió los deberes derivados del matrimonio (divorcio sanción); y, en ese sentido, el encabezado del artículo 191 ejusdem dispone que: “La acción de divorcio y la de separación de cuerpos, corresponde exclusivamente a los cónyuges, siéndoles potestativo optar entre una u otra; pero no podrán intentarse sino por el cónyuge que no haya dado causa a ellas”.
Ahora bien, recientemente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia No, 693 dictada en fecha 2 de junio de 2015, al realizar una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, estableció lo siguiente:
Es indiscutible para esta Sala Constitucional que quien se une en matrimonio aspira y se compromete a las obligaciones que de tal institución derivan, definidas en el encabezamiento del artículo 137 del Código Civil cuando establece: “Con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente”.
Asimismo, es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal.
Desde luego que esa posibilidad no está negada y el ordenamiento jurídico ofrece como mecanismo la demanda de divorcio, empero cuando se limita éste de manera irrestricta a una tipificación que en la actualidad luce sumamente estrecha, nos encontramos frente a un vacío, que hace nugatorio el núcleo central del derecho por lo menos en lo que al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva se refiere, específicamente a obtener una sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo de decidir un importante aspecto de su vida, a través del divorcio, frente a una regulación pre constitucional escasa, incapaz de satisfacer las expectativas creadas frente a las vicisitudes de la vida y las nuevas tendencias sociales.
De la tangibilidad de estos derechos debe concluirse que la previsión del artículo 185 del Código Civil, que establece una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, deviene insostenible de cara al ejercicio de los derechos constitucionales ya comentados devenidos de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a obtener una tutela judicial efectiva. Es decir, que en la actualidad resulta vetusto e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva.
Bajo esos fundamentos, entre otros, declaró con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, incluyéndose el mutuo consentimiento.
En cuanto a este tipo de solicitudes, cuando la pareja ha procreado hijos que son niños, niñas o adolescentes, la misma Sala en ese fallo estableció:
Ello así, en atención a lo dispuesto en el artículo 177 de la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los cónyuges cuyos hijos sean menores de edad que de mutuo acuerdo deseen divorciarse, acudirán ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en función de sustanciación y mediación del lugar donde hayan establecido su último domicilio conyugal y, previo acuerdo igualmente, expreso e inequívoco, de las instituciones familiares que les son inherentes, para solicitar y obtener, en jurisdicción voluntaria, una sentencia de divorcio. Así se declara.
En consecuencia, deberán los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes permitir con base en la doctrina contenida en el presente fallo tramitar conforme al procedimiento de jurisdicción voluntaria, previsto en los artículos 511 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, las solicitudes de divorcio de mutuo consentimiento que presenten ambos cónyuges, sin más exigencias que el acta de matrimonio y de nacimiento de los niños, niñas y adolescentes de que se trate, así como el acuerdo previo de los cónyuges acerca de las instituciones familiares, esto es, lo relativo a la responsabilidad de crianza del o los menores de edad que hubiesen procreado, la responsabilidad de crianza y custodia, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar, a efectos de que sean evaluados por el Juez de niños, niñas y adolescentes y determinar si son convenientes para los niños, niñas o adolescentes de que se trate y conferir la homologación, en caso de que no lo sea el Juez o Jueza ordenará su corrección. La homologación del acuerdo acerca de las instituciones familiares será requisito necesario para la declaratoria del divorcio (resaltado de la sentencia).
Así las cosas, para declarar la procedencia del divorcio por mutuo consentimiento, deber del juez de protección verificar que cursen en el expediente las actas de matrimonio de los cónyuges y de nacimiento de los niños, niñas y adolescentes de que se trate, así como, los acuerdos previos de los cónyuges sobre las instituciones familiares (responsabilidad de crianza y custodia, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar) los cuales deben estar homologados.
En el caso sub lite, en la audiencia de juicio, los ciudadanos NORLA ANGELA SANDREA BRAVO y JULIO CESAR APARICIO ACOSTA, con la asistencia de abogados, solicitaron que se declare disuelto el matrimonio que contrajeron ante el Registrador Civil, de la parroquia Altagracia, del municipio Miranda del estado Zulia, tal como se evidencia en copia certificada del Registro de Matrimonio No.4, en fecha 11 de enero de 2012, con fundamento en lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia No. 693, de fecha 2 de junio de 2015.
Por tal motivo, le corresponde a este tribunal de juicio debe revisar si se cumplen con los extremos necesarios para proveer ese pedimento.
En ese sentido, se aprecia que constan en las actas procesales los siguientes documentos:
• Copia certificada del acta de matrimonio Nº. 04, correspondiente a los ciudadanos NORLA ANGELA SANDREA BRAVO y JULIO CESAR APARICIO ACOSTA, expedida por la Unidad de Registro Civil de la parroquia Altagracia, del municipio Miranda del estado Zulia. Folio 05 del presente asunto.
• Copias certificada del acta de nacimiento Nº. 72, expedida por la Unidad de Registro Civil de la parroquia Altagracia, del municipio Miranda del estado Zulia, correspondiente a la niña de autos SE OMITE, ARTICULO 65 LOPNNA. Folio 06 del presente asunto.
A estos documentos públicos esta juzgadora les confiere pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil, en concordancia con el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en consecuencia, queda probado en actas el matrimonio contraído por los NORLA ANGELA SANDREA BRAVO y JULIO CESAR APARICIO ACOSTA, y la filiación que con ellos tiene la niña SE OMITE, ARTICULO 65 LOPNNA, de 5 años de edad.
Además, consta en las actas que los ciudadanos NORLA ANGELA SANDREA BRAVO y JULIO CESAR APARICIO ACOSTA, en las sesiones de mediación efectuadas en este Tribunal de Juicio, celebraron acuerdos sobre las instituciones familiares (ejercicio de la custodia, fijación de la Obligación de Manutención y fijación del Régimen de Convivencia Familiar), en beneficio de su hija, la niña SE OMITE, ARTICULO 65 LOPNNA, de 5 años de edad, los cuales han sido homologados.
Por otra parte, en lo que respecta a la competencia funcional, dejó claro la Sala Constitucional que se trata de un asunto de jurisdicción voluntaria, por lo que la solicitud de divorcio por mutuo consentimiento debe ser presentada ante el juez en funciones de mediación y sustanciación del lugar del último domicilio conyugal.
Ello así, en principio las partes involucradas (en el presente asunto) deberían intentar por separado la solicitud. No obstante, habiéndose instaurado un juicio contencioso donde los cónyuges de común acuerdo y por mutuo consentimiento han solicitado que se declare disuelto por divorcio el matrimonio que los une; esta Juzgadora considera que la aplicación de los principios de primacía de la realidad, celeridad y economía procesal, hace permisible declarar procedente la solicitud, en procura de hacer cesar la litigiosidad que afecta a los cónyuges y también al grupo familiar; en virtud de estar cumplidos los extremos fijados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la citada sentencia No. 693 de fecha 2 de junio de 2015, y así debe decidirse.
Visto lo anterior, resulta inoficioso el análisis del resto del material probatorio. ASI SE DECLARA.-
PARTE DISPOSITIVA

Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Cabimas, con competencia en el régimen procesal transitorio, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
• CON LUGAR la solicitud de Divorcio por mutuo consentimiento realizada por los ciudadanos NORLA ANGELA SANDREA BRAVO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-11.459.108 y JULIO CESAR APARICIO ACOSTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-15.552.595, asistidos por los Abogadas en Ejercicio VALESKA MEDINA BONANNI, ALANNY EMILIA DIAZ OQUENDO y YEILIN COROMOTO FERNANDEZ FERRER, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nos 228.488, 60.201 y 148.730, respectivamente; en relación con la niña SE OMITE, ARTICULO 65 LOPNNA, de cinco (05) años de edad, respectivamente; en consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial que contrajeron ante el Registrador Civil, de la parroquia Altagracia, del municipio Miranda del estado Zulia, tal como se evidencia en copia certificada del Registro de Matrimonio No.4, en fecha 11 de enero de 2012, con fundamento en lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia No. 693, de fecha 2 de junio de 2015.
• Se mantienen vigentes de conformidad con el articulo 761 del Código de Procedimiento Civil, las medidas preventivas de embargo decretadas por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, sede Cabimas, en fecha 04 de mayo de 2015, según sentencia interlocutoria Nro. PJ0102015000767.
• No se condena en costas en virtud que la decisión es en base al criterio del divorcio solución.

PUBLÍQUESE. REGÍSTRESE.
Déjese copia certificada por secretaria de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y los numerales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y expídase copias certificadas a cada parte.
Dada, Firmada y sellada en el despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas. En Cabimas, a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2015. Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZ PRIMERA DE JUICIO

ABG. ZULIMA BOSCÁN VÁSQUEZ
LA SECRETARIA

ABG. MILEDY CAROLINA SALAS AIZPURUA

En la misma fecha se publicó el presente fallo bajo el No. 179-15, en el libro de Sentencias Definitivas llevado por este Tribunal durante el presente año.

LA SECRETARIA

ABG. MILEDY CAROLINA SALAS AIZPURUA
ZBV/MCSA/jjlch.